El ministro, Ernest Urtasun, anuncia en el Congreso la apertura de las actuaciones previas para suprimir los organismos dedicados a José Antonio Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer y Queipo de Llano.
Francisco Franco visita el Valle de los Caídos junto con Ramón Serrano Súñer (el primero por la derecha, de frente) en 1940.EFE
El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quiso comparecer hoy martes en el Congreso para informar “sobre avances en el ecuador de la legislatura”. Para seguir hacia adelante, sin embargo, invitó a mirar atrás: anunció el comienzo de las actuaciones previas para lograr la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas. El 31 de octubre, Cultura envió a la Fundación Francisco Franco el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción” de la organización, paso previo necesario para su cancelación. Tras acelerar el procedimiento más simbólico, el ministerio se dispone ahora a recopilar información y encargar un estudio respecto a los organismos dedicados al fundador de la Falange Española José Antonio Primo de Rivera; al político y jurista Blas Piñar, que luchó contra cualquier apertura durante el régimen e incluso la Transición; la fundación privada Ramón Serrano Suñer, ministro en varios gobiernos de Franco; y la Fundación Pro Infancia [Gonzalo] Queipo de Llano, general considerado un criminal de guerra por muchos historiadores. A dos días de que se cumplan 50 años de la muerte de Franco y el fin de su tiranía, Cultura se lanza a borrar uno de sus legados más visibles.
La iniciativa se basa en la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno el 19 de octubre de 2022. Su disposición adicional quinta vino a recordar que puede ser causa de extinción de fundaciones el hecho de que “no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo”. Y estableció que “se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. El texto también previó la posibilidad de que el órgano judicial correspondiente suspenda provisionalmente la actividad del organismo hasta la sentencia.
Se abrió así la puerta a un procedimiento que Cultura inauguró contra la Fundación Franco y ahora amplía a cuatro más. Su primera fase consiste en pedir un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, algo que ya se hizo respecto al organismo más célebre y se inicia para los otros. La segunda parte supone la apertura del procedimiento, con la comunicación a las fundaciones afectadas y el periodo de alegaciones, donde se encuentra el caso de la Fundación Franco hasta el próximo lunes. Finalmente, se solicita un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual Cultura debe resolver “si procede instar judicialmente la extinción”. La decisión final corresponde a las autoridades judiciales.
“La memoria impide que lo pasado pase y arroja luz sobre el presente. Es un eje transversal y atañe a todas las competencias del ministerio”, subrayó Urtasun ante la Comisión de Cultura. Para la supresión de la Fundación Franco, su ministerio ya encargó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD), que entrevistó a víctimas del régimen, estudió la web de la entidad, detectó textos “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus dirigentes” y también repasó la cobertura en los medios de comunicación del organismo entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de marzo de 2025.
Un rápido vistazo a la web de la fundación Blas Piñar permite encontrar, por ejemplo, la opinión sobre él del ministro franquista José Utrera Molina: “No ha sido uno de los mejores españoles de nuestro tiempo, sino el mejor”. “Consideramos plenamente válida la figura de José Antonio Primo de Rivera, no como referente pretérito sino de cara al siglo XXI”, se lee en la página del organismo dedicado al hijo del dictador Miguel Primo de Rivera.
“Un gobierno democrático, digno de tal nombre, no puede permitir que el olvido de todo lo ocurrido en este país se infiltre en nuestra memoria colectiva y la desintegre; un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia, y así lo hacemos y haremos, de la mano de la ley”, apuntó Urtasun.
Pablo de Greiff, exrelator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, siempre ha denunciado que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa“. El experto, autor de un informe en 2014 sobre España, destacó que en ningún país de la UE hay algo parecido ―ni mucho menos fundaciones en Italia o Alemania para ensalzar a Mussolini o Hitler― ni
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