dimecres, 28 de juny de 2017

Ciudad Real. Dignidad y justicia para 3.700 ‘olvidados’ en fosas comunes durante 80 años

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Memoria Histórica

Memoria Histórica

Pilar Negrete Fernández apela a la dignidad y la justicia para recuperar a quienes yacen en fosas comunes anónimas / Elena Rosa
Para cualquier persona que quiera aportar o recabar información pueden hacerlo en el correo info@mapasdememoria.com
Dignidad, justicia o derechos humanos. Esos son los argumentos de los que se proveen quienes claman porque, tras una espera de casi 80 años en la que sus voces no se han escuchado, les devuelvan a los seres queridos que están “tirados como perros” en cunetas o tapias de cementerio. Quieren poder tener un lugar en el que poder llevarles flores, llorar su ausencia, poder visitarles o, simplemente, saber que están allí.
En los corazones de estas familias ya no cabe el rencor, no hablan de bandos ni de enfrentamientos, sólo de una justicia reparadora que los enterrados en fosas comunes y quienes sí los conservan en la memoria y en el alma se han ganado a pulso tras más de siete décadas.
“Sobran los motivos para devolver los cuerpos a sus familias, por dignidad, por respeto a los Derechos Humanos, por caridad cristiana para los creyentes y, en definitiva, por humanidad”.
Esos son los argumentos, a años luz de cualquier actitud revanchista, con los que Pilar Negrete Fernández, la sobrina de Antonio Fernández López -fusilado por el único delito de ser unos meses antes del golpe de Estado el alcalde socialista de Fernán Caballero-, reivindica el derecho no solo de su familia sino el de más de 3.700 de la provincia de Ciudad Real de recuperar a los seres queridos que una dictadura les arrebató no sólo en la vida sino también en la muerte.

Dar su sitio a las víctimas

Para esta ciudadrealeña, y para la mayor parte de su familia, sacar a su tío Antonio de la fosa común en la que lleva casi 70 años -después de que lo fusilaran en 1941- supondría “darle su sitio”.
En este sentido, considera que recuperar sus restos mortales implican la justificación de que “Antonio Fernández López vivió y no fue una fantasía de su familia, a la que ya solo nos queda el recuerdo. Antonio existió a pesar de los años de dictadura y a pesar de los años de desidia de la democracia y solo gracias a la familia que le recuerda, que nunca lo olvidó pese a que la dictadura lo intentó. En mi familia, incluso para quienes no lo pudimos conocer porque nos lo arrebataron antes de tiempo, quedan los recuerdos de los que sí lo conocieron: familiares, amigos, compañeros de partido y vecinos que vivieron para contar quien fue y lo que fue el tío Antonio”.
Antonio Fernández, alcalde socialista de Fernán Caballero en una fotografía que conserva su familia

Antonio Fernández, alcalde socialista de Fernán Caballero en una fotografía que conserva su familia

La familia de Pilar Negrete Fernández no sólo perdió a Antonio Fernández fusilado en la tapia del cementerio, sino que sufrió el injusto encarcelamiento de Juan Víctor Manuel Fernández / Familia Fernández
Pero, además, Negrete Fernández va más allá y destaca que “recuperar el cuerpo del tío Antonio también dará por terminado el periplo de la que fuera su mujer, la tía Paz, para darle sepultura. Aunque ella murió con 99 años, no pudo ver como su marido podía descansar por fin en paz pese a que lo intentó con todas sus fuerzas”.
Por haber vivido en primera persona el desconsuelo, el dolor y la impotencia que ha padecido su familia al tener a un ser querido enterrado en una fosa común, Pilar Negrete no logra entender los, cada vez más frecuentes por desgracia, argumentos en contra de que se lleven a cabo exhumaciones o, en el caso de no ser posible, señalizaciones de fosas para dignificar a los que en ellas fueron enterrados tras ser asesinados por una dictadura.

