La última humillación se produjo esta semana en el Congreso en torno a la condecoración a Billy El Niño. Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.
Mariano Rajoy en un mitin en Torrelavega. Foto: Partido Popular de Cantabria
La sombra de Franco y su dictadura es alargada. No son suposiciones dichas a la ligera: los datos y, sobre todo, la historia que tanto quieren distorsionar, son quienes ponen a los populares frente a un espejo con sus mayores vergüenzas. Incluso, han sido los responsables de que la fundación dedicada al dictador haya recibido dinero público durante la época de Aznar. Tampoco les molesta que dicha institución disponga de documentación original secreta que corresponde al patrimonio público.
Once años, desde que se aprobara la llamada Ley de Memoria Histórica, en los que la humillación y los continuos obstáculos han sido la máxima del partido de Mariano Rajoy cuando ha tocado hablar de memoria histórica. Una ley descafeinada y nacida con la voluntad de mantener intacta las cloacas de de la transición. Fue sacada adelante con la oposición del PP y ERC, este último al considerar que no terminaba con el “sistema español de impunidad” de los años posteriores al fin de la dictadura.
El último episodio de humillación a las víctimas del franquismo sucedió esta semana, en la última intervención en el Congreso de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior, cuando se negó a retirar la condecoración a Billy El Niño. Luego, en el debate de la moción de censura, el que se rio fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.
2008
Muchos han acabado por creerse sus propias mentiras. Otros, directamente, son puros negacionistas de los horrores del franquismo. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en octubre de 2007, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en el gobierno de Aznar, definió de “extraordinaria placidez”los cuarenta años de dictadura. Afirmaba no sentir la necesidad de condenar nada porque “hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad”.
Decía Mariano Rajoy en febrero de 2008, durante una entrevista a 20 minutos, que, si por él fuera, “eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado”. Unas declaraciones que no son frutos de una equivocación, sino que atienden a una idea clara de enterrar el pasado. Ese mismo año, tras la solicitud de Garzón de acceder a diversos archivos para elaborar un “censo” de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, Rajoy declaró no ser “partidario de abrir heridas del pasado, que no conducen a nada”.
Estas afirmaciones son totalmente entendibles teniendo en consideración la del resto de compañeros de partido. Durante un Congreso del PP de Madrid, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, señaló que la gente de izquierdas son “unos carcas” porque están “todo el día pensando en la guerra del abuelo” y “en la fosa de no se quién”. Años después se ha intentado retractar de dichas palabras poniendo como prueba que su abuelo también sufrió la represión.
No obstante, estas políticas no se han limitado a la esfera nacional. En Canarias, el PSOE se topó con CC y los populares para la aprobación de una PNL con la que elaborar un proyecto de exhumación de las fosas en las islas, que finalmente no salió adelante. El mismo sentido final el vivido en Valencia. El por entonces gobierno presidido por Rita Barberá promovió la construcción de más de mil nichos sobre una fosa común del franquismo. A pesar de que se paralizaron las obras tras ser denunciados los hechos, el Ayuntamiento apeló al TSJV, quien les otorgó nuevamente el permiso para continuar.
Ese año se cerró con la negativa del PP y del PSOE a una proposición de ley impulsada por ERC, que instaba a revisar la ley aprobada por Zapatero hacía casi doce meses.
2009
José Millán-Astray, general golpista, fundador de la Legión y jefe de prensa y propaganda de Franco es “un coruñés de pro, de toda la vida”. Estas fueron las palabras esbozadas por el presidente provincial del PP de A Coruña, Carlos Negreira, en defensa a la estatua del militar que se pretendía retirar tras aprobarse en el pleno del Ayuntamiento sin el apoyo de los conservadores.
Por aquellos tiempos, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no era muy conocido para gran parte del país, salvo en Cataluña. Autoproclamados como la alternativa a la vieja política, lo cierto es que desde sus comienzos han compartido gran parte de su ideario. En junio de ese año, el grupo se abstuvo en la votación del proyecto de ley sobre la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Albert Rivera expresó entonces que “para Ciudadanos, el texto que garantiza el derecho individual de las personas es correcto” pero veía peligroso que se utilizara esta ley “para hacer revisionismo político”. El Partido Popular, una vez más, votó en contra.
