Domingo, 01 de Septiembre de 2024Tiempo de lectura: 7 min
El colectivo Sin Identidad de Canarias conmemoró un año más la memoria de los menores robados
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado viernes, como cada 30 de agosto, el colectivo Sin Identidad se reunía en Canarias para conmemorar el Día en Memoria de los Menores Robados, una fecha que se ha convertido en un símbolo de resistencia y memoria frente a uno de los crímenes más oscuros de la historia reciente del Estado español.
En palabras de su portavoz, Jorge Rodríguez, este colectivo representa "el compromiso de poner fin a una de las etapas más negras de la historia reciente de Canarias".
Y es que, aún en la segunda década del presente siglo XXI, las víctimas de estos crímenes continúan luchando por alcanzar verdad, justicia y reparación por el robo sistemático de bebés que se prolongó desde la dictadura franquista hasta bien entrado el actual régimen monárquico español.
![[Img #80018]](https://canarias-semanal.org/upload/images/08_2024/6483_menorest.jpg)
El caso de los bebés robados en España no es solo un capítulo oscuro, sino una herida abierta que atraviesa décadas de impunidad y sufrimiento.
Estos crímenes, que comenzaron durante la Guerra Civil y se extendieron hasta 1993, afectaron a miles de familias, la mayoría de ellas de extracción humilde o con vínculos republicanos.
El régimen franquista, bajo la ideología del nacionalcatolicismo, consideraba a muchas de estas madres como "no aptas" para criar a sus hijos, y con la complicidad de médicos, monjas y funcionarios, los bebés eran arrebatados de sus brazos y entregados a familias adeptas al régimen.
Un contexto de represión y control social
El robo de bebés en España, en efecto, no se puede entender sin conocer el contexto histórico en el que tuvo lugar.
Tras la Guerra Civil, el régimen franquista consolidó un sistema de represión no solo contra los opositores políticos, sino también contra aquellos que consideraba moralmente inadecuados según su rígida visión del mundo.
Las mujeres republicanas, solteras, pobres o con otras ideologías opuestas al régimen fueron consideradas peligrosas para la moral nacional. Sus hijos eran vistos como "salvables” si eran separados de su influencia y criados por familias que se ajustaran a los valores del régimen.
Esta práctica comenzó con una fuerte carga ideológica. En los años más duros de la dictadura, hijos de presas republicanas y mujeres de ideología izquierdista eran sistemáticamente separados de sus madres, quienes muchas veces ni siquiera eran informadas de la suerte de sus hijos. Este proceso, que en sus primeros años fue impulsado como este mecanismo de "salvación", pronto se convirtió en una red de adopciones ilegales con fines lucrativos. Hospitales, clínicas privadas, y sobre todo, instituciones religiosas, se vieron envueltos en estas tramas que llegaban a falsificar partidas de nacimiento y documentos oficiales para ocultar el crimen.
Los casos emblemáticos: una lucha por la verdad
Entre los nombres más conocidos de esta trama se encuentra el del doctor Eduardo Vela, quien fue uno de los pocos procesados por estos crímenes.
Vela, que trabajaba en la Clínica San Ramón de Madrid, fue acusado de participar activamente en el robo de bebés y en la falsificación de documentos para encubrir estas adopciones. Su juicio, que tuvo lugar en 2018, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia de miles de familias. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los cargos, Vela fue absuelto debido a la prescripción de los delitos. Esta decisión fue un golpe devastador para las víctimas, que vieron cómo uno de los principales responsables de estos crímenes eludía la justicia.
Otro caso emblemático es el de la monja María Gómez Valbuena, más conocida como sor María, quien también fue acusada de organizar el robo de recién nacidos y de manipular a las madres para que firmaran documentos de entrega. Sor María trabajó durante décadas en la maternidad de O'Donnell en Madrid, donde muchas mujeres denunciaron haber sido engañadas o coaccionadas para entregar a sus hijos. La monja murió antes de ser juzgada, lo que dejó una sensación de frustración e impunidad entre las víctimas y sus familias.
