Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Uno de los episodios más graves de la represión franquista en Canarias segó la vida de 19 militantes obreros tras un consejo de guerra sumarísimo
El 23 de enero de 1937 quedó marcado como una de las fechas más trágicas de la historia contemporánea de Tenerife. Ese día, diecinueve hombres —en su mayoría afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) — fueron fusilados por el régimen franquista tras un consejo de guerra sumarísimo, en uno de los episodios más duros de la represión ejercida en Canarias durante la Guerra Civil Española.
Tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, las Islas Canarias quedaron rápidamente bajo control de los sublevados. A diferencia de otros territorios, no hubo frente de guerra, pero sí una represión sistemática contra cargos públicos republicanos, sindicalistas y militantes de organizaciones obreras. Tenerife se convirtió en un espacio clave de esta persecución.
Los fusilamientos del 23 de enero están vinculados a la denominada Causa nº 246 de 1936, instruida por la justicia militar franquista. En ella se procesó a más de sesenta personas, la mayoría trabajadores organizados en la CNT, acusados de “adhesión a la rebelión”, una imputación paradójica, ya que los encausados defendían al gobierno legítimo de la Segunda República.
Según la acusación, los procesados se habrían reunido en la zona de Cueva Roja, en las inmediaciones de Los Campitos, con el objetivo de organizar la resistencia al golpe militar. Historiadores y expertos en memoria histórica consideran hoy que estas acusaciones fueron exageradas o directamente fabricadas para justificar la eliminación de la organización sindical.
El consejo de guerra dictó 21 penas de muerte. Finalmente, 19 hombres fueron ejecutados, mientras que las dos mujeres condenadas vieron sus penas conmutadas por prisión.
Las ejecuciones se llevaron a cabo en la Batería del Barranco del Hierro, en Santa Cruz de Tenerife. Las víctimas tenían entre 23 y 41 años y eran trabajadores de distintos oficios: jornaleros, albañiles, mecánicos y empleados portuarios, muchos de ellos con responsabilidades sindicales.
Estos hombres, conocidos popularmente como “Los 19”, se han convertido en un símbolo de la represión franquista en Canarias y del intento de destruir el movimiento obrero organizado en las islas.
Durante décadas, estos fusilamientos permanecieron silenciados. No fue hasta la llegada de la democracia cuando familiares, investigadores y asociaciones de memoria histórica comenzaron a recuperar sus nombres y su historia.
Hoy, más de ocho décadas después, el 23 de enero sigue siendo una fecha de recuerdo y reivindicación. Diversos colectivos reclaman el reconocimiento institucional de las víctimas, la protección de los lugares de memoria y la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas.
Los fusilamientos del 23 de enero de 1937 no solo representan una tragedia humana, sino también un recordatorio de las consecuencias de la intolerancia y la represión política, cuya memoria sigue viva en la sociedad tinerfeña.
Carmen Rodríguez Parra fue asesinada el 15 de agosto de 1936 por los sublevados que, liderados por Franco, habían propiciado el inicio de la guerra civil española apenas tres semanas antes.
Durante 90 años, la familia de Madre Carmela, como era conocida por su hospitalidad entre quienes acudían a su taberna de Granada, luchó incesante por hallar sus restos.
El pasado 19 de diciembre pudieron volver a casa.
Esta es su historia. Madre Carmela fue un referente dentro del anarquismo granadino: afiliada a la CNT, su taberna fue sitio de encuentro de la militancia anarquista. Era justo aquello que rechazaba el franquismo: independiente, valiente y militante.
Su hija, Nieves, siempre temió hablar de su pasado en vida. Así que no fue hasta su muerte, en 2010, cuando los nietos de Carmela encontraron notas que les llevaron a iniciar la búsqueda.
Fue una de las primeras ejecutadas en Víznar. Según algunas investigaciones, pudo estar acompañada de otras tres mujeres.
Y fue asesinada tan solo cuatro días antes de la ejecución de Federico García Lorca en el mismo lugar.
La memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente: con una estimación de más de 114.000 desaparecidos, España es uno de los países del mundo con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.
Hay casi 6.000 fosas comunes registradas, de las cuales quedan 2.300 por exhumar.
Por el momento solo se han exhumado 9.000 cuerpos, de los cuales se han identificado 212 (menos del 2,5%).
Madrid, 17 ene (EFE).- El Gobierno español ha declarado ya 20 lugares de memoria democrática en España y ha iniciado el proceso para declarar otros 18, entre los que hay espacios que fueron significativos durante la represión de la dictadura franquista, como antiguas prisiones, palacios, un teatro, una mina, un puente, varias ciudades e incluso islas.
A esta lista se acaba de incorporar en 2026 el templo masónico de Tenerife, en las islas Canarias (Atlántico), después de que el Gobierno haya iniciado el proceso para declararlo.
