Memòria Repressió Franquista.

Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme..... "Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).

dissabte, 16 de juliol del 2016

Ley de amnistía: cuatro décadas protegiendo a los responsables de los crímenes franquistas

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/13/ley_amnistia_52483_1012.html

"La ley habla de delitos políticos, y los crímenes internacionales así como los actos de tortura y genocidio no se pueden meter en esta categoría", señalan desde Rights International Spain

"Es una prueba de nuestra inmadurez democrática", afirma Almudena Bernabeu, directora del Programa Jurídico de Latinoamérica y de Justicia Universal del Center for Justice and Accountability de San Francisco (EEUU)

Álvaro Sánchez Castrillo

Publicada 17/07/2016 a las 06:00Actualizada 16/07/2016 a las 20:00

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El torturador de la Brigada Político Social (BPS) Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'. JUAN CARLOS HIDALGO

Este lunes se cumplen ocho décadas del golpe de Estado de 1936, un acontecimiento que arrastró a España a uno de los episodios más oscuros de su historia: la guerra civil y la posterior dictadura. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado ochenta años de todo aquello, y más de cuatro décadas desde la muerte del dictador, las víctimas del franquismo siguen olvidadas bajo tierra. También los responsables de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante todos aquellos años, que a día de hoy permanecen impunes. Personas como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el más cruel de los inspectores de la Brigada Político Social (BPS), que ha esquivado todos los procedimientos abiertos contra él escudándose en la Ley de Amnistía de 1977, una normativa que permanece vigente después de 39 años.

Al menos 20 países del mundo mantenían en 2009 en su ordenamiento jurídico normas de este tipo. España era, junto conBosnia y Macedonia, uno de los tres Estados del Viejo Continente que conservaban leyes de amnistía, según se recoge en el estudio Global comparison of amnesty laws elaborado por la doctora Louise Mallinder, investigadora del Transitional Justice Institute de la Universidad de Ulster. A pesar de que varios organismos internacionales ya han recomendado a nuestro país derogar, o por lo menos reformar, la conocida como Ley 46/1977 para que no obstaculice las investigaciones judiciales relacionadas con los crímenes del franquismo, sigue sin haber movimientos en este sentido.

El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, abrió la lata y solicitó al Ejecutivo español –durante la legislatura de Mariano Rajoy– "valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo". Le siguió el Grupo de Desapariciones Forzosas de la ONU en un informe de julio de 2014. Y un mes más tarde fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pidió "eliminar todos los obstáculos jurídicos de carácter interno que puedan impedir investigaciones judiciales de los casos de desapariciones forzadas".

Necesaria en su momento pero erróneamente interpretada

El historiador Pepe Reig explica que la Ley de Amnistía de 1977 era, por aquel entonces, "absolutamente necesaria". "Era una de las principales reivindicaciones tras un franquismo que había estado persiguiendo actividades que en cualquier parte del mundo democrático se consideraban normales", añade en conversación telefónica con infoLibre. Sin embargo, lamenta que en el último tramo se terminase incorporando un articulado que recogía también como delitos amnistiables "los que hubieran cometido las fuerzas de orden público o los poderes del Estado", algo que fue aceptado con el objetivo de que la norma saliese adelante y se pudiese alcanzar la tan ansiada democracia. "Se aceptó pensando que no iba a tener las consecuencias que luego ha tenido. Ahora se utiliza para no revisar los delitos del franquismo", sentencia.

"El problema es cómo se está interpretando por parte de los tribunales españoles", señala a este diario Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain (RIS). La abogada y consultora internacional señala que la normativa "habla de delitos políticos, y los crímenes internacionales así como los actos de tortura y genocidio no se pueden meter en esta categoría". En su opinión, la normativa "no debería evitar"investigaciones o diligencias de investigación, por eso lamenta que la actitud de los tribunales se base en "hay una demanda, una denuncia, y directamente se archiva en aplicación de la ley de amnistía". "Yo creo que nunca se pensó aplicar de esta manera. Considero que tenía sentido para los presos políticos, pero dudo que se confeccionase para aplicarla a los autores de violaciones graves de derechos humanos".

