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La oposición advierte usos mafiosos en "el espionaje" de Camps a Costa
PSPV, Compromís y Esquerra Unida subrayan la debilidad del presidente
M. OLIVARES - Valencia - 12/10/2009
La supuesta "investigación" que ayer reveló El Mundo a la que Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, sometió a Ricardo Costa, su número dos en el partido y cuya cabeza habría de ser servida en bandeja a Génova mañana para aplacar el escándalo desatado por la difusión del sumario del caso Gürtel, desató las más airadas reacciones de todos los partidos de la oposición parlamentaria. Un portavoz de la Generalitat negó cualquier credibilidad a la investigación y sugirió que la información respondería a una lectura sesgada de la auditoría externa sobre las cuentas del partido y la gestión de Costa como secretario general. O, tal vez, sobre la exigencia del PP a Costa para que justificara el pago de un vehículo por 65.000 euros, algo que ya hizo el secretario general y satisfizo al partido.
La Generalitat ve una interpretación torcida de la auditoría del PP
Mireia Mollà: "Camps se ha instalado en un estilo facineroso"
Pero Víctor Sahuquillo, secretario de Acción Electoral del PSPV, ofreció otra lectura del asunto. "Los métodos mafiosos de Francisco Correa, Álvaro Pérez y los otros hombres de Don Vito calaron tanto en la Comunidad Valenciana que hasta el propio Camps los ha puesto en práctica investigando a su número dos".
"Las divisiones internas del PP no sólo afectan a Alicante y a los grupos de campistas y ripollistas, sino que en la cúpula del partido, las disensiones también se dejan sentir", siguió Sahuquillo.
Según El Mundo, Camps habría ordenado investigar a Costa y a Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell, con el conocimiento de Juan Cotino, vicepresidente social y, en su día, director general de la Policía. Camps buscaría algún argumento definitivo que esgrimir ante el Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana, que está convocado mañana, para "cesar temporalmente" a Costa y salvar la cara ante las presiones de Mariano Rajoy, presidente nacional del PP, para que tome decisiones "contundentes".
Costa ni ha dimitido ni parece tener ninguna intención de hacerlo. Su hermano, el ex ministro Juan Costa, que renunció a un cargo ejecutivo de relevancia en una gran empresa de ámbito internacional para dirigir la última campaña electoral de Rajoy, tampoco parece dispuesto a asumir que su hermano pague todas las culpas por el escándalo de financiación irregular del PP. Juan Costa ya ha hecho saber que su hermano se limitaba a seguir órdenes. De Camps, naturalmente.
La supuesta investigación del número uno al número dos del PP de la Comunidad Valenciana también provocó la fulminante reacción de Compromís y Esquerra Unida.
Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en el grupo Compromís, dijo: "El espionaje de Camps para buscar trapos sucios de sus colaboradores demuestra el estilo facineroso en el que se ha instalado el PP. Es un hecho muy preocupante, una vuelta más de tuerca de la actitud antidemocrática de un PP en el que nadie se fía de nadie y todos sospechan de todos. Y es que el ladrón piensa que todos son de su condición". Mollà se preguntó: "¿Qué más busca Camps de Costa si con la lectura del sumario y de la información de la prensa es más que suficiente? ¿O lo que realmente estaba buscando era la información que le implica a él para eliminarla?"
Marga Sanz, coordinadora general de Esquerra Unida, apuntó que las supuestas investigaciones ponen de manifiesto la necesidad de "una limpieza interna de calado" en el seno del PP de la Comunidad Valenciana. Según Sanz, el único objetivo verosímil de la investigación "sería blindar a Camps".
Ayer fue imposible contactar con Ricardo Costa y con Gerardo Camps para que ofrecieran su versión sobre la información.
Los portavoces de la oposición subrayaron que la supuesta investigación revela la debilidad de Camps para desprenderse de Costa. "Parece que Camps no sentía lo mismo por Costa que por El Bigotes. Es un blanco fácil, la víctima que debía cargar las culpas de Gürtel para que él saliera impune", dijo el socialista Víctor Sahuquillo.
Siete constructoras favorecidas por el PP en Madrid pagaron 10 millones en sobornos
La trama se repartía las comisiones ilegales con políticos populares, según la policía
JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 12/10/2009
Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.
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Francisco Correa
A FONDO
Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.
Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.
La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.
Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.
- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".
En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.
- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).
- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.
- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.
En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado).
- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.
La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.
El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.
- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.
- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento.
Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.
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La alcaldesa de Valencia los ha acusado de "abuso institucional" y ha pedido explicaciones por hechos "indecentes" e "inmorales".
El ministerio de Arenas contrató a la trama
Con motivo del funeral del 11-M. Presidencia encargó a Easy Concept el montaje de los estrados para cámaras en la Almudena.
ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 12/10/2009 07:30
Easy Concept, una de las empresas del núcleo duro de la trama Gürtel, trabajó para el Ministerio de Presidencia en marzo de 2004, cuando el entonces titular del departamento y vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, estaba ya en funciones tras la victoria electoral de Zapatero. Según ha sabido Público, A Easy Concept, entonces denominada Down Town Consulting, se le adjudicó a dedo el montaje de los estrados para las televisiones en el funeral de Estado por las víctimas del 11-M, celebrado el 24 de marzo en la catedral de la Almudena. La agencia Efe anunció la fecha del funeral el 16 marzo.
Por ese encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros. Así consta en un informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept incluido en el sumario Gürtel. Como en la mayoría de las ocasiones, también aquí se trató de un contrato menor, que no requiere concurrencia pública ni más justificación contable que las facturas.
Cuando se adjudicó el servicio, Easy Concept no tenía ni medio año de vida
Al empeorar las cosas para el PP con la apertura de una parte del sumario, Arenas, secretario general del PP hasta septiembre de 2003 y líder del partido en Andalucía, ha reaccionado prometiendo querellas contra cualquiera que lo vincule a la red corrupta. "No tengo absolutamente nada que ver", contestó rotundo el martes pasado. "No aceptamos ni media lección de ética", se jactó a renglón seguido.
"Correa no era un desconocido"
Ayer, fuentes próximas a Arenas en la dirección estatal del PP aseguraron que nadie de su antiguo equipo ministerial recuerda aquel contrato. "Como eran unas tarimas para cámaras y fotógrafos es muy posible que contratase la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende de Presidencia", dijo una portavoz.
El equipo de Arenas no recuerda el contrato y subraya su bajo importe
A la pregunta de por qué la elección recayó sobre Easy Concept, la misma fuente respondió así: "Correa no es un desconocido ni Álvaro [Pérez]. Quien fuera [que hiciese el encargo] dijo: Oye, llamad a Álvaro o a Correa. No es nada extraño. Y son 11.000 euros".
Pero la clave no es aquí el importe sino la fecha. En marzo de 2004, Easy Concept ni siquiera había cumplido medio año de vida. La empresa se constituyó el 15 de octubre de 2003, con un capital social de 3.006 euros. La cercanía entre la constitución de Easy Concept y la encomienda del Ministerio de Presidencia para un acto de tal relevancia denota la familiaridad con que el grupo de Correa se movía en las aguas del PP. En el momento en que la sociedad recibió el encargo de Presidencia tenía como administradora única a Isabel Jordán, una de las primeras imputadas en el caso.
Amenazas al PSOE
Empeñado desde febrero en marcar distancias con la trama y en presentar a su partido como la víctima de una conspiración y, en todo caso, de unos cuantos desaprensivos, Arenas anunció la semana pasada el inicio de acciones judiciales contra el secretario de comunicación del PSOE andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Vázquez había exigido a Arenas explicaciones sobre su relación con los miembros de la red.
Por el encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros
La dirección del PP andaluz pretende también querellarse contra el secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, por "ensuciar" el nombre de Arenas. En este caso, la amenaza llegó después de que Zarrías recordase que Arenas había sido secretario general del PP. ¿Cuándo? "En los tiempos en que estos señores campaban por sus respetos y extorsionaban, chantajeaban y se llevaban el dinero a espuertas y de paso regaban a múltiples dirigentes del PP", dijo Zarrías.
El informe de la Agencia Tributaria que consigna el pago del Ministerio de Presidencia a Easy Concept muestra el amplio abanico de trabajos con Administraciones del PP que declaró a Hacienda. La Comunidad de Madrid, la Generalitat, varios organismos autónomos y ayuntamientos figuran en el listado.
Las cartas del archivo de "embolados"
El PP andaluz se ha prodigado en anuncios de querellas tras difundirse el informe policial de la UDEF que destapa la existencia de unas comprometedoras cartas incautadas a la trama y que se se archivaban en una carpeta con la leyenda “embolados”. Las firma Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Y la más relevante de todas, por el rango de su destinatario, es la enviada a Mariano Rajoy el 18 de diciembre de 2003. En ella, el delegado de la red corrupta en Valencia exigía a Rajoy el pago de la deuda pendiente por la campaña de las elecciones gallegas de 1999. A lo largo del texto, Pérez recordaba a Rajoy que Javier Arenas estaba al tanto del problema. ‘El Bigotes’ ya había cursado a Arenas una carta en junio de ese año. En ella, lamentaba tener que contactar de nuevo con él por el asunto de la deuda.
El PP vuelve a la conspiración
Rajoy no sigue el paso de Aguirre
El montaje encubridor de Rajoy y Camps
El PP entierra la lección del Watergate de que una mentira es peor que el error o el delito original
ERNESTO EKAIZER - 12/10/2009 07:45
"Ricardo, puedo asegurarte que Rajoy no me ha pedido tu dimisión en la reunión de Cuenca. Yo le he ofrecido mi puesto y me ha dicho que no", le dijo, según fuentes fidedignas, Francisco Camps a Ricardo Costa el pasado jueves, en una de las conversaciones que ambos mantuvieron para definir qué hacer.