Con esta figura, recogida en la ley de Memoria Democrática de 2022, el Ejecutivo pretende reconocer y explicar, con placas o paneles informativos, la historia que hay detrás de espacios físicos o de patrimonios inmateriales vinculados a la represión franquista o a la lucha por la democracia.
Un mapa elaborado por la Agencia EFE recoge los 20 lugares de memoria democrática declarados hasta ahora en España y los 18 en proceso de declaración (incoados), la mayoría de ellos ubicados en la Comunidad de Madrid y en Andalucía (sur).
De los 20 lugares declarados en España, uno de los primeros fue la antigua Dirección General de Seguridad franquista (las fuerzas de seguridad encargadas de la persecución y represión) ubicada en la Real Casa de Correos de Madrid, actual sede del Gobierno regional de Madrid.
En este lugar, que ahora cada 31 de diciembre agrupa a centenares de personas para escuchar desde su reloj central las campanadas que dan inicio a un nuevo año, fue uno de los centros de tortura más importante de la dictadura franquista, por donde pasaron decenas de republicanos, opositores y ciudadanos.
En 2025 el Gobierno también declaró otros dos sitios en la capital: la antigua cárcel de Carabanchel, en el sur de la ciudad, y la tapia del cementerio de La Almudena, el más grande de Madrid, donde hubo fusilamientos.
La propia Ley de 2022 declaraba expresamente tres lugares de memoria: el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos, que hizo construir el dictador Francisco Franco como un mausoleo con el trabajo esclavo de los presos del franquismo a las afueras de Madrid), el Panteón de España (antiguo panteón de hombres ilustres, también en la capital) y el centro documental de la memoria histórica, en Salamanca.
El primer lugar de memoria que declaró el Gobierno tras la aprobación de la ley fue la localidad de Gernika (Vizcaya), bombardeada por la aviación nazi con la ayuda dela italiana durante la Guerra Civil (1936-1939).
Habitualmente los lugares de memoria democrática son espacios físicos, pero el Gobierno también prevé el reconocimiento de fechas o de acontecimientos significativos.
De hecho, entre los 18 lugares de memoria cuyo proceso de declaración ha iniciado ya el Gobierno están las manifestaciones del 27 de febrero de 1981 -cuando ya había muerto Franco- a favor de la democracia y la matanza de los abogados de Atocha del 24 de enero de 1977, un atentado cometido por la ultraderecha contra abogados laboralistas.
También hay lugares físicos, como el edificio situado en Via Laietana 43, en Barcelona, que fue sede de la policía en el franquismo, algunas ciudades del norte de España pero también una mina, la de La Camocha en Gijón (norte) -considerada cuna de Comisiones Obreras uno de los principales sindicatos españoles-, y las islas de San Simón y San Antón (noroeste), usadas como penal por el franquismo.
El Gobierno ha instalado también placas de lugares de memoria en puntos del extranjero como el Ateneo español de México, que acogió a centenares de republicanos; la tumba del escritor Antonio Machado en Collioure y la del expresidente de la República Manuel Azaña en Montauban, en ambos casos en Francia.
Además, con motivo de la celebración en 2025 de los 50 años del inicio de la Transición tras la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno anunció su intención de declarar más de treinta lugares de memoria, algunos de ellos pendientes, como el Congreso de los Diputados o los juegos olímpicos de Barcelona de 1992.
Madrid, 17 ene (EFE).- El silencio cubre un fragmento de la historia de Matadero de Madrid en los años de la posguerra, cuando este espacio que hoy alberga exposiciones y obras de teatro sirvió como un centro de reclusión forzosa para cientos de personas que se encontraban en una situación de extrema pobreza.
La antropóloga María Adoración Martínez Aranda investiga este episodio del pasado "invisibilizado", un "limbo legal" donde la represión, el hambre y el frío se cobraron la vida de cientos de personas. Su trabajo saca a la luz lo que los documentos de la época denominaban como el "campo de mendigos" o "parque de mendigos".
La investigación de Martínez Aranda nace de su tesis doctoral sobre migraciones internas y chabolismo y de la consulta de un informe del Patronato de Protección a la Mujer, que señala que más de ochocientas personas murieron en el invierno de 1941 en Matadero, "un dramático suceso que hasta hoy no ha tenido la suficiente atención", explica en declaraciones a la Agencia EFE.
La búsqueda de respuestas la conduce hasta el testimonio de Juan Gálvez, quien plasmó su calvario en el libro 'Madrid, campo de exterminio', de edición "muy modesta", publicado en 2009.
Gálvez, hijo de republicanos represaliados, terminó recluido en el Matadero siendo apenas un niño cuando buscaba una salida a su situación en un Madrid "devastado por la guerra".
