Por Gaizka Fernández Soldevilla . 5 diciembre, 2016 en Siglos XIX y XX
El tardofranquismo y la Transición en el País Vasco fueron etapas muy convulsas a nivel laboral. Esta conflictividad estaba causada por la confluencia de diferentes factores.
En primer lugar, la muy contestada pervivencia de la Organización Sindical Española, conocida como Sindicato Vertical, la única central a la que la dictadura permitió actuar legalmente desde la Guerra Civil hasta 1976. A tal ente pertenecían obligatoriamente tanto los empresarios como los productores (trabajadores), aunque el Sindicato Vertical solo servía a los intereses de los primeros, lo que produjo su deslegitimación.
En segundo término encontramos la renovación del movimiento obrero gracias al crecimiento de los sindicatos clandestinos, muy reivindicativos, que ya habían dado muestras de su fuerza anteriormente, como ocurrió en la larga huelga de Bandas de Laminación de Echévarri en Basauri (1966-1967).
Aunque las centrales históricas (UGT y ELA-STV) habían logrado mantener cierta presencia en Euskadi, aparecieron nuevas organizaciones como la USO y CCOO, la fuerza más pujante. Por entonces este último sindicato se encontraba dividido entre la Comisión Obrera Nacional de Euskadi, sección que controlaba el PCE-EPK, y la Coordinadora de Euskadi de Comisiones Obreras, que giraba en torno a las diversas fuerzas de extrema izquierda, algunas de las cuales tenían bastante implantación en ciertos lugares. Así, según un documento del Servicio de Información de la 551ª Comandancia de la Guardia Civil, fechado en 1973 y que hacía referencia a Guipúzcoa, “son pues, otras organizaciones las que controlan este y otros sectores, y que de una forma ininterrumpida se dedican a promover conflictos con sello propio que contribuyan a aumentar su prestigio entre las masas. Son estas fundamentalmente ETA-VI Asamblea y MCE, que alcanzan un gran ascendiente en grandes sectores de la base. Los demás partidos o grupos clandestinos desarrollan una actividad muy inferior, bien por no ser la acción su medio específico, bien por no estar verdaderamente arraigados a la población”. Ese era precisamente el caso de la otra ETA, la nacionalista, y de su entorno político, cuya influencia en el movimiento obrero era mucho menor.
Tercero, en el ciclo de protestas tuvieron una enorme incidencia las consecuencias negativas de la crisis del petróleo(1973): carestía de vida, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, inestabilidad laboral, despidos, progresiva dureza de la patronal a la hora de la negociación de los convenios colectivos, etc.
En cuarto lugar, hay que tener en cuenta la Revolución de los claveles (abril de 1974), que había derrocado a la dictadura en Portugal y que fue percibida como un ejemplo a seguir por quienes ansiaban la restauración de la democracia parlamentaria en España y como un potencial peligro por el régimen.
Por último, la represión policial con la que la dictadura pretendió abortar los cada vez más prolongados conflictos laborales únicamente sirvió para enconar los ánimos de los obreros, haciendo que sus reivindicaciones y movilizaciones de carácter social y laboral se tiñeran progresivamente de un color antifranquista. En ese sentido, no faltaron las convocatorias en solidaridad con los conflictos obreros registrados en otras provincias o a favor de causas políticas. No obstante, y al contrario de lo que parte de la izquierda y el sector más duro del régimen llegaron a creer, los trabajadores vascos, al igual que los del resto de España, no demostraron deseo alguno de dar comienzo a una revolución.
En esta coyuntura hay que contextualizar las sucesivas huelgas que fueron convocándose en el País Vasco y Navarra, como la que sacudió Pamplona en junio de 1973 o la de Firestone en Basauri en 1975. Ahora bien, estas tuvieron un muy desigual éxito, ya que los trabajadores no siempre se adhirieron a las consignas de los sindicatos o de la oposición antifranquista. De cualquier modo, los dos hitos más significativos del ciclo de conflictividadpromovido por el movimiento obrero fueron las dos huelgas generales convocadas en diciembre de 1974 y la matanza de trabajadores acontecida en Vitoria en marzo de 1976.
