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Hi ha coses del recurs de Camps que xoquen.
Que intenti la nul.litat del procés per defecte de forma perquè així no quedaria absolt sinó que hom hauria de reiniciar el procés.
Que digui que ha pagat els trajos i que no en guarda factures. Jo tampoc no les guardo però de segur que si les necessités la botiga en què he comprat me'n donaria còpia.
Que -i això a mi em resulta particularment indignant pel cinisme que implica la seguretat que té que la gent som imbècils- digui també, i remarco TAMBÉ, que si hi ha hagut aquests regals no seria en qualitat de President de la Generalitat sinó del PPCV.
Com quedem, Honorable, hi ha regals o no n'hi ha? Els ha pagat vostè o no? Quin horari té com a President de la Generalitat i quin com a president del PPCV?
Brève: ¿segur que no tenen res a veure els regals amb la pastuqui -quasi prop de 8 milions d'euros que se sàpiga fins ara- que ha tret a costa dels pressuposts de la Generalitat Valenciana la trama Gürtel?
I una altra cosa: el pobre Mariano es pregunta si és creïble que un President de la Generalitat es pugui vendre per uns quants trajos. Estic d'acord amb ell: no, per només uns trajos, no.
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Consulta el recurso de apelación de Camps ante el Tribunal Superior de Valencia
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Desplantes Camps
El presidente de la Generalitat valenciana calla mientras intenta de nuevo evitar el banquillo
16/07/2009
Como político, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se presenta ante los ciudadanos ardiendo en deseos de decir la verdad (aunque se niega a hablar), pero como imputado se resiste como gato panza arriba con todos los recursos a su alcance: ahora quiere la suspensión de la causa como paso previo a su archivo definitivo. Son condiciones -las de político e imputado- muy distintas, que responden a intereses distintos, pero al confluir en la misma persona deberían propiciar un discurso un poco más coherente y menos contradictorio.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
El resultado es que Camps rehúye explicarse de manera clara y creíble respecto de la acusación de cohecho que pesa contra él ante la única instancia legitimada para exonerarle: los tribunales. No sólo ante los ciudadanos ni ante sus votantes, a quienes los medios públicos de la Comunidad Valenciana -especialmente Canal Nou- hurtan información sobre el proceso abierto: siguen en esto el vergonzoso ejemplo presidencial de responder con silencios y evasivas líricas cada vez que se le pregunta. Con esta conducta intolerable, cuyo clímax se alcanzó el martes en la conferencia de prensa con el ministro de Fomento en Madrid, Camps no menosprecia a los periodistas, como él cree: menosprecia al conjunto de los ciudadanos (también a sus votantes), merecedores de otro trato en una sociedad democrática.
Ayer, en la vistilla previa a la decisión de apertura de juicio oral, se consumó el último intento por parte de la defensa de evitar a su cliente sentarse en el banquillo ante un jurado popular. Es arriesgado predecir las resoluciones judiciales, y no es procedente hacerlo, pero la experiencia enseña que es altamente improbable que un juez instructor desautorice su trabajo, sobre todo si tiene la solidez del realizado por el magistrado Flors.
El despiece del caso Gürtel en tres trozos, al tiempo que priva a la mayoría de los imputados no aforados del juez predeterminado por la ley -la Audiencia Nacional-, beneficia al menos de momento al pequeño grupo de aforados dependientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Valencia. En el caso de Camps y los otros imputados valencianos, el despiece ha prefigurado un proceso por cohecho impropio, que deja fuera la posibilidad de investigar si los trajes y demás prendas de vestir recibidas de la trama corrupta de Correa han tenido algo que ver con los contratos por más de siete millones de euros otorgados por la Administración valenciana a Orange Market.
En el marco de este proceso no cabe investigar ni imputar al que hace el regalo, como ayer decidió Flors, que remitió esa investigación al Tribunal Superior de Madrid. ¿Pero qué pasaría si en el proceso de Madrid apareciesen indicios de que los trajes regalados a Camps y compañía han favorecido las buenas relaciones de Orange Market y su jefe Álvaro Pérez con los diversos departamentos autonómicos facilitadores de los contratos?