La experta relata cómo el régimen de Francisco Franco "buscaba proyectar una imagen imperial de la capital que chocaba frontalmente con la miseria de las calles".
"El objetivo del régimen es limpiar Madrid de los mendigos y las mendigas, que tenían una dimensión y unas cifras sonrojantes para la alcaldía", afirma Martínez Aranda sobre la política de recogida, clasificación y reclusión de esta población ejecutada por el Servicio de Represión de la Mendicidad.
Las condiciones de vida en el recinto eran "infrahumanas", describe la investigadora, quien detalla que "las naves que originalmente estaban destinadas al ganado se habilitan en apenas veinte días para acoger a 3.000 personas, lo que da idea de la precariedad absoluta de materiales y condiciones", describe la investigadora.
Los internos dormían sobre paja, carecían de ropa de abrigo y apenas recibían dos raciones diarias de un agua caliente con alguna legumbre flotando.
"Juan Gálvez habla del pijama de rayas, que es lo único que llevaban puesto desde que ingresaban hasta que salían, identificando ese lugar como los campos de concentración que vería después", añade la antropóloga.
Matadero funcionaba como "una prisión sin registro oficial", un espacio donde las familias perdían el rastro de sus seres queridos durante meses. "Era un limbo a todos los niveles porque estaban privados de libertad, recluidos en contra de su voluntad y sin posibilidad de comunicarse con el exterior", recalca Martínez Aranda.
A pesar de la magnitud del drama, el centenario de Matadero celebrado el año pasado ignoró por completo este capítulo, lo que la investigadora considera una forma de violencia simbólica.
"Me sorprende que en las publicaciones oficiales como la memoria para la rehabilitación de Matadero de la Fundación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid no se hiciera referencia a este episodio, mencionando solo que algunas naves tuvieron un uso de índole social en los años cuarenta", critica la experta.
Este sábado, la Asociación Pasillo Verde-Imperial organiza un acto de homenaje en el propio Matadero para romper el silencio y dignificar a las víctimas, con la participación de la profesora Martínez Aranda y de la artista digital Amaya Hernández.
xh/abs-srm
(Recursos de archivo en EFEServicios: Referencia 8000390144, 8000388398)
Elaborada por la Asociación Fosa de Alcaraz, el próximo sábado 17 de enero tendrá lugar la entrega de los restos a las familias de Francisco Fenoll Lozano, Eleazar Navarro Rodríguez, Antonio Andrés García y Antonio Poveda Ruiz ejecutados el 14 de enero de 1940, en la sala del tanatorio municipal
Entrada del cementerio de Albacete Imagen: JPOK / Wikimedia Commons
Más de 1.000 personas fallecieron fusiladas o en las cárceles franquistas en la ciudad de Albacete. Al igual que ocurre en otros lugares de España, poco a poco se van recuperando restos de estas personas represaliadas para que sus familias puedan, de alguna forma, cerrar esa herida que permanece latente. La Asociación Fosa de Alcaraz, que desarrolla su actividad de investigación en la provincia albaceteña, ha logrado realizar la “primera exhumación con rigor científico” de la ciudad de Albacete, al analizar e identificar los restos de cuatro personas que fueron ejecutadas por el franquismo y que permanecían juntos en un nicho común.
El próximo sábado 17 de enero tendrá lugar la entrega de los restos a las familias de Francisco Fenoll Lozano, Eleazar Navarro Rodríguez, Antonio Andrés García y Antonio Poveda Ruiz ejecutados el 14 de enero de 1940, en la sala del tanatorio municipal de Albacete.
La Asociación Fosa de Alcaraz y el Grupo Amigos y Amigas de Antonio Machado señalan que durante la represión franquista, en Albacete se “asesinó ante un pelotón de fusilamiento a 758 personas en las tapias del cementerio, de la cuales 15 eran mujeres”, en un periodo comprendido entre 1939 y 1951. Además, explican que más de 300 personas fallecieron en las cárceles franquistas de la capital, y que en total, esas más de 1.000 víctimas fueron enterradas en tres fosas comunes ubicadas en el cementerio, cada una ubicada en uno de los tres patios.
Manuel Ramírez, portavoz de la asociación explica en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha que a partir del año 1945 “las autoridades franquistas decidieron unilateralmente, no sabemos aún la razón, exhumar a las personas de las fosas”. Expone que lo hicieron “sin rigor científico” y que después informaron a las familias, hasta 418 en total, donde algunas decidieron que sus familiares se quedasen juntos “agrupándolos en un mismo nicho, y otras que decidieron separarlos y trasladarlos a su localidad de origen”. Ramírez señala también que otras familias “bien porque no tenían claro las garantías o porque no fueron localizadas, alrededor de 340, fueron depositados en el osario en el fondo del cementerio”.
