diumenge, 21 de maig del 2023

Santiago Rodríguez Martín, asesinado por ser maestro y alcalde por el Frente Popular.

 http://www.elindependientedegranada.es/blog/santiago-rodriguez-martin-asesinado-ser-maestro-alcalde-frente-popular


BLOG - Foro de la Memoria - Manuel Izquierdo Rodríguez - Sábado, 20 de Mayo de 2023 
El memorialista Manuel Izquierdo Rodríguez rescata la figura de un maestro, fusilado por los franquistas en su depuración del Magisterio de la República, a lo que se unió su condición de alcalde de Ventas de Huelma por el Frente Popular. Para que nunca se olvide, para que nunca se repita.
Santiago Rodríguez Martín.
IMAGEN CEDIDA POR SU HIJO SANTIAGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
Santiago Rodríguez Martín.
En homenaje a Santiago Rodríguez Martín, nacido en Gabia. Maestro y alcalde de Ventas de Huelva. Fusilado en las tapias del cementerio de Granada a los 29 años. Dejó viuda y tres hijos. Tras su asesinato fue suspendido de empleo y sueldo de su condición de docente. Esta es su historia, reconstruida gracias a la investigación de Manuel Izquierdo Rodríguez, en la que se cruzan traiciones y venganzas.

Santiago Rodríguez Martín nació en Gabia Grande el día 3 de noviembre de 1906. Era Maestro Nacional, con ejercicio en el municipio de Ventas de Huelma, donde tenía plaza en propiedad y llevaba ejerciendo 5 años, desde el año 1931.

A pesar de ser de Gabia Grande, era muy querido, respetado y apreciado en Las Ventas, lo que le permitió ser alcalde de Ventas de Huelma por el Frente Popular

A pesar de ser de Gabia Grande, era muy querido, respetado y apreciado en Las Ventas, lo que le permitió ser alcalde de Ventas de Huelma por el Frente Popular.

A Santiago le recordaban, también, como una persona muy elegante y bien vestido, pues su padre, natural de Albuñol, era sastre de profesión.

Otra imagen de Santiago Rodríguez Martín. Cedida por su hijo Santiago Rodríguez Sánchez.

Santiago se casó en 1931 con Antonia Sánchez Ortega, conocida como Antoñica la de las pilas.

Aunque trabajaba de maestro en Las Ventas, durante las vacaciones se trasladaba a Gabia, su pueblo natal, para reunirse con su familia. Vivían en la carretera, en la actual calle Progreso, y tenían tres hijos: el mayor, Luis, que tenía solo cuatro años a la muerte de su padre, y los mellizos Santiago y Antonia, que sólo tenían ocho meses cuando murió su padre

Aunque trabajaba de maestro en Las Ventas, durante las vacaciones se trasladaba a Gabia, su pueblo natal, para reunirse con su familia. Vivían en la carretera, en la actual calle Progreso, y tenían tres hijos: el mayor, Luis, que tenía solo cuatro años a la muerte de su padre, y los mellizos Santiago y Antonia, que sólo tenían ocho meses cuando murió su padre.

La tragedia que vivió su familia tras el asesinato de Santiago no vino sola y tuvo que afrontar la muerte de Antonia, la única hija, por sarampión, con apenas año y medio, justo 10 meses después del fusilamiento del padre.

Puede que, de haber sido época escolar, hubiera permanecido en Ventas de Huelma y no lo habrían cogido; pero se encontraba en Gabia de vacaciones y fueron directamente a por él.

Carnet de Maestro Nacional. Copia cedida por su hijo Santiago Rodríguez Sánchez.

La traición de un ‘amigo’

Según los testimonios recabados, Santiago, consciente del Golpe de Estado y del peligro que corría, se escondió en casa de un amigo, pero la familia de éste dio parte a la Guardia Civil y fue capturado de inmediato.

Fue víctima de la purga de maestros que se efectuó desde el bando franquista al estallar la guerra.

Fue víctima de la purga de maestros que se efectuó desde el bando franquista al estallar la guerra.

