Diez años grabando historias de presos políticos para hacer un documental.
09/12/2016
MARÍA GONZÁLEZ | MADRID
Los presos que a finales del franquismo crearon la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (COPEL) y se amotinaron y autolesionaron para reclamar derechos que hoy parecen incuestionables, como los vis a vis o un trabajo remunerado y digno, luchan ahora con un documental contra el olvido de la democracia.
Recoger su historia no ha sido sencillo, de hecho aún no ha terminado, comenzaron hace diez años a grabar entrevistas y, de una forma autogestionaria y colectiva, han recogido el testimonio de presos, abogados, historiadores y grupos de apoyo para salvar el relato de los protagonistas de hechos como el motín de Carabanchel de julio de 1977.
Sin embargo, en este trabajo también se atisban retazos de vidas como la de Manolo Martínez, vapuleado por la pobreza y por un sistema social, judicial y carcelario inmisericorde.
Manolo perdió a su padre siendo un niño, mientras su madre trabajaba como interna, de forma que la pobreza y un padrastro maltratador le hicieron buscar coches en los que dormir; de ahí a la pequeña delincuencia solo había un paso.
Recuerda con más dolor el reformatorio y el psiquiátrico que las cárceles. En el primero, los curas «torturaban en silencio y con frialdad», y en el antiguo hospital de San Carlos -que ahora alberga el Reina Sofía-, era habitual el reparto de antipsicóticos y barbitúricos a «caprichosa voluntad» y tan solo se libró de los electroshocks que «servían» por la tarde. Con 15 años, ingresó en Carabanchel, donde permaneció quince días hasta que su madre pudo llevar la partida de nacimiento para demostrar su edad.
Años después, Manolo volvió a Carabanchel, donde encontró ayuda en la COPEL. Por historias como la suya, los miembros de este colectivo se denominan ‘presos sociales’, no ‘comunes’.
En las cárceles vieron como los ‘políticos’ «vivían en comuna -recuerda Manolo-, podían estudiar, tenían algunos privilegios y apoyo exterior, trabajaban y redimían pena».
El 18 de julio de 1977, ocho presos subieron a la terraza de Carabanchel y cuando entraron los antidisturbios unos 800 presos subieron también al grito de «amnistía».
Cuatro días después, el motín fue sofocado, pero el ejemplo cundió y los incidentes se extendieron a otras cárceles. Uno de los momentos de más tensión se vivió en marzo de 1978, cuando el anarquista catalán y miembro de la COPEL Agustín Rueda murió tras las torturas sufridas en Carabanchel.
La COPEL contó con el apoyo de algunos abogados, de amigos y familiares, incluso en 1977 organizaron una jornada de solidaridad en la facultad de Ciencias de la Información de Madrid y lograron el apoyo de José Luis López Aranguren, Chicho Sánchez Ferlosio, Agustín García Calvo y Fernando Savater.
Reclamaban que la amnistía y la transición fueran también para ellos, que habían visto como responsables penitenciarios les alargaban las penas «sin control judicial».
A sus condenas se sumaba ‘graciosamente’ la Ley de Vagos y Maleantes, que no sancionaba delitos, sino que pretendía prevenirlos y para ello se podían adoptar medidas de alejamiento, control y prevención de las personas supuestamente peligrosas, hasta decidir qué hacer con ellas.
Con la llegada de la democracia, los ‘presos sociales’ vieron cómo pasaba de largo para ellos la amnistía y con el nombramiento, en 1978, de Carlos García Valdés como director general de Prisiones comenzó un frustrado proceso negociador y una política de traslados que separaba a los miembros de la COPEL y logró la división.
La COPEL ha puesto ahora en marcha en la plataforma Verkami una campaña de micromecenazgo para financiar el montaje y promoción de su documental.
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