Uno de los tótems que marcan el emplazamiento en el que se encontraban una de las tres fosas comunes de represaliados del franquismo en el cementerio de Albacete Asociación Fosa de Alcaraz
Nos cuenta que a lo largo del tiempo, gracias a los conocimientos que “nos brinda la ciencia, gracias a la investigación y el ADN, las familias se han ido haciendo preguntas lógicas, para saber si realmente les entregaron a sus familiares o no”.
En primer lugar, familias decidieron juntar los restos de sus familiares, donde “pusieron por ejemplo a las cuatro personas que entregamos próximamente, algunos de ellos estaban en condición anatómica, y los metieron en una caja”, y otras que decidieron disgregarlos y “que ahora son más difíciles de identificar, porque se pusieron sin rigor científico”.
En el caso de Francisco Fenoll Lozano, Eleazar Navarro Rodríguez, Antonio Andrés García y Antonio Poveda Ruiz han podido sacarlos e identificar sus restos de manera individualizada. “En este caso, las exhumaciones que realizaron las autoridades en aquel entonces son correctas, porque los restos corresponden a estas personas”, explica Ramírez. De igual forma, señala que entienden que “si esta exhumación de cuatro personas que se realizó en una misma fecha es correcta, es posible que las que se han realizado en los años anteriores y posteriores también lo sean, que sea un acierto en cascada”, un hecho que “tranquiliza un poco a las familias”.
Tótem colocado en el cementerio de Albacete, que localiza el 'osario' en el que se encuentran los restos de represaliados del franquismo Asociación Fosa de Alcaraz
Ramírez señala que este es un fenómeno que no ha ocurrido en otros lugares. “Hemos hablado con otras asociaciones, se conoce que en otros lugares levantaron un parcial de las fosas para un traslado al Valle de Cuelgamuros, pero lo que ocurrió en Albacete no”. Considera que se trata de una incógnita, y aunque existen varias hipótesis, donde “una historiadora de la asociación apunta a que como en 1945 venía el fin de la Segunda Guerra Mundial les pudo entrar miedo a las autoridades, sin embargo, no entendemos por qué no se pararon en ese caso las ejecuciones hasta 1951” lo que produzca que esta hipótesis “se quede un poco descolgada”.
El portavoz de la Asociación Fosa de Alcaraz explica que por el momento no hay establecido contacto con otras familias: “Hablaron con nosotros varias familias, de 30 personas que ejecutaron en el cementerio de Albacete, la mayor ejecución que se hizo, y que están en un nicho todos juntos, pero por el momento no sabemos nada, se ha quedado parado”, aunque plantea que quizá “alguna familia se animará a arrancar a raíz de este hallazgo”.
El Gobierno financia la elaboración de un censo por parte de la Universidad Pública de Navarra que dará cuenta de las víctimas, obras y compañías que se beneficiaron del trabajo forzado que la dictadura puso en marcha con los presos de las cárceles y los republicanos encerrados en campos de concentración.
“Sería necesario que se nos facilitaran 200 peones de los que actualmente se hallan en calidad de prisioneros en los campos de concentración”. Con esta petición, la empresa Ginés Navarro e Hijos S.A. reclamaba en 1938 a la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) que pusiera a su disposición a dos centenares de trabajadores para terminar las obras del pantano de la Cuerda del Pozo, en Soria. Se trataba de republicanos encerrados a medida que los franquistas iban conquistando territorios tras el golpe de Estado y que no solo fueron privados de libertad, sino también utilizados como mano de obra barata y sometida para erigir y reconstruir la Nueva España. Los ‘niños de la Guerra Civil’ españoles llevan un año sin cobrar su pensión de Rusia: «No podemos esperar más»
El trabajo forzado de la dictadura es una de las facetas menos conocidas de la represión franquista y un territorio recién comenzado a explorar por los historiadores. Por eso el Gobierno acaba de dar el primer paso para elaborar un inventario que dé cuenta de cómo funcionaba este engranaje utilizado por el régimen de Franco contra el “enemigo” y que detalle sus implicaciones. El objetivo es contar con un censo oficial que dé cuenta de qué obras se levantaron, quiénes fueron los afectados y qué entes públicos y compañías privadas se beneficiaron.
Es una previsión contenida en la Ley de Memoria Democrática y para ello el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha otorgado 600.000 euros a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en la que están algunos de los mayores expertos en la materia, para que en el plazo de tres años elabore el proyecto. “Falta mucho por saber. Hay un vacío en comparación con otras formas de represión de la dictadura a pesar de su envergadura. No tenemos cifras totales, no están todas las víctimas identificadas con nombre y apellidos y hay que seguir investigando”, apunta el historiador de la UPNA Juan Carlos García Funes, que va a encargarse de liderar el proyecto.
