La pelota va del tejado del Ayuntamiento a la Generalitat. El consistorio aprobó la retirada de ocho símbolos y trabaja en el cambio de nombres de una primera remesa de cinco calles. Los trámites administrativos ya están finiquitados: solo queda la "voluntad política" y aclarar, en algunos casos, las competencias.
SARA CALVO TARANCÓN
MADRID.— Teodoro Llorente fue poeta, jurista y escritor. Durante varias décadas dirigió Las Provincias, el periódico conservador de su ciudad. En el número 59 de la calle Juan Llorens de València se alza el colegio que lleva su nombre. Coronando la fachada, el escudo franquista: Águila de San Juan, Una, grande y libre, el yugo y las flechas de Falange. Hace unas semanas, técnicos de la conselleria de Educación acudieron para inspeccionarlo de cerca y ver de qué manera se va a poder eliminar. La concejalía, por su parte, ha anunciado a este periódico que el próximo lunes enviarán la documentación pertinente para que sea la Generalitat quien asuma su retirada puesto que alegan que trasciende sus competencias al no tratarse de un asunto de mantenimiento.
Otra de las cuestiones que hay sobre la mesa es saber qué se va a poner en su lugar. Matías Alonso, del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, recuerda que en un decreto del año 81 promovido por Adolfo Suárez ya se instaba a sustituir los escudos franquistas por los constitucionales, algo que ya se realizó con el de Capitanía General de València.
Hasta hace pocas semanas una pancarta lo cubría. En ella se anunciaba un cortometraje protagonizado por los alumnos para protestar contra los recortes, impagos y retrasos en educación que afectan directamente al colegio. Es la opción que ha manejado la dirección para esconderlo desde hace tiempo, colocar una tela para anunciar eventos culturales del centro. La concejala María Oliver se preguntaba por qué y quién ha retirado ahora la pancarta.
Otra de las cuestiones que hay sobre la mesa es saber qué se va a poner en su lugar. Matías Alonso, del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, recuerda que en un decreto del año 81 promovido por Adolfo Suárez ya se instaba a sustituir los escudos franquistas por los constitucionales, algo que ya se realizó con el de Capitanía General de València.
Hasta hace pocas semanas una pancarta lo cubría. En ella se anunciaba un cortometraje protagonizado por los alumnos para protestar contra los recortes, impagos y retrasos en educación que afectan directamente al colegio. Es la opción que ha manejado la dirección para esconderlo desde hace tiempo, colocar una tela para anunciar eventos culturales del centro. La concejala María Oliver se preguntaba por qué y quién ha retirado ahora la pancarta.
El del colegio Teodoro Llorente es uno de los ocho símbolos a los que la Junta de Gobierno Local dio luz verde para su retirada
"La cuestión de la memoria sigue despertando muchas hostilidades en la derecha, hay que tratar estos temas con cuidado pero tampoco caer en la excesiva lentitud", dice Alonso, portavoz de la asociación que llevó a Rita Barberá, por imperativo legal, a retirar los honores de la medalla de oro y el titulo de la alcaldía honorífica a Francisco Franco. La Iglesia, según Alonso, es otra de las piedras que continúan haciendo que la memoria histórica siga siendo campo de batalla porque sigue dificultando la convivencia y la reconciliación en una ciudad, como tantas otras, donde la victoria de un bando sigue rozando la burla.
Además, recuerda que este septiembre entra a trámite en les Corts Valencianes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática para la Convivencia en el que se establece el plazo de un año para la retirada de símbolos preconstitucionales, tanto en edificios públicos como privados. Esta ley "supera las lagunas de la estatal y contempla un cuadro sancionador con el que se termina con la impunidad" porque, en el caso de que concluya el plazo, será la Generalidad la que los retirará directamente con cargo al propietario.
El del colegio Teodoro Llorente es uno de los ocho símbolos a los que la Junta de Gobierno Local dio luz verde para su retirada, colocados en edificios institucionales, entre ellos, monumentos dependientes del Arzobispado —el escudo del centro Diocesano de la Pastoral Juvenil o el de la iglesia de La Punta— y del Ministerio de Interior, como los escudos de dos cuarteles de la Guardia Civil de Benimaclet y Patraix. Uno de los casos más curiosos entre esos ocho es el barrio llamado grupo Antonio Rueda, un conjunto de viviendas sociales en los que más de 25 calles tienen nombres de personas simpatizantes de la dictadura como el falangista Francisco Alegre o la espía Carmen Tronchoni, fusilada en Montjuïc en el 38.
Además, recuerda que este septiembre entra a trámite en les Corts Valencianes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática para la Convivencia en el que se establece el plazo de un año para la retirada de símbolos preconstitucionales, tanto en edificios públicos como privados. Esta ley "supera las lagunas de la estatal y contempla un cuadro sancionador con el que se termina con la impunidad" porque, en el caso de que concluya el plazo, será la Generalidad la que los retirará directamente con cargo al propietario.