Una opinión que comparte Daniel Canales, investigador deAmnistía Internacional. "La interpretación es contraria al derecho internacional", apunta, y recuerda lo que dice el artículo 1.c de la citada normativa: quedan amnistiados "todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas". "La ley reconoce que hay delitos que por su naturaleza no pueden eximir al Estado de su responsabilidad de investigarlos y sancionarlos", asevera Canales en conversación con este diario.

Ambos activistas por la defensa de los derechos humanos recuerdan las ocasiones en las que organismos internacionales han recomendado a España que derogue la normativa o, por lo menos, que la aplique de modo que no obstaculice estas investigaciones. Canales lamenta que el Gobierno utilice el argumento de que son recomendaciones, y no denuncias por incumplimiento de tratados internacionales, para no moverse: "Nosotros entendemos que las recomendaciones deben ser cumplidas por el Estado español". "Tiene que cumplirlas, porque si no estaría menoscabando el propio sistema internacional de protección de los derechos humanos", añade Lydia Vicente.

Almudena Bernabeu, directora del Programa Jurídico de Latinoamérica y de Justicia Universal del Center for Justice and Accountability de San Francisco (EEUU), argumenta que esta situación en España es una "prueba de nuestra inmadurez democrática", de "nuestra ignorancia" y de la "falta de visión democrática de nuestros jueces". "Además de ser contrario a toda la legalidad internacional", sentencia. "No puede consolidarse una cultura democrática en España sin que se examine el carácter criminal del régimen y las barbaridades que cometieron", añade Reig.

España, a la altura de países como Mozambique

Según el estudio Global Comparison of Amnesty Laws, en agosto de 2009 21 países del mundo a lo largo de todo el mundo mantenían leyes de amnistía que dificultaban las investigaciones, a pesar de las constantes denuncias de los organismos internacionales y de las organizaciones de derechos humanos: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Uruguay, Afganistán, Camboya, Indonesia, Tomor-Leste, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, España, Argelia, Iraq, Angola, Mozambique, Sierra Leona, Sudáfrica y Uganda.

Sin embargo, de este listado se debería retirar al país del tango, que derogó en 1983 la llamada Ley de Pacificación Nacional–su eliminación permitió condenar al dictador Jorge Rafael Videla y al militar Emilio Massera, responsables de crímenes de lesa humanidad, a cadena perpetua– y en 2003 la conocida como Ley 23.492 de Punto Final, otro texto jurídico incubado durante el mismo periodo de la dictadura militar que protegía a todos aquellos que hubiesen cometido durante estos años delitos de desaparición forzada. Estos pasos dados han permitido también que a finales de 2016 se condenase a 15 responsables delPlan Cóndor a entre 12 y 25 años de prisión.

Desde Chile se dio el paso definitivo en septiembre de 2014, cuando el Gobierno de Michelle Bachelet anunció su intención de derogar el decreto ley 2.191 del 10 de marzo de 1978, la ley de amnistía con la que se intentaron cubrir las espaldas los responsables de crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet –miles de asesinatos, desapariciones forzosas o torturas–. Se ponía punto y final al texto redactado por la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga: "Concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictivos durante la vigencia de la situación de estado de sitio, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas".

El Gobierno chileno se había comprometido públicamente ante Naciones Unidas a anular este decreto. Lo hizo unos meses antes, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es estado parte. El nuevo decreto permitirá investigar, sin traba judicial alguna, casos como el del diputado del partido derechista Renovación Nacional, Rosauro Martínez Labbé, presuntamente implicado en la muerte de tres opositores chilenos durante la dictadura militar –Patricio Alejandro Calfuquir, Próspero del Carmen Guzmán y José Eugenio Monsalve, militantes del Movimiento de Izquierda Radical (MIR)–.

