Silvia y Sonia Garófalo Robles han presentado la primera querella en España por "exilio forzoso". Su abuelo fue un militante de la CNT huido a Argentina tras el estallido de la Guerra Civil.

Luis Robles Francisco era trabajador de la construcción en Barcelona, donde vivía junto con su mujer y sus hijos hasta que estalló la Guerra Civil. En febrero de 1939, al poco de caer Barcelona en manos de los sublevados, se vio obligado a cruzar la frontera francesa, por miedo a represalias, ya que era militante de la CNT-FAI. Su intención siempre fue regresar cuando los Aliados liberaran el país, pero eso nunca pasó. Finalmente, en 1946, su familia se reunió con él en Francia, desde donde emigraron rumbo a Argentina. Casi noventa años después, dos de sus nietas han hecho el viaje de vuelta para presentar la primera querella criminal en España por "exilio forzado".
La querella se ha presentado en la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Barcelona –el último lugar donde Robles tuvo fijada su residencia– y se dirige contra los responsables militares y gubernativos que provocaron la huida del obrero. Los argumentos jurídicos que la sostienen se remiten al derecho penal internacional y de derechos humanos. Según los querellantes, reconocerían este desplazamiento forzado como un crimen contra la humanidad "al producirse en un contexto de ataque sistemático contra la población civil". También han tenido en cuenta el artículo de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que define como víctimas "a los exiliados por la dictadura".
"Queremos justicia por nuestra familia, por nuestro abuelo, por nuestra madre, que fue una niña de la guerra, y justicia para el pueblo español, que se merece destapar cierta olla y dejar el relato antiguo de la reconciliación. Uno no puede reconciliarse con un torturador o un asesino", ha dicho en rueda de prensa la nieta Silvia Garófalo Robles.
Las hermanas han contado con el apoyo del equipo jurídico de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). "El exilio fue consecuencia del golpe de Estado militar que se produjo hace noventa años y que provocó más de 500.000 desplazados. Los que pudieron, salieron a Francia y se fueron a otros lugares, principalmente a Sudamérica. Hay exiliados republicanos por todo el mundo. Los que tuvieron menos suerte acabaron en campos de concentración nazis", ha recordado Rosa García Alcón, miembro de la asociación.
Silvia ha descartado que el objetivo de esta decisión sea lograr algún tipo de indemnización: "No tenemos ningún interés especulativo, sino absolutamente político. Nosotros también hemos luchado mucho en Argentina a favor de la memoria y lo seguimos haciendo, desgraciadamente". El interés de los familiares es "reconstruir y poner en agenda el por qué del exilio", algo que consideran fundamental en un contexto sociopolítico "marcado por el auge de la extrema derecha". "El fascismo es algo que estamos viendo hoy plenamente, por lo menos nosotros en nuestro país", ha subrayado.
El portavoz del equipo jurídico de Ceaqua, Jacinto Lara, admite que es imposible ahondar en la responsabilidad criminal de las personas directamente responsables de este suceso, debido a que queda extinguida con su fallecimiento. Sin embargo, creen que es necesario continuar con la investigación "hasta sus últimas consecuencias", para poder establecer una "verdad judicial" sobre este tipo de casos.
Veinte años reconstruyendo el exilio de su abuelo
Robles y su mujer nunca dejaron de transmitir su historia a sus hijas y nietos. Querían dejar constancia de todo aquello para que nunca se olvidara. "Fue abuelo, padre, madre, historiador, humanista… Nos leía y nos contaba todo el trayecto de su vida en la guerra como si fuera una fábula o un cuento. No lo hacía como algo dramático, sino desde la valentía, como algo valioso de lo que aprender", rememora Silvia. "El exilio es eterno y llega hasta nosotras, que hemos vivido las consecuencias de la guerra y del desarraigo. No somos ni de aquí ni de allá", lamenta.
Sonia, la otra nieta que ha viajado hasta España, es historiadora y se ha encargado de completar este testimonio oral con documentos y archivos que han fundamentado la querella. Según ha explicado, lleva casi 23 años reconstruyendo el viaje que hizo su abuelo desde Barcelona hasta Argentina: "Empiezo a trabajar con las cartas en las que él mismo dejó por escrito prácticamente cada paso que dio desde la guerra". Las ha completado con otros archivos y documentación que le ha facilitado la Fundación Anselmo Lorenzo, en cuya sede se ha producido el encuentro con los medios. Para ella, esta causa no solo sirve para exigir el reconocimiento del Estado, sino que es una forma de "continuar con la lucha libertaria de nuestro abuelo".
