La Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica ha pedido a la Junta de Andalucía que estudie la fosa común hallada casualmente en el cementerio de Castilleja del Campo (Sevilla), tras unas obras que el pasado 9 de julio sacaron a la luz tres cuerpos con indicios de muerte violenta.
Todo ello, según ha informado la coordinadora en un comunicado, después de que el Ayuntamiento pusiese en conocimiento de esta entidad la respuesta enviada por la consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ante el hallazgo casual de los tres cuerpos.
En la misiva, la Junta insta al Ayuntamiento a la exhumación de los restos y su estudio, para lo que “no sería necesario permiso alguno”, y solo una vez exhumados y confirmado que se trata de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura “se activaría por esta Consejería el protocolo para poder llevar a cabo una intervención sobre la fosa”.
Seguidamente, sobre las obras de acondicionamiento, señala que “quedará supeditada a la previa autorización de la Consejería competente en materia de Memoria Democrática”, según el artículo 8.4 de la Ley.
“Incumplimiento deliberado"
En este sentido, la Coordinadora Andaluza afea a la Consejería de Cultura el incumplimiento deliberado o inconsciente de la Ley y el desconocimiento de los procedimientos en este tipo de actuaciones.
Así, alerta del riesgo que implica “para las miles de exhumaciones pendientes en nuestra Comunidad Autónoma y del desamparo de las administraciones locales ante hallazgos casuales o intervenciones futuras, que dejarían de realizarse sin garantías jurídicas”.
Además, se pone de manifiesto que la consejera de Cultura cuando dice que “todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos, es una cuestión de humanidad, alude solo a una frase hecha, porque es la titular competente en materia de Memoria Histórica, y dejar en este limbo las exhumaciones, no solo va contra los derechos humanos más elementales sino que hace una dejadez de funciones intencionada, con un incumplimiento flagrante de la Ley”.
Así, exige a la titular de Cultura que cumpla la Ley y también su palabra, tal y como indicó en una entrevista en el mes de julio: “No se le va a poner un pero a ninguna exhumación, voy a cumplir la ley a pies juntillas”.
“Sólo declaración de intenciones”
Hasta el momento “su departamento solo hace declaración de intenciones, todas las intervenciones que se están realizando ya estaban aprobadas, no se ha iniciado ninguna nueva, y casos como el de Castilleja del Campo o Carmona denotan la dejadez de la administración autonómica a la hora de actuar”, concluye.
La Coordinadora, junto al Consistorio, no descartan iniciar acciones legales, sobre todo teniendo en cuenta que las obras continúan paradas desde hace más de un mes “y es la Consejería de Cultura la administración competente para determinar las siguientes acciones a llevar a cabo tras reunirse el Comité Técnico de Coordinación”.
Asimismo, ante el interés que ha despertado el hallazgo para familiares de víctimas, tanto de la localidad como de municipios vecinos, el Ayuntamiento de Castilleja del Campo, “concretará una reunión informativa en la primera quincena de septiembre, donde se decidirán las acciones a seguir y en la que participará la Coordinadora Andaluza”.
Desde el pasado 9 de julio
El hallazgo se produjo el pasado 9 de julio, y se solicitó una evaluación antropológica y arqueológica que determinó que se trata de cuerpos con evidencia de muerte violenta, y se puso en conocimiento de la Consejería de Cultura. Desde ese día las obras se paralizaron en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se delimitó el terreno y continúa a la espera de que la Junta determine los pasos a seguir.
Tanto la Coordinadora Andaluza como el Ayuntamiento insisten en la necesidad de una intervención arqueológica y antropológica pertinente, a través de un permiso urgente para intervenir en las zonas específicas, registrar las evidencias e investigarlas y analizar el material que se exhume. Todo ello con seguridad jurídica y garantías de preservación de los restos hallados.
Posteriormente, se emitirá informe exhaustivo de los trabajos efectuados y se realizará una campaña para localizar a los familiares, con el fin de que puedan personarse en las actuaciones y proceder a los procesos de identificación genética. Este ADN pasará a engrosar el Banco de ADN de víctimas de la guerra civil y la posguerra en Andalucía.
Lo que dice la Ley
El Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra indica que "en aquellas actuaciones singulares que supongan la exhumación de restos humanos de los lugares en que se hallen y su posible traslado, serán convocados, según el caso de que se trate, por el Comité Técnico de Coordinación representantes de los Municipios afectados, del ámbito universitario y de las Entidades sin ánimo de lucro más representativas. Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales y legales pertinentes y con carácter previo al inicio de dichas tareas, la Consejería de Justicia y Administración Pública, previo informe del Comité Técnico de Coordinación, designará un equipo de seguimiento que contará necesariamente entre sus integrantes con un médico forense y con aquellos otros profesionales necesarios en función de las actuaciones a realizar”.