"Afortunadamente, las leyes de amnistía han sido paulatinamente no aplicadas o derogadas en la mayoría de los países de Latinoamérica, lo que no siempre ha implicado justicia. Pero lo que sí es cierto es que su eliminación ha supuesto en casi todos los casos un paso definitivo en la lucha de las víctimas por la verdad y la justicia", explica Bernabeu. Argentina, Perú, Guatemala, Uruguay o Paraguay, por ejemplo, ya han dejado atrás ese tipo de normativas. Pero la abogada señala como "interesante" el caso chileno, donde aún con la ley en vigor "una serie de jueces a cargo de las investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura dejaron de aplicarla al considerarla contraria al pacto de derechos civiles y políticos y a otros documentos internacionales".

Inconstitucional en El Salvador

También está puesta en cuestión, desde el pasado jueves, la ley de amnistía en El Salvador, promulgada en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani. El pasado jueves se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia del país centroamericano la ha declarado "inconstitucional" al ser "contraria al derecho" de acceso a la justicia de las víctimas de la guerra civil durante el conflicto entre 1980 y 1992, que se saldó con 75.000 muertos y casi 8.000 desaparecidos. La normativa, del mismo modo que en España, estaba bloqueando las investigaciones relacionadas con las atrocidades cometidas durante el conflicto.

Bernabeu conoce bien el caso de El Salvador. Preguntada por la sentencia asegura que "si jueces y fiscales hacen su trabajo, la derogación definitiva como paso legislativo no es necesaria". "Dice claramente que la ley no se aplica y que, por lo tanto, la obligación de investigar y perseguir es a todas luces vinculantes", añade. Investigar y perseguir crímenes como el de los seis jesuitas, cinco de ellos españoles, asesinados en noviembre de 1989 por los militares salvadoreños, un proceso en el que ella ejerce de acusación particular. "Entre otros argumentos, ellos se amparan en la vigencia de la ley de amnistía para evitar ser procesados o investigados, tanto en casa como internacionalmente. De la misma forma, siguen esgrimiendo este argumento para no extraditar a españa a los responsables", afirma.

La abogada encuentra relación entre la interpretación que se hace en España de la normativa y la que se hace en el país centroamericano. "Una ley de impunidad", dice. Preguntada entonces por las diferencias entre los países latinoamericanos y el nuestro, no tiene dudas: "La falta de un proceso de justicia transicional, tal y como debe ser. (...) Durante la Transición no hubo consideración de víctimas, ni esfuerzos de dignificación. (...) Hasta que España acepte que en ese proceso no se reconoció el valor, sufrimiento y lucha de muchas personas, no habrá paz y seguridad definitivas", sentencia Bernabeu.

La caída del 73 en el PCE, de la clandestinidad al olvido.

http://kaosenlared.net/la-caida-del-73-de-la-clandestinidad-al-olvido/

Por Manuel Cañada

Ocurrió en junio de 1973. Ciento sesenta militantes comunistas fueron detenidos a lo largo del mes y dieron con sus huesos en los calabozos de Villanueva y Don Benito, así como en la cárcel de Badajoz.

Es “la caída del 73”, como le han llamado siempre los comunistas extremeños, la redada de opositores antifranquistas más masiva que se produce en Extremadura desde la represión de la postguerra y seguramente una de las mayores en toda España. Y, sin embargo, ¿cuántos extremeños conocen estos hechos, cuántos sabrían decir uno solo de los nombres de aquellos luchadores por la libertad?

“La Guardia Civil, García y Salguero, vestidos de paisano, se presentan en mi taller, el 11 de junio de 1973, y me llevan a Villanueva. Allí me pegaron las primeras hostias. Y después empiezan más detenciones. Del cuartel de Villanueva me traen al de Don Benito y cuando llego me meten en un cuarto y me encontré con Valentín Morcillo que le habían pegado bien los matones y estaba allí en el suelo, tirado”. Quien lo cuenta es Pedro Berrocal, vecino de Don Benito, de profesión cuchillero, que por aquellas fechas era el máximo responsable del Partido Comunista de Extremadura. La entrevista está recogida en el magnífico libro “El Aldabonazo”, de Carmen Gómez Calderón de la Barca, que recoge los testimonios de algunos de los protagonistas de esta epopeya.