2011
Con Zapatero sobrepasado, se acabó por adelantar las elecciones. Rajoy se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno con mayoría absoluta y comenzaba así la crónica de una muerte anunciada para la Ley de Memoria Histórica. Ese 2011, el gobierno socialista –en funciones– consiguió colar in extremis subvenciones por valor de 5,6 millones de euros, destinados a 190 proyectos de recuperación y justicia. El año siguiente, el gobierno del PP enterró definitivamente una época sin acabar de nuestro país.
Los populares ya en aquel momento estaban más ocupados de hacer imposible la vida a familiares de las víctimas. En Poyales del Hoyo, municipio de la provincia de Ávila, el primer edil, Antonio Cerro, decidió dar por concluida la cesión de un espacio en el cementerio –que ellos mismos aprobaron en 2002– donde descansaban los restos mortales de tres mujeres del pueblo asesinadas por falangistas en 1936. Cerro aprovechó la coyuntura que se le presentó cuando un familiar reclamó los restos de su abuela para trasladar definitivamente todos los huesos a una fosa común.
2012
Con el Partido Popular ya asentado en las instituciones, los recortes no se hicieron esperar. En los PGE de 2012 se estableció la cantidad de 2,5 millones de euros “para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre”, lo que suponía un 60% menos que en el ejercicio anterior. A eso le acompañó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado para coordinar la exhumación de desaparecidos. Se acabó reubicando para su posterior caída en el olvido en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia.
2013
Por primera vez desde su aprobación, la Ley de Memoria Histórica se quedaba sin dotación presupuestaria. Fue el mismo año en que el diputado Rafael Hernando aseguraba en una tertulia que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Ahora, ya ni eso. Como había prometido años atrás Mariano Rajoy, ni un solo euro más se destinaría a recuperar los cuerpos de las víctimas.
Continuando con el camino que se habían marcado, en mayo los populares rehusaron condenar el franquismo en el Congreso. Izquierda Unida había llevado a la Cámara Baja convertir el 18 de julio, día del golpe de Estado, en jornada “oficial de condena de la dictadura”. Todos los grupos secundaron la propuesta salvo el PP, que votó en contra, y UPyD, que se abstuvo. Como justificación, el diputado Pedro Ramón Gómez de la Serna espetó: “No podemos condenar a las nuevas generaciones al peso insoportable de la guerra civil. No aspiramos a una memoria unánime, aspiramos a una memoria para poder convivir”. Meses más tarde, mismo escenario y situación parecida. En esta ocasión, la proposición instaba a retirar los símbolos franquistas y la postura se repitió.
2014
Por si no hubiese sido poco las repetidas llamadas a la cordura desde España, entró en juego la Organización de Naciones Unidas. Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió un informe donde instaba al Ejecutivo a reparar el daño que la dictadura provocó. Como venía siendo habitual, el Partido Popular restó importancia al documento hasta el punto de ignorarlo.
Sin embargo, no era la primera vez –ni sería la última– que desde organismos internacionales se había dado un toque de atención al Gobierno. Ya en 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, dirigió a España una petición formal para la derogación de la Ley de Amnistía en nombre de la ONU, denunciando que incumplía la normativa internacional de Derechos Humanos. En 2017, Pablo de Greiff volvió a recordar a España que el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
2015
“No hay fosas por descubrir”, dijeron ese año los populares, “salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”, remataron. Fueron unas declaraciones pronunciadas en el Senado tras rechazar, otra vez, la concesión de fondos a la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura.
Otro rechazo, esta vez en Catalayud, fue el del PP y el PAR junto con la abstención de Ciudadanos, evitando que se retirase a Franco la medalla de oro de la ciudad. Preguntado por esto, Albert Rivera explicó que es el modus operandi de su partido en votaciones similares para así evitar “abrir un debate sobre la memoria histórica”.
No fue la única ocasión donde los conservadores azules se negaron a retirar viejas condecoraciones. El 18 de junio de 2015 el Partido Popular votó en el Congreso en contra de la PNL presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de “Grandes de España” a los Franco, y otros títulos nobiliarios a golpistas como Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe y José Antonio Primo de Rivera, entre otros.
En los municipios, por su parte, se respiraban nuevos aires. Era el año de los llamados gobiernos del cambio. Barcelona y Madrid estrenaban alcaldesas dispuestas a modificar el callejero de sus ciudades. Todos se mostraron partidarios de la iniciativa a excepción del grupo que entonces encabezada Esperanza Aguirre, quien no dudó en arremeter contra el ” sectarismo y revanchismo ” que decía suponer la medida.