Olvidar no hará desaparecer la dictadura y el terror

Por ello, se dirige a los más críticos recordándoles que “olvidar no va a hacer desaparecer el terror que se vivió, no hará desaparecer la dictadura. El dictador murió, ya no puede hacer daño, algo que pude resultar obvio y que sin embargo hay que recordar a muchas víctimas, por lo que ha llegado el tiempo de reparar y de hacer justicia. Por eso, a los que niegan que los muertos reciban sepultura, les diría que no vuelquen sus pecados sobre los que pedimos que se abran las fosas comunes y se devuelvan los cuerpos a sus familias. Les pediría que no usen los argumentos del rencor y el revanchismo, que solo sienten ellos, para justificar la negación de algo tan básico como los derechos humanos No pueden culpabilizar a las víctimas de ser eso: víctimas”.
Sin embargo, Negrete Fernández va más allá al destacar que la democracia en nuestro país no está en deuda con la dictadura ni los demócratas le deben nada, un argumento por el que afirma que “es preciso que todos rompan ese hilo que les une y que ellos mismos han tejido. No están obligados a continuar trabajando para el olvido, al contrario, deben trabajar para construir un país fuerte con unos principios democráticos reales. No olvidemos jamás que sin justicia no hay democracia”.

Reclamar justicia

Pilar es descendiente de tercera generación de Antonio Fernández, otro de los argumentos que quienes están en contra de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y de la reapertura de fosas comunes esgrimen para pedir que se deje todo como está porque ya no quedan en muchos casos parientes de primer grado.
“Es cierto, soy descendiente de tercera generación y no soy víctima de la dictadura, pero sí lo fue mi abuelo, encarcelado durante años; su hermano asesinado; mi abuela que se quedó sola para sacar adelante a tres niñas pequeñas en la posguerra; a mi tía la hicieron viuda con un bebé recién nacido y removió cielo y tierra para recuperar a su marido para poder darle un entierro digno; y mi madre y mis tías que crecieron sin su padre. No soy víctima de la dictadura, pero eso no me quita ni un ápice de razón para reclamar justicia, no solo para anular los antecedentes de mi abuelo, ni para recuperar el cuerpo de mi tío, si no para recuperar todos los cuerpos”, asevera.

De interés general

Y es que para Negrete Fernández, no debería siquiera ser necesario tener un interés personal para recuperar la memoria de todos los que fueron asesinados. “Debería ser de interés general la recuperación de los cuerpos, la anulación de los procesos de los represaliados y facilitar a los investigadores el acceso a los archivos que recogen esa parte de nuestra historia. Insisto, debería ser una reclamación de la ciudadanía en general sin que fuera necesario tener familiares represaliados ni tener una filiación política determinada. Es curioso, pero a nadie con un mínimo sentido de la justicia se le ocurriría plantear, por ejemplo, que una vez acabada ETA se olvidaran a sus víctimas para no despertar, supuestamente, al monstruo”.
Memoria Histórica

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Durante la represión se fusiló a varios ediles de la provincia. En la imagen aparecen dos alcaldes de Ciudad Real, Fernando Piñuela y Calixto Pintor / Familia Santiago Arcos
Por todos estos motivos, por su experiencia personal pero también por su profundo sentido de la justicia, Pilar defiende con vehemencia la necesidad de cumplir con la Ley de Memoria Histórica, “como con todas las leyes”.
A este respecto se pregunta cómo se puede construir una democracia fuerte y sólida sobre unos cimientos “que obligan al olvido a las víctimas de la dictadura, llegando casi a obviar la propia existencia de la misma, y que violan los derechos humanos impidiendo la recuperación de los cuerpos de los asesinados durante la dictadura, por no hablar del enaltecimiento de la misma a través de calles y monumentos que recuerdan y homenajean al dictador y sus colaboradores”.

Recordar lo que nunca debió ocurrir

Pilar, que insiste en que “la dictadura ocurrió, hubo víctimas y negarles sus derechos básicos no va a borrarla”, es consciente de que no siempre será posible abrir las fosas comunes y recuperar los restos de las miles de personas asesinadas, si bien reconoce que se deberían señalizar esas fosas “porque eso es recordar lo que nunca debió ocurrir. De la misma manera que, por ejemplo, en la Europa que fue ocupada por los nazis se recuerda a los judíos asesinados en los campos de concentración y pueden ser visitados, en España también se debería poder hacer porque también hubo campos de concentración que no todo el mundo conoce y que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no se enseña en los colegios”.
Tras recordar cómo en su familia se hablaba de lo ocurrido “con asombrosa naturalidad, sin estridencias ni rencor” y que solo había un objetivo, el de recuperar el cuerpo del tío Antonio, Pilar Negrete quiere trasladar a la sociedad en general que “ignorar a las víctimas de la dictadura, es otra condena que sufren los que sobrevivieron y las familias de los asesinados. La dictadura fue real, como reales fueron sus víctimas: hubo un régimen genocida y es de justicia reparar sus consecuencias”.

