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El Gobierno valenciano adjudicó contratos a dedo a El Bigotes
Los contratos se troceaban para eludir el concurso público y adjudicarlos a dedo - La trama corrupta cobraba por distintos conceptos de un mismo acto
P. X. DE SANDOVAL / M. OLIVARES - Madrid / Valencia - 12/07/2009
El Gobierno valenciano troceaba en pequeñas cantidades contratos públicos que adjudicaba a la empresa Orange Market, el núcleo valenciano de la trama Gürtel de corrupción vinculada a instituciones del PP. De esta forma, con contratos por debajo de 12.000 euros, eludía la obligación legal de convocar un concurso público y podía hacer la adjudicación a dedo a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, muy vinculado al presidente Francisco Camps, a quien regalaba trajes a medida hechos en tiendas de Madrid, según la investigación.
Una comida de 150.000 euros
"¡Amigo, gracias, qué buen trabajo me has hecho!"
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Para un vídeo, Pérez cobró por un lado la imagen y por otro el sonido
La Presidencia valenciana encargó a la trama unos regalos de Navidad
Esta evidencia aparece reflejada en un informe que detalla todos los contratos adjudicados a Orange Market y que elaboró la propia Generalitat valenciana para enviarlo al Tribunal Superior de Justicia valenciano. En esa causa están imputados por un presunto delito de cohecho Camps, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Camps y Costa niegan los hechos. El juez ha convocado una vista el próximo miércoles (a la que los imputados no acudirán) para decidir si abre juicio contra ellos.
El informe no se refiere a otras sociedades de la trama. Pero refleja decenas de contratos obtenidos por Orange Market. La empresa organizadora de eventos se creó de la nada en Valencia en 2004, tras llegar Camps al Gobierno. Un año después ya facturaba 2,4 millones de euros, el 70% por contratos con la Consejería de Turismo, según la investigación que llevó el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.
Aunque el contrato principal, el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo en Madrid (Fitur), lo logró por concurso (Orange Market ha obtenido esta adjudicación millonaria todos los años desde 2005, cuando ganó a pesar de presentar la oferta más cara), buena parte de los 47 contratos se hicieron a dedo. La mayoría de las consejerías, fundaciones y patronatos que contrataban a la empresa de Pérez optó por la fragmentación de un mismo trabajo en varios, justo por debajo de los 12.000 euros.
Esta misma argucia era utilizada por el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo (dimitido y suspendido de militancia en el Partido Popular) para adjudicar contratos en Madrid a las empresas de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama.
Por ejemplo, en Valencia la empresa de Pérez organizó en 2005 el Segundo Congreso de Sofware Libre. Costó 48.000 euros, pero se dividió en cuatro contratos distintos por conceptos como diseño exterior y montaje, alquiler de material, transporte, desmontaje y organización. El consejero de Educación era el mismo que hoy sigue ejerciendo el cargo, Alejandro Font de Mora.
En 2006, también se fragmentó la contratación para el Open de Tenis. Se hizo un contrato para el montaje y la organización y otro para pagar al personal auxiliar y las azafatas. Para los premios de Salud y Sociedad de aquel año se adjudicó un contrato para su diseño (11.510 euros) y otro distinto para pagar a las azafatas y la presentación del evento (4.808 euros). El responsable de Sanidad era Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración y Ciudadanía.
Más ejemplos, citados por la propia Generalitat en su informe para el Tribunal Superior. Para el montaje de un acto en la Ciudad de la Justicia en 2007 se adjudicó a Orange Market por parte del director del gabinete del entonces vicepresidente Campos (hoy imputado) un contrato de montaje por 11.000 euros. Para el mismo acto, el director general de Interior de la Consejería de Justicia adjudicó otro contrato a la empresa por 8.000 euros para material audiovisual y personal técnico.
Para que Orange Market realizara un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico se hicieron dos contratos. Uno adjudicado por el director general de Asistencia Sanitaria por importe de 11.884 euros para el alquiler del equipo y la realización; y otro, del secretario de Sanidad, por 11.930 euros para la producción y el sonido del mismo vídeo.
En la relación de contratos figura también la compra de 1.000 aparatos de radio y 2.000 pilas; el suministro de 1.000 carpetas portadocumentos para el Congreso Familia y Escuela (9.860 euros); la presentación de planes contra la violencia machista; un acto para promocionar un circuito de Golf; y otro gran contrato, por 516.000 euros, para un acto en la salida de las regatas en Alicante de la vuelta al mundo de Vela.
