La ley foral de Memoria Histórica reconoce sus derechos como víctimas
La comisión europea que investiga a España acoge con “satisfacción” la iniciativa Navarra, que tiene banco de ADN, habilitará censo y ayudas
La comisión europea que investiga a España acoge con “satisfacción” la iniciativa Navarra, que tiene banco de ADN, habilitará censo y ayudas
LOLA CABASÉS HITA - Lunes, 23 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h
Las movilizaciones para que la Justicia atienda las denuncias han sido una constante estos años. Fotos: Efe
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“La ley navarra está muy bien, pero estamos en una situación de auténtica indefensión en lo judicial”
PAMPLONA - La Comisión Europea que investiga los casos de bebés robados ha acogido “con satisfacción” la decisión del Parlamento de Navarra de ofrecer asistencia gratuita, entre otros derechos, a las víctimas de bebés robados y recomienda al Estado español “crear los mecanismos necesarios para que las familias afectadas accedan a la justicia gratuita para llevar a cabo sus denuncias en todos los casos”.
Esta valoración favorable a la iniciativa navarra de incluir en la ley de memoria histórica como víctimas los casos de los bebés robados en el franquismo y la demanda de que el Gobierno español les ofrezca Justicia gratuita figura entre las quince recomendaciones planteadas por la Comisión Europea en el marco de las investigaciones que lleva a cabo desde mayo sobre el robo de bebés en España.
El pasado mayo, una delegación del Parlamento Europeo viajó al Estado español en una misión de investigación sobre el robo de bebés desde la dictadura franquista hasta prácticamente la década de los 90. La visita la llevó a cabo un grupo de ocho eurodiputados que se entrevistaron con la Iglesia Católica, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, entre otros. El viaje de la corporación del Parlamento Europeo a España para investigar el robo de bebés se decidió tras las reclamaciones de un buen número de ciudadanos españoles que denuncian los obstáculos que pone el Gobierno de España para permitir el acceso a los archivos y para que la Justicia investigue los casos de robo que denuncian.
La presidenta de la delegación del Parlamento Europeo ya tiene sus conclusiones, que pasarán a la Comisión de Peticiones del Europarlamento. La eurodiputada británica Jude Kirton-Darling, del Partido Laborista, y su comisión han realizado hasta 15 recomendaciones al Gobierno español en un texto que, tras su debate, pasará a la Comisión de Peticiones del Europarlamento, donde será votado.
El informe de 22 páginas recomienda al Estado Español la “creación de un Banco Nacional de ADN” que sirva de base para que las víctimas puedan encontrar a sus verdaderas familias y que, además, esas pruebas de ADN se realicen “de forma gratuita” a través del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Asimismo, la presidenta de la delegación propone que se proteja a las víctimas con un “estatus especial” y que el Ministerio de Justicia les proporcione “apoyo psicológico, orientación jurídica e información administrativa”, por lo que solicita “aumentar la financiación de la oficina del Ministerio de Justicia” que se ocupa de las víctimas de la trama del robo de bebés. Dice la Comisión Europea en el punto 10 de su informe que acoge “con satisfacción la decisión de algunos parlamentos regionales (como el de Navarra) de ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas y recomienda crear los mecanismos necesarios para que las familias afectadas accedan a la justicia gratuita para llevar a cabo sus denuncias en todos los casos”. El documento será abordado el 22 de noviembre en Bruselas.
FALTA DE CENSO Entre los ciudadanos que reclaman soluciones están personas de Navarra que han denunciado sus sospechas por la desaparición de bebés y adopciones irregulares cometidas durante el franquismo y en los primeros años de la transición. La falta de un censo -precisamente es una de las reivindicaciones planteadas- dificulta conocer el número de bebés que pudieron ser robados tanto en Navarra como en el conjunto del Estado.
No obstante, la presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de Navarra, Cristobalina Moral, cifraba hace cuatro años en 200 las familias navarras que buscan a sus bebés robados. “No podemos precisar cuántas son porque no hay censo. Nosotros sabemos las personas que han venido a pedirnos ayuda”, apuntaba esta semana.
Un dato significativo pueden ser las 63 familias que actualmente figuran como pertenecientes a esta asociación que, según precisa su presidenta, “somos como una asociación de autoayuda ya que no pagamos cuotas y los desplazamientos que hemos hecho, por ejemplo a Madrid, salen de nuestros bolsillos”.
Para tener más fuerza, SOS Bebes Robados de Navarra se ha sumado a la coordinadora de asociaciones estatal y participa de las decisiones que se toman en este ámbito. Recientemente, esta coordinadora otorgó una serie de premios y reconocimientos a entidades y personas que se han involucrado en esta causa y, entre ellos, se reconoció al Parlamento de Navarra y a Joseba Eceolaza por proponer la inclusión de los bebés robados entre las víctimas de la ley de memoria histórica.
