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Denuncian ante la Fiscalía al director general de la Energía por tráfico de influencias
La Coordinadora de Estudios Eólicos del Comtat ha presentado un escrito ante la Fiscalía con el fin de que ésta determine si Antonio Cejalvo cometió un delito en el proceso de adjudicación del Plan Eólico 14.
EFE
En rueda de prensa, la presidenta de la coordinadora, Ana Climent, ha explicado que la construcción de los parques eólicos de la comarca del Comtat fue adjudicada por la Dirección General de Energía a una empresa, cuyo estudio de impacto ambiental fue elaborado por una sociedad en la que figura una hermana de Cejalvo.
A su juicio, este último debería haberse abstenido en el procedimiento de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la Zona 14, a pesar de darse el caso de que fue una hermana suya quien dirigió el Estudio de Impacto Ambiental de dicha zona eólica, además de ser administradora única de la empresa que lo elaboró.
Además, se ha denunciado que Cejalvo podría haber influido en la agilización del procedimiento administrativo con el posible fin de evitar que el Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto hubiese tenido que ampliarse o repetirse, a pesar de la existencia de una recomendación efectuada por el Síndic de Greuges.
Por ello, la plataforma considera que en este proceso se han podido cometer otros dos delitos: "negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función" y " delito contra las instituciones del Estado".En este último sentido, la Coordinadora considera que Cejalvo podría haber dilatado el envío de documentación y enviar información "falsa e incompleta" al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana.
Climent ha explicado que el origen de la denuncia radica al descubrir que "la persona que firmó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del Plan Eólico en la Zona 14 es hermana del alto cargo responsable de la puesta en marcha del Plan Eólico Valenciano".
Además, ha recordado que Antonio Cejalvo también fue director de la Agencia Valenciana de Energía en 2001 y que las empresas beneficiarias del Plan Eólico de la zona 14 se constituyeron poco antes de la adjudicación del plan.En las fechas de la adjudicación, 2002-2003, según ha afirmado Climent, Cejalvo ocupó la Jefatura del Servicio de Energía de la Consellería de Industria.Más tarde se le nombró director de la Agencia Valenciana de Energia y posteriormente director general de Energía, "cargos que ocupa en la actualidad".
Desde estos puestos directivos, según ha manifestado Climent, Cejalvo ha ejercido y ejerce funciones de dirección y control "sobre todo aquello que esté relacionado con el Plan Eólico y, por tanto, influyó en la adjudicación a la promotora de la zona 14 que presentó un Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa cuya administradora única es su hermana".
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La Generalitat dice que las acusaciones son falsas
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Las conexiones de la trama de corrupción de Baleares llegan hasta Alicante
Felipe Armendáriz/J. F. M, Palma de Mallorca
Los presuntos delitos de alcance millonario investigados en el llamado caso Scala, la presunta trama de corrupción en torno al consorcio público CDEIB en el anterior Govern balear del Partido , podrían haberse cometido en Mallorca, en la Comunitat Valenciana e, incluso, en el extranjero. La principal encausada, Antònia Ordinas, ex directora-gerente del consorcio dependiente de la conselleria de Comercio y defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, tejió una importante red de empresarios-colaboradores-proveedores del Govern radicados en Baleares, Valencia, Alicante, Nueva York, Hong Kong y otras ciudades importantes. En Valencia, como adelantó Levante-EMV, fue arrestado un empresario que realizaba informes para el consorcio balear bajo sospecha.
En principio se baraja la Audiencia Nacional como instancia competente en la investigación, más por la posibilidad de que españoles hayan delinquido en el extranjero que por la pluralidad de comunidades autónomas donde podría haber actuado la trama.
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El empresario valenciano implicado en la trama balear sólo admite su relación comercial con altos cargos de Matas
Francisco G.C. es el administrador único de la empresa NTC Consultores, sociedad relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene
EFE
La jueza instructora del caso por una supuesta trama de corrupción en el Centro para el Desarrollo Económico de las Islas Balears (CDEIB) en el anterior Govern de Jaume Matas, Piedad Marín, ha tomado declaración hoy en calidad de imputado al empresario valenciano Francisco G.C. y a otros dos testigos.
Francisco G.C. fue detenido en Valencia el pasado 3 de octubre por su supuesta implicación en los hechos investigados, ya que es el administrador único de la empresa NTC Consultores, con sede en la capital valenciana, sociedad al parecer relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene.
Viaene permanece en la prisión de Palma junto a la ex gerente del CDEIB Antània Ordinas, y la mujer de ésta, Isabel Rosselló. Los tres están considerados los principales implicados en la trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos de la Conselleria de Industria.
En su declaración, realizada bajo secreto del sumario, el empresario valenciano habría admitido su relación comercial con los ex altos cargos del Ejecutivo de Matas, pero sin entrar en mayores detalles, según explicaron a EFE fuentes de la investigación.
Los otros dos testigos que hoy han comparecido ante la jueza Piedad Marín y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach son funcionarios de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía, quienes explicaron los mecanismos burocráticos que se seguían en ese departamento con los trabajos encargados a diversos empresarios.
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Un colectivo denuncia a un director general con datos que el Consell dice que son falsos
La plataforma acusa de trato de favor a Cejalvo por la intervención de su hermana en un plan eólico
M. Vilaplana, Alcoi
La Coordinadora d'Estudis Eòlics de El Comtat ha presentado ante la Fiscalía de Alicante una denuncia contra el director general de Energía, Antonio Cejalvo Lapeña, por un presunto delito de tráfico de influencias por consanguinidad. La entidad lo acusa de no haberse abstenido en el proceso de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la zona 14, a pesar de que fue una hermana suya quien dirigió el estudio de impacto ambiental como administradora única de la empresa que lo elaboró. El Consell sostiene que todas las acusaciones son falsas, porque Cejalvo no era cargo público cuando se adjudicó y desarrolló el plan .