Prisioneros trabajando en las minas de hierro y carbonato de Gallarta (Bilbao, Bizkaia). Biblioteca Nacional de España
El régimen franquista puso en marcha dos sistemas de explotación laboral diferenciados: el primero estaba vinculado a los campos de concentración en los que los sublevados iban encerrando a prisioneros de guerra durante la Guerra Civil y el segundo fue el Sistema de Redención de Penas por el Trabajo, dirigido a los presos de las cárceles. Los primeros formaban parte de los llamados batallones de trabajadores, de los que hubo varios tipos, y los segundos estaban en destacamentos penales llevando a cabo todo tipo de obras y trabajos.
“Aunque desde el inicio de la guerra se usó laboralmente a prisioneros de guerra, fue en mayo de 1937 cuando nació el suelo legal con la aprobación de un decreto que contemplaba su supuesto ‘derecho al trabajo’” y la creación de la ICCP, que fue el principal organismo rector, cuenta el historiador Fernando Mendiola, también de la Universidad Pública de Navarra. De esta forma comenzó oficialmente la primera de las modalidades de trabajo forzado, la asociada a los campos de concentración, que fue “la mayor forma de trabajo en cautividad” de la España contemporánea, según los investigadores.
Funes ha identificado hasta ahora 290 batallones de trabajadores, integrados en su pico máximo (enero de 1939) por al menos 95.800 prisioneros. Cada uno de ellos, solía contar con entre 600 y 800 integrantes. “Los iban moviendo en función de las necesidades. Podían estar 15 días en Soria y luego un mes en Teruel… Por eso es difícil rastrearlos”, explica García Funes, que recalca que no solo sufrían la privación de libertad, sino “condiciones extremas y de explotación” con base en largas jornadas de trabajo, hambre, frío, enfermedades y maltratos físicos bajo una férrea disciplina. Según explica el historiador de la Universidad Complutense de Madrid Gutmaro Gómez Bravo, los dos sistemas compartían estos elementos. “Eran comunes los castigos, las condiciones infrahumanas o la deficiente alimentación”.
Al final de la Guerra Civil, fue tomando más protagonismo la modalidad de redención de penas por el trabajo, en el que también hubo víctimas mujeres. La diferencia es que ellas nunca salían fuera de las cárceles a trabajar, sino que lo hacían normalmente en talleres dentro de las propias prisiones. Funes tiene constancia de cómo en la de Segovia hubo mujeres que trabajaron bordando reposacabezas para los vagones de los trenes de Renfe. El número de trabajadores que redimían pena fue incrementándose con los años a medida que disiminuía el de los campos de concentración: en abril de 1943 la cifra alcanzó los casi 28.000 presos trabajadores.
No todos los republicanos encerrados en campos de concentración formaron parte de los batallones de trabajadores. Dependía de la clasificación puesta en marcha por los sublevados, que los dividía en afectos, desafectos y afectos dudosos al “Glorioso Movimiento Nacional”. En base a interrogatorios e informes del alcalde, el cura, la Guardia Civil o la Falange de sus poblaciones de origen, decidían: a los que habían tenido cargos importantes en el Ejército Republicano se les enviaba “a consejos de guerra” y muchos eran “fusilados o condenados a penas muy altas”, describe Mendiola. Los afectos pasaban a formar parte del Ejército franquista y los dos últimos grupos –militantes, votantes o simpatizantes de izquierdas– se convirtieron en trabajadores forzados.
El de los campos de concentración fue el sistema preferido durante la contienda, hasta el punto de que el propio Ejército franquista “lo utilizó para ganarla” y después “para reconstruir el país”, sostiene Funes. Los tipos de trabajo fueron variados en función de las necesidades del momento: desde tareas en la retaguardia y el frente como cavar trincheras, construir fortificaciones, desactivar bombas o extracción de minas a pavimentar ciudades y pueblos, recuperar de tendidos, mejorar suministros, reconstruir puentes y accesos o levantar vías de tren.
El trabajo forzado en los campos de concentración fue menguando con el tiempo, aunque su vida se alargó hasta 1942 con la integración de jóvenes en edad militar calificados de desafectos. El sistema fue progresivamente dejando espacio a la otra modalidad: la de la redención de penas. En este caso, los obreros eran presos que habían sido condenados en un momento de enorme masificación de las cárceles y tras el sistema latía una profunda intención represiva: la finalidad era “españolizar” a los ‘rojos’ y “arrancarles el veneno de las ideas de odio y antipatria”, según la orden que creó el Patronato de Redención en octubre de 1938.
