María Garzón durante su intervención en el Parlamento Europeo
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FIBGAR
MEMORIA HISTÓRICA
30.960 niños fueron arrebatados a sus padres y entregados a familias ´leales´, con el objetivo de que fueran educados en los principios del nacionalcatolicismo
30.960 niños fueron arrebatados a sus padres y entregados a familias ´leales´, con el objetivo de que fueran educados en los principios del nacionalcatolicismo
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Vie, 9 Dic 2016
“Es preciso que el Parlamento Europeo reclame al Gobierno español que investigue los casos de bebés robados”. María Garzón, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón pidió en la tarde de ayer a los europarlamentarios presentes en Bruselas en el 6º Meeting of the Working Group on Children Welfare Issues celebrado en la Eurocámara que insten al ejecutivo que preside Mariano Rajoy a solventar el problema de los niños robados en nuestro país, como una cuestión que trasciende a la época franquista y que se prolongó hasta inicios de los años 90.
“Las familias se encuentran con un total desamparo ante las instituciones con esta cuestión que compone una práctica proveniente de la época franquista y que el Gobierno no quiere asumir”, señaló la especialista en Derechos Humanos quien cree fundamental que los eurodiputados “emitan una declaración contundente que respalde a esas familias que buscan a sus hijos, y a esos hijos que buscan su identidad. Sólo la presión internacional puede hacer que las cosas cambien en mi país”. También reivindicó la necesidad de formular mecanismos pedagógicos: “la sociedad no conoce bien la realidad más allá de las víctimas y las organizaciones que trabajamos en esta causa”.
Para la directora de FIBGAR, la necesidad es cada vez mayor: “Estamos caminando contrarreloj. Se trata de un colectivo que ni siquiera es reconocido como tal por el Estatuto de la Víctima, habiendo tenido que acudir a la justicia argentina incluso a pesar de ser el colectivo de víctimas más numeroso en nuestro país. Al menos existen 150.000 desaparecidos y más de 30.000 niños robados en la época franquista a los que debemos sumar las víctimas de tortura, trabajo esclavo y otros crímenes acontecidos en aquella época”.
Expuso que FIBGAR, como organización de defensa de los Derechos Humanos, trabaja por la búsqueda de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, “y por ello nos sorprende ver cómo instituciones europeas rechazan constantemente la petición de justicia de españoles en estos asuntos por considerarlos de índole interna”, continuó María Garzón, “pero no lo son ni por la naturaleza de los hechos ni por la imposibilidad de buscar justicia en nuestro país: se trata de crímenes de lesa humanidad”.
De acuerdo con los datos del auto de Baltasar Garzón del 18 de noviembre de 2008, se estima que 30.960 niños fueron arrebatados a sus padres y entregados a familias ´leales´, con el objetivo -al menos el declarado-de que fueran educados en los principios del nacionalcatolicismo.
Con esta medida se debía evitar que sus madres biológicas crearan las condiciones necesarias para el desarrollo del ´gen marxista´, ‛ya presente en su ADN’. “Estos hechos violan varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño”, señaló María Garzón, “en concreto los que van del 7 al 11 y que tratan específicamente del derecho a preservar la identidad, evitar la separación involuntaria y la obligación de los Estados de combatir estas prácticas”.
“La víctima es la sociedad”
Las preguntas de los miembros de la Comisión se centraron en las acciones que deben ponerse en marcha. Soledad Cabezón, parlamentaria europea del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, planteó que es preciso contar con distintas vías judiciales al no ser posible el proceso penal. María Garzón respondió poniendo en valor la búsqueda de Justicia a través de la Jurisdicción Universal en otros países como Argentina y la necesidad de trabajar por la creación de una Comisión de la Verdad en nuestro país. Como acciones concretas, resaltó la necesidad de que se lleven a cabo las propuestas formuladas por la Comisión de Justicia del Congreso como las referidas a “la creación de un banco de ADN y el establecimiento de pruebas gratuitas que permitan la búsqueda y localización de estos niños, ya adultos, con el objetivo de recuperar su identidad”.
La diputada letona Tatjana Zdanoka, del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea, recordaba el tratamiento de este tema en la legislatura anterior destacando la necesidad de abordarlo en el pleno del Parlamento Europeo. La parlamentaria Eleonora Evi, presidenta del Grupo de Trabajo para el Bienestar de los Niños, apoyó esta observación y apuntó la posibilidad de tratar los casos postfranquistas con el objetivo de desvincular el problema del imaginario colectivo.
Desde FIBGAR, María Garzón insistió en la necesidad de traer el pasado al presente en base a la importancia de los mecanismos de justicia transicional. “La única manera de conseguir la no repetición de estos hechos es aplicar esta Justicia, Verdad y Reparación para sus víctimas, porque tengan por seguro que las víctimas son no solo las familias, sino la sociedad entera. Y es indispensable que los jóvenes y niños conozcan nuestra historia, para entender el presente y para trabajar por un futuro en una Europa más justa para todos. Como yo, muchos españoles necesitamos sentirnos amparados por ustedes”.
Crímenes de lesa humanidad
“En FIBGAR sabemos que se están haciendo cosas; hay parlamentos autonómicos trabajando en ello, pero el problema debería ser resuelto por el Estado pues son crímenes provocados por el Estado y porque son sus ciudadanos los afectados”. María Garzón apeló también a la propuesta ya aprobada en el mes de abril por la Comisión de Justicia del Congreso de España, “pero aún no ha sido ejecutada por nuestro Gobierno y las víctimas españolas siguen esperando”.
Evitar el gen marxista
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Declaración de condena de la dictadura franquista de 17 de marzo de 2006, hace referencia a que “los ´niños perdidos´ son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen o enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como ´inadecuada´ para su formación”.
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