El abogado Baltasar Garzón ha reclamado en nombre de un colectivo de 50 afectados la devolución del dinero republicano (587 mil pesetas) incautado durante la guerra civil por el dictador Francisco Franco, que, según sus cálculos, equivaldría hoy a más de 50 millones de euros.
El despacho de abogados del ex juez, ILOCAD, ha presentado la reclamación ante el Consejo de Ministros, en representación de un grupo de perjudicados por el decreto ley de 12 de noviembre de 1936que obligo a entregar el dinero republicano emitido desde ese año al régimen de la dictadura.
El dinero intervenido, según la reclamación podría alcanzar los 3 mil millones de euros. Desde el bufete de abogados, han explicado que no cobraran nada, salvo gastos administrativos, y los beneficios (de haberlos) irán destinados a proyectos de la Memoria Histórica.
El escrito firmado por Garzón se entregó el pasado lunes ante el consejo de Ministros mediante reclamación administrativa individualizada de responsabilidad patrimonial del Estado legislador al amparo del artículo 106.2 de la Constitución y del 139 al 146 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Su objetivo es que el Estado haga efectiva la indemnización que corresponda al valor del papel moneda intervenido a los perjudicados.
Los demandantes están agrupados en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) y reclaman que se solucione su contencioso porque la ley de memoria histórica les dejó fuera.
Dinero de contrabando
En plena guerra civil, el Banco de España declaro sin validez alguna los billetes (entonces de pesetas) de curso legal que se hubieran puesto en circulación con posterioridad al 18 de julio de 1936, fecha del denominado alzamiento nacional. El régimen franquista obligo a las familias a entregar el dinero o serian perseguidos por un delito de contrabando y los ciudadanos entregaron el papel moneda a cambio de unos recibos donde constaba la cantidad entregada, nombre, etc.
Arma de guerra
A juicio del despacho de Baltasar Garzón "la estrategia, desde el punto de vista de arma de guerra, pretendía introducir un sistema de pagos que rompiera con la república y que forzara los precios y la velocidad monetaria en la zona enemiga". "Esta decisión afectó de lleno a la población civil por cuando la privaba de medios de pago legítimos según fuera territorio conquistado o no".
"La moneda incautada no se destruyó y su valor fue reconocido por la Administración no solo en los informes del Banco de España sino además por la constitución con este dinero de un fondo denominado Papel Moneda y con los diferentes apuntes sobre el mismo recogidos en su contabilidad", relata.
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