https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/08/la_derecha_redobla_sus_ataques_contra_memoria_historica_101727_1012.html
El Ayuntamiento de Madrid retira las placas de un memorial dedicado a las víctimas del franquismo y el de Zaragoza opta por el inmovilismo en un proceso judicial sobre la represión en la zona entre 1936 y 1977- La Junta suprime en Andalucía la subvención directa que tenía asignada desde 2016 la asociación Todos los Nombres
- La ultraderecha aprovecha su entrada en el Congreso y en varios Parlamentos autonómicos para exigir la derogación de las leyes de memoria histórica, tanto la nacional como las autonómicas
El Ayuntamiento de Madrid retira las placas de un memorial dedicado a las víctimas del franquismo y el de Zaragoza opta por el inmovilismo en un proceso judicial sobre la represión en la zona entre 1936 y 1977
Publicada el 06/12/2019 a las 06:00Actualizada el 05/12/2019 a las 23:06
El Ayuntamiento retira las placas con los nombres de los republicanos fusilados en La Almudena.
Foro por la Memoria
La batalla contra la memoria histórica siempre ha estado incrustada en el ADN de la derecha española. Hace más de una década, cuando el espectro conservador sólo estaba representado por un único partido a nivel nacional en el Congreso, el PP no tuvo ningún reparo en cargar contra la normativa memorialista de José Luis Rodríguez Zapatero aseverando que era “perjudicial para la convivencia nacional”. Por eso, en cuanto consiguieron entrar en La Moncloa, apostaron por una derogación de facto mediante la retirada de fondos públicos. Pero ahora, las embestidas de la derecha se han endurecido. Y lo han hecho a raíz del ascenso y entrada del partido ultra Vox en las instituciones. Una formación que reclama directamente la derogación de las leyes memorialistas –a nivel nacional o autonómico–, que cree que “no tiene sentido” condenar el franquismo porque “somos herederos de nuestra historia” o que no duda en poner la lupa sobre las asociaciones que trabajan para que las víctimas de la dictadura tengan la verdad, justicia y reparación que llevan décadas reclamando.
Los primeros síntomas que evidenciaron el auge de la extrema derecha española aparecieron hace justo un año, en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018. Vox llegó a aquellos comicios con un programa electoral bajo el brazo en el que se apostaba firmemente por la eliminación de la Ley de Memoria Histórica. “Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España”, recogían los ultras en 100 medidas para la España viva, una suerte de programa electoral. Luego llegaron las generales y las autonómicas. Y la formación liderada por Santiago Abascal, quién no ha dudado en calificar el golpe de Estado de 1936 de “movimiento cívico militar”, no cejó en su batalla contra las que ellos denominan “leyes con un marcado carácter ideológico” que “atentan contra la libertad de pensamiento y la igualdad”.
Como si fuese a remolque de los ultras, el PP decidió también incluir de cara a esas elecciones en su programa electoral una medida relacionada con la memoria histórica, algo que no había hecho antes. En concreto, los conservadores de Pablo Casado proponían la derogación de la norma impulsada por el Gobierno de Zapatero y la aprobación de una “Ley de Concordia” que incluyese “a todas las víctimas” y que hiciese del recuerdo de los hechos históricos “un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia”. Ciudadanos, por su parte, prefirió obviar completamente el tema alegando que había que mirar hacia delante. Pero lo que trajo ese futuro fueron unos comicios con unos resultados que obligaban al pacto. Conservadores, naranjas y ultras terminaron recurriendo a la denominada vía andaluza –Gobierno de PP y Cs apoyado desde fuera por Vox– para hacerse con el control de varios Ejecutivos autonómicos y municipales. Y las tres derechas intensificaron la ofensiva contra la memoria histórica.
Los memoriales madrileños y la inacción en Zaragoza
Uno de los casos más sonados fue el registrado en la capital. A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid, controlado por naranjas y conservadores, decidió retirar las placas con los nombres de fusilados del Memorial del cementerio de La Almudena, un homenaje que se comenzó a construir durante la etapa de Manuela Carmena y cuyas obras se paralizaron con la llegada de José Luis Martínez-Almeida. Las dos formaciones políticas justificaron el movimiento alegando que no cumplía con la decisión del ya extinto Comisionado de Memoria Histórica de “honrar a todas las víctimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios”. Por ello, desde el Consistorio aseguraron que querían levantar un monumento para recordar a “todas las víctimas” entre 1936 y 1944. Sin embargo, lo que realmente acordó el Comisionado, y así consta en el acta de aquella reunión, fue erigir dos memoriales diferentes. Uno para las víctimas fusiladas entre 1939 y 1944, aunque sin incluir los nombres. Y otro, similar y en el mismo camposanto, en recuerdo de las miles de víctimas de la Guerra Civil de 1936 a 1939.
