Público conversa con las familias de seis víctimas de la dictadura. Víctimas con nombres y apellidos. Represaliadas por sus ideas y su compromiso con la República. Estas son sus historias.
Madrid--Actualizado a
Medio siglo de democracia. 47 años de período constitucional. Siete del gobierno más progresista de la historia. Y, aún así, la mayoría de víctimas de la dictadura siguen sin justicia. Sin reconocimiento y sin reparación. Otras la han obtenido recientemente, en los últimos meses. Como parte de los actos del Gobierno por los 50 años de España en Libertad. No ha sido un camino fácil. Es el resultado de décadas de lucha contra el olvido. Contra la impunidad. Una lucha que han encabezado sus propias familias, amparadas por las asociaciones memorialistas. Por eso, en este 50 aniversario, quizá haya mucho que celebrar, sí. Pero también mucho que recordar. Mucho que reparar.
Público ha hablado con las familias de seis de estas víctimas. Víctimas con nombres y apellidos. Represaliadas por sus ideas, por su activismo o por su adscripción al régimen republicano. Estas son sus historias.
Petra (1915-1939) y Tomasa Tena Nieto (1906-1939)
"Mis tías, las dos hermanas mayores de mi madre", aclara Tina Merino, presidenta de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), en Badajoz. La primera tenía entonces 33 años; la segunda, tan solo 24. "Además estaba embarazada", continúa la activista por la memoria. "A ninguna se le aplicó el bando de guerra. Directamente pasaron por prisión, donde las raparon y las asesinaron, en marzo de 1939", se lamenta la sobrina de las víctimas. "Suponemos que estarán en la fosa del pueblo, de Villanueva de la Serena, pero no tenemos ninguna certidumbre al respecto".
No solo fueron ellas. "También su hermano Antonio, que era teniente del ejército republicano y fue a parar a la fosa que hay en la ciudad de Badajoz". Y el marido de Tomasa, Pedro Antonio. "A este último sí le aplicaron un bando de guerra cuando regresó al pueblo, en el año 1940, y prevemos que estará también en Villanueva", refiere la historiadora.
Siguen buscándolos. "De vez en cuando conseguimos que abran la fosa. En 2016, logramos identificar y entregar los restos a sus familiares de cuatro personas del pueblo. En 2022, sacamos a otras seis. El año pasado, a otras ocho. Este año, en el mes de septiembre, retomamos las exhumaciones", desarrolla Merino. En una fosa donde contabilizan más de 300 víctimas. Demasiadas para unas labores de identificación que avanzan a cuentagotas, con poco respaldo institucional. "Estos cuerpos son la prueba de que, durante la guerra y la dictadura, se cometieron crímenes de lesa humanidad. Recuperarlos es una tarea urgente", insiste Merino.
Confiamos en que, por fin, la justicia se haga realidad
Por eso, ha decidido ir un paso más allá. Solicitando la judicialización de la fosa. "El 7 de noviembre le enviamos a la Fiscalía de Badajoz los informes antropológicos de las personas exhumadas, en los que se constataban indicios de crímenes de lesa humanidad", explica la historiadora. A partir de los impactos de balas que tenían, todas ellas, en el cuerpo y en el cráneo. Unos informes que surtieron el efecto deseado. La incoación de diligencias de investigación sobre hechos "que podrían ser constitutivos de delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y/o desaparición forzada". Es un primer paso, valora Merino. "Confiamos en que, por fin, la justicia se haga realidad", concluye.
Álvaro López Ruiz (1903-1939)
"Mi padre, Julián López Muñoz, fue un niño de la guerra. Nació el 12 de agosto de 1929, hijo de una familia de agricultores", hace memoria Purificación. Tenía apenas seis años cuando se produjo el golpe de Estado del 36. Él, sus tres hermanos y sus padres vivían en Valdecaballeros, una pequeña localidad del norte de la provincia de Badajoz. "De ahí es toda mi familia", explica en conversación con Público su hija. Cuando estalló la guerra, el pueblo cayó en zona roja. "Y a mi abuelo -Álvaro López Ruiz- le llamaron a filas", sigue contando Purificación. Nunca estuvo en el frente. Hacía labores de ingeniería, sobre todo caminos. Tuvo dos armas de guerra fundamentales: la pala y el pico.
"Tras la guerra, al intentar regresar al pueblo, le detuvieron en un control falangista", refiere su nieta. Ocurrió el 14 de abril de 1939. "Le llevaron detenido a una casa-cárcel, en la que permaneció seis días, hasta el 17", continúa relatando. Para entonces eran ya seis los prisioneros. Entre ellos otros dos familiares: un tío y un primo hermano del padre de Purificación. No verían el siguiente amanecer. A la caída de la noche, les trasladaron en un camión a las afueras del pueblo. A la zona de El Cordel, el límite entre Valdecaballeros y Castilblanco. "Ahí les fusilaron y les arrojaron a unas trincheras, sin molestarse siquiera en cubrirlos de tierra", denuncia su nieta.