La ley llegó tarde

En este sentido, esta ciudadrealeña lamenta que la Ley de Memoria Histórica llegara tan tarde y que desde 2012 tenga nula partida presupuestaria porque es “un insulto y un desprecio a las víctimas de la dictadura, además de una violación de los Derechos Humanos. Por el contrario, presupuesto no ha faltado nunca, por ejemplo, para los integrantes de la guardia mora de Franco y sus descendientes, que hoy día siguen cobrando la ‘paguita’” .
Por eso, considera que el proyecto iniciado por la Diputación de Ciudad Real en colaboración con el Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos de la UNED (CIEMEDH) para censar las fosas y recuperar los cuerpos es “empezar a dar visibilidad a las víctimas de un régimen genocida que existió y que las dejó por miles durante 40 años. Lo que debería ser algo justo y de obligado cumplimiento, se convierte en agradecimiento hacia la Diputación frente a lo que está haciendo el Gobierno central, que continúa condenando a las víctimas, ignorándolas como si nunca hubieran existido y, de paso, queriendo hacer olvidar que en España hubo una dictadura”.

Mapa de las fosas

Y es que, con el objetivo de que Ciudad Real sea una provincia libre de fosas comunes anónimas, la Diputación de Ciudad Real aporta 50.000 € a un proyecto que va a realizar con el CIEMEDH con los objetivos de hacer un mapa de las fosas comunes que hay en Ciudad Real, saber si han sido removidas o no, descubrir cuántos cuerpos contienen, exhumar las que sea posible y dignificarlas todas con una señalización adecuada.
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El director del CIEMEDH, Julián López, defiende la apertura y señalización de fosas para cerrar muchas heridas, por calidad democrática y cumplimiento de los Derechos Humanos / Elena Rosa
Así lo explica a LANZA el director de este centro de investigación, Julián López, quien recuerda que Ciudad Real, provincia de retaguardia durante la Guerra Civil, generó después de 1939 -y hasta 1950 aproximadamente- un número importante de fosas comunes en las que se enterraba tanto a los fusilados en las sedes de los partidos judiciales como a otros muchos que fallecieron en las cárceles en estos primeros años “que tenían unas condiciones dramáticas”.
Sin embargo, a pesar de las peticiones de las familias y como ha ocurrido en el resto de España, no se han estudiado esas fosas para poder iniciar un trabajo sistemático de recuperación de familiares hasta hace apenas 15 años, cuando la exhumación de Emilio Silva y la aprobación de la Ley de Memoria Histórica iniciaron un “movimiento más fuerte” que ha posibilitado que, por ejemplo, en la provincia se hayan abierto hasta la fecha cinco fosas comunes -además de una en Solanilla del Tamaral donde únicamente había dos personas- que son Chillón, Fontanosas, Abenójar, Saceruela y Puebla de Don Rodrigo.

Fosas comunes en las cabezas de partido judicial

No obstante, López asegura que el volumen “grande” de víctimas en fosas comunes se concentra en las tapias de los cementerios ubicados en los municipios que eran entonces cabeza de partido judicial -Almodóvar del Campo, Daimiel, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Piedrabuena, Almagro y Villanueva de los Infantes-, además de Puertollano. En ellas se estima que, inicialmente, podría haber entre 100 y 300 represaliados por la dictadura.
“Para hacerse una idea, de las cinco fosas abiertas hasta ahora en la provincia se ha exhumado alrededor de una treintena de cuerpos, mientras que nuestros cálculos apuntan a que habría en fosas comunes cerca de 4.000 personas, concretamente unas 3.700, de las que un millar corresponderían a la fosa común de Ciudad Real”, explica el investigador.
No obstante, el principal problema que hay en la actualidad es la falta de documentación posterior a 1945 sobre estas fosas de la provincia ya que algunas se han removido por los familiares o para llevarlos al Valle de los Caídos -en muchos de estos casos sin conocimiento de la familia- y en otras se han llevado cuerpos a osarios comunes al ampliarse los cementerios y mover las tapias bajo las que se encontraban los cuerpos, si bien es cierto que quedan algunas intactas como las de Castellar de Santiago o Almagro.