Los altos cargos que adjudicaron estos contratos a Orange Market y que han comparecido ante el juez lo han justificado diciendo que la empresa era conocida como uno de los proveedores de la Generalitat valenciana. Sin embargo, en 2005, cuando logró la mayor facturación por contratos de su historia, la empresa de El Bigotes, no había trabajado nunca antes para esa Administración.
La investigación judicial se ciñe a los contratos de Orange Market, aunque de las declaraciones de algún colaborador próximo a Camps se deduce que otras empresas de la trama corrupta también se beneficiaron. Por ejemplo, DownTown (nombre original de Easy Concept), otra sociedad de la red que dirigía Correa, se encargó de unos regalos de Navidad de la Presidencia de la Comunidad Valenciana. Empresas públicas, como Vaersa, o fundaciones de la Generalitat, como Agua y Progreso, también han contratado con El Bigotes.
Una comida de 150.000 euros
El informe que la Generalitat envió al Tribunal Superior valenciano también revela que el primer montaje del pabellón valenciano de Fitur que hizo Orange Market, en 2005, costó más de lo previsto por algunos extras. La Comunidad pagó 1.320.000 euros por ese pabellón y su utilización para otras cuatro ferias. Pero, además, El Bigotes facturó otros 149.035 euros por un almuerzo para el Gobierno valenciano (119.035 para la comida y 30.000 para la adaptación del local). Aparte, cobró 2.308 euros por un reportaje fotográfico, 11.995 por servicios extra y 102.000 por adaptar el pabellón para otra feria.
Angélica Such, consejera de Turismo desde junio de 2007, justificó el coste de la comida alegando que se sirvió con ocasión del Día de la Comunidad Valenciana en Fitur. Era tradición del Gobierno valenciano ofrecer una comida en el Palacio de Congresos de Madrid con tal motivo.
Ese año, recién llegada a la Consejería de Turismo Milagrosa Martínez (actual presidenta de las Cortes), con Rafael Betoret (imputado por cohecho) como jefe de gabinete, se decidió montar una carpa junto ala feria. En la comida, que contó con un espectáculo, participaron unas 800 personas, según testigos. De ser así, el cubierto habría salido por 200 euros.
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La última ofensiva de Francisco Camps para evitar el juicio
Presiones a los magistrados para que archiven la causa contra el dirigente valenciano.
MARÍA JESÚS GÜEMES - MADRID - 12/07/2009 08:00
El PP juega su última carta en la partida de Francisco Camps. Su defensa presentará el lunes un recurso contra el auto del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), José Flors, quien considera que hay "indicios racionales suficientes" de un delito de cohecho en la actuación del presidente de la Generalitat.
La mayoría de los dirigentes del PP valenciano están convencidos de que se archivará la causa. Desde que saltó este escándalo, repiten que es imposible demostrar que hubo regalos a cambio de una contraprestación. Pero, con el Código Penal en la mano, Camps habría cometido un delito simplemente por aceptar obsequios en condición de su cargo. Y eso es, precisamente, lo que sostiene el juez instructor de la causa contra él.
Así que, ante la díficil situación jurídica de Camps, desde el PP han lanzado su propia ofensiva. Hay fuentes conservadoras que reconocen que "las presiones" que se están ejerciendo sobre los magistrados de la Sala de lo Penal y de lo Civil del TSJCV son "como jamás se habían visto antes". Ya no es sólo que Camps confíe en que el pronunciamiento de estos jueces, que responden a un perfil conservador, le permita salir indemne del caso Gürtel.
Es que además desde su formación se les está haciendo llegar varios mensajes como que de ellos depende que se "desestabilice o no la Comunidad" y que "no tiene sentido poner fin a la carrera de un presidente por unos hechos que podrían suponer una multa de pocos miles de euros".
Evitar el escarnio público
Además piensan que no van a ver a Camps sentado en el banquillo porque el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, le evitará ese escarnio público. Siempre se ha puesto en duda su objetividad teniendo en cuenta que en 2008 Camps dijo que habría que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad para definir "la íntima y sentida relación" que les unía. Después de semejante declaración hay dirigentes del PP que afirman haber escuchado recientemente a De la Rúa comentar que él "no piensa acabar" con la trayectoría del presidente de la Generalitat.
Pero frente a este optimismo, algunos miembros del PP mantienen sus reservas. Son aquellos que han visto cómo su partido se equivocó cuando decía que el caso no iba a llegar a los tribunales, que Camps no iba a tener que ir a declarar en calidad de imputado y que, menos aún, se hablaría de juicio oral.
Desde el Partido Popular se pide al Tribunal que no "desestabilice la Comunidad"
Recuerdan que De la Rúa ha cumplido su mandato y que está a la espera de ser reemplazado en el cargo. Cuentan que sus aspiraciones son llegar a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y que, precisamente por eso, podría no aventurarse en decisiones que pudieran comprometer su ascenso.