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Trama Gürtel, cerco al PP: ¿Quién pagó los lujosos trajes del presidente Camps?
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Ahora dice que si ha recibido trajes, es como presidente regional del PP y no de Valencia
Camps insinúa que si hubo regalos, no fue para tanto
El recurso presentado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad en relación con las diligencias que se siguen contra él y otras tres personas por cohecho presenta una extraña singularidad. Por una parte reitera lo que ha sido su versión desde el principio: que no recibió regalo alguno. "Claro que me pago mis trajes", dijo al ser preguntado tras una conferencia en ABC. Pero por otra indica de forma sorprendente que en el supuesto en que fuesen probados los hechos que se le imputan, habría recibido los regalos como presidente regional del PP y no como máximo responsable de la Generalitat. Muy extraño es que alguien que sostiene que pagó los trajes, aunque aduce que no tiene los justificantes de ello, contemple la posibilidad de que se pueda probar que se los regalaron.
Esta alusión en el recurso de Camps a la posibilidad de que sí haya regalos recuerda el caso del ex vicepresidente del Consell de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos, el único de los imputados valencianos cuya suspensión de militancia fue forzada por la dirección del PP. De Campos se difundió la noticia de que admitía haber recibido regalos, pero después dio marcha atrás y sostuvo, como el resto, que pagó los trajes.
Un "consejo" judicial
Algunas fuentes judiciales barajan la hipótesis de que Camps habría recibido el "consejo" de algún magistrado del TSJ de que admitiese que recibió los trajes como regalo, aunque únicamente en función de su amistad con Álvaro Pérez y sus compañeros de trama, y no debido a su cargo o a las posibilidades de favorecer a las empresas relacionadas con Correa. Eso, de acuerdo con las fuentes citadas, favorecería la posibilidad de un archivo de las diligencias por el TSJ. El presidente valenciano, sin embargo, se ve impedido a hacerlo debido a sus propias afirmaciones anteriores. Admitir ahora que recibió regalos, cuando lo ha negado desde el principio, equivale a reconocer que mintió públicamente, lo que en un político siempre es un hecho grave.
La fórmula mixta
Así pues, en el recurso judicial parece haber optado por una fórmula de compromiso, en la que, sin abandonar la versión inicial de que no hubo regalo, insinúa que si lo hubo no fue para tanto. En cuanto al caso de Víctor Campos, podría haber seguido inicialmente los pasos del "consejo" y luego habría rectificado presionado por Camps y la dirección del PP para no dejar en evidencia al presidente y a los otros dos imputados: el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo de la Generalitat, Rafael Betoret.
El juez no suspende el procedimiento
Por otra parte, José Flors dictó este viernes un auto en el que desestima la pretensión de los cuatro imputados de que se suspenda la marcha del procedimiento mientras la Sala de lo Civil y Penal del TSJ resuelve los recursos presentados. Igualmente mantiene, contra la pretensión de estos, que continúe el procedimiento de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Eso quiere decir que, de llegarse a juicio oral, los imputados serían juzgados por un jurado popular y no por la Sala del TSJ que preside Juan Luis de la Rúa, de quien Camps dijo en su día que habría que buscar en el diccionario una palabra que defina, mejor que la de amistad, la estrecha relación que tiene con él.Manuel Muñoz es periodista y analista político
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· Las lágrimas de Correa
El juez cita a Bárcenas y Merino en calidad de "imputados provisionales"
Serán interrogados la próxima semana por presunto cohecho y delito fiscal
El juez Francisco Monterde, instructor del caso Gürtel en el Supremo, citó ayer a declarar en calidad de "imputados provisionales" al tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino, sobre los que existen indicios de haber percibido importantes cantidades de dinero de la trama de corrupción que presuntamente dirigía Francisco Correa.
Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO
El juez destaca que el secreto de las actuaciones es "lógico y fundado"
El tesorero declarará el miércoles y el diputado Merino al día siguiente
Los imputados habían pedido comparecer antes del suplicatorio
Bárcenas envió al instructor datos para justificar sus ingresos
Bárcenas ha sido convocado para el miércoles día 22 y Merino para el jueves día 23 y ambos podrán asistir acompañados de sus respectivos abogados para que puedan ejercitar su derecho de defensa. El Tribunal Supremo admite así la petición de ambos aforados de declarar voluntariamente, sin necesidad de que, por el momento, se solicite el suplicatorio al Congreso y el Senado, dada su condición de aforados.
Además, el juez Monterde informó de que ya ha recibido la totalidad de la documentación que había requerido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que, de acuerdo con la petición del ministerio fiscal, ha acordado el secreto total de las actuaciones durante el plazo de 30 días para no perjudicar el buen fin de la investigación. El magistrado destaca que la medida de secreto de las actuaciones se estima "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente".
El auto en el que el Supremo admitió la competencia para investigar el caso, señala, con respecto a Bárcenas, que de los hechos que resultan de la documentación intervenida en la causa se derivan indicios de delito. "Las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro domiciliario y las que resultan de la contabilidad intervenida", agrega la resolución, "son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico al aforado, al que se identifica con su nombre, con sus iniciales, con su apellido o con la expresión Luis 'el cabrón' empleada en la causa". La correspondencia de esas expresiones y de las iniciales con Bárcenas se acreditan con las declaraciones de personas que le identifican "como receptor de las cantidades económicas procedentes del denominado grupo Correa, además del propio contenido documental".
Bárcenas ha hecho llegar al instructor unas alegaciones, en las que trata de justificar sus ingresos, de los que ha tenido conocimiento por las publicaciones en prensa y por haber sido llamado por la Agencia Tributaria. El tesorero del PP destaca la relevancia que tiene la obtención e inmediata devolución de un crédito y las percepciones derivadas de la venta de acciones erróneamente declaradas a la Hacienda pública. Dice el auto que aunque el argumento pueda ser razonable, se contrarresta, también, con la argumentación contenida en el informe de la Agencia Tributaria que ha tenido en cuenta esas alegaciones en su informe. La justificación, de momento es insuficiente "para contrarrestar el valor indiciario que surge de la documental y de las declaraciones".
Con respecto al diputado Merino, la exposición elevada por el juez Pedreira refiere la percepción de cantidades de dinero que se detallan en la exposición y en los informes que se acompañan. "Los indicios sobre la realidad de las percepciones", dice el auto, "resultan de una doble fuente: la documentación intervenida en un registro domiciliario y un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas del 'grupo Correa', en referencia a quien parece ser principal responsable de un entramado de sociedades y empresas que son investigadas por su participación en la obtención irregular e ilícita de contrataciones de las Administraciones públicas y organizaciones". Y también sobre la entrega de dinero a funcionarios y operaciones de blanqueo y otros ilícitos que se investigan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los datos, según la resolución judicial, "permiten considerar la existencia de indicios de la entrega de diversas cantidades" a Merino, a quien se identifica con su nombre y apellido, o con las iniciales de su nombre y apellido, o, simplemente, con su nombre. Los indicios de las percepciones no sólo se corresponden con los datos que figuran en la contabilidad B del grupo, sino que existen declaraciones de personas que así lo afirman. "Como quiera que esas cantidades entregadas, presuntamente al aforado no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción", dice el auto, "y dada su condición de diputado, los indicios sobre la comisión de un delito de cohecho resultan, en principio, suficientes". Por ello considera procedente la instrucción de una causa criminal para depurar esa conducta por su relevancia penal al revestir indicios de un delito de cohecho, en sus distintas modalidades y, en su caso, los delitos fiscales en que pudieran haber incurrido.