El origen de la redada es digno de una novela. Ricardo Hidalgo, un policía local de tráfico en Villanueva de la Serena es denunciado por su mujer ante el Tribunal de Orden Público (TOP). Se han separado y ella se ha ido a Madrid. Allí, por despecho, denuncia algo que conoce de primera mano, que su marido es el responsable de propaganda del Partido Comunista en Villanueva. A partir de ahí, en cascada, se van produciendo detenciones a lo largo de todo el mes. Primero caen militantes de Villanueva, de Valdivia, Orellana o Navalvillar de Pela. Pero a continuación la redada llega a Don Benito, que es el corazón de la organización comunista en Extremadura y, de ahí, la onda represiva golpea a las células de Santa Amalia, Calamonte, Aceuchal, Montijo…

Las primeras detenciones se producen el 8 y el 9 de junio. A Juan Penena le detienen en la parcela cuando está arando; allí tiene que dejar mulo y carro, que un vecino recoge para llevárselo a casa. A Manolo Paredes le prenden mientras da clases en la autoescuela. Y a Santiago Leal le arrestan a las cuatro de la tarde en la finca donde él y otros veinte jornaleros trabajan en la cosecha del pimiento.

El cuartel de la guardia civil en Don Benito se convierte en una sala de torturas a pleno rendimiento. El terror, la especialidad de este régimen asesino, nunca ha dejado de tener engrasadas sus máquinas de tormento. José Blázquez, el zapatero de Valdivia, también detenido en la redada, lo cuenta en un minucioso informe que, a través de un contacto en Bruselas, hace llegar al Comité Central del PCE: “Para estos interrogatorios viene personal especializado de Madrid y Sevilla. El interrogatorio lo hacen uno a uno obligando a decir sí a todo lo que ellos querían poner en la acusación. Un energúmeno pregunta y dos torturan, y cuando estos se cansan en su…“honrada labor”, otros dos vienen para sustituirlos. Los métodos a emplear eran así: puñetazos en el estómago y los costados; patadas en los testículos, esto para empezar, y si el resultado no era para ellos satisfactorio procedían a sentar al acusado en una silla, esposarlo con las manos atrás, despojarle de los zapatos, uno le sujeta las piernas y otro, con un verduguillo golpea en dedos y tobillos hasta perder el conocimiento”. No, esto no ocurría en la edad media, sino hace sólo 43 años en un sistema político que algunos en nuestros días dulcifican denominándolo “régimen autoritario”.

Los militantes comunistas detenidos se enfrentan ahora al martirio. Probos esbirros del crimen se turnan para apalearles, machacarles, reventarles. Dentro de unos años, estas hienas pasarán a ser policías de la democracia, con sus expedientes impolutos, sin mancha alguna por ejercer el más vil de los oficios, el de torturador.

Ahora, como decía Benedetti, hay que olvidar todos los números y todos los teléfonos, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Ahora hay que aguantar que extiendan la amenaza a la familia o a los hijos, ahora hay que elegir entre morirse de dolor o morirse de vergüenza. A Valentín Morcillo le muelen a palos, a Valentín Giménez le clavan astillas en las uñas, Santiago Leal pierde dos veces el conocimiento, a Manolo Paredes cuando le desplazan a la cárcel de Badajoz los funcionarios de prisiones no quieren recibirlo, pues estiman que en su situación debería ingresar en un centro hospitalario. “Miedo tenemos todos, pero es nuestra obligación hacer esto”, recuerda una y otra vez a los compañeros Pedro Berrocal.