Según anuncio aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia de 5 de septiembre de 1936 (fecha en la que ya estaba fallecido), fue suspendido de empleo y sueldo con carácter retroactivo a 1 de agosto, al igual que el también fusilado Antonio Guzmán García y los maestros de Gabia Grande José Muñoz Murcia y Antonio Hurtado Hurtado.  

Los maestros republicanos fueron el colectivo de funcionarios más represaliados durante la guerra civil. Fue el sector que sufrió el mayor destrozo. Solo en Gabia fusilaron a tres maestros (Santiago, Antonio Guzmán y Antonio “El Carlino”).

Fue la denominada Depuración del Magisterio Español, que llegó a tomar cuerpo legal con el decreto de 8 de noviembre de 1936, que justifica que “el Magisterio durante la República estuvo en manos inapropiadas, por lo cual era necesaria una revisión, para poder extirpar las falsas doctrinas arraigadas durante este periodo”.

La cruel venganza de un sargento de la guardia civil

Testimonios de la época, que, pese al silencio impuesto, trascendieron, apuntan a un hecho, en apariencia sin importancia, marcó los últimos días de Santiago.

En una procesión en Ventas de Huelma, Santiago iba acompañado en la comitiva por un sargento de la Guardia Civil, que no guardaba la compostura, diciendo tonterías y provocando al alcalde, que, por su comportamiento irrespetuoso, le invitó a que abandonara el desfile

En una procesión en Ventas de Huelma, Santiago iba acompañado en la comitiva por un sargento de la Guardia Civil, que no guardaba la compostura, diciendo tonterías y provocando al alcalde, que, por su comportamiento irrespetuoso, le invitó a que abandonara el desfile.

Este mismo sargento se encargó, personalmente, de que Santiago fuera detenido y llevado al Cuartel de las Palmas, donde según cuentan quiénes fueron a visitarle, lo maltrataron de tal forma, que llegaron a colgarle de las piernas y a quemarle con brasas la cabeza, dejándolo malherido.

A los 29 años de edad, el día 10 de agosto, fue fusilado en las tapias del Cementerio de Granada y su cuerpo fue arrojado a una fosa común.

Partida de Defunción de Santiago Rodríguez Martín. Registro Civil de Granada.

Su defunción se encuentra inscrita en el Registro Civil de Granada por el Capitán Juez Instructor de esta causa Pelegrín Rodríguez con fecha 6 de septiembre de 1936, “a consecuencia de disparos por arma de fuego, según resulta de la orden recibida”

Su defunción se encuentra inscrita en el Registro Civil de Granada por el Capitán Juez Instructor de esta causa Pelegrín Rodríguez con fecha 6 de septiembre de 1936, “a consecuencia de disparos por arma de fuego, según resulta de la orden recibida”[1].

Gracias a que un hermano de Santiago, de nombre Juan, conocía a un trabajador del cementerio de Granada, encontraron su cuerpo, apilado entre el resto de fusilados, y le dieron sepultura en una fosa individual, colocándole posteriormente su familia una lápida a su memoria y pagando un canon anual por este enterramiento.

Corría el año 1980, cuando la familia recibe una notificación del Cementerio de Granada, indicándole que, por motivos de ampliación del patio del cementerio, debían sacar los restos de Santiago, por lo que fueron traídos a Las Gabias, encontrándose actualmente enterrado dignamente en un nicho del Cementerio de Las Gabias.

Desde el año 1980, reposan en este nicho del Cementerio de Las Gabias los restos de Santiago Rodríguez Martin.

Al menos  los familiares de Santiago tuvieron “suerte” en este aspecto, algo que no han conseguido el resto de familiares de las víctimas y que no han podido honrar a sus familiares en un lugar digno y venerado.

Cita bibliográfica:

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[1] Defunción Inscrita en el Registro Civil de Granada al Tomo 113-3, Folio 217, Sección 3ª, nº 639.