La historia de la huida de Luis Robles comenzó, como la de miles de represaliados, con La Ruta de la Retirada. Una vez en territorio francés, su primer destino fue el recién creado campo de refugiados de Argelès-sur-Mer. De allí, fue derivado al de Saint Cyprien y Le Vernet. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue forzado a trabajar para la organización Todt, dependiente del Régimen Nazi y responsable de importantes proyectos de ingeniería durante el período de entreguerras.
Después de cinco meses dedicados a la construcción de caminos consigue escaparse. Según relata Sonia, es en ese momento cuando se integra al maqui anarquista Batallón del Río, donde pasa el resto de la contienda: "Él estuvo defendiendo París junto a la Novena Columna el día de la liberación". De acuerdo con las misivas recopiladas con la historiadora, Robles actuó como mensajero en los Pirineos Orientales. Pensaba que los Aliados podrían entrar a España por esa vía y que entonces él podría regresar.
Después de esto, permaneció algún tiempo en el país galo reconstruyendo los pueblos del sur, hasta conseguir sacar de Barcelona a toda su familia. Niza fue su última residencia antes de emigrar a Latinoamérica, donde fijó su residencia y murió en 1984. "Él había intentado conseguir la nacionalidad francesa, pero se la denegaron. No tuvo allí la mejor de las acogidas", añade Sonia.
Para su mujer y sus hijas tampoco fueron años fáciles. Se quedaron solas en Barcelona y sufrieron las consecuencias de la posguerra y la represión. Una de las niñas murió a los 16 años por falta de asistencia. "En Argentina intentaron hacer vida normal, a pesar del trauma. Mi abuela quedó en un estado de silencio y no podía parar de acumular comida. Mi abuelo le construyó un pequeño búnker donde acumulaba latas de tomate, de azúcar, kilos de fideos… No había necesidad, pero ella venía con esa obsesión”, completa Silvia, describiendo a la pareja como “dos excelentísimas personas".
Ambas hermanas resaltan que su historia en los años posteriores quedó marcada por la persecución generalizada de los años de la dictadura. Silvia recuerda a una de sus compañeras de universidad, Claudia Falcone, torturada y asesinada por militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. "También entraron en nuestra casa. Encerraron a nuestros padres en el baño y se llevaron todo lo que había y nunca supimos muy bien si fue un robo o una búsqueda", concluye.
Denuncian la aplicación de "políticas de desmemoria"
Ceaqua ha presentado más de 150 querellas desde 2017 por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y la transición. Aunque la mayoría han sido archivadas, reconoce García Alcón, están viendo avances en algunas de sus actuaciones.
La de Julio Pacheco, por torturas durante la dictadura, fue admitida a trámite en 2023, pero se archivó un año después. La familia de Xosé Ramón Reboiras presentó dos querellas por su asesinato en 2023, pero fueron sobreseidas en base a la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los hechos. El caso de Teófilo del Valle continúa en los tribunales a la espera de que declaren ante el juez Rodolfo Martín Villa y Daniel Aroca, el policía que perpetró los disparos que acabaron con la vida de este joven en una protesta durante la transición. A Carolina Martínez, nieta de un jornalero y concejal fusilado, le tomaron declaración en febrero de este año.
Jacinto Lara cree que todo ello evidencia que la Ley de Memoria aprobada en 2022 es "muy deficiente en materia penal", lo que explica que hasta ahora "no haya habido ninguna acción judicial similar" a la que se ha presentado este miércoles. El representante jurídico sostiene que, durante décadas, se han aplicado en España "políticas de olvido y desmemoria", que se suman a las dificultades para recabar pruebas y documentos con las que acreditar las denuncias.
Por último, Silvia ha querido destacar la importancia de recordar el pasado en un contexto internacional marcado por la guerra y el auge de la extrema derecha. "Nuestro abuelo sufrió un doble exilio y, en este momento en el que el mundo está viviendo múltiples migraciones forzosas, nos parece que no podemos pasar por alto que la memoria se ejercita con hechos", concluye.

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