A Gregorio Sabido, el más veterano de los detenidos, le espeta el inspector que está al mando del operativo policial: “Bueno, usted es el jefe de la célula” “El jefe de qué. Eso qué es”, le responde Gregorio. “Tú no sabes que nosotros tenemos un sistema que hace hablar a la gente”, le dice el ganapán del suplicio. “Pues sí que lo sé”. “Entonces puede usted ir hablando”. Gregorio, con la sencillez y la integridad de un viejo militante comunista le contesta: “Lo que tengo que hablar ya está dicho”.

El día 19 de junio aparece por primera vez la noticia en los diarios regionales. “Desarticulada una célula comunista, de amplias ramificaciones. Han sido detenidas unas treinta y cinco personas”. El número de presos va creciendo hasta constituir ya un núcleo muy importante en la cárcel de Badajoz. El poder ve que la operación se ha desbordado, que el número de personas involucradas es enorme. Y además las ha surgido otro factor adicional de conflicto que no esperaban: las mujeres de los presos organizan las visitas a las prisiones y la solidaridad. “A partir de la detención, mi madre se convierte en una loba. Pasa a ser la militante activa que nunca había ha sido. Va a la guardia civil y los pone verdes, día tras día”, cuenta Manolo Díaz. De manera escalonada van a ir soltando a los detenidos, intentando generar divisiones internas y miedo. Pero lo que tienen que hablar aquellos hombres íntegros ya está dicho. Los últimos presos salen el 30 de noviembre de 1973. Permanecen en libertad condicional hasta julio de 1976, fecha en la que son condenados a un año de cárcel que no llegan a cumplir, pues poco después se decreta el indulto.

El poder ha intentado que la pedagogía del miedo surta efecto. Al principio lo consigue: baste como ejemplo que ningún abogado de Don Benito está dispuesto a defender a los encarcelados y que al final asume el caso Juan Canet, abogado laboralista y militante de la ORT. Las familias de los presos al principio sufren el vacío incluso de los más cercanos. “Había vecinos que cuando pasábamos se escondían tras la puerta y cerraban. Si llegabas a las tiendas, había personas que se salían cuando yo entraba”, relata Choni, la mujer de Manuel García Mora. Estos comunistas están zumbados, quieren otra guerra, repiten sin cesar las gentes de orden. La guardia civil cierra ilegalmente el Bar Obrero, que regentaba uno de los detenidos. Y Ricardo Hidalgo pierde su puesto de policía municipal y se mete a trabajar en la construcción.

Pero, al tiempo, va emergiendo la generosidad y el valor del pueblo, a veces donde menos se espera. Juan Lerga, un empresario para el que trabajaban algunos de los represalidados, mueve roma con santiago para que los liberen: “Pero si han detenido a la flor de Don Benito, como hombres y como trabajadores”. Y otro tanto puede decirse de los curillas de la HOAC, del obispo de Plasencia así como de centenares de trabajadores que ofrecen su apoyo. Santiago Leal recuerda cuando salió de la cárcel: “Al llegar a mi casa me encontré con un montón de gente, amigos, trabajadores, compañeros, las mujeres. No cabíamos y fue muy emocionante”. El fuego de la fraternidad ya no se apagará.

UN PARTIDO CONSTRUIDO ENTRE BANCALES

¿Qué habían hecho aquellos hombres para desatar la crueldad y el sadismo del régimen? ¿Cómo es posible que aquella gavilla de campesinos, zapateros, albañiles, electricistas, cuchilleros descompusieran el gesto de aquel sistema benefactor? Si uno lee los periódicos extremeños de esos días podrá comprobar que todo va viento en popa. Donmobel acaba de abrir una gran tienda de muebles en Don Benito, Mercoguadiana multiplica sus ventas, Paco Martínez Soria representa en el Teatro Menacho la obra “Te casas a los 60… ¿Y qué?” y Gracita Morales estrena en el Teatro López de Ayala la revista “Un, dos, tres… cásate otra vez”. Carrero Blanco acaba de ser nombrado presidente del Gobierno para ir preparando la prolongación del franquismo sin Franco.