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Manuel Izquierdo Rodríguez es funcionario del Ayuntamiento de Las Gabias. Autor del libro “Historias Desenterradas. Las Gabias 1936”, presentado en abril de 2010, como un acto de justicia, reparación y homenaje a todas las familias víctimas de la guerra civil y en particular a sus dos abuelos, Félix Izquierdo y Alejandro Rodríguez, fusilados el 5 y el 13 de agosto de 1936.Esta historia forma parte de su libro Con el relato sobre los fusilados de Las Gabias obtuvo en 2015 el premio “Tu historia es nuestra historia”, que glosa la memoria histórica del socialismo, concedido por el Instituto Jaime Vera.

Reportajes de la quinta temporada del Foro de la Memoria:

Aquí puedes leer los reportajes de la cuarta temporada del Foro de la Memoria:

Si no tuviste oportunidad o quieres volver a leerlos, puedes leer aquí los reportajes de la tercera temporada del Foro de la Memoria:

Si no tuviste oportunidad o quieres volver a leerlos, estos son los reportajes de la segunda temporada del Foro de la Memoria: 

Puedes consultar también los reportajes de la primera temporada del Foro de la Memoria en los siguientes enlaces:

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“Es un balón de oxígeno”: la admisión de la querella contra Villarejo da alas a las víctimas de torturas.

 https://www.infolibre.es/politica/admision-querella-villarejo-abre-puerta-investigar-torturas-policia-franquista_1_1500504.html


El excomisario José Manuel Villarejo.

Una jueza rompe con lo establecido y abre la puerta a la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura. En una resolución de gran valor para las víctimas, el Juzgado de Instrucción nº50 de Madrid ha decidido admitir a trámite una querella contra cuatro viejos policías, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, por crímenes de lesa humanidad y torturas contra un militante antifranquista. El paso dado es de suma importancia. Al fin y al cabo, el modo de proceder de los tribunales en este tipo de casos siempre ha pasado por la inadmisión. De hecho, solo en los últimos años la justicia ha rechazado dar trámite a más de un centenar de querellas centradas en los crímenes cometidos durante la dictadura. La última, a comienzos de mayo.

Julio Pacheco fue detenido el 24 de agosto de 1975, una semana después de que el Frente Revolucionario Antifascista Patriota (FRAP) asesinase a las puertas de su casa al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Entonces, no era más que un estudiante de segundo de biológicas de 19 años que militaba en el Partido Comunista de España marxista-leninista y en la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE).Aquel muchacho se pasó siete días en las dependencias de la Dirección General de Seguridad, en plena Puerta del Sol. Una semana de continuas torturas. Durante los tres primeros días, ni siquiera le abrieron la pertinente ficha policial, lo que en la práctica implicaba que durante esas setenta y dos horas ni siquiera constaba que estuviese allí retenido.

Tras la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, Pacheco decidió llevar su caso a los tribunales. Era momento de probar si a nivel judicial funcionaba aquella enmienda pactada a última hora para que la nueva norma dejase claro que "todas las leyes" del Estado deben interpretarse y aplicarse "de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables". Junto a él, llevaron su caso a los juzgados otras tres personas más. Todas ellas, torturadas en los últimos compases de la dictadura.

Ahora, tres meses después, la jueza Ana María Iguácel ha admitido a trámite la querella de Pacheco. "Esta resolución es como un balón de oxígeno para las víctimas, que siempre han tenido cerradas las puertas de la administración de Justicia", explica a infoLibre Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). La tramitación de la denuncia ya es, por sí sola, un paso "excepcional y extraordinario" que el letrado espera que se pueda ir replicando en otros supuestos similares. Al fin y al cabo, rompe de lleno con la política de inadmisión de denuncias seguida hasta ahora por los tribunales españoles en relación con las víctimas del franquismo.