Censar las fosas, primera parte

“Poniendo de nuevo como ejemplo la fosa común del cementerio de Ciudad Real sabemos que de los 1.000 cadáveres que había, algunos se pudieron trasladar por acciones individuales de los familiares y otros, en distintos momentos de los últimos 70 años, pudieron ser sacados de forma sistemática. Por ello calculamos que podrían quedar entre 300 o 400 cadáveres, pero es necesario investigarlo”, agrega López.
En este sentido, insiste en que la primera fase de este proyecto será conocer la situación actual de todas estas grandes fosas para hacer mapas de memoria: Trabajarán para saber cuántos quedan y cuántos se llevaron para, a partir de ahí, dignificar todas independientemente de que se hayan removido, y saber en cuáles es posible la exhumación siempre que haya alguna demanda de familiares ya que, sin ella, no se podría actuar.
“Pero eso no va a ser problema porque normalmente las familias quieren que sus seres queridos sean reconocidos y sacados para poder enterrarlos. De hecho, de casi todos los pueblos en los que nos acercamos a trabajar se nos acercan familiares para pedirnos que les devolvamos a sus seres queridos tras 80 años”, asegura.
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El proyecto entre la Diputación de Ciudad Real y el CIEMEDH pretende censar, recuperar y señalizar fosas comunes / Elena Rosa

Por calidad democrática

Julián López asienta la recuperación de la memoria histórica en un valor tan importante como la calidad democrática, “ya que supone atender a quienes nunca tuvieron voz, a personas que solo quieren recuperar a sus familiares y poder enterrarlos dignamente o dignificar su trayectoria vital, y eso está relacionado también con los Derechos Humanos, al margen de ideologías. Lo hemos podido ver en algunas de las fosas que ya hemos abierto, como es el caso de Fontanosas, donde estaba todo el pueblo cuando se devolvieron los restos a las familias. Realmente quien ve que alguien está sufriendo porque no conoce el paradero de un ser querido y se le da esta vía para paliar su dolor, entiende que es un bien para todos”.
Y es que López defiende que los muertos podrían tener una ideología cuando murieron pero ya han pasado a ser muertos de todos, que no deben meterse en la disputa política y “es necesario que transmitamos ese mensaje como se ha hecho en otros países que han tenido este tipo de conflictos”.
Precisamente el que no se haya explicado bien ese concepto, así como que la exhumación de los cuerpos está vinculada con el cuerpo central del respeto a los derechos Humanos, es por lo que han aparecido en los últimos años voces detractoras de la Memoria Histórica, “además de porque otros han entendido que aquí sigue habiendo un arma de confrontación política”.

Cierre de heridas

Para este investigador ciudadrealeño, la apertura de fosas comunes supone un cierre de heridas, como así le transmiten quienes llevan conviviendo años con ese dolor, ya que cuando recuperan los restos de sus seres queridos “siguen recordando pero dejan de sufrir al saber que su familiar ya no está enterrado como un perro, como ellos mismos nos dicen”.
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Sólo en la tapia del cementerio de Ciudad Real había una fosa común con unas 1.000 personas / Elena Rosa
En este sentido, el director del CIEMEDH se cuestiona sobre a quién puede “hacerle mal” este tipo de intervenciones. “¿Por qué alguien dice que con este tipo de intervenciones se abren heridas? No lo entiendo y a veces creo que pueden tener algún tipo de sentimiento de culpa porque no acabo de comprender en qué les afecta políticamente que se exhumen fosas y que la gente pueda enterrar a sus muertos, como ellos hicieron ya. No hay que olvidar que hubo muchos muertos del bando franquista que fueron asesinados durante la guerra en los lugares en los que ganó el Frente Popular y fueron a parar a fosas comunes, pero la diferencia es que, inmediatamente que se terminó la guerra, fueron exhumados y dignificados”.
Y si ya es doloroso tener a un familiar en una fosa común sin señalizar y en muchos casos sin saber exactamente dónde, Julián López remarca que en estos enterramientos anónimos no yacen víctimas de la guerra, en la que al fin y al cabo mueren personas de los dos bandos porque se trata de una lucha, sino que yacen represaliados al término de la contienda, “algo que es aún más doloroso porque es injusto y una tiranía que el aparato administrativo de la dictadura, que tenía todo los medios, condenara sin pruebas y fusilara a miles de víctimas”.