Todo parece en orden. Pero, por debajo de los periódicos y de las crónicas de palacio, hay un pueblo irredento que se ha ido organizando. En Extremadura, el poder, los terratenientes y sus caciques, mataron mucho, para diez generaciones, como declaró uno de sus criminales más charlatanes. Esperaban que la pedagogía de la matanza en la Plaza de Toros de Badajoz educase en la resignación para mucho tiempo. Pero en las catacumbas, el pueblo se seguía organizando. Extremadura –y Badajoz especialmente- fue el territorio que sufrió el mayor genocidio, el plan de exterminio más acabado del franquismo.

Lo que emergía en la gran redada del 73 había empezado a organizarse hacía ya unas décadas. El PCE, que no cejó en ningún momento sus intentos de reorganización, había sido desmantelado en Badajoz y Mérida en los años cincuenta. Poco a poco el comité provincial se desplaza a Don Benito. Allí, una nueva generación que no ha conocido la guerra va tomando el testigo de la lucha. Desde allí, lentamente, se va organizando una comunidad, un enjambre de resistencia. Al principio sólo se dedican a repartir octavillas y a escuchar La Pirenaica. “En mi casa, compramos una radio a plazos, una AKAR, sólo para escuchar La Pirenaica”, cuenta Manuel Mora.

Una callada sílaba va ardiendo por las vegas del Guadiana congregando la rosa clandestina. Va saltando de parcela en parcela, de arrozal en arrozal, compartiendo memoria y promesa. Las reuniones son en el campo, junto al río Ortigas o el Guadiana. La revolución va en bicicleta por todas las vegas y las octavillas viajan en las “agüaeras” de la bici o de la moto. Allí, hundidos hasta las rodillas en el fango, la esperanza se va poblando de rumores, los más viejos hablan del 25 de marzo del 36, de las huelgas campesinas, de Martínez Cartón o de González Barriga, o más recientemente de las colonias penitenciarias. Y los más nuevos van relatando las nuevas condiciones de trabajo en el plan Badajoz. Unos a otros se enseñan a encender la bondad y el coraje.

Entre abril y mayo de 1961 salta la huelga del arroz. Hace unos días, Pedro Berrocal, me lo recordaba emocionado: “Estábamos reunido el comité regional al pie de Villanueva, debajo de una higuera. Y llega corriendo un camarada con una bicicleta. La huelga ha estallado, todas las riberas del Guadiana están en huelga”. Es la primera gran victoria de aquel vietcong de las Vegas Altas, del movimiento obrero extremeño tras la guerra civil. Los huelguistas rompen el frente de los patronos, acuciados por las pérdidas posibles, y consiguen que se aumente significativamente el precio de la recolección por hectárea. Aquellos hombres no han leído a Sun Tzu y, algunos, escasamente, a Lenin. Pero aquella huelga hunde sus raíces en el barro, en la inteligencia colectiva del pueblo. La huelga la empiezan los militantes más jóvenes del Partido Comunista. Una huelga dura, estaca en mano, huyendo de la represión de la guardia civil. Pero se gana. Hay detenciones (Miguel González, Juan Díaz…) y al año siguiente los patronos amagan con llevarse el arroz de Extremadura, pero la conjura obrera ha triunfado.

La huelga del arroz de las Vegas Altas es para los extremeños nuestra mina de la Camocha, nuestra huelga de los tranvías. En cualquier otra región habría un hormiguero de historiadores estudiando este acontecimiento y sin embargo aquí, por ahora, es sólo el recuerdo legendario de las gentes obreras de la comarca de Don Benito.

A partir de entonces, aquella colectividad juramentada, que también sabe combinar clandestinidad y legalidad, que nace de las entrañas del pueblo, no hace más que extenderse. Un partido creado entre bancales que ahora tan pronto abre el Bar Obrero como monta un equipo de fútbol, que va haciendo germinar las Comisiones Obreras y la Unión de Campesinos Extremeños. Las huelgas del tomate y del pimiento, ya en el 76, o las cooperativas de la construcción, nacen en ese sutil telar del pueblo.