Su padre, Julián, tenía entonces 9 años. "Fueron tiempos difíciles, de mucha hambre y represalias por ser la familia de un rojo. Mi abuela se quedó viuda, sin trabajo, con cuatro niños a cargo", amplía Purificación. Nunca llegaron a encontrar su cuerpo. No pudieron llorarle ni enterrarle dignamente. "Fue una espinita que se le quedó clavada siempre a mi padre", confiesa su nieta. No podían quedarse de brazos cruzados. En 2008, padre e hija se embarcaron en la búsqueda de sus restos. "La última vez que lo intentamos fue en 2022. La Junta de Extremadura estuvo allí con nosotros dos o tres semanas, pero no encontramos nada", se lamenta.
El tiempo corre y los familiares se van muriendo
Sin datos específicos sobre su localización, con escasos medios y apoyo institucional, nunca se han rendido. "Mi padre siempre decía que daría la mitad de vida que le quedaba con tal de encontrar los restos de su padre. Estuvo involucrado en la búsqueda hasta el final", reivindica orgullosa Purificación. Nunca pudo volver a encontrarse con él. "Falleció el pasado 16 de julio, a los 95 años", confirma su hija. Sin verdad, sin justicia y sin reparación. No ha sido el único. "El tiempo corre y los familiares se van muriendo. Primero los hijos y sobrinos; ahora, la generación de los nietos", apunta la activista por la memoria. "O hacemos algo ya o sus historias caerán en el olvido para siempre", advierte. Un trabajo que -apunta- no puede delegarse en la iniciativa familiar o de las asociaciones. Tiene que ser una política de Estado.
José Luis Sandamil Penas (1917-1939)
Republicano comprometido, inteligente, familiar. Así le describe su sobrina, María Ángeles Méndez. "José Luis era hermano de mi madre", comienza contando. Nació el 7 de febrero de 1917, como el mayor de cinco hermanos. "Tras el golpe de Estado, se alistó voluntario el 19 de julio del 36 a las filas republicanas, con el propósito de defender la legalidad vigente", explica su sobrina. Tenía entonces 19 años. "Sufrió mucho durante la Guerra Civil", refiere María Ángeles. "Perdió a sus dos hermanos pequeños, de 9 y 10 años. Mi madre siempre decía que volvió el frente roto de dolor".
El 13 de enero de 1939 resultó herido en la segunda batalla de Brunete, en la localidad de Navalagamella, en Madrid. "Falleció a consecuencia de las heridas", se lamenta su sobrina. Le quedaba menos de un mes para cumplir los 22 años. "Lo enterraron en el cementerio militar de Collado Villalba", prosigue en conversación con Público María Ángeles. Así consta en el certificado que la jefatura de Sanidad envió a sus padres en febrero del 39. Hasta principios de 2009, nunca se atrevieron a visitar su tumba. "Cuando llegamos", recuerda su sobrina, "nos dijeron que el cementerio ya no existía y que los restos se habían trasladado al Valle de los Caídos". Sin conocimiento de sus familiares. Sin consentimiento de ningún tipo. "Un secuestro", sentencia María Ángeles.
"A partir de ahí, empezamos las indagaciones para localizar sus restos", amplía la sobrina del fallecido. Escritos al Ayuntamiento de Collado Villalba, al Valle de los Caídos, a los archivos históricos nacionales, al Arzobispado Castrense… "En 2019, gracias a un programa de radio, contacté con Silvia Navarro Pablo, presidenta de la Asociación de Familiares para la Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos. Gracias a su inestimable colaboración, encontramos la documentación necesaria y suficiente que certifica que el día 27 de mayo de 1961 fue robado su cadáver y enviado al monumento franquista", relata María Ángeles.
Ojalá que los años venideros nos traigan mucha democracia y mucha paz
Desde entonces, lucha por recuperar sus restos. "Mis abuelos nunca superaron la pérdida de su hijo. Pasaron muchos años esperando que algún día llamara a la puerta", reconoce. Su madre -que falleció en 2013- no lo llevó mucho mejor. "Es una herida familiar que siempre hemos tenido muy presente". Una herida que sigue pendiente de cerrarse. "Que se dejen de tanta resignificación e inviertan el dinero en lo que es prioritario: devolvernos a los nuestros", exige María Ángeles. "Ojalá que los años venideros nos traigan mucha concordia, mucha democracia y mucha paz", sentencia la activista.