El del colegio Teodoro Llorente es uno de los ocho símbolos a los que la Junta de Gobierno Local dio luz verde para su retirada, colocados en edificios institucionales, entre ellos, monumentos dependientes del Arzobispado —el escudo del centro Diocesano de la Pastoral Juvenil o el de la iglesia de La Punta— y del Ministerio de Interior, como los escudos de dos cuarteles de la Guardia Civil de Benimaclet y Patraix. Uno de los casos más curiosos entre esos ocho es el barrio llamado grupo Antonio Rueda, un conjunto de viviendas sociales en los que más de 25 calles tienen nombres de personas simpatizantes de la dictadura como el falangista Francisco Alegre o la espía Carmen Tronchoni, fusilada en Montjuïc en el 38.
De momento, cinco calles franquistas
Aparte de los símbolos, también se habla de las calles. La primera tanda de al menos cinco calles con nombres franquistas de la ciudad de València tiene los días contados. Así lo afirman desde la concejalía de Cultura que dirige Glòria Tello. Patrimonio asegura que ya han hecho los deberes y que los trámites administrativos están finalizados. Ahora solo queda buscar un hueco en la agenda política y estar al tanto por si aparece algún informe de última hora de los encargados a la Universitat de València.
El Grupo por la Memoria envió un listado de casi sesenta nombres de calles del que, por el momento, solo se han aceptado cinco
Alonso se muestra extrañado de que sean solo cinco puesto que su asociación envió un listado de casi sesenta; aun así sostiene que no van a poner pegas y que "bienvenidos sean esas cinco". La más conocida es la avenida Barón de Cárcer que será sustituida por el nombre que ya tuvo: avenida del Oeste. El Ayuntamiento, para minimizar el impacto que estos cambios pudiera ocasionar en vecinos y comercios, mantendrá durante un año ambas nomenclaturas en los carteles que nombran las calles. Al menos 4 de cada 5 de esos nombres —cerca de un 80%—llevarán el de una mujer con relevancia histórica para la ciudad.
Ha sido la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universitat de València la encargada de rubricar los informes que sirven de argumento de peso para permitir la retirada de los símbolos preconstitucionales, no solo nombres de calles sino también monumentos, escudos y otras representaciones físicas que contradigan lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Suponen una especie de cortafuegos para evitar que otros "hagan política" cuando en realidad se trata de cumplir la ley, resaltan desde la concejalía de Cultura, y eliminan cualquier recoveco legal para evitar alegaciones por "cuestión de patrimonio".
"No es cuestión de gustos sino de democracia"
"Para muchas personas ha sido muy complicado convivir con estos símbolos desde hace tantos años", aseguran desde Cultura. Ahora, una vez superada la "etapa de pasotismo y desinterés de la anterior administración, solo queda cumplir la ley y dejar de rendir honores al franquismo". Tello ya afirmó en su momento, cuando el Pleno Municipal aprobó la retirada de "veinticinco honores y distinciones otorgados en exaltación, personal o colectiva, de la revuelta militar, la Guerra Civil y la dictadura" y dio luz verde a la retirada de esos ocho símbolos franquistas, que no era "una cuestión de gustos sino de democracia".
Aunque a veces parece que la democracia a ratos se fundamenta en el gusto por la buena voluntad, puesto que, hasta que entre en las Corts la Ley de Memoria, el Ayuntamiento solo puede pedir "por favor" al Arzobispado que retire el escudo del Centro Diocesano de la Pastoral Juvenil y la inscripción de la fachada de la iglesia de La Punta. La petición se la trasladaron al Ministerio del Interior por los escudos del cuartel de la Guardia Civil en los barrios de Patraix y Benimaclet.
"Es inadmisible que una administración pública haya permitido hasta ahora esta anormalidad democrática", ha denunciado la concejala Tello. Además reiteran su voluntad de acelerar lo máximo posible la eliminación de, según reza la ley, "toda exaltación de la revuelta militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, con el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que los símbolos públicos sean motivo de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio".
Aunque a veces parece que la democracia a ratos se fundamenta en el gusto por la buena voluntad, puesto que, hasta que entre en las Corts la Ley de Memoria, el Ayuntamiento solo puede pedir "por favor" al Arzobispado que retire el escudo del Centro Diocesano de la Pastoral Juvenil y la inscripción de la fachada de la iglesia de La Punta. La petición se la trasladaron al Ministerio del Interior por los escudos del cuartel de la Guardia Civil en los barrios de Patraix y Benimaclet.
"Es inadmisible que una administración pública haya permitido hasta ahora esta anormalidad democrática", ha denunciado la concejala Tello. Además reiteran su voluntad de acelerar lo máximo posible la eliminación de, según reza la ley, "toda exaltación de la revuelta militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, con el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que los símbolos públicos sean motivo de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio".
