Víctima de torturas del franquismo y uno de sus verdugos declararán ante la justicia: un paso contra la impunidad del Régimen del 78

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El próximo 22 de junio, Carlos Serrano Suárez, militante antifranquista torturado por la Brigada Político-Social en 1975, y uno de sus verdugos, el expolicía Agustín Costo Martínez, declararán en los juzgados de Plaza de Castilla. Medio siglo después de los hechos, la causa reactivada por el juez Juan Carlos Peinado es uno de los pocos resquicios judiciales abiertos contra cincuenta años de pacto de impunidad.

Diego Lotito

Viernes 19 de junio

El próximo 22 de junio de 2026, a las 10:30 horas, en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, se va a producir un hecho excepcional dentro del páramo judicial que ha sido, durante cinco décadas, la búsqueda de justicia para las víctimas del franquismo: una víctima de torturas y uno de sus torturadores comparecerán en la misma causa, frente al mismo juez. Carlos Serrano Suárez declarará en calidad de querellante y Agustín Costo Martínez, exmiembro de la Brigada Político-Social, en calidad de investigado.

Carlos Serrano tenía apenas 17 años cuando, el 4 de mayo de 1975, fue detenido junto a decenas de estudiantes tras participar en un "salto" -una acción relámpago de protesta- en la madrileña Plaza de la Cebada. Militante de la resistencia antifranquista y de la Liga Comunista primero y el PST después, fue trasladado a la Dirección General de Seguridad (DGS), entonces ubicada en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol y hoy sede del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. Allí, según relató el propio Serrano, fue sometido a torturas y mantenido en incomunicación total, sin acceso a abogado ni contacto con su familia. Meses después, en octubre de ese mismo año, volvió a ser detenido y torturado, y en ambas ocasiones terminó encarcelado en la prisión de Carabanchel.

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Franco murió con Serrano todavía entre rejas. Fue uno de los beneficiados por el indulto firmado por Juan Carlos I el 25 de noviembre de 1975, apenas tres días antes de salir de prisión. Cinco décadas después, sigue señalando lo mismo que entonces: que la Transición no fue una “ruptura democrática” ni nada por el estilo, sino "una gran estafa sangrienta" que blindó la impunidad de los aparatos represivos de la dictadura.

Hoy Serrano continúa su lucha como parte del colectivo La Comuna de presos y represaliados por la dictadura franquista y la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA).

Una querella que avanza contra el muro de la Ley de Amnistía

La causa que llega ahora a esta nueva fase fue presentada el 10 de diciembre de 2024 -Día Internacional de los Derechos Humanos- contra cinco miembros de la Brigada Político-Social, la policía política del franquismo. El 22 de enero de 2025, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a cargo del magistrado Juan Carlos Peinado, admitió a trámite la querella e incoó diligencias previas para determinar si las torturas sufridas por Serrano constituyeron, como sostiene la acusación, crímenes contra la humanidad. Más de un año después, el 11 de febrero de 2026, el juez ordenó reactivar la instrucción y citó a declarar a Serrano y a Costo Martínez, certificando además que otro de los querellados ya ha fallecido.

Que esta causa siga viva es, en sí mismo, una anomalía dentro del cuadro general de impunidad: desde 2014 se han presentado más de 150 querellas en el Estado español por crímenes de la dictadura, y según datos de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), más de 115 de ellas han sido archivadas o inadmitidas. De las 25 querellas presentadas tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022, solo cuatro permanecen activas, entre ellas la de Serrano. El principal obstáculo sigue siendo la Ley de Amnistía de 1977, que opera de facto como una ley de olvido y blinda jurídicamente a los responsables de la represión franquista. Frente a ese andamiaje legal heredado del franquismo y consagrado por el Régimen del 78, Serrano y el movimiento de víctimas reivindican la jurisprudencia internacional: los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

La impunidad como política de Estado

El edificio donde Serrano fue torturado -la antigua DGS, hoy sede de la Comunidad de Madrid- sigue sin contar con siquiera una placa que recuerde lo que allí ocurrió. Ayuso se ha negado sistemáticamente a colocarla, en perfecta continuidad con un Estado que, cincuenta años después de la muerte del dictador, condecora a sus torturadores mientras sus víctimas siguen esperando una justicia que nunca llegó.

La causa de Carlos Serrano se suma así a otras pocas instrucciones abiertas, como la que afecta al exministro Rodolfo Martín Villa por el asesinato del antifranquista Teófilo del Valle, o las querellas por los crímenes contra Fausto Viana Cañada y Manolo Reboiras, en un cuadro donde el Estado español sigue rechazando de manera estructural revisar el pacto de impunidad pactado en la Transición.

Que un torturador y su víctima declaren ante el mismo juez no resuelve cincuenta años de impunidad institucionalizada, pero confirma que la lucha de las víctimas del franquismo, sostenida durante décadas por militantes como Carlos Serrano, sigue forzando grietas en el bloque político y jurídico que protege a los responsables de los crímenes de la dictadura.