La familia Mingorance Pérez trata de subir al buque Stanbrook. Quieren abandonar España, con los estertores de la guerra y la derrota de la democracia pisándoles los talones. Todos acaban detenidos en Alicante. Y penan entre rejas su apoyo a la República. Es el trazo de uno de los relatos incluidos en el listado que ha recibido la jueza María Servini con 48 ciudadanos argentinos víctimas del franquismo entre 1936 y 1978.
La iniciativa parte de la base de datos ‘Todos los nombres’ y busca que estos nombres formen parte de la denominada querella argentina, el único proceso en el mundo que desde hace una década trata de juzgar los crímenes franquistas. Las víctimas que ahora conoce Servini habían nacido en Buenos Aires, Mar del Plata o Mendoza. Y acabaron ejecutados. O sufrieron penas de cárcel y trabajo esclavo. Un puñado sigue en paradero desconocido.
La documentación ha sido entregada en el Consulado de Argentina en la ciudad de Cádiz para su envío al Juzgado Criminal y Correccional Nº1 de Buenos Aires. El secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez, también tiene acceso a la relación de víctimas. Así como "diferentes entidades y colectivos de argentinos residentes en España".
La intención es clara: "que se planteen su intervención en este asunto", según las entidades que conforman la base de datos, la asociación Nuestra Memoria y el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. La página web ‘Todos los nombres’ suma 104.475 nombres de represaliados en Andalucía, Extremadura y norte de África.
Los colectivos memorialistas ya presentaron en la embajada de Argentina en Madrid, en 2014, una primera relación de 33 nombres, actualizada en este momento hasta los 48 argentinos represaliados en suelo andaluz. Todos son hombres, excepto un caso, una mujer: Diana Mingorance, una joven que llegó a formar parte de las Brigadas Internacionales y acabó encarcelada.
"Que sepamos no se actuó por parte de las autoridades argentinas en ningún sentido", subrayan. Ahora esperan que la información sea "de interés para la causa que instruye" la magistrada Servini.
Cárcel por coser banderas republicanas
La máquina de escribir tenía un defecto en una tecla. Y no fue difícil dar con Diana Mingorance. Corría la mitad de los años 40. Pero Diana y su hermana Libertad recibieron un 14 de abril la consigna de celebrar el aniversario de la República. Elaboraron cartas, banderitas de papel y una bandera tricolor cosida a máquina. Las dos fueron detenidas. Diana fue sentenciada a dos años, cuatro meses y un día de reclusión por asociación ilícita.
Antes de este episodio vivido en la clandestinidad, Diana llegó a formar parte de un batallón de las Brigadas Internacionales. Y desde los 15 años militaba en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Su familia no logró integrar el medio millón de exiliados que provocó la guerra. A partir de ahí, les esperaban detenciones, condenas y prisión.
Diana Mingorance nació en Buenos Aires y vivía en Madrid al estallido de la Guerra Civil española. Tejió una historia atada al compromiso con la democracia. Y es uno de los nombres que la jueza María Servini puede leer ahora en su ciudad natal. Ella es la única mujer de ese listado de 48 argentinos represaliados por el franquismo entre 1936 y 1978.
Como Emilio Armengod Molina. Hijo de actores, nació en tierras argentinas durante un viaje de sus padres. Vivía en San Fernando (Cádiz), donde era concejal por Unión Republicana. El mismo 18 de julio del 36 fue detenido por los golpistas. Casi un mes después lo mataron a tiros en Puerto Real. Armengod tenía cinco hijos, era masón y trabajaba de intérprete en la Sociedad Constructora Naval y como vendedor de seguros de vida.
Esclavos y desaparecidos argentinos
Muchos acabaron "fusilados" por los golpistas. Caso del joven de 18 años Víctor Serafín Mohedano. O Gabriel Fuentes, Cristóbal Villalba, Juan Funes… Y más asesinados, como José Miguel Hernández en Huelva, Manuel Pérez… Francisco Pérez en "situación de desaparecido", igual que Alberto Sales, que tenía 24 años. O Juan Reinado, que antes de la muerte pasó por el barco prisión cabo Carvoeiro.
El trabajo esclavo afectó a un grupo de esta víctimas. En la construcción del conocido como Canal de los Presos o en la colonia penitenciaria militarizada en Canal del Bajo Guadalquivir, donde penaron Manuel Mata, Bonifacio García… Eduardo Sánchez perdió un ojo en "accidente laboral" en la mina de mercurio de Almadén (Ciudad Real). El tipógrafo Francisco Asensio, juzgado en Consejo de Guerra, acabó en la Colonia Penitenciaria de El Dueso (Cantabria).
Y más. La depuración profesional al maestro Joaquín Brotons. La causa abierta por "terrorismo" contra el rosarino Antonio Jiménez. Félix Barranquero, de Tucumán, condenado por el Tribunal de Orden Público: 7 años de reclusión y multa de 10.000 pesetas por asociación ilícita y propaganda ilegal. O Cristóbal Calvo, sentenciado por "auxilio a la rebelión" y Antonio Romagnani, por "encubrimiento de huidos".
A José Lozano le persiguieron porque tocaba marchas revolucionarias con su acordeón durante manifestaciones. Quedó absuelto. Como Antonio Zambonino, al que salvó la intervención del cónsul de Argentina en Cádiz. Trabajaba como empleado del negociado de estadística en el Ayuntamiento y fue juzgado por "rebelión militar".
Represión "en sus diversas modalidades"
La mayoría de las víctimas argentinas habían nacido en Buenos Aires. Otras ciudades suman tres represaliados, como Mar del Plata, Rosario o Mendoza. Dos de estas personas eran de Tucumán, y otras dos de San Luis del Palmar, una localidad de la provincia de Corrientes. Una más, de Córdoba. Y en tres casos no se conoce la localidad de procedencia.
La información ha sido recopilada por los historiadores José Luis Gutiérrez Molina y Julio Guijarro, apoyados por el informático José Espinosa como parte del equipo de la base de datos ‘Todos los nombres’. Las "fuentes primarias" son "un amplio colectivo de historiadores, investigadores y archiveros".
La "relación actualizada" muestra argentinos "que sufrieron represión en sus diversas modalidades". Una veintena sufrió penas de cárcel y otras seis, trabajo esclavo, en batallones de trabajadores o colonias penitenciarias. Los castigos recibidos fueron diversos, desde multas, depuración profesional y expedientes a reclusión en el barco de la muerte, el cabo Carvoeiro.
Al menos doce de estas personas fueron ejecutadas. Muchos siguen en paradero desconocido. "Durante estos años no hemos tenido noticias, de ningún tipo, por parte de las autoridades argentinas", señalan Paqui Maqueda, de Nuestra Memoria, y Cecilio Gordillo, de RMHSA. "Difundir sus historias de vida" servirá "para que nunca caigan en el olvido de este amnésico país y sus gobernantes", destacan las entidades memorialistas.
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