Pero esta no ha sido la única decisión polémica que ha tomado el consistorio de la capital en materia memorialista. El pasado mes de agosto, cuando apenas llevaba un mes en Cibeles, el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos anunció que no se llevaría finalmente a cabo la construcción en los terrenos que albergaron de la antigua cárcel de Carabanchel del memorial en recuerdo a los represaliados durante la dictadura, un proyecto aprobado durante el mandato de Manuela Carmena. El consistorio encabezado por José Luis Martínez-Almeida, a pesar de las críticas de PSOE y Más Madrid, ha preferido dedicar dicha partida presupuestaria a dos camiones de la Policía Municipal para el traslado de caballos. Esto ha obligado a la Plataforma Salvemos Carabanchel a poner en marcha un plan alternativo que ha pasado por la instalación de tres placas con los nombres de varios centenares de represaliados en el centro penitenciario. El memorial, financiado por los vecinos, duró sólo un par de días. El pasado lunes había desaparecido.
Otro de los ayuntamientos controlados por la derecha que preferido ponerse de espaldas a la memoria histórica es el de Zaragoza. El pasado mes de julio, el Gobierno de PP y Ciudadanos tutelado por Vox optó por no continuar ejerciendo la acusación en la querella presentada por el anterior equipo de gobierno centrada en los asesinatos, secuestros y torturas cometidos entre 1936 y 1977 en la zona, según informó Público. La decisión se tomó unos días después del sobreseimiento provisional de la causa y bajo la excusa de que “no existen argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar el contenido del auto” que daba carpetazo al asunto. En las últimas semanas, además, el consistorio ha acumulado un par de demandas relacionadas con la memoria. La primera está centrada en la decisión del equipo de gobierno de dar carpetazo al expediente municipal sobre el cambio de nombre de varias calles dedicadas a personajes franquistas. La segunda exige al equipo de gobierno que elabore de una vez un catálogo de vestigios franquistas y adopte las medidas necesarias para proceder a su retirada.
Leyes memorialistas y exhumación de Franco
Los dos movimientos judiciales contra el consistorio aragonés se apoyan en la Ley de Memoria Histórica aprobada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Una norma que se ha convertido en el centro de los ataques del partido liderado por Santiago Abascal desde que desembarcó en el Congreso de los Diputados. Así, en la corta legislatura que se prolongó desde abril a septiembre, el partido ultraderechista no tardó en presentar una proposición de Ley para derogar la iniciativa de 2007. Una ofensiva que trataron de completar con varias baterías de preguntas al Ejecutivo, algo que también han realizado para recabar información sobre activistas LGTBI, trabajadoras de violencia de género o colectivos feministas. Así, las cuestiones solicitaban datos al Gobierno sobre las ayudas otorgadas a asociaciones memorialistas, los cambios en el nomenclátor y su coste o los fondos públicos asignados y los gastos derivados del funcionamiento de la Dirección General de Memoria Histórica.
La ultraderecha también ha aprovechado su presencia en nueve Parlamentos autonómicos para extender su ataque a las leyes memorialistas regionales. Sin embargo, esta ofensiva ha provocado que en varios lugares se queden solos. Las Cortes de Aragón, por ejemplo, han rechazado esta semana la toma en consideración de la iniciativa del partido de Santiago Abascal contra la normativa de memoria autonómica aprobada en 2018. Sólo votaron a favor los tres diputados ultras, mientras que en contra se pronunciaron media docena de partidos –IU, CHA, Ciudadanos, Podemos, PSOE y PAR– y el PP se abstuvo. La extrema derecha ya había recibido un varapalo con una proposición de ley similar en las Cortes de Castilla y León a mediados de noviembre. Aquella iniciativa fue tumbada con el voto en contra de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. “No sé cómo llegarán de lejos, pero sé a lomos de quién cabalgan: a lomos del odio”, reprochó a Vox el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Igea, quien intervino “para evitar que el silencio de la Junta supusiera aceptar las afirmaciones”.