Manuel Peña Gobantes (1915-1938)
"Manuel era mi tío carnal. El hermano mayor de mi padre, al que le llevaba 8 años", arranca a hablar Merche. Manuel era zapatero. Estaba en la CNT -sostiene su sobrina- por idealismo, en defensa de los derechos de los obreros. Estuvo en el frente, aunque no como soldado. Lo detuvieron a su regreso, en cuanto puso un pie en Santander. "Le denunció un delegado de la Falange de Laredo que, según me dijo mi padre, se dedicaba a ello", refiere a Público su sobrina. Le acusaban de ser un matón, de ir armado, de estar implicado en un asesinato. "Eran los típicos cuentos que se inventaban para detenerte", valora Merche. En enero del 38, Manuel fue procesado en un juicio sumarísimo. "Le declararon culpable, claro está", comenta su sobrina.
"Otro de mis tíos, que se había sumado a las filas del Ejército franquista, investigó las acusaciones, demostrando su falsedad", esgrime Merche. Le conmutaron la pena, pero dio igual. En mayo de 1938, finalmente lo fusilaron. Tenía 22 años. "Fue una injusticia, un asesinato sin ninguna justificación. Después de un juicio farsa, sin garantías procesales ni derecho a defensa", denuncia su sobrina. 87 años después, el pasado 4 de noviembre, el Tribunal Nº1 de Instancia de Castro Urdiales le ha dado la razón. Un reconocimiento que no habría sido posible sin el asesoramiento del Colectivo Memoria de Laredo. "Se ha incorporado a su expediente que fue un juicio ilegal y nulo. Que mi tío era inocente", celebra Merche. Así lo recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Público. Calificando a las cosas por su nombre: un homicidio. "Este reconocimiento es un resarcimiento moral. Toda la gente implicada está ya muerta, sí, pero es una pequeña satisfacción personal. Más que para mí, para mi familia", confiesa la sobrina del fallecido.
Muchas familias siguen llevando en silencio sus heridas
Su padre lo vivió de una forma bastante traumática. "Mi abuela era viuda y el resto de hermanos estaban ya casados. Se quedaron solos", explica Mercehe. "Tuvieron una vida muy problemática. Les quitaron todo", critica con dureza Merche, que heredó su impotencia, su dolor. "Nunca me olvidaré del día que mi padre me señaló llorando al hombre que les había denunciado", recuerda emocionada. Ahí supo que tenía que hacer algo. "No podemos dejar las cosas estar. Hay muchas familias que, después de cinco décadas de democracia, siguen llevando en silencio sus heridas", señala la activista por la memoria. "Ayudarles a cerrar ese duelo, facilitarles esa pequeña porción de paz, es una deuda que tenemos pendiente".
Alberto González (Plasencia, 1950)
Hay víctimas que todavía pueden hablar por sí mismas. Es el caso de Alberto, represaliado por la dictadura, víctima de torturas y encarcelamiento. "Desde que entré a la Complutense, en 1968, me incorporé al movimiento estudiantil", empieza contando. También en un partido de jóvenes de izquierdas, el Partido del Trabajo. "Al terminar la carrera de Geografía e Historia, regresé a Extremadura, donde estuve implicado en el movimiento vecinal y sindical", explica a Público. Militando en Junta Democrática y en la Platajunta. Hasta abril del 76. "Me detuvieron y torturaron durante 72 horas, acusado de propaganda ilegal y asociación ilícita", hace memoria Alberto. Unas torturas que se le han quedado grabadas. "Tarda uno en superar la humillación".
Fue sometido al procedimiento habitual. Juicio del Tribunal de Orden Público y cárcel, además de una multa gubernativa. "Carabanchel estaba llena, así que me dejaron en la cárcel de Plasencia. Al mes, salí en libertad bajo fianza", relata el militante antifranquista. Fuera tampoco le pusieron las cosas fáciles. "Perdí mi trabajo en el colegio donde estaba y me borraron de las listas de interinos en la región", se lamenta. Hasta el año 78, con el recién estrenado régimen constitucional. "Fueron años de persecución y de miedo para mí y mi familia. Al igual que para miles de jóvenes que se opusieron a la dictadura en las calles", valora Alberto. "Hay que acordarse de lo terrible de aquellos años", agrega. De los muertos de Vitoria, de la matanza de los abogados de Atocha y de las decenas de víctimas en las manifestaciones. Un recuerdo que, al menos a él, le ha alcanzado. Con una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal del Gobierno. Es oficial: fue una víctima más de la dictadura.
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