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El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad, Educación y Coordinación de distritos, ha iniciado este sábado los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando, después de que durante las últimas semanas se hayan realizado los trabajos previos y de acondicionamiento de los suelos.
En el inicio de lo que el Consistorio califica en una nota de prensa como "el mayor proyecto de recuperación de la memoria histórica que se ha puesto en marcha en la ciudad en décadas", han participado familiares de represaliados que se encuentran, de acuerdo con los estudios de investigadores, enterrados en esta fosa y en las otras dos ubicadas en el mismo cementerio.
Cada uno de los participantes ha utilizado una piqueta para realizar un primer gesto simbólico sobre la superficie delimitada, antes del arranque del grueso de los trabajos que se realizará a partir de la próxima semana con maquinaria y personal específicos y en base a las labores previas de documentación y análisis.
La fosa de Pico Reja cuenta con unas dimensiones de 671,34 metros cuadrados con una profundidad que podría alcanzar los cuatro metros y una capacidad de 2.685 metros cúbicos de acuerdo con los trabajos de señalización y localización coordinados por el Ayuntamiento y ejecutados entre 2017 y 2018. Esto permite constatar que la fosa podría albergar los 1.103 represaliados recogidos en los textos del historiador José Díaz Arriaza, que ha servido de base para estos trabajos. Entre estas personas que fueron enterrados en la fosa se encontraban miembros de la Corporación municipal y personalidades destacadas de la ciudad y de Andalucía.
Los trabajos de señalización y localización de la fosa concluyeron que los restos humanos allí depositados muestran huellas de violencia que los identifican como víctimas de la represión franquista. También se concluye la disposición del espacio como tumba colectiva y la localización de restos prácticamente desde la misma superficie debido a la colmatación del espacio.
La delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, ha expuesto que este es "un acto histórico de reconciliación con nuestra historia relacionado con la verdad, la justicia y la reparación" a través de "uno de los más importantes proyectos que se acometen en nuestra tierra". "Damos cumplimiento a la ley en materia de Memoria Histórica y Democrática bajo los principios de dignificación de la memoria de las víctimas. Un compromiso que este Gobierno adquirió en el pasado mandato (2015-2019) con familias y entidades memorialistas y que ya es una realidad", ha afirmado la delegada, quien ha participado en el acto junto a familiares y miembros de la Corporación municipal.
Los trabajos comenzaron hace unas semanas a través de un contrato que ha tenido una licitación de 1,1 millones de euros y se realizarán con las máximas garantías de rigor científico a través de la empresa Aranzadi, con experiencia en exhumaciones en distintos puntos de España.
El Ayuntamiento recuerda que lidera el proyecto, asumiendo los trabajos previos, la coordinación y la ejecución de los contratos, así como buena parte de la financiación, concretamente 680.000 euros del proyecto. Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla que se han sumado al proyecto colaborando en su ejecución con una aportación de 265.000 euros cada uno.
TRES FASES
El proyecto se desplegará a lo largo de cuatro años en tres fases. La primera atañe a la exhumación en sí y la identificación de los cuerpos, con trabajos que incluyen la excavación arqueológica; intervención sobre los restos encontrados -la excavación y la identificación directa e individualizada de estos cuerpos determinarán si son o no represaliados o represaliadas-; exhumación -identificación, registro de huellas sobre violencia y extracción individual de cada cuerpo o resto-; antropología forense, es decir, fijar sexo, edad, patologías o anomalías; análisis antropológico de manera en laboratorio; y conservación y protección para preservar estos restos óseos y análisis de ADN.
Para ello, el Consistorio ha iniciado diferentes jornadas de recogida de ADN de familiares, a través de la colaboración del Laboratorio Municipal y la Universidad de Granada (UGR), que puedan servir para identificar a las personas que permanecen en este espacio. Hasta ahora se han tomado más de 260 muestras de ADN de familiares de ésta y otras fosas del cementerio.
La segunda fase consistirá en la realización de un informe final como lógica contribución a la historia de la represión franquista y la tercera y última fase será el destino final de los restos. Con respecto a los cuerpos que efectivamente hayan sido identificados, se respetará en todo momento el deseo de las familias. Sobre los restos no identificados y/o que los familiares expresen el deseo de permanecer en el mismo lugar, se inhumarán en un espacio autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para identificaciones en un futuro. Tras finalizar los trabajos, se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de la fosa de Pico Reja.
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