Los más de 611.828 represaliados han recibido unos 22.160 millones de euros en 50 años entre pensiones e indemnizaciones, según un informe de la Comisión Técnica
La Ley de Memoria Democrática preveía, en su disposición adicional decimoquinta, la creación de una comisión técnica para evaluar “el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura” con el fin de analizar el grado de cobertura alcanzado y detectar “déficits subsanables”. La cifra final que arroja el estudio de dicha comisión refleja un acumulado desde 1976 hasta diciembre de 2024 de 22.160 millones de euros y 611.828 beneficiarios. Se trata de las víctimas y represaliados del bando republicano, ya que las que el bando vencedor de la Guerra Civil ya fueron reparadas durante la dictadura.
El número de beneficiarios de pensiones por fallecimiento o desaparición —una por familia— asciende a 113.095, una cifra muy similar a los 114.266 incluidos en el primer censo de víctimas, elaborado por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en su frustrada investigación sobre los crímenes del franquismo. Y la cantidad abonada por ese concepto hasta diciembre de 2024 supera 4.059 millones de euros. A finales de ese año solo percibían esa pensión 3.582 personas porque la mayoría de beneficiarios han muerto. Algo similar ocurre con otra de las mayores partidas, la dirigida a militares no profesionales y a sus familiares: 150.293 desde el inicio de la Transición de los que solo seguían percibiendo esa cantidad hasta hace dos años 2.548 familiares y 11 supervivientes. En cuanto a los expresos, el total de beneficiados asciende a 60.683 y las cantidades abonadas a 397 millones de euros.
El Gobierno trató de recabar información de todas las comunidades autónomas para detallar esos datos en cada territorio, pero la mayoría de las del PP no colaboraron. El cuadro con la información facilitada muestra un régimen de reparaciones muy desigual de una autonomía a otra y muy inferior al programa estatal. Así, el total de beneficiados en las seis comunidades de las que hay información asciende a 26.231, siendo 61 de Canarias; 983 de Asturias; 22.152 de Cataluña y 2.522 en Andalucía. En cuanto a las cantidades, las autoridades catalanas han otorgado 52,7 millones de euros; las andaluzas, 9,4 millones; las asturianas, 3,4 millones; las castellano manchegas 3.2 millones; las navarras algo más de 495.000 euros y las canarias, cerca de 325.000. El total de las seis autonomías supera 69,7 millones de euros.
La comisión señala la conveniencia de “promover nuevas líneas de estudio para determinar posibles subsanaciones o, al menos, aumentar el grado de conocimiento” sobre los siguientes colectivos: “mujeres internadas en los reformatorios franquistas del Patronato de Protección de la Mujer; Víctimas de represión por motivos de creencia religiosa; militares represaliados en el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas; personas represaliadas por su orientación sexual y personas represaliadas a través de la psiquiatría franquista”. Además, el Ministerio de Igualdad apuntó como “posibles colectivos a reparar”, entre otros, a las mujeres víctimas de violencia sexual durante la Guerra Civil y la posguerra; maestras de la república represaliadas y mujeres víctimas del robo de niños durante el franquismo y parte de la dictadura.
La represión del pueblo gitano
El Gobierno también publicará este jueves el informe final de la “comisión de trabajo sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano”, que acaba de cumplir seis siglos de presencia en España. El documento recorre la historia de persecución y discriminación del colectivo, incluida la conocida como “gran redada” de 1749, diseñada por el Marqués de la Ensenada (Zenón de Somodevilla) y definida en el texto como “un intento de exterminio burocrático”. El Marqués de la Ensenada aún cuenta con calles a su nombre en el país, algo que el Ejecutivo, según fuentes de la secretaría de Estado de Memoria Democrática, pretende revertir.
Con la victoria de Franco en la Guerra Civil empezó, según el estudio, “una de las etapas más duras de represión cultural”, ya que el régimen concebía la diversidad como una amenaza a la “unidad nacional católica”. Los archivos policiales de la época acumulan “centenares de fichas abiertas a familias gitanas enteras” a las que en muchos casos describen como “bandas nómadas” o “elementos subversivos” sin acusaciones concretas. La Guardia Civil tenía órdenes específicas de “vigilar gitanos”. Fuentes de la secretaría de Estado de Memoria Democrática aseguran, una vez finalizado el informe de la Comisión, que ha quedado demostrado que “el antigitanismo es algo estructural” y que sus consecuencias perviven hoy y quedan en evidencia en datos como que el 85,9% viva en riesgo de pobreza o que más del 60% del alumnado no termine la ESO.
La comisión recomienda extender el uso de protocolos antidiscriminación, fomentar la participación del pueblo gitano en instituciones públicas e incorporar la historia y cultura gitanas en el sistema educativo. Hay fondos europeos, según fuentes del Ministerio de Igualdad, que dependen de ese tipo de medidas. El Gobierno también propone celebrar en el Congreso de los Diputados y con la presencia del Rey “un gran acto de Estado” que sirva para reparar simbólicamente a los gitanos discriminados durante décadas.
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