Solo en los últimos años, diferentes instancias judiciales han rechazado la admisión a trámite de más de un centenar de querellas de este tipo. Las últimas, este mismo año. A comienzos de abril, una magistrada de Ferrol acordó el archivo de la denuncia presentada por la familia de Xosé Ramón Reboiras, uno de los dirigentes políticos más significativos del nacionalista Unión do Povo Galego (UPG) que murió durante una operación policial. Y un mes después, fue un juzgado de Pamplona el que inadmitió la presentada por María Concepción Edo por las torturas sufridas durante su detención en junio de 1973, en plena huelga general que paralizó todo el cinturón industrial de la capital Navarra. "Se ensañaron en el viente, me desplazaron la vejiga", relató la mujer en febrero.

De nada sirvió en estos dos últimos casos la enmienda incorporada a la Ley de Memoria. De hecho, en el caso de Ferrol la magistrada dejó claro en el auto que los "razonamientos" jurídicos que hasta la fecha ha esgrimido la justicia española para no investigar los crímenes del franquismo no se ven "alterados" por la aclaración recogida en la norma memorialista. Una línea de razonamiento mantenida por los tribunales que puede resumirse de la siguiente forma: como el crimen de lesa humanidad –que no prescribe– no estuvo activo en el Código Penal hasta 2004, no puede contemplarse para casos del franquismo y, por tanto, lo sucedido en aquella época debe estudiarse como delitos comunes, que ya estarían prescritos. Un problema al que se suma la Ley de Amnistía.

Esta interpretación, apuntalada por el Supremo y sobre la que ha evitado pronunciarse el Constitucional para el caso de las víctimas del franquismo, coincide al milímetro con la que ha mantenido desde hace años la propia Fiscalía, que ya se opuso antes de la pandemia a que se investigara al expolicía de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, al entender que los hechos no serían constitutivos de crímenes de lesa humanidad y que las torturas ya habrían prescrito. Un Ministerio Público que ahora deberá volver a pronunciarse tras el paso dado por el Juzgado de Instrucción nº50 de Madrid. "Ahora la pelota está en su tejado. Esperemos que esta vez no recurran la decisión adoptada", señala Lara al otro lado del teléfono.

"Nunca se había tomado testimonio a las víctimas"

En el equipo jurídico de Ceaqua son conscientes, por tanto, de que aún existe el riesgo de que la Fiscalía trate de frenar el procedimiento. Pero mientras tanto, celebran el paso dado a nivel judicial por el chute de "motivación" que supone para las víctimas. Porque el auto no solo se limita a admitir a trámite la denuncia, sino que también pone fecha y hora a la declaración del querellante y hasta de una testigo. "Nunca en un juzgado español se había tomado testimonio a las víctimas", sostiene Lara. Hasta ahora, la única justicia que lo ha hecho ha sido la argentina, en el marco de la causa sobre los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini desde hace más de una década. Un procedimiento que se ha topado una y otra vez con las limitaciones que ponen las autoridades españolas.

La resolución, además, es importante porque, como explica el abogado, es la primera vez que se recogen una serie de diligencias de prueba para tratar de "profundizar" en la investigación del caso. La jueza, en concreto, acuerda librar un oficio al Archivo Histórico Nacional para que remita al juzgado toda la documentación que tenga en sus fondos relativa a Julio Pacheco. Y otro a la Dirección General de la Policía para que le envíe el expediente policial concreto de la víctima y, más específicamente, el concerniente a su detención. "Llevo dos años esperando para que me den mi informe policial", recordaba el querellante el pasado mes de febrero en una rueda de prensa celebrada en la sede de CCOO de Madrid.

Aunque aún no ha fijado fecha, la magistrada también acuerda recibir declaración a los querellados en calidad de investigados. En total, cuatro viejos miembros de la Policía: José Manuel Villarejo, José María González Reglero, José Luis Montero Muñoz y Álvaro Valdemoro. El primero de ellos es sobradamente conocido. Este comisario jubilado, adicto a las grabaciones y pieza principal del caso Tándem, ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía a comienzos de los setenta. Y, como otros muchos, pasó por la Comisaría General de Investigación Social en Madrid, donde trabajó a las órdenes del oscuro comisario Roberto Conesa. De hecho, en el expediente de este último, desvelado por elDiario.es, consta cómo Villarejo participó justamente en agosto de 1975 en una operación contra el FRAP por la que fue premiado con 25.000 pesetas.

