divendres, 14 de febrer de 2014

València: Barberá veta la última de las 17 exhumaciones solicitadas por las víctimas del franquismo


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El ayuntamiento alega «inseguridad jurídica» mientras la familia de Teófilo Alcorisa recurrirá asesorada por el bufete de Garzón

13.02.2014 | 02:52
Los hijos de teófilo Alcorisa llevan cinco años intentando exhumar el cadáver de su padre.Pilar y su hermano Pedro señalan el lugar concreto del cementerio de Valencia donde se encuentra el cuerpo de su padre. Dos de sus hermanas han fallecido sin saber el paradero de Teófilo. f levante-emv Teófilo, en una imagen de la época en que fue secuestrado. f levante-emv
Los hijos de teófilo Alcorisa llevan cinco años intentando exhumar el cadáver de su padre.Pilar y su hermano Pedro señalan el lugar concreto del cementerio de Valencia donde se encuentra el cuerpo de su padre. Dos de sus hermanas han fallecido sin saber el paradero de Teófilo. f levante-emv Teófilo, en una imagen de la época en que fue secuestrado. f levante-emv
Pilar Alcorisa tenía seis años cuando la Guardia Civil se llevó a su padre en 1947 de su casa de Higueruelas –aldea de Santa Cruz de Moya (Cuenca)– colindante con Aras de los Olmos. Los agentes buscaban a su hermano Pedro, que continuaba la guerra en las montañas, pero al no localizarlo, optaron por detener a Teófilo Alcorisa, quien apareció muerto al día siguiente en el centro de detención de Arrancapins en Valencia. Pilar y su hermano Pedro, que cuenta ahora con 93 años, llevaban desde el año 2009 esperando a que el ayuntamiento les autorizara la exhumación del cadáver de su padre para conocer las causas de su muerte y enterrarlo junto a su mujer en el cementerio de Burjassot. Tras casi seis años en silencio, el consistorio que dirige Rita Barberá ha denegado la recuperación del cuerpo «por la falta de seguridad jurídica». Otros consistorios de la Comunitat Valenciana como Paterna, Borriol o Segorbe sí que han permitido que los familiares de otros 16 represaliados de la Guerra Civil puedan acceder a los cuerpos.
«Que Rita Barberá tenga dignidad y nos deje enterrar a mi padre dignamente. Es un comportamiento inhumano que no tiene explicación. En otros lugares no han puesto problemas a desenterrar los cuerpos», aseguraba ayer Pilar Alcorisa entre sollozos, mientras recordaba como ella y sus hermanos se tuvieron que criar sin padre por un crimen de la dictadura franquista. Teófilo falleció, según los documentos de la época, por «muerte por suspensión». «Nos dijeron que se había atado los cordones de los zapatos al cuello», explicó su hija, que no se cree la versión oficial y quiere conocer las verdaderas razones de lo que considera un asesinato de la dictadura franquista. Si finalmente no se exhuma el cuerpo, que se encuentra en el cementerio de Valencia, nunca se podrá esclarecer la muerte.
Pilar y sus hermanos Pedro y Felisa han contado con la colaboración del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la fundación Societat i Progrés del PSPV, Paleolab y el colectivo la Gavilla Verde. Gracias a estas organizaciones han conseguido el asesoramiento de Ilocad, el bufete de abogados de Baltasar Garzón, que ya prepara el recurso a la decisión del Ayuntamiento de Valencia. Además, la familia de Teófilo cuenta con el reconocimiento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
En la ONU y la Sindicatura
Esta entidad internacional transmitió el caso al Gobierno de España para que «se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer el destino y paradero de la persona desaparecida». La familia también acudió ayer a presentar una queja ante el Síndic de Greuges por la decisión del Ayuntamiento de Valencia porque consideran que no se ajusta a derecho, ya que «no se ha tenido en cuenta la ley de Memoria Histórica». «Se trata de una resolución administrativista que no tiene en cuenta la normativa aplicable a casos de memoria histórica», denunció Matías Alonso, del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica.
La decisión del ayuntamiento ha tardado cinco años y a causa de este retraso el Grupo por la Memoria y la Gavilla Verde se vieron obligados a devolver los 50.076 euros que en diciembre de 2009 había concedido Ministerio de Presidencia del Gobierno de España para exhumar los restos del padre del guerrillero. Según el informe de los técnicos del consistorio, el silencio administrativo de estos años fue «negativo».
La familia presentó en el ayuntamiento un extenso informe en el que explican la localización del cuerpo y la manera de exhumarlo. «Es muy fácil porque se encuentra en una fosa con otros tres cadáveres pero cada uno en su compartimento. No está en una fosa común ni revuelto con otros restos, por lo que no se vulnerarían derechos de otras personas», argumentó Matías Alonso, quien recordó que si se hubiera tenido en cuenta la ley, «que no es otra que la de Memoria Histórica», el ayuntamiento debería facilitar el desentierro y ayudar a esclarecer la «desaparición y asesinato» de Teófilo.

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