PRC y PSOE impulsaron esta norma hace casi dos años desde el Ejecutivo regional
El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular (PP), ha aprobado la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma en respuesta a una solicitud presentada por Vox en el Parlamento autonómico.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, promovida hace casi dos años por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha sido objeto de controversia desde su implementación. Vox, en su búsqueda por revocar esta normativa, ha obtenido el respaldo del Gobierno regional.
Durante el debate sobre esta medida, se generó un ambiente tenso en el Parlamento debido a la oposición de asociaciones memorialistas presentes en el recinto. La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), llamó la atención a varias ocasiones a los asistentes por aplaudir o hacer comentarios durante las intervenciones, llegando incluso a solicitar que abandonaran la Cámara. Este hecho provocó descontento y protestas de las asociaciones memorialistas presentes, quienes consideraron que la votación fue una «vergüenza».
Leticia Díaz, portavoz de Vox, argumentó que la ley actual «omite por completo a una parte de las víctimas» y enfatizó que «el dolor no tiene bandos».
En la misma línea, Íñigo Fernández (PP) calificó la normativa del anterior Gobierno, liderado por la coalición PRC-PSOE, como «parcial, sectaria y caprichosa», alegando que fue concebida «sin diálogo» y con la intención de «dividir a los cántabros».
Además, criticó que la ley permitía al secretario regional del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, determinar los temas de discusión y subvencionar únicamente a las asociaciones memorialistas de un solo lado, además de intentar influir en la educación.
Fernández expresó su apoyo a dos aspectos de la legislación actual: el derecho de todas las familias «sea cual sea el bando» a recuperar los restos de las víctimas y la conservación de la documentación existente.
Por su parte, el PSOE defendió que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria no se limita a un solo bando y destacó que en otros países europeos este tipo de políticas de memoria son consideradas un deber del Estado democrático implementado por gobiernos de diferentes orientaciones políticas.
Mario Iglesias, parlamentario del PSOE, afirmó que se trata de un asunto de justicia y que los derechos humanos no pueden estar sujetos a la voluntad política.
El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ofreció la colaboración de su partido para modificar la ley en lugar de derogarla, argumentando que es una legislación necesaria. «Hoy se ha dudado si es necesario una ley y claro que hace falta», ha señalado.
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