Lo cierto es que, hasta la fecha, todas las denuncias presentadas en los juzgados navarros, concretamente siete, han sido archivadas, por lo que los afectados se encuentran “ante una situación de auténtica indefensión. La ley navarra está muy bien, pero judicialmente estamos indefensos”, apunta Cristobalina Moral y corrobora el investigador de la UPNA Roldán Jimeno, que esta semana ha organizado, en el marco del 30 aniversario de la universidad pública, desde la Cátedra Unesco de Ciudadanía Convivencia y Pluralismo y el Grupo de Investigación Hugo Grocio unas jornadas sobre Niños desaparecidos y mujeres silenciadas que abordaron el tema del robo de bebés. “Mientras la disposición del derecho internacional y Europa ante esta cuestión supone un soplo de aire fresco, la respuesta judicial aquí es el portazo”, reconoce. Para Moral, “todo lo que se mueve en torno a este tema es interesante”.
LOS DERECHOS EN NAVARRA La inclusión en Navarra de las familias y de los propios bebés robados entre las víctimas del 36 ha dado un espaldarazo a este movimiento en la Comunidad Foral. Gracias a esta normativa foral, estas víctimas tienen ya acceso al banco de ADN constituido al amparo de la ley de memoria histórica; tienen derecho a que el Gobierno les proteja desde el punto de vista de asistencia jurídica; y, en el caso de que haya que exhumar los restos, el coste de la intervención se hará con fondos públicos.
También el hecho de haber incluido a estas víctimas en la Ley de Memoria Histórica ha suscitado la aparición de más casos de familias que tienen sospecha de haber “perdido” algún bebé. Cristobalina Moral precisa que se trata de madres, hermanos o hermanas e incluso hombres y mujeres adoptados en su infancia que sospechan haber sido previamente robados.
Fue el pasado junio cuando el pleno del Parlamento de Navarra aprobó, con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E y la abstención del PPN, la modificación de la ley de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.
Esta iniciativa que ahora aplaude Europa fue presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra y tiene por objeto extender a las víctimas de la práctica de bebés robados “el reconocimiento, la reparación moral y el amparo institucional necesarios para hacer efectivo el derecho a la identidad y a la búsqueda de los seres queridos injusta e ilegalmente arrebatados en el marco de la represión de género que, sobre la base de un único modelo de ser mujer y ser madre, implantó el franquismo”.
En concreto, la ley compromete al Gobierno de Navarra a “apoyar a las víctimas del robo de bebés causados por la represión de la dictadura franquista, incluidas sus familias y las personas que buscan su identidad biológica”. En ese contexto, se critica “la colaboración de instituciones religiosas, hospitales y médicos” en el ejercicio del “robo de bebés a mujeres pobres o políticamente significadas, para su entrega en falsa adopción a través del engaño, la ocultación y la marginación”. Así, tras poner en valor “la labor de denuncia social y penal llevada a cabo por asociaciones y personas a título individual”, prevé la elaboración de un censo de bebés robados para, a través de un convenio con el Fondo Documental de la UPNA, “tratar de esclarecer los casos de adopción irregular e identificar a las madres biológicas que no hubieran dado su consentimiento”. Anuncia que se solicitará la colaboración de todas las instituciones públicas o privadas que custodien libros de adopciones, expedientes relativos a la protección de menores o historiales médicos sobre nacimientos producidos en Navarra desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de enero de 1978. En el caso de las víctimas producidas entre 1979 y 1990, se acuerda que también podrán acogerse a los beneficios de esta ley, en el supuesto de que el robo se ajuste a lo previsto en la norma.
El censo, que no será público (solo se publicitarán datos estadísticos), proporcionará a los interesados copia de la documentación que les afecte. Y facilitará a los investigadores acreditados que lo demanden todas las informaciones relativas a su elaboración. Por otra parte, el banco de ADN que, dependiente del Instituto de Medicina Legal, se encarga de conservar las muestras de restos óseos procedentes de las exhumaciones realizadas en Navarra, se ocupará de recabar muestras de las personas afectadas por estos robos, debiendo ser analizadas en 3 meses desde su solicitud.
Y en el supuesto de que, tal y como prevé la Ley Foral 33/2013, el proceso de esclarecimiento y búsqueda exija la apertura de algún enterramiento, el Gobierno de Navarra asumirá el coste. También se hace constar que tendrán los mismos derechos que las víctimas de la represión de 1936 si hay que desbloquear alguna sepultura.
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