Recapitulemos, volvamos al principio. La caída del 73 es un acontecimiento desconocido por la inmensa mayoría del pueblo extremeño. En un país con una auténtica cultura democrática estaría en los libros de texto, se enseñaría en las escuelas; los institutos de educación secundaria de la región se rifarían poder contar en las clases de Historia, Ciudadanía o Ética con el testimonio de los abuelos supervivientes de aquellas detenciones. Pero aquí el relato histórico impuesto sigue siendo el de Cuéntame, una milonga tramposa a la medida de las clases dominantes.

Es preciso que los extremeños conozcamos la otra historia, la de los humildes, la de quienes en verdad machacaron el esparto de la libertad y de la justicia. Y es necesario también aprender del ejemplo, del saber hacer unitario, de la generosidad y el valor de estos sembradores de dignidad. La memoria es un acto de amor y un cimiento de futuro.

Manuel Cañada

: Fábrica Consiber

: Cantina del PCE de Don Benito

: Pedro Berrocal

: Cuartel viejo de la guardia civil de Don Benito

: Bar obrero

Exdirectora de la cátedra de memoria histórica: "He sufrido un ataque masivo".

http://www.eldiario.es/politica/exdirectora-catedra-memoria-historica-sufrido_0_537896474.html

EFE

La exdirectora de la cátedra de memoria histórica: "He sufrido un ataque masivo"

La exdirectora de la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense Mirta Núñez, que renunció a este cargo tras los desencuentros con el Ayuntamiento de Madrid al tratar de asesorar en la aplicación de la Ley, ha denunciado hoy que sufrió un "ataque masivo" pero recalca que no tiene "alma de mártir".

Mirta Núñez ha sido uno de los participantes en las jornadas sobre memoria histórica organizadas este sábado por la plataforma ciudadana Ganemos Madrid, integrada en la formación política Ahora Madrid que gobierna el Ayuntamiento de la capital.

La historiadora dimitió de su cargo al frente de la cátedra el pasado mes de febrero, poco después de que ésta renunciara a asesorar al Ayuntamiento de Madrid en su Plan Integral de Memoria por su "incapacidad" para garantizar una labor sosegada y profesional.

"He sobrevivido a aquel ataque masivo que sufrí entre diciembre y enero. Fue doloroso, pero también ratificas amistades que estaban al lado cuando te encontrabas con esa artillería que no sé qué persona estuvo detrás, y como no tengo alma de mártir finalmente dimití", ha declarado en el acto de hoy.

Tras su abandono, la socialista y abogada laboralista Francisca Sauquillo fue nombrada directora de la comisión que aplicará la Ley de memoria histórica en Madrid y que producirá modificaciones en el callejero, en virtud de un acuerdo suscrito entre el grupo municipal del PSOE-M y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Con su elección hubo un cambio también en las competencias de memoria histórica, que pasó a asumir la Alcaldía en lugar del área de Cultura y Deportes que dirige la concejala Celia Mayer, procedente de Ganemos Madrid, que defendió el plan inicial sobre esta materia elaborado por su departamento.

Durante su intervención, Mirta Núñez ha criticado la supervivencia del franquismo en las mentalidades españolas que, a su juicio, "deja una huella muy grande en la sociedad" debido a su "estrategia del miedo y la represión", que cree que todavía sigue vigente en asuntos como las fosas o los niños perdidos durante esta etapa.

A su juicio, a estas estrategias se unen en la actualidad otras de "apatía, egoísmo e individualismo", y ha puesto como ejemplo que todavía hay pocas calles destinadas "a aquellos que de verdad lucharon por la libertad en España".

También se ha referido a la sugerencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de cambiar el nombre del Valle de los Caídos por el de Valle de la Paz.

"Eso es un error, es hacer nuestro uno de los baluartes del franquismo, debemos hacerle llegar la noticia de que eso está impregnado de propaganda franquista. Allí se profanaron tumbas de republicanos, es el Valle del Dolor", ha sostenido.