Otros valoran que este asunto sólo se cerrará si la Sala entiende que existió durante el proceso algún tipo de irregularidad y no creen que eso vaya a ocurrir. Dentro del PP no olvidan que el caso Naseiro se archivó en el Supremo porque las escuchas telefónicas, que pusieron en alerta sobre una posible financiación irregular, se habían ordenado en el transcurso de una investigación por narcotráfico y, por tanto, su utilización no gozaba de supervisión judicial.
"Error inicial de estrategia"
A la espera del desenlace, un alto cargo del PP estima que todo lo que ha sucedido deriva de "un error inicial de estrategia". Piensa que desde el primer momento se le tenía que haber hecho una pregunta clave a Camps: "¿Tienes las facturas?" Y si la respuesta era que no, convocar una rueda de prensa y reconocer que el líder del PP valenciano había recibido una serie de trajes por parte de un amigo.
Son varios los que piensan en el PP que ahora todo se ha enredado y, lo que es peor, hay quienes se sienten "dolidos" porque Camps les ha engañado. "La mentira es lo peor de todo esto", señala un diputado Y no lo dicen tan sólo por que no les cuadra lo de los pagos, también le echan en cara que dijera que no conocía de nada a Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama corrupta, cuando luego resultó ser su "amiguito del alma".
Pero Camps tiene pensado seguir adelante con su táctica. Al contrario que el ex vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos quien, según El País, admitirá ante el TSJCV que recibió regalos de las empresas que dirigía Francisco Correa. Campos se desmarca así de la línea oficial remarcando que eran presentes que no se hicieron con la intención de lograr favores a cambio. Pero aunque trate de quitarle hierro al asunto, el auto del juez Flors deja claro que no existe "ninguna causa o razón diferente a la condición personal de los receptores de las prendas y a la función pública que desempeñaban que permita explicar por qué motivo Álvaro Pérez o las sociedades a las que el mismo estaba vinculado tuvieran que obsequiarles de aquel modo".
Sin plan B
Tras conocerse el lunes la resolución del TSJCV, en la sede nacional del PP se desataron los nervios. El equipo de Rajoy ha tenido que ir configurando sus respuestas sobre la marcha. Hace unos días, un periodista le preguntaba a uno de los responsables de marcar las líneas a seguir qué se iba a hacer si fallaba la apelación de Camps. "¿Hay un plan B?", quiso saber. No hubo respuesta. En el Comité de Dirección conservador simplemente no piensan que pueda haber apertura de juicio oral. "Es algo que no nos planteamos porque esto está mal resuelto en el fondo y en la forma", insisten.
En el PP han tenido que pasar de defender con uñas y dientes que Camps lo tenía todo en regla a minusvalorar la cuantía de los regalos. Incluso algunos dirigentes han minimizado el delito y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, llegó a pedir una reforma del Código Penal. También siguen manteniendo que se trata de una campaña de acoso y derribo orquestada por el juez Garzón y el Gobierno, pero ahora el mayor culpable es el sastre, José Tomás García. Insisten en desprestigiarle, obviando que el juez se apoya, además de en su declaración, en otros 10 indicios.
En lo que todos coinciden, dentro del PP, es en que Camps no debe enfrentarse a un jurado popular porque eso "achicharraría" su imagen y están convencidos de que hay más posibilidades de que se emitiera una sentencia condenatoria. En el PP insisten en que no hay precedentes y explican que, si se llega a ese extremo, y se entra en una "fase contradictoria", Camps llevará testigos que evidenciarán que saldó sus cuentas.
Para muchos Camps no podría soportar que el juicio se retransmitiera en abierto y que esta situación se dilatara en el tiempo. Dicen los que le rodean que está "hundido" aunque trata de aparentar que nada le afecta. Nadie quiere manejar la "hipótesis" de su dimisión. Algunos no saben si será capaz de soportar la presión aunque dicen que Rajoy le anima a resistir de cara al futuro. El líder del PP le ha prometido que estará con él "pase lo que pase". Algunos dirigentes del PP no comprenden el silencio de su jefe de filas y sus colaboradores confirman que lo está pasando mal. El día 15 se procede a la vista oral. Camps no irá. No quiere exponerse más mediáticamente.
