diumenge, 16 de juny del 2013

Cuatro ejércitos y un campo de concentración para aniquilar un valle de campesinos

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El cortijo del Marrufo (Xerez) fue uno de los primeros campos de concentración y fusilamiento de la Guerra Civil. Fue abierto en noviembre de 1936 y abandonado en marzo de 1937. Han aparecido 28 cadáveres en la finca pero se estima que el valle puede albergar hasta 600 cadáveres de represaliados republicanos.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 14/06/2013 20:47 Actualizado: 16/06/2013 08:56

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En octubre de 1936 el valle de la Sauceda era el último bastión de resistencia republicana en la provincia de Cádiz. Entre sus montuosas tierras se habían refugiado familias enteras de campesinos llegados de localidades vecinas como Ubrique, los Gazules o San José del Valle, que organizados como comités republicanos estaban consiguiendo repeler los ataques del ejército franquista hasta finales de octubre de 1936. Para los franquistas, el control de este Valle era fundamental para garantizar su dominio sobre la retaguardia de Cádiz y continuar avanzando hacia Málaga.

El 1 de noviembre llegó la ofensiva final. Cuatro ejércitos y tres aviones bombarderos arrasaron el Valle. Todo aquel sospechoso de haber participado con la República pasaría por el cortijo del Marrufo (Xerez), considerado uno de los primeros campos de concentración de la Guerra Civil. Juan González, vecino de San José del Valle, estaba refugiado en la Sauceda cuando llegó el ataque de los sublevados.

“Era muy temprano, ni siquiera había desayunado, cuando se empezaron a escuchar unos ruidos enormes, como si fuesen paredes que se derrumbaban. De repente, vimos aparecer un avión rata que comenzó a bombardear la zona. Inmediatamente después llegaron otros tres aviones. Entonces, todo el mundo huyó como buenamente pudo”, recuerda a Público Juan González.

Juan, que tenía solo ocho años en 1936, huyó junto a sus padres, un hermano y dos hermanas. Convencidos de que no habían hecho nada por lo que pudieran ser castigados, la familia decidió regresar a San José del Valle e informar a la Guardia Civil de su retorno. “Nos presentamos todos en la Guardia Civil. A ellas les dijeron: 'Ustedes se pueden marchar junto al niño'. Ese niño era yo. A mi padre y a mi hermano les dijeron que se quedaran en el cuartel para prestar declaración y firmar unos papeles. Jamás los hemos vuelto a ver”, asegura Juan.

La tradición oral y las investigaciones del grupo de trabajado dirigido por el doctor en Historia Fernando Sigler han permitido averiguar cual fue el destino del padre y el hermano de Juan y de tantos otros campesinos de la zona: la fina del Marrufo. Este cortijo fue convertido en un campo de concentración, tortura y fusilamiento desde noviembre de 1936 hasta finales de 1937. Se han encontrado 28 cuerpos en la finca y se estima que en todo el Valle puede haber entre 300 y 600 cadáveres de represaliados republicanos.

“Eran los meses de terror caliente cuando los rebeldes asesinaban a cientos de personas sin formación de causa y enterraban sus restos en fosas comunales clandestinas. No obstante, al tratarse de asesinatos cometidos en la oleada de violencia inicial apenas ha quedado constancia documental”, asegura Fernando Sigler a Público.

El grupo de investigación de Sigler sí ha encontrado, no obstante, datos fidedignos de un grupo concreto de víctimas que fueron fusiladas en aquel período. El cura de la pedanía jerezana del Mimbral, inscribió en el registro de defunciones a los desaparecidos de su feligresía que fueron fusilados en la finca del Marrufo y alrededores. En total, 52 personas. Entre ellos, el padre y el hermano de Juan.

“Una vez, tras terminar la misa, el cura me dijo que si alguna vez necesitaba el certificado de defunción de mi padre que se lo pidiera. Yo no sabía nada. Así que cuando me fui a casar se lo pedí y me entregó el atestado falso que utilizaron para matarlo. Este documento decía que a mi padre lo mataron por 'rompimiento de carretera y otros asuntos'. Todo falso”, asegura Juan cuyo hermano también aparece en los papeles del clérigo. Su cuerpo descansa en la finca del Barrufo.
Este documento permite, asegura Fernando Sigler, desvelar la secuencia con la que los responsables del destacamento militar sublevado del Marrufo realizador su tarea represora. “Los represores procedieron a una eliminación secuencial en grupos a una media de 3,6 asesinatos diarios a lo largo de cinco jornadas. Si, por deducción proporcional, a éstos se añadieran los restantes refugiados de distinta procedencia y a los residentes que también fueron víctimas, la cifra de asesinados podría elevarse a varios centenares”, asegura Sigler.

Entregar las armas

Entre las decenas de personas desaparecidos que se cree que están en el Marrufo se encuentran los hermanos Andrés y Antonio Barreno Pérez. Estos dos hermanos desaparecieron un buen día y jamás aparecieron. Su nieto, Andrés Rebolledo, presidente de la Asociación de de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, sigue buscando a día de hoy la verdad sobre la desaparición de su abuelo.
"Un sobrino de mi abuelo nos contó que salieron de la casa aquella mañana cuando se veía que el Valle iba a ser tomado. Tras varios días escondidos en el monte, cuenta que los encontraron, los metieron en un camión y que, probablemente, los llevaron al Marrufo. Y ahí ya se sabe:interrogatorio, tortura y fusilamiento", señala Andrés, cuya lucha continúa en los tribunales.
La asociación de familiares presentó el verano pasado una denuncia en Jerez de la Frontera basándose en la legislación internacional relativa a "crímenes de lesa humanidad", que se consideran imprescriptibles. Sin embargo, esta denuncia fue sobreseída. Apenas unos meses después, en febrero, la asociación de familiares volvió a presentar una denuncia. Esta vez, la titular del Juzgado de instrucción número 2 de Jerez, Soledad Vázquez Moreno, volvió a sobreseer la causa bajo el razonamiento de "aparecer exentos de responsabilidad criminal los presuntos responsables y ser el hecho cosa juzgada".
Ahora, la asociación de familiares se encuentra estudiando el recurso a interponer ante la Audiencia Provincial de Cádiz al entender que la resolución no se ajusta a derecho. "Vamos a llegar hasta donde haga falta con tal de que se haga justicia", sentencia Andrés.