La confesión de Camps surgió en el contexto de la explicación que le daba a Costa sobre las presiones que estaba sufriendo para dar con la víctima propiciatoria de la Gürtel.
¿Cómo se da el salto de hablar del cese de Zapatero a sacrificar a Costa?
"¿Por qué razón voy a dimitir yo?", le preguntó Costa. Su jefe pareció aceptar el razonamiento. Y Costa concluyó: "Qué explicación voy a dar. Mi caso se ha archivado como el tuyo. He demostrado que me he pagado el coche. El partido lo ha aceptado. Yo no soy el responsable de los actos electorales ni he introducido a esta gente aquí. Ya he dicho que ha sido un error trabajar con ellos. ¿Voy a dimitir por lo que hay en una cinta de hace ocho meses? Entonces yo no sabía que estaban siendo investigados", razonó en voz alta ante Camps el hombre que mañana va a ser destituido temporalmente como secretario general de los populares valencianos en la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional.
Pero hay más. ¿Qué pasará con su cargo de portavoz en Les Corts? ¿También será cesado temporalmente? ¿Se le pedirá que abandone el grupo?
Casos Lewinsky o Plame
Si es verdad, como afirman las fuentes consultadas, que Mariano Rajoy rechazó la dimisión de Camps en la reunión del 30 de septiembre en Alarcón y si es cierto que presionó hasta la noche del pasado viernes a Camps, para cortar la cabeza de Ricardo Costa, el actual presidente del PP se coloca directamente en una operación de encubrimiento de responsabilidades en la Gürtel.
Todo indica que el líder del PP se ve más implicado de lo previsto en la trama
Desde el escándalo Watergate, se ha difundido una máxima que ya es una lección incorporada al manual de la política contemporánea: el encubrimiento es casi siempre peor que el delito o el error original. La mentira del entonces presidente Richard Nixon y sus colaboradores resultó la forma más grosera de encubrir el espionaje al Partido Demócrata. Con todo, la lección del Watergate ha sido enterrada en la política norteamericana. Tanto bajo la Administración Clinton como con Bush los medios se han preguntado si los dirigentes políticos habían mentido realmente en casos como el affaire de Monica Lewinsky o el de las armas de destrucción masiva, la guerra de Irak y el caso de la agente de la CIA Valerie Plame. Pero un montaje elaborado es también una mentira.
Uno de estos montajes es, mira por dónde, el que se está tejiendo ahora a pleno sol. El ex ministro y diputado por Castellón Juan Costa, hermano de Ricardo, dijo el pasado viernes que era necesario dar cuenta de lo que había ocurrido. "Todos los dirigentes del PP tienen que dar esas explicaciones. Se puede cometer algún error, pero nadie tiene derecho a no dar explicaciones. Es necesario explicar quién pudo tomar las decisiones de contratar y seguir trabajando con ellos [la empresa Orange Market]. Lo primero para exigir responsabilidades es la transparencia", dijo.
Hay quien ha visto en esta declaración un ataque a Camps y por elevación a Rajoy. Pero más allá de su intencionalidad política estratégica, Juan Costa viene a decir que si se da una explicación y si se asume la responsabilidad por el error, Camps, habida cuenta del apoyo que el PP mantiene en Valencia, podría pedir perdón y dar por superado el incidente.
Hay quien ha visto en esta declaración un ataque a Camps y por elevación a Rajoy
¿Cuál es la explicación que han dado hasta ahora Camps y la Generalitat? Cero explicación. Camps ha dicho que en la reunión que mantuvo con Rajoy en Cuenca sólo hablaron de la dimisión de Zapatero.
¿Cómo se da el salto mortal de hablar de la dimisión del presidente -ahora sabemos que Camps ofreció su renuncia a Rajoy- a pedirle a Ricardo Costa, el jueves pasado, que se suicide, políticamente hablando, ofreciendo su dimisión, y un día más tarde, el viernes por la noche, a cortarle cobardemente la cabeza y transmitirlo a Génova por SMS?
La historia, por otra parte, no deja de ser sugerente. Juan Costa pregunta quién pudo tomar la decisión de contratar a Orange Market -regentada por Alvaro Pérez, El Bigotes- y "seguir trabajando con ellos", esto es, seguir trabajando después de que dicha empresa al parecer salió por piernas de Génova.
El montaje que Rajoy y Camps se aprestan a consumar en Valencia en las próximas horas indica que el actual líder del PP se ve a sí mismo más involucrado en la etapa del partido en el que ha abrevado la banda de Francisco Correa de lo que inicialmente muchos parecían creer. José María Aznar, por otra parte, está missing, pero sigue siendo presidente de FAES, con una actividad nacional e internacional frenética. No hay que olvidar, por otra parte, que la "refundación" ya acometida por Rajoy dio comienzo, precisamente, en Valencia, en junio de 2008, con el aval de Camps.
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