Las historias de estas víctimas son desgarradoras. María José Picó, por ejemplo, lleva décadas buscando a su hermana melliza, que nació junto a ella en 1962 en el Hospital General de Alicante. Según le contaron a su madre, una de las niñas murió poco después de nacer, pero las inconsistencias en los documentos y la imposibilidad de ver el cuerpo levantaron sospechas que la han llevado a buscar la verdad durante toda su vida. A pesar de las dificultades, María José no ha dejado de luchar para descubrir lo que realmente sucedió con su hermana.
La lucha por la memoria y la justicia
El colectivo Sin Identidad en Canarias ha sido fundamental para mantener viva la memoria de estos crímenes y para exigir justicia. Desde su fundación, han trabajado incansablemente para recopilar testimonios, documentos y pruebas que demuestren la magnitud del robo de bebés en el archipiélago.
En 2019, el Gobierno de Canarias reconoció oficialmente a las víctimas de estos crímenes mediante la Ley 13/2019, que establece el 30 de agosto como el Día en Memoria de los Menores Robados.
El trabajo de Sin Identidad no se limita a recordar el pasado, sino que también es un esfuerzo por asegurar que estos crímenes no se repitan.
Para ello colaboran con otras asociaciones de España y con organizaciones internacionales de derechos humanos para presionar al Estado español a que tome medidas efectivas para resolver estos casos.
Sin embargo, a pesar de estos avances, la realidad es que la mayoría de los crímenes relacionados con el robo de bebés en España han quedado impunes.
Obstáculos en el camino hacia la justicia
Las barreras para obtener justicia en estos casos son enormes. La falta de registros, la destrucción deliberada de documentos y la complicidad institucional han sido obstáculos casi insalvables para las familias que buscan a sus seres queridos.
Amnistía Internacional ha documentado cientos de casos que demuestran cómo esta práctica continuó incluso después de la llamada “transición democrática”, con el último caso registrado en 1993. Estos crímenes, que comenzaron con una motivación ideológica, se convirtieron en un lucrativo negocio que dejó tras de sí un rastro de dolor y preguntas sin respuesta.
Uno de los mayores problemas ha sido la falta de voluntad política para abordar estos casos de manera integral.
Durante años, las denuncias fueron ignoradas o minimizadas, y las víctimas tuvieron que enfrentarse a un sistema judicial que no estaba preparado para tratar estos crímenes como lo que son: delitos de lesa humanidad. Aunque en los últimos años ha habido un cambio en la actitud del gobierno, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y el reconocimiento oficial de los "niños robados" como víctimas del franquismo, queda mucho por hacer para que la justicia sea una realidad.
El papel de la prensa y la sociedad civil
En este contexto, una parte de la prensa española jugó un papel crucial en la exposición de estos crímenes en los primeros años tras el final de la dictadura franquista.
La revista Interviú fue una de las primeras en investigar y publicar reportajes sobre el robo de bebés, comenzando a finales de los años 70 y continuando durante las décadas siguientes. Estos reportajes destaparon una red de tráfico de bebés que involucraba a médicos, monjas, y funcionarios del Estado, y contribuyeron a que la sociedad comenzara a tomar conciencia de la gravedad de estos crímenes. La cobertura mediática no solo sacó a la luz estos horrores, sino que también ayudó a movilizar a la sociedad civil, que comenzó a exigir justicia y reparación para las víctimas.
El trabajo de unos pocos periodistas, junto con el esfuerzo de las asociaciones de víctimas como el colectivo Sin Identidad, ha podido evitar que estos crímenes caigan en el más absoluto de los olvidos.
Sin embargo, la lucha por la justicia continúa siendo ardua. Las familias afectadas no solo buscan a sus seres queridos, sino también el reconocimiento y la reparación del daño sufrido. En palabras del Defensor del Pueblo en su informe de 2017, "los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo para esclarecer los hechos denunciados".
Sin embargo, esta respuesta continúa sin llegar.
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