Prisioneros trabajando en un taller de reparación de coches del Campo de Concentración de Deusto, en agosto de 1938. Biblioteca Nacional de España
Los presos veían reducida su condena y recibían un pago por su trabajo, aunque “la mayor parte del dinero” que se adjudicaba por cada uno “iba a costear su alojamiento y manutención”, según describe Mendiola. “Hay quienes dicen que esto no es trabajo forzado, pero tenemos que tener en cuenta la realidad de las cárceles franquistas, sobre todo en la inmediata posguerra. Estaban totalmente hacinadas, con unas condiciones de vida horrorosas y sometidos a condenas larguísimas. La violencia era tan extrema y había tanto sometimiento que incluso la negativa de salir a trabajar podía ser objeto de represalias”.
El papel de las empresas
En ambos sistemas hay constancia de que hubo empresas que recurrieron a este tipo de mano de obra, además de administraciones públicas como diputaciones o ayuntamientos y el propio Ejército. La idea de la investigación que liderará la UPNA será dibujar un mapa lo más completo posible de entes beneficiarios, también de las compañías privadas, cuya presencia fue mayor en el Sistema de Redención de Penas por el Trabajo. De algunas es posible seguir el rastro hasta nuestros días al haber sido absorbidas o fusionadas con otras.
Es el caso de Ginés Navarro e Hijos S.A., cuyo presidente fue condenado en 1991 y que seis años más tarde fue absorbida por OCP Construcciones, convertida en la actual ACS, presidida por Florentino Pérez. Un periplo similar siguen algunas otras compañías que se sirvieron del modelo de mano de obra puesto en marcha por los sublevados: Entrecanales y Távora, integrada hoy en Acciona o Huarte y Compañía S.A, ahora en OHLA, son algunas otras, según la investigación llevada a cabo hasta ahora por García Funes y Mendiola.
Esta última fue una de las involucradas en la construcción del Valle de Cuelgamuros, que utilizó trabajadores del Sistema de Redención de Penas por el Trabajo. Otro de los símbolos más megalómanos del régimen, la cárcel de Carabanchel, fue también levantada a partir de 1941 usando esta mano de obra para pasar después a encerrar a miles de presos republicanos y convertirse en un símbolo de la dictadura. Con todo, los investigadores recalcan que “aún queda mucho por saber” también de las compañías y este será un objetivo clave del censo.
Prisioneros siendo trasladados al trabajo en el frente de León, en septiembre de 1937. Biblioteca Nacional de España
Un papel relevante desempeñó también Renfe (y antes de 1941, las empresas ferroviarias españolas que se integraron en la operadora pública como Norte o MZA). Y es que la dictadura empleó a miles de prisioneros de guerra y presos republicanos para reparar y erigir kilómetros del trazado ferroviario, algo que se extendió hasta finales de los años 50. Por varias de las vías aún pasan los trenes, algunas se han convertido en Vías Verdes y otras tantas están desmanteladas. Esta faceta de la represión fue reconocida en 2021 por Renfe y el Ministerio de Fomento, que inauguraron una página web sobre memoria histórica ferroviaria en la que aluden a ello.
Sin embargo, no es habitual que las obras erigidas con mano de obra forzada cuenten con algún tipo de señalización. Tampoco que las empresas beneficiadas hayan iniciado algún tipo de proceso al respecto, una situación que “contrasta” con lo ocurrido en otros países, según García Funes. “Si miramos a Alemania o Argentina, por ejemplo, ha habido asunción de responsabilidades y reparaciones económicas. En Alemania, las compañías financiaron investigaciones y facilitaron la apertura de sus archivos privados”, explica el historiador.
En España, la Ley de Memoria Democrática establece el impulso de “actuaciones para el reconocimiento y reparación de las víctimas”, pero no especifica más allá que “la señalización” de los lugares y la realización del inventario. En el aire está ahora si el proyecto se traducirá en algo más que conocer en detalle lo que ocurrió.
Durante décadas, un aura de devoción ocultó a Sor María Florencia Gómez, quien manejó adopciones bajo sospecha, muertes falsas y madres silenciadas. Su muerte, el 22 de enero de 2013, cerró la puerta judicial a una de las historias más oscuras de España
Sor María Gómez Valbuena sale escoltada del juzgado tras declarar por una de las causas de bebés robados en Madri
Bajo el hábito azul de las Hijas de la Caridad, Sor María Gómez Valbuena proyectaba la imagen de una mujer frágil, dócil y dedicada al servicio religioso y humanitario. Muchos la recuerdan caminando por los pasillos de maternidades madrileñas con un rosario en la mano y un gesto sereno que inspiraba confianza. Pero detrás de esa calma se ocultaba algo que, décadas más tarde, revelaría uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea de España.
