La Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Huesca, la DGA y el Gobierno de España han colaborado para exhumar a las víctimas de fosas comunes y levantar un monolito de recuerdo en el cementerio de Las Mártires.
Los familiares de 26 vecinos de la localidad Angüés, situada a 24 kilómetros de Huesca, que fueron asesinados sin juicio previo durante la Guerra Civil por sus ideales anarcosindicalistas han podido rendirles por fin un homenaje, 85 años después de sus muertes. Y ha sido gracias al trabajo de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) y el Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca, que a su vez han recibido ayudas de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Huesca, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para poder llevar a cabo las exhumaciones de los cuerpos que estaban enterrados seis fosas comunes del cementerio de Las Mártires de la capital oscense.
A partir de ahora, sus restos ya descansan en una sepultura y un monolito funerario con 26 perforaciones (una por cada asesinado) dignifica la memoria de estas víctimas: Emeterio Alpín Zaballos (32 años), José Franco Carpi (46), Dionisio Gallo Brusau (32), José María Batos Lacasta (51), Emilio Cardiel Huguet (27), Fabián Alsina Soliva (26), Román Arnal Mur (24), Ramón Bonet Buil (25), Miguel Cardiel Huguet (28), Manuel Gallo Brusau (35), Ramón Briac Oliveros (19), Santos Buil Tornil (27), Tomás Canudo Domper (26), Bartolomé Casasín Pérez (53), Gregorio Espona Vitales (55), Agustín Bravo Brusau (31), Mariano Buil Tornil (27), Demetrio Huguet Ubico (24), José Huiget Ubico (29), Juan José Lometro Bravo (20), Domingo Tomás Rivera Sarvisé (25), Luis Val Buil (21), Francisco Zamora Campo (33), Domingo Ponz Conte (21), Joaquín Rivera Sarvisé (23) y José Villacampa Bravo (32), que era el entonces alcalde de Angüés. Todos ellos fueron detenidos por la Guardia Civil y utilizados como escudos humanos y, posteriormente, ingresaron en la Prisión Provincial de Huesca. Y entre el 3 y el 19 de enero de 1937 fueron ejecutados.
Como ha explicado el arqueólogo Javier Ruiz, entre los años 2018 y 2019 se hicieron tres campañas en las que exhumaron las seis fosas donde estaban los 26 cuerpos, que han sido identificados gracias a estudios antropológicos y pruebas de ADN. Todo a raíz de una primera solicitud por parte del conocido militante anarquista Martín Arnal Mur, natural de Angüés y fallecido hace unos pocos meses a los 99 años, para localizar y recuperar los restos óseos de su hermano Román, asesinado el 4 de enero de 1937. Una solicitud a la que rápidamente se sumaron otros muchos familiares de los angüesinos asesinados.
"Ni siquiera fueron fusilados sino que los ejecutaron con un tiro en la cabeza ya que la mayor parte de los proyectiles que hemos encontrados eran de pequeño calibre de arma de fuego corta y no hay fracturas propias de fusilamiento", ha destacado Ruiz. Además, ha asegurado que en el mismo cementerio de Las Mártires quedan por exhumar alrededor de 100 víctimas de la Guerra Civil.
Juana, hija de Martín Arnal, ha mostrado su "empatía, admiración y cariño a las familias que han roto el silencio para dar un nuevo paso hacia la verdad y la dignidad" y ha asegurado que "los valores que defendían estos hombres de justicia, libertad, igualdad, solidaridad y defensa de la dignidad humana son los míos". También ha recalcado que este es "solo un primer paso para la reparación" ya que ha hecho un llamamiento para seguir con esta labor con otras víctimas "porque sus cuerpos no pueden seguir tirados en las fosas y cunetas ni sus fotos escondidas dentro de los cajones de los armarios sin nombre y olvidadas ya que la democracia no se construirá sin ellos".
Mientras, Camila ha recordado cómo su abuelo Martín Arnal le hablaba de su tío Román, uno de los asesinados. "Decía que no había que construir cárceles sino escuelas. Era militante de la CNT y vendía la prensa libertaria por las calles del pueblo voceando, y cantaba muy bien la jota. Los guardias registraban constantemente la casa familiar en busca de armas y le amenazaban con que se iba a tragar aquel periódico. Sembraba ideas pacifistas pero cosechó el odio y la violencia", ha lamentado.
La Diputación Provincial de Huesca costeó dichas exhumaciones y los análisis genéticos mediante ayudas al desarrollo de la Memoria Histórica (63.000 euros), el Ayuntamiento de Huesca se ha hecho cargo de la construcción de la sepultura y, finalmente, consiguieron subvenciones del Ministerio de la Presidencia y del Gobierno de Aragón para costear los gastos de entierro y del homenaje público.
Diego Blázquez, director general de Medio Histórica del Gobierno de España se ha desplazado a Huesca para participar en este "acto de reconocimiento a los familiares que han dado un ejemplo de persistencia, de paciencia, de valentía y de recordar esta deuda que tiene la democracia española con todas las personas que fueron víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura", ha valorado. Y ha puesto este caso como un ejemplo de colaboración de las administraciones que hay que fomentar.
Mientras, la vicepresidenta de la Diputación de Huesca, Elisa Sancho, ha insistido en que "recordar a las víctimas es un deber de la sociedad con sus seres queridos y allegados y una cuestión de justicia". Y el concejal de Memoria Democrática, Ramón Lasaosa, ha subrayado que "la memoria es el verdadero camino para la reconciliación". Por su parte, Carlos Escartín, presidente del Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca, ha agradecido la ayuda de las instituciones aunque ha recalcado que la ceremonia de este domingo iba destinada casi en exclusiva a los familiares de las víctimas "que llevan 85 años esperando un acto de desagravio y de dignificación como este".
Los trabajos técnicos, coordinados por Miguel Ángel Capapé, en representación de la asociación Aico, han sido realizados por los arqueólogos Javier Ruiz y José Ignacio Piedrafita, la historiadora Cristina Sánchez, la antropóloga Miriam Gracia y el resto del equipo, quienes en la última década han excavado 35 fosas comunes de la Guerra Civil y la posguerra en Aragón, exhumando a 140 víctimas de la represión franquista, guerrilleros o soldados combatientes.
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