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El tesorero considera “buena” la decisión del Supremo y “todo el PP” también se alegra
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Granados ve posible que sus agentes vigilaran a espiados
El consejero madrileño admite que se controlaron domicilios
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 18/07/2009
"No sé cuál es el resultado de los posicionamientos [de los teléfonos móviles de los ocho agentes de la Consejería de Interior investigados por una juez por espionaje], pero no creo que sea una gran noticia que en un acto público haya la demostración de que había algún miembro de la seguridad que tiene obligación de prestar seguridad a los miembros del Gobierno. No creo que tenga la menor trascendencia".
Francisco Granados
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Espionaje político en la Comunidad de Madrid
A FONDO
Prada nunca fue informado de que se le practicaran contravigilancias
Las palabras del consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, el jueves, cuando presentó la reestructuración del aparato de seguridad del Gobierno de Aguirre, admiten la posible presencia de agentes en los actos de los miembros del Gobierno regional, lo que supone un giro copernicano en la estrategia del Gobierno de Aguirre sobre su escándalo de espionaje.
Un juzgado de Madrid investiga si los ocho agentes sospechosos de redactar los partes de seguimiento del ex consejero Alfredo Prada y del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, estuvieron en los actos de los espiados. Los seguimientos incluían sus actos políticos, pero también comidas privadas, fotografías y matrículas de sus interlocutores, y seguimientos hasta el domicilio.
Para conocer sus movimientos, la juez ha solicitado a las compañías telefónicas el posicionamiento de las llamadas que pudieran haber realizado esos meses. Ante la posibilidad de que se confirme la presencia de alguno de los agentes en los mismos lugares que los políticos seguidos, Granados ya se ha anticipado a minimizarlo: "No tiene trascendencia".
Granados añadió: "Los técnicos de la Comunidad se han dedicado exclusivamente a labores de seguridad, incluida la seguridad de edificios y de las personalidades del Gobierno, como complemento de la seguridad prestada por el Ministerio del Interior. Estas actividades han sido de contravigilancia y avanzada en los actos públicos, y en edificios y en domicilios particulares".
Ahora parece reconocer que las avanzadas y las contravigilancias no eran competencia de la consejería, sino del Ministerio, ya que las acaba de encomendar a una futura unidad de 80 policías nacionales.
Portavoces de Granados no descartan que Prada haya sido protegido con avanzadas o contravigilancias, pero no precisan fechas: "No hay un informe". Prada nunca fue informado de tales protecciones, ni las ordenó en su etapa al frente de la consejería.
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Correa: "Yo a Luis Bárcenas le he llevado...1000 millones de pesetas"
A aquel hombre desconocido que acudió a la boda de Ana Aznar en 2002 le perdió su verborrea
Majadahonda, capital corrupta en los años de Aznar
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Alardeaba de las chicas de lujo de las fiestas
Este viernes, a a las 00.15. Noticias Cuatro ofrece un reportaje especial sobre el mayor caso de supuesta corrupción en el seno del PP. La investigación afecta ya a más de 30 personas
CADENASER.com 17-07-2009
Seis meses después de que se iniciara el caso Gürtel, los altos dirigentes del PP implicados en la trama están más cerca que nunca del banquillo. El juez instructor de Valencia considera que hay indicios más que suficientes de cohecho en la actuación del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Al mismo tiempo, el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo ve indicios de delito en el caso del senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas.
Avance del Especial del Caso Gürtel en Cuatro
CUATRO - 17-07-2009
Cuatro ofrece un reportaje especial sobre el mayor caso de supuesta corrupción en el seno del PP. La investigación afecta ya a más de 30 personas.
AUDIOS: Camps rehuye hablar del caso Gürtel como si no fuera con él
El juez de la 'rama valenciana' rechaza imputar a Correa, 'El Bigotes' y Crespo
Rajoy niega que Bárcenas le haya chantajeado
González Pons abre en Facebook un debate sobre el caso Gürtel
14 imputados en el extranjero en la trama Gürtel
El juez de la trama valenciana de Gürtel admite a trámite los recursos de los imputados
El juez debe decidir de forma inminente sobre la libertad de los tres cabecillas de la trama
El Supremo cita a declarar a Bárcenas y a Merino la próxima semana
Correa seguirá en prisión
Francisco Correa, 'El Bigotes, Pablo Crespo. Nombres comunes que hace unos meses no eran conocidos por el gran público y que hoy día se han convertido en todo un torbellino de noticias. Sobre todo ello habla el reportaje que esta noche emite Noticias Cuatro.