Como en suelo aragonés y castellanoleonés, los ultras también han colado su discurso contra la memoria histórica en el debate político madrileño. A comienzos de noviembre, por ejemplo, registraron una pregunta interesándose por si el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso pensaba “alterar” las “denominaciones de centros educativos dedicados a reconocidos comunistas y estalinistas”. Pero cuando más movimiento hubo fue en las semanas previas a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Sobre esta cuestión, los ultras registraron una proposición no de ley exigiendo al Gobierno regional su personación en los procedimientos abiertos en el Supremo contra la exhumación para, posteriormente, pedir la nulidad de las actuaciones. Además, también preguntaron al Ejecutivo madrileño si se había propuesto promover alguna iniciativa de defensa de la competencia de la Comunidad en materia de policía sanitaria mortuoria frente a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.
Esta última cuestión fue respondida a comienzos de octubre por la presidenta madrileña. Los primeros segundos de la intervención de Ayuso en el Pleno se ajustaron a la pregunta concreta. Sin embargo, la líder del Ejecutivo regional no tardó en entrar al trapo para intentar competir con Vox en esta materia. “¿Por qué estamos hablando ahora de este tema? (…) Porque el PSOE y el presidente del Gobierno, al no tener proyecto y con tal de parecerse más a Podemos que el propio Pablo Iglesias, lejos de promover la unidad de los españoles o de resolver sus problemas, nos dividen. Porque esa es la hoja de ruta de la izquierda española, con un objetivo claro: la Transición, la corona, la bandera y la Constitución”, se arrancó Ayuso, quien aseguró que le espantaba la Ley de Memoria Histórica y “tener que remover heridas o abrirlas”. “¿Y qué será lo siguiente? ¿La cruz del Valle? ¿Todo el Valle? ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en 1936?”, culminó la presidenta madrileña.
El frente andaluz
Pero de todas las comunidades autónomas, Andalucía es la que ha actuado como avanzadilla. El primer jarro de agua fría cayó sobre los colectivos memorialistas el pasado mes de febrero, cuando el partido liderado por Santiago Abascal se hizo, nada más y nada menos, con la presidencia de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico en el Parlamento andaluz, un órgano con competencias en memoria democrática. Un mes después, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciaba que el Gobierno regional estaba preparado para registrar una Ley de Concordia para “mejorar” la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra –tanto PP como Ciudadanos se abstuvieron–. Este fue uno de los puntos recogidos en el acuerdo alcanzado entre conservadores y extrema derecha para la investidura de Moreno. Una medida que el PP-A, al contrario que Vox, ni siquiera incluía en su programa electoral para los comicios autonómicos.
En materia presupuestaria, las cuentas que el Ejecutivo andaluz consiguió sacar adelante el pasado mes de agosto recogían un recorte testimonial del 6,9% en la partida presupuestaria dedicada a esta materia. Y suprimían la subvención directa que tenía asignada desde 2016 Todos los Nombres, la red social de la memoria en el sur de España, con información sobre 97.615 represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y el norte de África. El Ejecutivo regional decidió dar este paso al considerar que el hecho de que el proyecto recibiera una ayuda de 10.000 euros al año “al margen de la convocatoria de ayudas” suponía un trato de favor. La base de datos nació en 2006 para poner en contacto a familiares de víctimas e investigadores a través de una red de colaboradores altruistas. Poco a poco, con el impulso del sindicato CGT y la asociación Nuestra Memoria, se fue convirtiendo en un contenedor informativo de referencia, consolidándose como la mayor iniciativa de recogida y difusión de datos de represaliados puesta en práctica en España por el movimiento memorialista.
Los primeros síntomas que evidenciaron el auge de la extrema derecha española aparecieron hace justo un año, en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018. Vox llegó a aquellos comicios con un programa electoral bajo el brazo en el que se apostaba firmemente por la eliminación de la Ley de Memoria Histórica. “Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España”, recogían los ultras en 100 medidas para la España viva, una suerte de programa electoral. Luego llegaron las generales y las autonómicas. Y la formación liderada por Santiago Abascal, quién no ha dudado en calificar el golpe de Estado de 1936 de “movimiento cívico militar”, no cejó en su batalla contra las que ellos denominan “leyes con un marcado carácter ideológico” que “atentan contra la libertad de pensamiento y la igualdad”.
Como si fuese a remolque de los ultras, el PP decidió también incluir de cara a esas elecciones en su programa electoral una medida relacionada con la memoria histórica, algo que no había hecho antes. En concreto, los conservadores de Pablo Casado proponían la derogación de la norma impulsada por el Gobierno de Zapatero y la aprobación de una “Ley de Concordia” que incluyese “a todas las víctimas” y que hiciese del recuerdo de los hechos históricos “un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia”. Ciudadanos, por su parte, prefirió obviar completamente el tema alegando que había que mirar hacia delante. Pero lo que trajo ese futuro fueron unos comicios con unos resultados que obligaban al pacto. Conservadores, naranjas y ultras terminaron recurriendo a la denominada vía andaluza –Gobierno de PP y Cs apoyado desde fuera por Vox– para hacerse con el control de varios Ejecutivos autonómicos y municipales. Y las tres derechas intensificaron la ofensiva contra la memoria histórica.
