El exjuez Baltasar Garzón, que preside la comisión creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como 'comisión de la verdad', quiere que los jueces "se impliquen" en la tarea de este órgano y ha avanzado también que la comisión debe poder tener acceso a documentación secreta para hacer su trabajo y que, por tanto, podrán solicitar desclasificaciones.
Así lo ha anunciado este jueves durante unas jornadas organizadas en el Congreso con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en la que ha sido su primera comparecencia pública desde que el pasado mes de marzo fue elegido para encabezar esta comisión, que prevé celebrar su primer pleno a principios de mayo para organizarse internamente a través de distintas subcomisiones.
Garzón ha destacado que, más allá de las unidades de Memoria Democrática y Derechos Humanos de la Fiscalía, el sector de jueces y magistrados "no está muy en línea" ni es "precisamente un ejemplo" en lo que se refiere a la investigación de los crímenes de franquismo, pero que "habrá que conseguir que se implique".
"No sé cómo, pero lo tenemos que conseguir, por lo menos que contribuyan a ese esclarecimiento de la verdad", ha dicho el exjuez antes de recalcar que el mecanismo de una comisión de este tipo "debe comportar una obligatoriedad de participación y de colaboración institucional". "Eso es lo que se pretende y lo vamos a hacer con transparencia, para que quien no participe quede retratado frente a la sociedad", ha avisado.
En esta línea, ha advertido de que "no va a haber distingos", pues este asunto se tiene que tratar "con seriedad pero también con sensibilidad social", y ha remarcado que "establecer o procurar determinar lo que sucedió también implica una justicia restaurativa para las víctimas y para la sociedad en general".
ARCHIVOS CON NOMBRES BORRADOS
El exjuez también prevé que se toparán con "muchas reticencias" para acceder a determinados archivos y que pueden encontrarse con documentos donde se hayan borrado los nombres de los autores de informes policiales. "Probablemente sus eventuales responsabilidades estarán prescritas, pero habrá que indagar e investigar", ha apuntado.
En este contexto, ha añadido que, sin perjuicio de lo que haga la Fiscalía en sus diligencias preprocesales o de indagación o constatación de hechos pasados, las instituciones o personas requeridas tendrán que responder a las preguntas de la comisión y aportar los datos que se le reclamen.
También ha dejado claro que "tendrá que haber un acceso a los archivos sin más limitación que la legal" y ha recordado que esa "limitación legal puede ser interpretada" y que se pueden desclasificar documentos "con la finalidad específica del establecimiento de la verdad".
"Cada cual va a tener que asumir el rol que le corresponde, porque esto lo hacemos en serio o no lo hacemos", ha subrayado, enfatizando que él no se va a "prestar a hacer una faena de aliño" porque "el derecho a la verdad es sagrado", ha "costado mucho tiempo muchas vidas y muchas luchas" y en España sólo han trabajado por él las víctimas y las asociaciones memorialistas.
Garzón calcula que la comisión no tiene "más de un año de margen" para realizar su tarea y que deberá proporcionar unos resultados "firmes" y "sólidos" para que "quien venga después" no pueda "anular sus conclusiones".
"Que cada cual sepa la responsabilidad que asume, porque esto no es solamente una cuestión personal, social, o nacional; es internacional y no podemos defraudar ni a las víctimas ni a la sociedad española", ha dicho, incidiendo en que conocer qué pasó en el franquismo es crucial para garantizar el derecho a la no repetición.
TAMBIÉN LOS ABUSOS DEL BANDO REPUBLICANO
En este punto, el exmagistrado ha dicho ser consciente de que se "navega en aguas turbulentas y al filo de la navaja" porque el PP ya ha anunciado que derogará la Ley de Memoria Democrática si llega al poder. "Una comisión de esta envergadura necesitaría años y años, pero no los tenemos", ha admitido, tanto por lo que pueda ocurrir electoralmente como porque el esclarecimiento de estos crímenes llega ya muy tarde.
Además, ha hecho hincapié en que el órgano que preside "va a ser transparente" y se articularán mecanismos para que su trabajo sea accesible a la ciudadanía "en tiempo real".
El plan es trabajar en distintos ámbitos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, torturas, el sistema penitenciario, las deportaciones, los campos de concentración, colaboracionismo de la Iglesia y de determinadas empresas y entidades bancarias, las confiscaciones, y la represión específica contra las mujeres y el colectivo LGTBI.