La investigación afecta a más de 30 personas, desde el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al número dos del PP en esa comunidad además de un ex vicepresidente y un ex alto cargo, un ex consejero madrileño y dos diputados regionales, cuatro alcaldes del PP de los municipios más ricos de Madrid, un ex eurodiputado, su padre, concejal y su hermano, ambos ex concejales del PP, el senador y tesorero nacional del partido y un diputado nacional miembro de la dirección del grupo parlamentario del PP.
Las bacanales de Correa
Segun revela este reportaje Correa organizaba asiduamente fiestas privadas para agasajar a los alcaldes y cargos políticos con los que quería trabajar. El propio Correa solía presumir del nivel de esas fiestas y de la clase de las chicas que acudían a ellas. Todo esto y mucho más podrá ser visto en Noticias Cuatro. Se emitirá a las 00.15 horas en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP.
Por cierto, los tres cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, van a seguir en prisión.
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El juez mantiene en prisión a Correa
El magistrado explica que la avanzada edad de sus padres y la minusvalía de un hermano no justifican la supresión de la medida cautelar.
Gürtelpedia
Bárcenas, satisfecho: "Por fin podré explicarlo todo"
El tesorero del PP considera "buena" la decisión del Tribunal Supremo de citarle a declarar en el 'caso Gürtel'.
De Cospedal cree que es "buena noticia"
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El juez no suspenderá la causa contra Camps
El magistrado rechaza la petición formulada por el president y por el resto de imputados
EFE - Valencia - 17/07/2009 14:55
El magistrado instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, no suspenderá la tramitación de la causa por cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mientras se resuelve el recurso contra su imputación.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el magistrado ha rechazado la petición formulada por Camps y por el resto de imputados -Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- en la comparecencia judicial del pasado miércoles.
En la citada audiencia, las defensas de los imputados solicitaron al juez que suspendiera el procedimiento hasta que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV se pronunciara sobre el recurso que todos ellos habían interpuesto contra el auto del 6 de julio, que ordenó continuar el proceso por la existencia de "indicios racionales" de delito.
Asimismo, el Ministerio Fiscal y la acusación popular concretaron sus imputaciones y solicitaron al magistrado la práctica de nuevas diligencias.
Respecto a esto último, el juez da por "concretada" la imputación contra los cuatro imputados y "accede a la práctica de algunas de las pruebas solicitadas", que deben llevarse a cabo en un plazo de cinco días, señalan las citadas fuentes.
El juez "accede a la práctica de algunas de las pruebas solicitadas"
Además ha acordado que el procedimiento se siga tramitando mediante la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, con lo que desestima la petición de la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE, de ampliar la causa e investigar más delitos.
El TSJCV investiga desde el pasado mes de marzo a Camps, el secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret por adquirir trajes y otras prendas de vestir que supuestamente pagó la empresa Orange Market, una de las empresas ligadas a la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y vinculada a cargos del PP.
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"Es absurdo que Camps se deje regalar trajes"
El recurso del presidente de la Generalitat señala que el juez Flors "olvida" en el auto una conversación entre Correa y Álvaro Pérez en la que se decía que había devuelto los trajes tras una sesión de fotos
REGINA LAGUNA VALENCIA
"Falaz obsesión", "fantástica afirmación", "simplemente absurdo"... Así es como va calificando la defensa del Presidente de la Generalitat Francisco Camps, en su recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia, las pruebas presentadas por el juez instructor para su imputación por un delito de cohecho. Estaría "falta de toda lógica" que "el Presidente de una Comunidad Autónoma, en este caso la valenciana, entre en la dinámica de dejarse regalar determinadas prendas a los efectos que se indican", es decir, "en consideración a su función". Este planteamiento, añade, además de "insostenible" es "simplemente absurdo" en atención a la "personalidad" del imputado. Y en esta línea de ataque se ha movido el PP en defensa del que parecía ser uno de sus barones, el presidente Camps, cuando ha entrado en el juego de minusvalorar el valor de los regalos -"dos o tres trajes"-, algo que el juez ya vino a señalar a la contra, "apelando a los "valores sociales" de quienes "ejercen funciones públicas".