Los memoriales madrileños y la inacción en Zaragoza
Uno de los casos más sonados fue el registrado en la capital. A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid, controlado por naranjas y conservadores, decidió retirar las placas con los nombres de fusilados del Memorial del cementerio de La Almudena, un homenaje que se comenzó a construir durante la etapa de Manuela Carmena y cuyas obras se paralizaron con la llegada de José Luis Martínez-Almeida. Las dos formaciones políticas justificaron el movimiento alegando que no cumplía con la decisión del ya extinto Comisionado de Memoria Histórica de “honrar a todas las víctimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios”. Por ello, desde el Consistorio aseguraron que querían levantar un monumento para recordar a “todas las víctimas” entre 1936 y 1944. Sin embargo, lo que realmente acordó el Comisionado, y así consta en el acta de aquella reunión, fue erigir dos memoriales diferentes. Uno para las víctimas fusiladas entre 1939 y 1944, aunque sin incluir los nombres. Y otro, similar y en el mismo camposanto, en recuerdo de las miles de víctimas de la Guerra Civil de 1936 a 1939.
Pero esta no ha sido la única decisión polémica que ha tomado el consistorio de la capital en materia memorialista. El pasado mes de agosto, cuando apenas llevaba un mes en Cibeles, el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos anunció que no se llevaría finalmente a cabo la construcción en los terrenos que albergaron de la antigua cárcel de Carabanchel del memorial en recuerdo a los represaliados durante la dictadura, un proyecto aprobado durante el mandato de Manuela Carmena. El consistorio encabezado por José Luis Martínez-Almeida, a pesar de las críticas de PSOE y Más Madrid, ha preferido dedicar dicha partida presupuestaria a dos camiones de la Policía Municipal para el traslado de caballos. Esto ha obligado a la Plataforma Salvemos Carabanchel a poner en marcha un plan alternativo que ha pasado por la instalación de tres placas con los nombres de varios centenares de represaliados en el centro penitenciario. El memorial, financiado por los vecinos, duró sólo un par de días. El pasado lunes había desaparecido.
Otro de los ayuntamientos controlados por la derecha que preferido ponerse de espaldas a la memoria histórica es el de Zaragoza. El pasado mes de julio, el Gobierno de PP y Ciudadanos tutelado por Vox optó por no continuar ejerciendo la acusación en la querella presentada por el anterior equipo de gobierno centrada en los asesinatos, secuestros y torturas cometidos entre 1936 y 1977 en la zona, según informó Público. La decisión se tomó unos días después del sobreseimiento provisional de la causa y bajo la excusa de que “no existen argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar el contenido del auto” que daba carpetazo al asunto. En las últimas semanas, además, el consistorio ha acumulado un par de demandas relacionadas con la memoria. La primera está centrada en la decisión del equipo de gobierno de dar carpetazo al expediente municipal sobre el cambio de nombre de varias calles dedicadas a personajes franquistas. La segunda exige al equipo de gobierno que elabore de una vez un catálogo de vestigios franquistas y adopte las medidas necesarias para proceder a su retirada.
Leyes memorialistas y exhumación de Franco
Los dos movimientos judiciales contra el consistorio aragonés se apoyan en la Ley de Memoria Histórica aprobada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Una norma que se ha convertido en el centro de los ataques del partido liderado por Santiago Abascal desde que desembarcó en el Congreso de los Diputados. Así, en la corta legislatura que se prolongó desde abril a septiembre, el partido ultraderechista no tardó en presentar una proposición de Ley para derogar la iniciativa de 2007. Una ofensiva que trataron de completar con varias baterías de preguntas al Ejecutivo, algo que también han realizado para recabar información sobre activistas LGTBI, trabajadoras de violencia de género o colectivos feministas. Así, las cuestiones solicitaban datos al Gobierno sobre las ayudas otorgadas a asociaciones memorialistas, los cambios en el nomenclátor y su coste o los fondos públicos asignados y los gastos derivados del funcionamiento de la Dirección General de Memoria Histórica.