Su nombre comenzó a ser repetido y a cobrar relevancia cuando las nuevas leyes españolas y las asociaciones civiles permitieron reabrir denuncias antiguas. Madres que afirmaban haber perdido a sus hijos en maternidades donde la religiosa tenía un poder inusual comenzaron a hablar. No estaban equivocadas. Con el tiempo, su firma apareció vinculada a cientos de adopciones irregulares, declaraciones de fallecimientos sin cuerpo y expedientes diseñados para borrar huellas. No era solo una mujer acusada: era la cara visible de un engranaje que sobrevivió a dictaduras, transiciones democráticas y silencios institucionales.
La Justicia estaba a punto de sentarla en el banquillo. Por primera vez, una figura de la Iglesia española iba a responder por el robo sistemático de bebés. Pero el 22 de enero de 2013, antes de que comenzara el juicio, Sor María murió. Con ella se cerró la única causa en la que se había logrado imputarla formalmente, y con su muerte, una parte de la verdad se fue para siempre.
Escena de la serie española "Niños Robados", protagonizada por Blanca Portillo, basada en las denuncias contra Sor María (captura)
Los años de poder en la maternidad
María Gómez Valbuena nació el 8 de abril de 1925 en un pequeño pueblo leonés y muy joven ingresó a la vida religiosa, en los años en que la Iglesia española adquiría un poder extraordinario sobre la vida civil y sanitaria. Luego de finalizada la Guerra Civil en 1939 y durante todo el franquismo (1939-1975), muchas maternidades, centros de menores y hospitales quedaron bajo gestión directa o indirecta de congregaciones religiosas. Fue precisamente en ese contexto donde Sor María encontró terreno fértil para construir una influencia que iba a perdurar durante décadas.
En la Casa de la Maternidad y, más tarde, en la Clínica Santa Cristina, la religiosa fue escalando de un simple rol asistencial a tener poder casi absoluto sobre los procesos de acogida, adopción y trámites administrativos vinculados a madres en situación de vulnerabilidad. Las médicas, enfermeras y demás trabajadoras que compartieron esos años con ella llegaron a describirla como “una figura omnipresente”. Decían que estaba en los pasillos, en los partos, en las oficinas donde se firmaban documentos y en las salas donde las madres esperaban noticias de sus bebés.
Entre los años 1970 y 1984, era un mundo en sí mismo. Las madres solteras llegaban en busca de ayuda en una España donde serlo aún implicaba vergüenza social, desprotección económica y el riesgo de perder la custodia de otros hijos. Muchas ingresaban confiadas al ver a la monja que, según los folletos de la época, ofrecía “asistencia en dificultades”. Pero para varias de ellas, esa asistencia se transformaría en pesadilla.
La combinación entre su rol religioso y el vacío institucional generó un terreno perfecto para que la palabra de Sor María fuera ley. No era médica, no era directora, no tenía cargo jerárquico formal. Y sin embargo, tenía acceso a los registros, a los bebés recién nacidos y a las decisiones sobre quién podía verlos y quién no.
Pilar, la hija que nunca murió
Entre todas las denuncias que surgieron décadas más tarde, hubo una que lo cambió todo. María Luisa Torres, madre separada y en una situación vulnerable a comienzos de los años ochenta, acudió a Sor María buscando apoyo. La religiosa la recibió con comprensión, con promesas de ayuda y una aparente preocupación maternal por su situación. En ese diálogo de confianza comenzó a gestarse la tragedia.
Cuando María Luisa tuvo a su hija, la monja le dijo que había nacido muerta. No le mostró el cuerpo. No le entregó acta de defunción ni ningún documento que lo certificara. Pero, cómo no iba a creerle. Hubo solo una frase seca entre religiosa y administrativa: “Ha fallecido”. Y así le quedó resonando a María Luisa durante casi treinta años, en los que no tuvo más respuestas ni otras pruebas que la palabra de la monja. Pero, con el tiempo, tuvo un presentimiento y la idea de que “algo” no encajaba...
Sobre la presunta muerte de su hija se inició el primer caso judicial contra Sor María. Décadas después, gracias a su insistencia, a la ayuda de asociaciones de víctimas y a la aparición de nuevas herramientas de identificación genética, logró encontrar a su hija viva. Su pálpito de madre no falló. Y fue ese reencuentro el que destapó la falsa imagen y los delitos de apropiación de bebés que Sor María había sostenido desde 1982: Pilar había sido entregada en adopción a otra familia, con documentación falsa y con la desesperación de su madre, que la creyó muerta.
Escena de la serie "Niños Robados" que revive el momento en que María Luisa pide abrir el ataúd de su beba y está vacío (captura)
Fue la primera vez que la Justicia española reunió pruebas suficientes para imputar a la religiosa por detención ilegal —es decir, privar ilícitamente de libertad a una persona, en este caso, al retener y entregar a una recién nacida sin autorización ni consentimiento de la madre— y falsificar documentos públicos. Sor María se presentó ante el juez, pero se negó a contestar preguntas. El silencio, que durante décadas había sido su método de control, ahora se transformaba en su defensa.