2016
Ese año los nostálgicos del régimen de la dictadura e integrantes del partido que gobernaba se vieron para cenar y celebrar. En ese encuentro, un alto cargo del PP de Extremadura y dos alcaldes fueron premiados por honrar la memoria de Franco e incumplir la Ley de Memoria Histórica y defender al dictador. Un trabajo que han cumplido a rajatabla al oponerse de manera invariable a la retirada. En esta ocasión fue en el Ayuntamiento de la capital. El Partido Popular mostró su negativa contra la retirada de los honores a 13 personalidades del franquismo. “La Ley de Memoria Histórica es fratricida y debería de haberla derogado el PP”, dijo Esperanza Aguirre.
2017
Estaba en Costa de Marfil y parecía que hubiese sufrido una amnesia selectiva. Rajoy contó a los asistentes que no comprendía el cambio de nombre de la calle en la que llegó a vivir. Ese nombre era el de Salvador Moreno, partícipe del golpe militar de 1936 y, una vez acabada la guerra, ministro de la dictadura. Resulta entendible, por tanto, que su grupo parlamentario diera su “no” a una PNL –sin efectos jurídicos– que declaraba nulas las sentencias del franquismo. Una petición que también se vio con la negativa de ERC, reprochando al PSOE el momento y las formas. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo.
La que sí salió adelante fue la histórica Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que suponía una ampliación de la estatal y que, si bien no contó con ningún contrario, PP-A y Cs se abstuvieron. Estos últimos, porque “pone en cuestión” un periodo “sagrado” como la Transición, así como la Ley de Amnistía, que “se aprobó para perdonarnos”.
2018
Este año, el movimiento en torno a la memoria histórica está siendo notorio. En la capital se presentó la muestra No pasarán. Madrid 1936. Para sorpresa de nadie, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicó que este acto buscaba la “división y el enfrentamiento”.
En la Comunidad, hasta hace unos días presidida por Cristina Cifuentes, el PP votó en contra de una iniciativa de Podemos que pedía a la justicia que investigue los crímenes franquistas. Ciudadanos, en cambio, optó una vez más por la abstención, hecho que no impidió que saliese adelante una PNL sin carácter legislativo.
A nivel estatal, ambas cámaras parlamentarias han acogido distintas propuestas legislativas. Por un lado, el Congreso ha visto frenado por el Gobierno la tramitación de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, proponía exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria. El motivo de dicha decisión atendió a razones presupuestarias que alcanzarían los 214 millones de euros, aseguraban. Mismo resultado obtuvo otra iniciativa dirigida a, entre otros puntos, investigar la Fundación Nacional Francisco Franco.
Las dos últimas grandes estocadas a la memoria de las víctimas se han producido en los últimos meses. La primera, el pasado 20 de marzo en el Congreso. PP, PSOE y Cs en bloque decidieron rechazar la reforma de la Ley de Amnistía para así abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo. Una ley que ampara a franquistas acusados de torturas, como es el caso de Billy el Niño. La segunda, el pasado 24 de abril. El Pleno del Senado dio puerta, con el voto en contra del PP, a una iniciativa del PSOE con el apoyo del resto de grupos. Con ella se pretendía el cumplimiento íntegro de la ley de Memoria Histórica, así como investigar a la Fundación Francisco Franco y declararla ilegal.
En definitiva, 11 años donde ha quedado patente el claro interés del Partido Popular por que no se haga justicia y repare el daño que ocasionó Franco, su guerra y el posterior régimen dictatorial.
Decía el historiador José María García Márquez, que no debe olvidarse que la fundación de Alianza Popular se cerró con todos los cientos de delegados “puestos en pie y gritando ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!”. Tal vez así se comprende mejor que la memoria histórica jamás haya sido abordada como lo que debe ser: una cuestión de Estado.
Ahora, con la vuelta de los socialistas al poder tras salir adelante la moción de censura, Pedro Sánchez tiene ante sí la posibilidad de recuperar la ley de Memoria Histórica. Le toca al PSOE hacer honor a sus siglas y recuperar los años perdidos con el mandato de Mariano Rajoy.
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