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Un informe oficial del Ejecutivo documenta las muertes en bombardeos, ejecuciones o desapariciones forzosas, unos delitos que no prescriben. Los datos forman parte de una nueva base de datos en la que se seguirán incorporando casos.
“Mi querida Faustina e hijos: dentro de una hora, poco más o menos, me van a ejecutar”. Así empezaba la última carta que escribió Julián Hermosa, uno de los presos republicanos de la cárcel de Larrinaga, en Bilbao. Cuando terminó de redactar aquellos párrafos sobre un papel hoy amarillento, los verdugos del franquismo destrozaron su cuerpo en el garrote vil. Su asesinato forma parte del largo listado de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista en Euskadi.
Desde este verano, las víctimas vascas están incluidas en la primera fase del “Informe de vulneraciones de derechos fundamentales entre 1936-1978”. En este apartado, que ha sido presentado este lunes en Vitoria por la directora de Gogora (Instituto Vasco de la Memoria), Aintzane Ezenarro, y el secretario de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, se abordan las “víctimas mortales durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945)”. El trabajo ha sido elaborado mediante un convenio suscrito entre el Gobierno Vasco, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Están todos los que son, pero no son todos los que están. “En esta primera fase este informe ofrece un listado con los nombres de las víctimas mortales ocasionadas desde 1936 a 1945 en la guerra civil y la posguerra en Euskadi así como de los vascos que murieron a consecuencia de la guerra” fuera del País Vasco, informaron sus responsables. Los resultados obtenidos se han volcado en una base de datos que “contiene un total de 19.998 fichas de víctimas mortales, de las cuales 698 no están identificadas”. Del total de documentos elaborados, 998 corresponden a mujeres y 18.958 a hombres. “Sobre las 42 restantes –explicaron-, no ha sido posible determinar el género”.
Allí se recogen “los datos personales disponibles, la causa del fallecimiento y las fuentes archivísticas y/o bibliográficas de donde se han extraído, así como la información que las instituciones han ido recopilando en cada caso en otras actuaciones relacionadas como exhumaciones, informes individualizados solicitados por allegados, recogida de ADN a familiares y otras investigaciones”. “De este modo, en una única base de datos se puede acceder a toda la información disponible de cada persona fallecida en la guerra civil en Euskadi”, apunta el Gobierno Vasco.
En cualquier caso, sus promotores subrayaron que “se trata de una investigación viva, cuyos resultados se tienen que calificar de provisionales, y abiertos a nuevas incorporaciones, porque quedan todavía por localizar muchos casos personas de origen vasco que fallecieron durante la Guerra Civil fuera de Euskadi”.
Imprescriptibles
Uno de los aspectos novedosos de esta base de datos –que podrá consultarse en las oficinas del Instituto de la Memoria en Bilbao- es que “los datos históricos sobre el número de víctimas producidas se acompañan de la calificación que el derecho penal internacional otorga a la causa de la muerte, siempre que esta causa tenga reflejo en el derecho internacional de los derechos humanos”. “Las víctimas mortales causadas en combate, por ejemplo, no tienen calificación en el derecho penal internacional”, subrayan.
El Gobierno Vasco registra 1.363 casos de muertes en bombardeos
De esta manera, el Gobierno Vasco registra oficialmente 1.363 casos de personas muertas en bombardeos y 247 en “otras causas no combatientes”, calificadas todas ellas como “crímenes de lesa humanidad de asesinato”. En esa misma categoría están incluidas 895 ejecuciones sumarísimas –penas de muerte- y 2.252 muertes en prisión. Además, hay 1.130 ejecuciones extrajudiciales, calificadas según el derecho penal internacional como “crímenes de lesa humanidad de desaparición forzosa”. Se trata en total de 5.887 crímenes contra la humanidad. Tal como indica el derecho penal internacional, los delitos que tienen esa categoría no prescriben.
Asimismo, el informe del Gobierno Vasco documenta 6.767 gudaris y milicianosmuertos en combate y 5.479 sublevados que fallecieron en idénticas circunstancias. Hay, además, 955 muertos “causados por los republicanos en acción no combatiente” y otros 910 casos “sin clasificar”.
Llamamiento a las familias
En un comunicado, el Gobierno Vasco indicó que “muchas víctimas mortales de la Guerra Civil no fueron inscritas en ningún registro archivístico, sobre todo en el caso de los ejecutados y combatientes del lado republicano”. “Este vacío documental solo se puede solventar por medio de fuentes orales y familiares”, precisó, remarcando precisamente que “esta ha sido, de hecho, la vía de incorporación de 470 casos a esta base de datos”.
Por este motivo, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu realizó un llamamiento “dirigido a las familias de víctimas que puedan ofrecer datos sobre familiares que murieron en la Guerra Civil” para que “aporten a esta investigación la información de la que dispongan”.
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