En cumplimento de esta norma fueron recluidas casi 6.000 personas en España. La ley establecía la rehabilitación por medio del trabajo forzado. La colonia agrícola penitenciaria de Tefía en Fuerteventura, que acaba de reabrir sus puertas reconvertida en un espacio de memoria democrática, fue uno de esos centros de represión y tortura.
Cuando en el mejor de los casos las personas homosexuales y transexuales recuperaban la libertad, eran condenadas al destierro. Al menos 18 fueron expulsadas de las Islas o llegaron expulsadas desde otros territorios por su condición sexual y por su género no normativo. En 1970 la Ley de vagos y maleantes fue remplazada por la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social que entre los «supuestos de peligrosidad social» incluía a «quienes realicen actos de homosexualidad». Los no heterosexuales acabaron internados en «centros de reeducación».
En Baleares no hay constancia de la existencia de colonias penitenciarias específicas para los represaliados de la comunidad LGTBI ni tampoco de establecimientos de reeducación, pero sí que existen pruebas documentales de un tipo de represión que por su condición sexual condenó al exilio obligado a las personas homosexuales y transexuales de las Islas.
La ley de peligrosidad social fue derogada definitivamente en 1995. Colectivos de lucha por los derechos LGTBI solicitaron en ese momento la destrucción de los expedientes encausados por esta norma, idea que acabó descartándose tras alcanzar un acuerdo que permitió preservar la documentación por su interés histórico.
Los archivos de los Tribunales de Vagos y maleantes y de Peligrosidad Social, que contienen los expedientes de las personas juzgadas por homosexualidad y lesbianismo durante el franquismo están depositados en los Archivos Histórico-Proivinciales de las ciudades en las que ejercieron su actividad estos tribunales. El Archivo Provincial de Barcelona custodia la memoria de la represión contra la comunidad LGTBI en Baleares. «Estos fondos, fundamentales para conocer la memoria, no solo de la represión sino también de la vida cotidiana de las personas LGTBI en el franquismo, siguen presentando problemas de acceso y consulta, en muchos casos debido a la interpretación discrecional de las personas que dirigen estos organismos», explica Nel Martí autor de una de las contadas investigaciones que se han hecho hasta la fecha en Baleares sobre esta materia.
Es autor del libro Memorial de violetas, la crónica de la represión homosexual en las Balears, basado principalmente en fuentes orales menorquinas y en los expedientes que conserva el Archivo Histórico Provincial de Barcelona, es consciente de que la suya es una investigación inacabada a la espera de que se abran los archivos de prisiones y manicomios donde las víctimas fueron recluidas.
«La condena era muy variable en tiempo, hasta tres años, pero si en algo coinciden todos los casos documentados que afectan a Baleares es que una vez cumplida la pena se les obligaba a residir en un territorio que no fuera el suyo», explica Martí. Se trataba de una suerte de destierro, desarraigo, que expulsaba a las personas homosexuales de su entorno. De ahí que en el archivo provincial quedara la huella documental, no sólo de personas homosexuales expulsadas de Baleares sino de represaliados de otras zonas de España que acababan desterrados en las Islas. «Encontré 18 expedientes con penas de destierro relacionados con Baleares en el juzgado de Cataluña. Son muy pocos, sabemos que la mayoría están en la Audiencia Provincial pero no son consultables», lamenta el investigador.
Pese a las dificultades de acceso a las fuentes documentales, lo que no faltan son fuentes orales. «Las personas que vivieron esa represión explicaron lo que les ocurrió y su historia se ha transmitido una generación tras otra», concluye Nel Martí.
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