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Disparen sobre el sastre... de cargo
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El tesorero amenaza con destapar “asuntos comprometedores”
Bárcenas acusa a Aznar de introducir a Correa en el partido y advierte que tirará de la manta de la boda de su hija y Agag
ELPLURAL.COM
Nuevas revelaciones en el caso Gürtel, que conducen directamente al ex presidente del Gobierno, José María Aznar: el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha amenazado con filtrar información sobre “algunos asuntos teóricamente comprometedores, como la boda de Ana Aznar con Alejandro Agag”. La declaración ha salido a la luz en medio de la tensión que se ha vivido en los últimos días en Génova, 13, la sede de los populares, donde la secretaria general, María Dolores de Cospedal, en una reunión privada con Bárcenas, el pasado día 3, le pidió que “renunciara a su cargo, por el bien de la organización y por el suyo propio”.
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La respuesta de Bárcenas no fue sólo decir no, sino que ha hecho insinuaciones de todo tipo. Bárcenas ha declarado que fue el mismo José María Aznar quien llevó al cabecilla de la trama corrupta de Gürtel, Francisco Correa, al partido y que existen “asuntos comprometedores en la boda Aznar-Agag” que puede revelar.
"Mamones y ..."
Bárcenas, que está siendo asesorado, entre otros, por el ex secretario general del partido, Francisco Álvarez-Cascos, utilizó frente a María Dolores de Cospedal una frase, refiriéndose a la dirección del PP, según refiere El Mundo: "Aquí lo que hay son muchos mamones y lo que faltan son cojones". El tesorero del PP mostraba así su malestar con las declaraciones de algunos miembros del partido y, en especial, con las del diputado Vicente Martínez Pujalte, que manifestó que había mucha gente en el partido que pensaba que lo mejor era que dejara su cargo.
La reunión, suave, con Rajoy
Tres días después de la reunión con Cospedal, el lunes 6 de julio, fue el líder de los populares, Mariano Rajoy, quien sentó a Bárcenas en su despacho de Génova. Rajoy fue menos tajante que la secretaria general, pero aconsejó al tesorero que renunciara por su bien, aunque no le pidió que abandonara su puesto. Es evidente que el presidente del PP está siendo excesivamente cauteloso y suave en este tema, hasta ahora no sabemos por qué.
“Antes de caer, me los llevo por delante”
El tesorero ha dejado caer el peso de sus amenazas también sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su segundo, Ignacio González, a los que atribuye algunas filtraciones comprometedoras para él, aparecidas en varios medios de comunicación. Refiriéndose a ellos afirmó: “Antes de caer yo, me los llevo por delante”
Los manejos de la Comunidad
Luis Bárcenas tiene desde hace ya tiempo relaciones tensas con el Gobierno de Madrid, desde que el tesorero, en 2007, intentara que la Comunidad adjudicara contratos a la empresa de seguridad Serygur, gestionada por Álvaro de la Cruz, ex director de Innovación Tecnológica del PP y ex jefe de gabinete de Álvarez-Cascos cuando este era ministro de Fomento. Bárcenas no pudo salirse con la suya porque al parecer el vicepresidente madrileño, Ignacio González, favorecía a otra empresa, con cuyo propietario tenía estrechas relaciones, al punto de que su nombre aparecería luego en un dossier acompañándolo en uno de los viajes que fueron sometidos a espionaje [dentro de la trama de espionaje en la Comunidad], y que ahora investiga la Justicia.
El suplicatorio
El viernes, la Fiscalía del Supremo elevó un escrito al juez que instruye la causa, Francisco Monterde, en el que solicita que pida al Congreso de los Diputados y al Senado los suplicatorios que permitan llamar a declarar a Luis Bárcenas, que es, además, senador por Cantabria, en relación con la trama de corrupción del caso Gürtel.
Los indicios contra él
El sumario que contiene los indicios contra Bárcenas incluye la declaración del ex concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que entregó a la Fiscalía Anticorrupción la grabación de unas conversaciones de Francisco Correa con frases comprometedoras para el tesorero del PP. Otro ex concejero del mismo Ayuntamiento, Juan José Moreno corroboró el testimonio de Peñas.
"Dinero dado a Bárcenas"
El sumario también cuenta con la declaración de Felisa Isabel Jordán. La ex administradora de Easy Concept, una de las principales empresas de la trama manifestó ante el juez que Correa hablaba a menudo «del dinero dado a Bárcenas». En los documentos y materiales informáticos hallados durante los registros en las empresas Gürtel aparecen repartos de dinero entre un grupo de personas. Una de ellas es LB, las iniciales de Luis Bárcenas, así como “instrumentos para la identificación” de este, como uno de los receptores de dinero y viajes.
Hacienda y paraísos fiscales
Por útlimo, un Informe de la Agencia Tributaria reveló que «las cantidades recibidas por Bárcenas en los años 2002 y 2003 no fueron declaradas» y que existen datos que «ponen de manifiesto la vinculación del tesorero del PP con entidades domiciliadas en paraísos fiscales».
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