La ultraderecha también ha aprovechado su presencia en nueve Parlamentos autonómicos para extender su ataque a las leyes memorialistas regionales. Sin embargo, esta ofensiva ha provocado que en varios lugares se queden solos. Las Cortes de Aragón, por ejemplo, han rechazado esta semana la toma en consideración de la iniciativa del partido de Santiago Abascal contra la normativa de memoria autonómica aprobada en 2018. Sólo votaron a favor los tres diputados ultras, mientras que en contra se pronunciaron media docena de partidos –IU, CHA, Ciudadanos, Podemos, PSOE y PAR– y el PP se abstuvo. La extrema derecha ya había recibido un varapalo con una proposición de ley similar en las Cortes de Castilla y León a mediados de noviembre. Aquella iniciativa fue tumbada con el voto en contra de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. “No sé cómo llegarán de lejos, pero sé a lomos de quién cabalgan: a lomos del odio”, reprochó a Vox el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Igea, quien intervino “para evitar que el silencio de la Junta supusiera aceptar las afirmaciones”.
Como en suelo aragonés y castellanoleonés, los ultras también han colado su discurso contra la memoria histórica en el debate político madrileño. A comienzos de noviembre, por ejemplo, registraron una pregunta interesándose por si el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso pensaba “alterar” las “denominaciones de centros educativos dedicados a reconocidos comunistas y estalinistas”. Pero cuando más movimiento hubo fue en las semanas previas a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Sobre esta cuestión, los ultras registraron una proposición no de ley exigiendo al Gobierno regional su personación en los procedimientos abiertos en el Supremo contra la exhumación para, posteriormente, pedir la nulidad de las actuaciones. Además, también preguntaron al Ejecutivo madrileño si se había propuesto promover alguna iniciativa de defensa de la competencia de la Comunidad en materia de policía sanitaria mortuoria frente a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.
Esta última cuestión fue respondida a comienzos de octubre por la presidenta madrileña. Los primeros segundos de la intervención de Ayuso en el Pleno se ajustaron a la pregunta concreta. Sin embargo, la líder del Ejecutivo regional no tardó en entrar al trapo para intentar competir con Vox en esta materia. “¿Por qué estamos hablando ahora de este tema? (…) Porque el PSOE y el presidente del Gobierno, al no tener proyecto y con tal de parecerse más a Podemos que el propio Pablo Iglesias, lejos de promover la unidad de los españoles o de resolver sus problemas, nos dividen. Porque esa es la hoja de ruta de la izquierda española, con un objetivo claro: la Transición, la corona, la bandera y la Constitución”, se arrancó Ayuso, quien aseguró que le espantaba la Ley de Memoria Histórica y “tener que remover heridas o abrirlas”. “¿Y qué será lo siguiente? ¿La cruz del Valle? ¿Todo el Valle? ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en 1936?”, culminó la presidenta madrileña.
El frente andaluz
Pero de todas las comunidades autónomas, Andalucía es la que ha actuado como avanzadilla. El primer jarro de agua fría cayó sobre los colectivos memorialistas el pasado mes de febrero, cuando el partido liderado por Santiago Abascal se hizo, nada más y nada menos, con la presidencia de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico en el Parlamento andaluz, un órgano con competencias en memoria democrática. Un mes después, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciaba que el Gobierno regional estaba preparado para registrar una Ley de Concordia para “mejorar” la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra –tanto PP como Ciudadanos se abstuvieron–. Este fue uno de los puntos recogidos en el acuerdo alcanzado entre conservadores y extrema derecha para la investidura de Moreno. Una medida que el PP-A, al contrario que Vox, ni siquiera incluía en su programa electoral para los comicios autonómicos.
En materia presupuestaria, las cuentas que el Ejecutivo andaluz consiguió sacar adelante el pasado mes de agosto recogían un recorte testimonial del 6,9% en la partida presupuestaria dedicada a esta materia. Y suprimían la subvención directa que tenía asignada desde 2016 Todos los Nombres, la red social de la memoria en el sur de España, con información sobre 97.615 represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y el norte de África. El Ejecutivo regional decidió dar este paso al considerar que el hecho de que el proyecto recibiera una ayuda de 10.000 euros al año “al margen de la convocatoria de ayudas” suponía un trato de favor. La base de datos nació en 2006 para poner en contacto a familiares de víctimas e investigadores a través de una red de colaboradores altruistas. Poco a poco, con el impulso del sindicato CGT y la asociación Nuestra Memoria, se fue convirtiendo en un contenedor informativo de referencia, consolidándose como la mayor iniciativa de recogida y difusión de datos de represaliados puesta en práctica en España por el movimiento memorialista.
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