ROMPE CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL
La sala de lo Militar del Tribunal Supremo, se ha negado sistemáticamente a declarar la nulidad de los consejos de guerra sumarísimos
Recordemos que en el del año 2017 la Generalitat aprobó por unanimidad la Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, donde se declaran nulos y sin efectos jurídicos los consejos de guerra sumarísimos y sus correspondientes sentencias.
El Estatut de Catalunya de 1932 fue derogado por la ley de 5 de abril de 1938 en un acto ilegal de la dictadura franquista que solo pudo ser impuesto por la fuerza de las armas.
Un estatut que daba a la Generalitat plenas competencias en Justicia. Por ello en esa Ley catalana se interpreta que los consejos de guerra y los juicios sumarísimos se celebraron “vulnerando las competencias de la legalidad entonces vigente“, por ello se declara la nulidad de los Consejos de Guerra producidos en Catalunya desde el 5 de abril de 1938 a diciembre de 1975.
Se establecía un procedimiento administrativo para hacer efectivo ese reconocimiento individual de la nulidad de cada proceso.
Y eso es lo que acaba de ocurrir: La Consejera de Justicia, Ester Capella, entregara a las familias el documento que acredita la nulidad de las sentencias a muerte de ocho vecinos de Palamós, fusilados por el franquismo, en donde se declarar la ilegalidad de todas las resoluciones y sentencias dictadas en Catalunya en base a la ley anteriormente comentada.
El acto tuvo lugar el día 22 de marzo en la sala noble del ayuntamiento de Palamós. El documento va acompañado de una carta, que dice que se restablece el honor, la dignidad y la memoria de las víctimas de los tribunales franquistas.
Podemos entender que se rompe así sin reparos con el ordenamiento jurídico español y el poder judicial, al anular las sentencias de los consejos de guerra. Poder judicial, heredero del franquismo, que actualmente está juzgando a la Generalitat.
En cambio a nivel de todo el Estado español, las cosas van mucho más despacio. Sigue la anomalía, nacida de una Transición carcomida por la pervivencia de instituciones y símbolos de la dictadura franquista, que no tuvo piedad con los vencidos.
La sala de lo Militar del Tribunal Supremo, se ha negado sistemáticamente a declarar la nulidad de los consejos de guerra sumarísimos.
Tal fue el caso de mi abuelo, el doctor Luis Calandre Ibañez, cuando puse un recurso de revisión para anular sus Consejos de Guerra, que fue desestimado en el año 2012.
Y seguimos estancados, pues el bloqueo parlamentario del Partido Popular, y Ciudadanos en la Mesa del Parlamento, retrasa la tramitación de dos proposiciones de Ley, que propugna la nulidad de las sentencias condenatorias de los tribunales de la dictadura, una del grupo mixto y otra del PSOE y Podemos.
Ahora, solo falta esperar a que la próxima legislatura, la Mesa del Congreso tenga otra composición, y esas leyes se tramiten rápidamente, y tomar ejemplo de la habilidad de la Generalitat (a propuesta de Comissio de la Dignitat) para gestionar este asunto con éxito.
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