Pero el nombre de Villarejo no es el único que aparece en los medios. El 21 de enero de 1977, el diario El País recogía la celebración de un juicio contra tres funcionarios de la Brigada de Investigación Social por los supuestos malos tratos y lesiones a Fermín Espejo, estudiante de Magisterio que también fue detenido en las operaciones policiales llevadas a cabo tras el asesinato del teniente Pose. Los tres acusados eran entonces Álvaro Valdemoro, José Luis Montero y José María González Reglero. Fueron absueltos.

"Se ensañaron en el vientre, me desplazaron la vejiga": nueva cascada de querellas por torturas en la dictadura

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Una jueza de Madrid admite una querella por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo

 https://elpais.com/espana/2023-05-18/una-juez-de-madrid-admite-una-querella-por-crimenes-de-lesa-humanidad-durante-el-franquismo.html

La iniciativa, presentada por Julio Pacheco, acusa de torturas a cuatro policías de la Brigada Político Social, entre ellos, el comisario jubilado José Manuel Villarejo



El comisario jubilado José Manuel Villarejo comparece en el Congreso el pasado 10 de mayo en la comisión de Investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo comparece en el Congreso el pasado 10 de mayo en la comisión de Investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP.ALBERTO ORTEGA (EUROPA PRESS)

La magistrada Ana María Iguacel, del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, ha admitido a trámite una querella “por un supuesto delito de crímenes de lesa humanidad y torturas” durante el franquismo presentada por Julio Pacheco contra cuatro miembros de la Brigada Político Social franquista, entre ellos, el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) celebra “la primera admisión a trámite de una querella criminal en la que se denuncian crímenes franquistas” tras más de un centenar de rechazos en distintos tribunales españoles, los dos últimos en juzgados de instrucción de Ferrol y Pamplona.

En su auto, fechado el día 12, la jueza acuerda tomar declaración al querellante y a la testigo Rosa María García Alcón el 14 de julio. Asimismo, solicita al Archivo Histórico Nacional que envíe a su juzgado “la totalidad de los documentos existentes en sus fondos” relativos al denunciante, Julio Pacheco, y en concreto, “los relativos a su detención el 24 de agosto de 1975, las resoluciones judiciales dictadas por la jurisdicción de Orden Público y estancias en prisión”. También solicita la magistrada a la Dirección General de la Policía el expediente policial completo de Pacheco. Contra el auto cabe recurso. Los otros tres policías denunciados son Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero.

Si la denuncia prospera, celebran en Ceaqua, “sería la primera vez que un juzgado español, en el orden jurisdiccional penal, toma declaración a un querellante que sufrió graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista”. Víctimas de torturas y otros crímenes relacionados con la Guerra Civil y la dictadura han declarado con anterioridad en el consulado argentino y ante la jueza María Servía de Cubría, que instruye desde Buenos Aires y desde hace una década una causa contra los crímenes del franquismo. Víctimas de estos crímenes también declararon ante el Supremo, en 2012, como testigos solicitados por la defensa del juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por abrir una causa contra los crímenes del franquismo y de la que resultó absuelto.

Julio Pacheco era un estudiante, militante del Partido Comunista y miembro de la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE) cuando fue detenido por la policía franquista el 24 de agosto de 1975, tras el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Según denuncia, le llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde estuvo retenido durante siete días y fue sometido a “continuas torturas durante los interrogatorios”.

SOBRE LA FIRMA

Natalia Junquera

Reportera de la sección de España desde 2006. Además de reportajes, realiza entrevistas y comenta las redes sociales en Anatomía de Twitter. Especialista en memoria histórica, ha escrito los libros 'Valientes' y 'Vidas Robadas', y la novela 'Recuérdame por qué te quiero'. También es coautora del libro 'Chapapote' sobre el hundimiento del Prestige.