Un intento de borrar la memoria

En este sentido, reconoce que cuesta mucho entender por qué la dictadura, si ya tenía todo el poder, no entregó esos muertos a sus familiares sino que los echaron en fosas comunes: no sólo quisieron borrar la presencia física sino que quisieron borrar la memoria.
“Las fosas comunes son un ejemplo de cómo los regímenes autoritarios quieren borrar la memoria no diciendo quiénes y dónde están los muertos para que no haya lugares de visita o conmemoración. Es un intento claro de borrar la memoria” indica el director del CIEMEDH, para añadir que se trata de un “borrado de memoria” que se ha perpetuado a lo largo de 80 años, que ha impedido cerrar las heridas “y que seguirá perpetuándose, pueden pasar 20 años como en Argentina, 30 como en Guatemala, 80 como en España o 100 como en Armenia, donde los muertos son, digamos, de derechas. En todos estos estos lugares se sigue buscando a sus muertos”.
Para contribuir a evitarlo se ha puesto en marcha este proyecto, en el que, insiste Julián López, lo primero que se va a hacer es definir el mapa de fosas y cuántos cuerpos puede haber en cada una de ellas; en noviembre se editará un libro con todos los nombres de los que están en las fosas y con entre 70 y 80 microbiografías que sean representativas de la casuística de los represaliados en la provincia; y a final de año se prevé acabar un proyecto integral de señalización de las fosas “porque sabemos que muchas han sido removidas o no las vamos a poder remover. Sea como sean, dejaríamos para 2018 y 2019 las intervenciones, que serán exhumaciones donde sea posible, y lo demanden las familias, y señalización donde no lo sea”.

Financiación necesaria

Durante la entrevista, Julián López se congratula del apoyo económico que le está brindando la Diputación de Ciudad Real, pero también aprovecha para subrayar la necesidad de financiación porque, si bien la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió un cauce para poder exhumar e investigar, “desde 2012 hemos seguido trabajando de una forma completamente voluntaria y altruista que ha mantenido latente la investigación, pero hace falta algo más porque una exhumación requiere, aunque no mucho, algo de financiación para sufragar los gastos de una máquina excavadora o el traslado del equipo de forenses -de los mejores de España y entre los que se encuentra Francisco Etxeberria Gabilondo- que viene de Aranzadi”.
No obstante, Julián López es optimista y creen que se van a volver a crear sinergias otra vez, “no sé si vía Presupuestos Generales del Estado en los que la Ley de Memoria Histórica vuelve a estar sin financiación, o a través de otras administraciones como Gobiernos autonómicos, ayuntamientos o diputaciones como la de Ciudad Real que creen en la necesidad de eliminar las fosas comunes para mejorar la calidad democrática y política del país”.

Libre de fosas comunes

De momento, la administración que ha dado un paso adelante y va a seguir colaborando es la Diputación de Ciudad Real ya que, como ha detallado a este medio el vicepresidente de la institución provincial y presidente de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica, David Triguero, es una forma de llevar a cabo su compromiso de tratar de atender todas las realidades sociales “y en este caso, además de haber una ley de obligado cumplimiento, existe una demanda social”.
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David Triguero preside la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica / Lanza
Por eso, destaca, se aportan 50.000 euros -el mismo montante que a los convenios que permiten la rehabilitación de iglesias y casas pastorales, así como cuarteles de la Guardia Civil- al Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos de la UNED (CIEMEDH) para lograr que en el territorio ciudadrealeño no haya fosas comunes en cumplimiento de dicha ley, que habilita a las Administraciones públicas a facilitar a los descendientes directos de las víctimas que lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.

Esperando casi 80 años

“Lo que no se entiende es que en pleno siglo XXI haya personas buscando aún a sus familiares desaparecidos hace más de 70 años. Es algo que no se concibe y, salvando las distancias, tenemos el ejemplo del debate social que surgió a raíz del asesinato de Ignacio Etxeberría en Londres por terroristas acerca de cómo era posible que no hubieran entregado el cuerpo a su familia tras varios días. Pues en la provincia de Ciudad Real hay familiares que llevan buscando o esperando casi 80 años. Creemos que ya es hora de escucharles y apoyarles”.
David Triguero, tras hacer un llamamiento a los ciudadanos que tengan información o familiares en fosas comunes a que contacten con este proyecto, ha concluido recordando que se trata de una iniciativa pionera porque, aunque en otras administraciones hay convocatorias puntuales para distintos colectivos, “en este caso es un compromiso global del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, de que cuando acabe esta legislatura o al comienzo de la siguiente, no queden fosas comunes anónimas en la provincia de Ciudad Real”.
David Triguero incide en que cualquier persona que quiera aportar o recabar información pueden hacerlo a través del correo electrónico info@mapasdememoria.com.