El siguiente en participar ha sido el abogado especializado en crímenes del franquismo Eduardo Ranz, quien ha explicado que los ayuntamientos tienen la obligación de retirar "inmediatamente la simbología de exaltación", así como abrir el acceso a archivos y establecer una partida presupuestaria "en condiciones" para este asunto.

"De no hacerlo, pasarán cuarenta años de democracia y será un problema que seguiremos sin resolver", ha subrayado Ranz, que ha insistido en la necesidad de hacer justicia para reparar a las víctimas del franquismo.

Este abogado ya denunció al Ayuntamiento de Madrid por no retirar vestigios de la dictadura, así como a varios alcaldes de pueblos españoles con denominación franquista por incitación al odio al considerar que incumplen la Ley de memoria histórica.

Otro de los participantes ha sido el abogado Andreu García, quien ha hecho una exposición sobre los presos políticos forzados que hubo durante la dictadura franquista, cuyo trabajo asegura que benefició a la Iglesia católica y a empresas, algunas de las cuales "siguen existiendo hoy en día".

Por su parte, el abogado Carlos Slepoy, uno de los responsables de la querella argentina contra el franquismo, ha pedido al Estado que responda ante los "crímenes" cometidos en esta etapa: "No es una opción, sino una obligación de la Justicia investigar estos hechos", ha indicado.

El foro de memoria histórica de Ganemos critica la "impunidad" actual del franquismo

http://www.madridiario.es/435779/ganaemos-impunidad-franquismo

Política

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Presentación del foro (Foto: Ganemos Madrid)

Por MDO/E.P.

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Sábado 16 de julio de 2016, 18:12h

Expertos participantes en las jornadas sobre memoria histórica organizadas por Ganemos han denunciado este sábado la "impunidad del franquismo" a día de hoy mientras que han defendido que la memoria histórica recupera el ADN social.

La primera ponente ha sido la profesora titular de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Mirta Núñez, cabecera de la cátedra con la que inicialmente contó el Ayuntamiento de Manuela Carmena para dar los primeros pasos en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, antes de que se constituyese el comisionado presidido por Paca Sauquillo. Este cambio fue criticado por Ganemos Madrid, una de las almas de Ahora Madrid.

Núñez ha hecho un repaso por cuestiones como el miedo en la represión, los niños perdidos, las fosas, la apatía y el individualismo. Ha resaltado que la historia "recupera el ADN social gracias a la memoria histórica".

Sobre la reflexión que hizo en su momento la alcaldesa de Madrid para renombrar en Valle de los Caídos por el de la Paz, la catedrática ha mostrado su rechazo. "No se trata de hacer nuestro uno de los baluartes del franquismo", ha argumentado.

El abogado especializado en crímenes del franquismo, Eduardo Ranz, que denunció al Ayuntamiento por la no aplicación de la Ley de Memoria Históruca, ha sido el siguiente en tomar la palabra destacando la importancia de retirar la simbología franquista que hoy en día sigue presente en las calles, así como en escudos y banderas. El letrado ha hecho un repaso sobre la gran cantidad de denuncias que se están interponiendo para retirar la simbología franquista, sin olvidar la "importancia de tener acceso a los archivos".

"La verdadera memoria histórica se vive en los pueblos", ha asegurado Ranz, quien ha finalizado su charla poniendo de relieve la obligación de los ayuntamientos de elaborar un catalogo de simbología franquista para facilitar su posterior retirada de la vía pública. También, ha abogado por proceder a las exhumaciones por vía civil, por retirar esa simbología por vía administrativa y por ir a una buena regulación y acceso a archivos para que "no pasen otros 40 años de democracia y esto sea un problema aún sin resolver".

El abogado y activista de memoria histórica Andreu García ha hablado sobre los presos políticos republicanos y los trabajos forzados y campos de trabajo que formaban parte de la dictadura. "Deseamos dar a conocer algo tan importante para el desarrollo de una sociedad democrática como la memoria histórica del presente", ha explicado.

Ley de Memoria Histórica