La "necesaria" nulidad.
La defensa de Francisco Camps comienza pidiendo la nulidad de las actuaciones remontándose a la campaña de desprestigio del juez Baltasar Garzón, a quien el PP llegó a denunciar por prevaricación, al no haberse inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia en cuanto hubo constancia en la investigación de que había implicados cargos aforados autonómicos y, por tanto, ya no era de su competencia. A ello se añade el error procesal cometido durante la instrucción de Garzón al no constar la prórroga del secreto de las actuaciones en diciembre de 2008, con lo que "la causa ha estado secreta sin deberlo" y todo es nulo ya que ha provocado indefensión en Camps dada la "repercusión pública de la causa
"Las declaraciones de Álvaro Pérez. Permitió ratificar la "ausencia de cualquier pago por terceros de las señaladas prendas".
Las declaraciones de José Tomás. Al igual que la dirección del PP, arremete contra este testigo de cargo diciendo que sigue " la senda de las contradicciones". Y destaca que está "imputado por el TSJ de Madrid por un delito de falsedad, por lo que su declaración "no puede ser tenida en cuenta. Señala sus declaraciones a los medios de comunicación, obviando que su despido ha sido declarado improcedente hace unos días.Compras en Milano. De las testificales y la documental "no puede detraerse que Camps comprara prenda alguna en Milano". Y señala que encargó determinados trajes que "fueron devueltos". Por ello, señala que se consigne en un "balance de pendientes de pago" y que se afirme "con dudas" que "puede ser de Camps", relacionándolas con "tickets innominados" para atribuirle nuevas compras en una "escalada de ir sumando prendas en base a datos erróneos".
Compras en Forever Young.
Aquí establece su base de defensa: compró y pagó en metálico. Así, explica que "compró lo allí dicho y de la forma señalada, e incluso en una ocasión completó la cantidad en metálico un escolta en presencia del chófer", como ya declaró ante el juez. Y explica el "por qué no usa públicamente tarjeta ni talones, lo que es fácilmente comprobable". En este punto, invita al juez a comprobarlo, si "lo entiende pertinente.
Documento n.º 71.
El famoso correo electrónico que contiene el documento número 71 fue encontrado en el yate Parapipi, de Francisco Correa, en el club náutico de Altea. Camps niega esta prueba, en la que el sastre remite a Orange Market una cuenta pendiente a su nombre por importe de 4.040 euros. De este "conocido documento número 71" dice la defensa, "no puede decirse quién, cómo y en base a qué lo hizo", sembrando la duda en la que abundó la dirección del PP cuando se hizo pública la prueba. Diligencias en Castellana Inmuebles.
De la prueba realizada en la sede de Cortefiel en Madrid, dice, "se vuelve" a reiterar que "ni siquiera José Tomás dijo que se le pagara por nadie a Camps, ni que éste lo comprara" y se refiere a "supuestas compras al final no identificadas en fechas en las que, indubitadamente, no estuvo en Milano". Además, recuerda que los testigos que le vieron dijeron que "nunca estuvo antes de lo de los trajes".
El baile de facturas y pedidos.
En el Auto recurrido, "se dan por pagadas por terceros prendas que se reconoce en el propio Auto como no adquiridas por Camps". También se dice que, "a principio de 2006, Camps visitó dicha tienda", lo que "no es cierto". Además, "se citan cuatro trajes encargados y devueltos", hojas de pedidos de sastrería y hojas de inventario de Milano con anotaciones con el apellido de Camps que decían que "la anotación pudiera no ser de Camps". Incluso, los responsables de las tiendas, señala, han declarado que "no se atreven a afirmar que, efectivamente, fuera de Camps" .