El caso Torres se convirtió en símbolo. No solo por la verdad que reveló, sino porque dejó al descubierto un patrón que aparecía en cientos de testimonios: madres vulnerables, bebés retirados de forma repentina, certificados contradictorios, entierros sin cuerpo y una cadena de funcionarios, médicos y religiosas que actuaban como piezas de un engranaje opaco.
María Luis y su hija Pilar, 30 años después (EFE/Paco Campos)
Voces que rompieron décadas de impunidad
Cuando se reabrió la primera causa, otros relatos comenzaron a emerger. Otras mujeres que habían guardado silencio por vergüenza o por miedo se animaron a contar lo que había ocurrido décadas antes. Familias adoptivas que nunca habían dudado de la procedencia de sus hijos se encontraron de golpe con la sospecha de haber sido beneficiarias involuntarias de un delito.
Los expedientes que empezaron a revisarse mostraban irregularidades que desbordaban el caso de Sor María. Había documentación desaparecida, certificados contradictorios, neonatos declarados muertos sin que constaran necropsias ni registros hospitalarios. En algunos casos, madres que habían pedido ver el cuerpo de sus bebés fallecidos recibían como respuesta evasivas o entierros inmediatos, sin participación familiar.
La trama, según investigadores y asociaciones, funcionó durante el franquismo como un mecanismo ideológico —para “rescatar” a hijos de madres consideradas moralmente inadecuadas— y luego, ya en democracia, como un negocio sustentado en la ausencia de controles estatales. Aunque comenzaron a apilarse miles de denuncias en los tribunales españoles, pocas lograron avanzar y transformarse en causas. ¿Los motivos? Falta de documentación probatoria o, simplemente, el paso del tiempo.
Pero en esa red extensa, el nombre de Sor María aparecía una y otra vez. No en todas, pero sí en una cantidad que llamaba la atención de los jueces. Su firma estaba en numerosos expedientes de adopción de la década del ochenta, y muchas madres la señalaban como la persona que había intervenido directa o indirectamente en la separación de sus hijos.
Sor María Gómez Valbuena dejó sus funciones en la Clínica Santa Cristina en 1984 debido a problemas de salud y, a partir de entonces, se recluyó en su congregación.
Para comienzos de la década del 2000, especialmente a partir de 2008, cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias y las investigaciones judiciales, su estado físico ya era notablemente frágil, en contraste con la magnitud de las acusaciones que pesaban sobre ella. En ese momento, los medios empezaron a cubrir masivamente el tema y se crearon plataformas como “SOS Bebés Robados”. También en ese tiempo, fundamentalmente a partir de 2011 y 2012, España empezó a revisar públicamente la historia de los bebés robados y a llevar los primeros casos ante la Justicia.
12 de abril de 2012: Sor María al abandonar los tribunales, en medio del proceso judicial que la vinculaba al robo de bebés durante el franquismo (EFE)
La muerte que cerró la causa pero no la herida
El juicio contra Sor María estaba a punto de comenzar cuando, el 22 de enero de 2013, la religiosa murió a los 87 años. Con su fallecimiento, la causa en la que había sido imputada se archivó automáticamente. Para muchas familias, fue una noticia devastadora: la única figura que había llegado a ser investigada judicialmente por la sustracción de bebés nunca enfrentó una sentencia.
Su muerte, sin embargo, no apagó la búsqueda de justicia. Por el contrario, reforzó la determinación de asociaciones y víctimas de continuar investigando y de exigir que se reabrieran expedientes. Si bien Sor María no pudo ser juzgada, su figura quedó como símbolo de un sistema que operó durante décadas bajo la legitimidad de la Iglesia, el Estado y parte de la sociedad.
Actualmente, la historia de los bebés robados sigue siendo una herida abierta en España. Hijos y madres continúan buscando sus identidades y reconstruyendo genealogías borradas. Cada reencuentro logrado confirma que detrás de los archivos extraviados y de las muertes inventadas había vidas enteras suspendidas, y que muchas preguntas siguen sin respuesta.
El impacto del caso de la monja trascendió las investigaciones judiciales y periodísticas, llegando también a la ficción y el cine documental. Su figura y el entramado de los bebés robados inspiraron películas, libros y, especialmente, la serie televisiva Niños robados, que recogió testimonios de víctimas y reconstruyó historias reales de desapariciones, búsquedas e identidades perdidas. La serie, emitida en España en 2013, puso rostro y voz a quienes sufrieron el despojo y contribuyó a mantener viva la memoria porque la muerte de Sor María cerró un capítulo jurídico, pero no la historia.
