Las familias de los represaliados pedirán que relatores
de Naciones Unidas se pronuncien sobre las trabas del Estado
Juan José Fernández
Madrid - Lunes, 07/05/2018 | Actualizado a las
20:43 CEST
Familiares de víctimas de la guerra civil, frente a la
entrada a la Basílica del Valle de los Caídos el pasado 23 de abril. En el
centro, su abogado, Eduardo Ranz. / REUTERS / JUAN MEDINA
Las familias de los republicanos Manuel y Ramiro Lapeña
y de los ‘nacionales’ Pedro Gil y Juan González pedirán a Naciones
Unidas que inspeccione el proceso de recuperación de sus restos en el
Valle de los Caídos. El abogado de las familias, Eduardo Ranz, prepara una
petición para la sede en Ginebra de la ONU. Ranz solicitará la presencia
de relatores in situ que certifiquen la diligencia y neutralidad de la
Administración para facilitar las exhumaciones, a las que dio vía
libre el 9 de mayo de 2016 el Juzgado de Primera Instancia 2 de San
Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Ese fallo lleva camino de convertirse en sentencia
récord por la demora en su cumplimiento. Hace dos años,
Patrimonio Nacional, ente dependiente de Presidencia del Gobierno que regenta
el monumento, consideró que el fallo no le vinculaba directamente. En
noviembre de 2017 cambió de opinión, pero entonces la abadía del
Valle recurrió el fallo, hasta que, por orden del obispado, retiró el
recurso este marzo.
Sin perito propio
Las últimas negativas de Patrimonio Nacional impulsan el
recurso a la ONU. "Necesitamos testigos de lo que está
ocurriendo con este proceso", explica el letrado Ranz. El 23 de
abril, cuando los técnicos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción
fueron a valorar el estado de la cripta del Valle, un ejecutivo
de Patrimonio Nacional negó el acceso a las familias. Ese
día Patrimonio también les negó la posibilidad de contar con
un peritaje independiente al impedir la entrada al forense
Francisco Etxeberria, experto en fosas comunes que, contra
el criterio de otros expertos, cree que no todas las tumbas del Valle
están en ruina por humedad.
Esta semana, los técnicos del Instituto Torroja redactan un
informe que debe responder a dos preguntas: en qué estado está el piso
tercero de la cripta del sepulcro y qué obras habría que hacer si no fuera
posible el acceso.
Patrimonio Nacional advirtió el 23 de abril de que no
será tán fácil como quisieran las familias. Aún deberán volver al juzgado,
según dijo en un comunicado: "Si se comprueba que los columbarios en
los que pueden encontrarse los restos de los hermanos Lapeña se han convertido
en un osario, en el que se encuentran confundidos con los restos
cadavéricos de las demás personas inhumadas", se lo comunicarán a
la familia "para que interponga una demanda en el correspondiente proceso
declarativo ante la Jurisdicción ordinaria para que se pronuncie sobre la
exhumación solicitada si hay derechos de terceros afectados".
Para Ranz, "en este caso ya se han producido todas
las resoluciones propias de un Estado de Derecho. Pedir más
pronunciamientos no es de recibo". El comunicado no advertía nada
sobre los restos de muertos del bando nacional. "No permitir a
Etxeberria entrar en la cripta, impedir el acceso a las familias, y que
Patrimonio mencione las dificultades para exhumar a las víctimas republicanas,
sin mencionar las del bando nacional, hace entender falta de voluntad para
llevar a cabo la exhumación”, critica el abogado.
Desde Naciones Unidas, el jurista colombiano Pablo de
Greiff, relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia
y la Reparación, ya ha llamado la atención del Gobierno de España
en 2014 y 2017 por las escasas facilidades que da a las víctimas que
buscan restos de sus familiares.
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