Una conversación telefónica.
La defensa expone que el auto del juez se olvida de la transcripción de una conversación telefónica entre Álvaro Pérez y Correa, el 21 de enero de 2007, en la que el primero dice: " Yo no le he regalado ningún traje a ese hombre, el curita. Yo he comprado trajes a su medida porque, cuando hemos hecho una sesión de fotos, se lo ha puesto y luego me lo ha devuelto".Artículo 87 del Código de Comercio.
"Las compras y ventas verificadas en el establecimiento se presumirán siempre hechas al contado, salvo la prueba en contrario" Camps se apoya en la legislación civil para apoyarse en la ausencia de facturas apelando al "sentido común" de que acostumbraba a pagar en efectivo y, por tanto, "no puede entender la insistencia en requerir tal documental".
Los indicios racionales.
Resalta las contradicciones del sastre José Tomás, el nulo valor de la documental de la tienda Milano con "pagos en fechas imposibles", las declaraciones de la cajera de Milano y sus errores, las hojas de encargo de la sastrería Sastgor con "diferencias en las medidas de la misma persona, los informes de Forever Young con la denuncia por facturas falsas contra el sastre, que el juez "orilla" en el auto, los instrumentos de pago con cantidades globales y, por último, la "cadena de conversaciones telefónicas", de las que el juez realiza una selección "por sí y ante sí".
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El juez Flors dice que las prendas se pagaron con la Caja B de Correa
El juez relaciona la aceptación de las prendas como regalo con el pago realizado por alguien "interesado en la adjudicación de contratos"
REGINA LAGUNA VALENCIA
Una nueva prueba procedente de la investigación sobre la trama de corrupción del PP, que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha reafirmado al juez en las imputaciones de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. Se trata del informe de la Oficina Nacional de Fraude en el que se atribuye el pago de los trajes de los cuatro imputados en Valencia a través de la "tesorería oculta de la Caja B" de Orange Market, además de los manuscritos hallados en el despacho de Francisco Correa, que atribuía a éste y a Pablo Crespo los pagos de prendas.
La nueva documentación ha llevado al juez instructor, José Flors, a relacionar directamente los regalos con la adjudicación de contratos a Orange Market. En este sentido, el auto concreta la imputación de Camps, Costa, Campos y Betoret diciendo que los hechos que "indiciariamente se atribuyen" no consisten en la "mera aceptación de un único regalo que se le hubiera podido ofrecer ocasionalmente por alguien". Al contrario, remarca el juez, "lo que parece desprenderse" de la investigación es que"esas personas encargaron personalmente en distintos lugares y en diferentes ocasiones varias prendas de vestir a medida y algún otro objeto que eligieron, sin pagar su precio ni en el momento del encargo ni el momento de la recepción, aceptando que ese precio fuera satisfecho por un tercero que, además, estaba interesado en la adjudicación de contratos por la Generalitat Valenciana".
Respecto a las pruebas elaboradas por la Oficina de Fraude de la Agencia Tributaria, la primera de ellas se refiere a los pagos pendientes de Milano, relacionados con Camps y Campos, que "pudieron hacerse por Pablo Crespo con el dinero en metálico que el mismo 23 de enero recibió de la tesorería oculta o Caja B de Orange Market". La segunda prueba viene de la documentación intervenida en el piso franco de Correa, el despacho de la calle Serrano, donde había un sobre con varias hojas manuscritas. Su contenido era un listado con los nombres de los imputados, con fechas y cantidades en euros, además de los datos de una cuenta bancaria de Milano "donde poder hacer un ingreso o transferencia".
Nuevas diligencias
Por último, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez denegó la suspensión del procedimiento pedida por las defensas y aceptó la petición de algunas pruebas de las acusaciones. Así, ordena varias diligencias de la Fiscalía consistentes en peticiones de facturas, pedidos y documentación bancaria. Respecto a la petición de la acusación popular, ha ordenado la remisión de la sentencia de despido a favor del sastre José Tomás.
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"Os lo voy a montar en mi pueblo con unas tías"
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