Las huelgas generales de diciembre de 1974
En diciembre de 1974 se convocaron dos huelgas generales diferentes en Euskadi. La primera (días 2 y 3), organizada por ETApm y secundada por LAIA, obtuvo cierta respuesta en Guipúzcoa, donde pararon 11.300 trabajadores (cifra oficial), pero no así en el resto de provincias vascas. Sin embargo, tuvo un enorme seguimiento la segunda (día 11), que, reclamando amnistía, libertades y mejoras salariales, convocaron las CCOO controladas por el MCE, la ORT y la LCR, sin la aprobación del PCE-EPK.
Hubo numerosos incidentes callejeros. El Gobierno Civil de Guipúzcoa admitió que “desde un punto de vista realista” había resultado “un éxito”. No era para menos: la extrema izquierda había conseguido que no acudieran al tajo miles de trabajadores: entre 110.000 (cifras oficiales) y 200.000 (cifras de la oposición). Además, gran parte del sector comercial cerró en apoyo de las reivindicaciones obreras. La izquierda radical había dado la imagen de poseer una gran fuerza, implantación y capacidad organizativa, pero, en el plano político y sobre todo electoral, se trataba de un espejismo, como se comprobó en los comicios de junio de 1977.
Las movilizaciones de masas como la huelga de diciembre de 1974 y el terrorismo de ETA hicieron que el nerviosismo cundiera entre las filas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunos de cuyos miembros, acostumbrados a la impunidad y el uso de la fuerza, eran de gatillo fácil. El 20 de enero de 1975 en Portugalete un guardia civil mató de un tiro por la espalda a Víctor Manuel Pérez Elexpe, un militante del PTE que huía tras ser descubierto repartiendo propaganda clandestina.
La matanza del 3 de marzo en Vitoria
Como caracteriza a los procesos de cambio, lo viejo no se iba del todo y lo nuevo no acababa de llegar. Durante la primera Transición hubo todavía abundantes abusos de autoridad, fueron habituales los maltratos a los detenidos y tuvieron lugar algunos trágicos episodios de violencia en los que estuvieron implicados miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de los sectores más reaccionarios del Estado. En 1976 se registraron dos de los casos más conocidos. El 9 de mayo dos partidarios de la corriente progresista del carlismo, seguidores del pretendiente Carlos Hugo, fueron asesinados a manos de sus adversarios ultraderechistas en Montejurra, con la complicidad de un sector de la Administración.
Dos meses antes se había producido la matanza de Vitoria. Debido a un enconado conflicto laboral, las plantillas de varias empresas de la ciudad mantenían un largo paro que duraba desde comienzos de año. El 3 de marzo de 1976, por tercera vez consecutiva, se llamó al conjunto de la población a una huelga general en solidaridad con la lucha de aquellos trabajadores. Aquel día por la tarde se celebró una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga, que el Gobierno Civil ordenó disolver. Incumpliendo el Concordato firmado con la Santa Sede, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos dentro del edificio, por lo que los reunidos se vieron obligados a salir. Los agentes no sólo dispararon pelotas de goma, sino también sus armas de fuego. En total, cinco trabajadores murieron a consecuencia de las balas: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda. A esta lista habría que sumar casi un centenar de heridos. Otro manifestante más, este el día 6 en Tarragona, falleció en una protesta al caerse de una azotea huyendo de la Policía.
Siguiendo la consigna “Vitoria, hermanos, no os olvidamos”, se convocó una huelga general para el lunes 8 de marzo. Tuvo un amplio seguimiento en Euskadi. La oposición calculaba que habían parado 500.000 trabajadores vascos y navarros. Según fuentes oficiales, habían hecho huelga unos 105.000 guipuzcoanos. En Vizcaya “a partir del 5 de marzo la inactividad es total en los Centros Universitarios e Institutos de Bachillerato, celebrándose multitud de asambleas, concentraciones y manifestaciones callejeras. La Universidad de Deusto es cerrada durante cinco días. Hasta el 16 de marzo no se restablece la normalidad en los centros de enseñanza superior”. En aquellas jornadas de protestas hubo continuos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se saldaron con una nueva víctima mortal. En Basauri el 8 de marzo un guardia civil acabó con la vida de un joven de 18 años, Vicente Antón Ferrero, de un tiro en la cabeza. Al día siguiente unas 50.000 personas se concentraron en aquella localidad como homenaje al fallecido.
El responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante aquellos acontecimientos era Manuel Fraga, ministro de Gobernación de diciembre de 1975 a julio de 1976, quien había acuñado como lema la frase “la calle es mía”. Si bien hasta entonces había sido tenido por representante del ala más “liberal” y aperturista del régimen, su gestión de la cartera de Gobernación fue muy cuestionada. Años después Fraga escribió en sus memorias que
“lo primero que tiene que hacer el ministro de la Gobernación es, obviamente, mantener el orden. (…) El orden fue mantenido, y, si se tienen en cuenta las circunstancias, a un coste razonable; después del 1 de mayo todo el mundo iba a saber que el serio intento que algunos habían realizado de volcar el carro y de crear las condiciones para un Gobierno provisional, del tipo de abril de 1931, no podría tener éxito”.
La matanza de Vitoria fue uno de los motivos que empujaron a la oposición moderada a fusionar los dos organismos en los que se encontraba dividida, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, dando lugar a la Coordinación Democrática, popularmente conocida como “Platajunta”. Sus objetivos eran la amnistía, las libertades y la convocatoria de unas elecciones que dieran paso a unas Cortes constituyentes.
La crisis económica y la conflictividad laboral en la primera Transición
La crisis que se había iniciado a escala mundial en 1973 se agravó durante los años posteriores, siendo este uno de los mayores problemas al que se enfrentó la naciente democracia. Por ejemplo, la inflación había llegado a más del 26%, lo que mermaba el poder adquisitivo de los salarios. Para intentar solucionarlo, el Gobierno, los principales partidos de la oposición, las patronales y los sindicatos mayoritarios (aunque al principio la UGT se había negado) firmaron los Pactos de La Moncloa en octubre de 1977. En ellos se reconocía el derecho de asociación sindical, se fijó un límite para el incremento de los salarios, la devaluación de la moneda, se establecieron medidas de control financiero, etc. Así se consiguió estabilizar la situación y se pudo controlar la inflación, a cambio de lo cual el gabinete Suárez aumentó el gasto en subsidios de desempleo, pensiones, etc. No obstante, lastrada por graves déficits estructurales, la economía española fue incapaz de recuperarse y las cifras de paro siguieron creciendo.
Debido a su anquilosado y especializado modelo industrial, históricamente beneficiado por el proteccionismo del Estado, la crisis afectó de manera severa al País Vasco, especialmente a Vizcaya. Sectores clave como la construcción naval, la siderurgia y sus servicios auxiliares resultaron muy castigados. Muchas empresas cerraron o, como poco, redujeron su personal. Las consecuencias fueron el deterioro de las condiciones de trabajo y el rápido crecimiento del desempleo. Si en diciembre de 1976 la tasa de paro en Euskadi era del 3,8%, en 1977 subió al 4,9%, en 1978 al 7,7%, en 1979 al 10,6%, en 1980 al 13,6%, en 1981 al 17,2% y en 1982 al 19,3%. En la margen izquierda del río Nervión, donde se estaba destruyendo el tejido industrial, las cifras eran aún más altas. En síntesis, durante la Transición el número de desempleados se multiplicó por cinco.
Los despidos, el cierre de empresas y la negociación de los nuevos convenios laborales coincidieron con la legalización de los sindicatos, que por fin pudieron operar con libertad a favor de los intereses de los trabajadores, que se veían claramente en peligro, así como demandando la amnistía laboral o el incremento de los salarios. El asamblearismo, que había tenido cierta implantación durante el tardofranquismo, como pusieron de manifiesto los sucesos de Vitoria en 1976, fue cediendo terreno a favor de CCOO, UGT y ELA-STV y en mucha menor medida de USO o la CNT. Ahora bien, en ese momento histórico el panorama sindical también contaba de manera importante con las siglas de la recién aparecida LAB, vinculada al nacionalismo vasco radical, y con las centrales afines a la extrema izquierda, como CSUT, ligada al PTE, o el Sindicato Unitario de la ORT.
En esa complicada coyuntura de crisis, politización y consolidación sindical la conflictividad laboral aumentó. Ocurrió en casos muy conocidos como Michelín, Astilleros Euskalduna, los de Asúa y los de La Naval de Sestao, cuyos problemas continuaron durante los años siguientes. Hubo numerosas huelgas a diferentes escalas, algunas largas y muy enconadas. Por ejemplo, en Vizcaya el sector de la construcción paró durante veintitrés días ininterrumpidos en junio de 1977.
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