Responsables de la coordinadora, encabezados por su presidenta Anna Climent, explicaron ayer que en las fechas de adjudicación, entre 2002 y 2003, Antonio Cejalvo ocupó la jefatura del Servicio de Energía de la Conselleria de Industria. En mayo de 2002 se le nombró director de la Agencia Valenciana de la Energía y en julio de 2003, ya después de la adjudicación, se hizo cargo de la dirección general de Energía, cargos ambos que sigue ocupando en la actualidad. En este sentido, señalan que como jefe del Servicio de Energía, "intervino y tuvo un papel decisivo en el procedimiento de adjudicación de la construcción de los tres parques eólicos de la zona 14 a la empresa Guadalaviar, influyendo favorablemente en dicha adjudicación, a pesar de que debería haberse abstenido por consanguinidad al ser su hermana, Dolores Cejalvo Lapeña, responsable del estudio de impacto ambiental de dicho proyecto empresarial y administradora única de Green Planet, empresa que elaboró el informe" tras ser subcontratada.
La coordinadora, asimismo, afirma que Antonio Cejalvo, ya como director general de Energía, sometió a exposición e información pública el estudio de impacto ambiental, "cuando no podía intervenir en el procedimiento por tener parentesco de consanguinidad".
Aparte de tráfico de influencias, la coordinadora también ha denunciado a Antonio Cejalvo por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Asimismo, se le acusa de delitos contra las instituciones del Estado, "por dilatar el envío de documentación y remitir información falsa e incompleta al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana", argumentaron. Estudio ambiental
También señalaron que la hermana de Antonio Cejalvo es secretaria del Colegio Oficial de Biólogos, que sería el encargado de visar el estudio ambiental.Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Eólico, y que también la Unión Europea se ha interesado por la cuestión a raíz de las denuncias de la coordinadora.
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La Generalitat mantiene que "no era cargo público"
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Julio Iglesias no "cantará" en el juzgado
El juez rechaza por ahora que declare por el contrato "b" y las facturas falsas del IVEX
Francesc Arabí, ValenciaLa partitura de la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato "b" de Julio Iglesias con el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) está escrita y ya han pasado unos cuantos por el juzgado a interpretarla. Unos se han lavado las manos (los comparecientes de la parte pagadora) y otros han declarado a coro que el IVEX, pivotando sobre las delegaciones en el exterior y con los presuntos gastos de organización como coartada, pagó cantidades millonarias a Julio Iglesias, a empresas vinculadas a él, como International Concerts, o a no se sabe quién, como Midway International o Gold Peak Trade Service. El dinero voló a cuentas de paraísos fiscales como la WA356115.000 de UBS en Nassau (Bahamas). Desfile de muchos periféricosAnte el juez han desfilado los que pagaron y los que circulaban por los aledaños. Los que cobraron y están identificados -el propio Julio Iglesias- y las citadas sociedades, de momento seguirán ausentes en el caso. El instructor de la causa, Luis Carlos Presencia Rubio, ha decidido que por ahora ni el artista ni su representante, Luis Fernando Esteban, serán imputados en el caso, como ha pedido el PSPV, que ejerce la acusación. Ni siquiera pasarán como testigos. El presunto promotor de los productos valencianos en el exterior no aportará luz sobre los recitales en los que supuestamente se hincharon gastos -lo que denunció el ex delegado en Miami, José Marquina, en este diario y ante el juez- ni sobre otros en los que se inventaron las facturas desde el primer céntimo. Esto último sucedió en México, a tenor de testimonios judiciales y de la multa de 191.000 euros que la Agencia Tributaria impuso al instituto tras expresar sus dudas de que dos firmas que cobraron 1.908.000 euros por dos recitales "hayan realizado los servicios facturados".
"En ningún caso ha sido acreditado", remarcaba Hacienda. Una parte de los pagos se hicieron con facturas por la organización del recital que Julio Iglesias ofreció el 10 de abril de 1999 en el Auditorio Nacional mexicano. Ese evento, el último de los seis de la gira mundial del artista, se convirtió en el epicentro de la causa judicial cuando, a partir de la declaración de Marquina y de las informaciones de este diario, trascendió que la empresa que cobró 1.802.434 dólares por montar ese acto (la citada Midway) no hizo nada. Fue la productora mexicana Rac Producciones la que corrió con todos los gastos de organización a cambio de que el IVEX le cedió los derechos del artista. La Agencia Tributaria, el gerente de Rac Producciones, Carlos Santos, vía aportación de documentos al fiscal; el apoderado del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho, en declaraciones al juez -en comisión rogatoria- y el ex delegado en México, Vicente Sendra, han insistido todos en la línea de indicar que fue Rac la que cargó con los gastos y que desconocían la existencia de la firma irlandesa.
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El empresario valenciano detenido por el caso Scala informa a la juez que realizó cobros raros
El imputado asegura que actuó por encargo de Antònia Ordinas y Kurt Viaene
Felipe Armendáriz/J.F.M., Palma
Francisco G. C., el empresario valenciano experto en mercadotecnia y que en la pasada legislatura facturó cientos de miles de euros al Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), declaró ayer, en calidad de imputado ante la juez palmesana que instruye la operación Scala. El declarante, que fue detenido hace dos semanas en Valencia y puesto en libertad, implicó al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y a la ex directora-gerente de dicho consorcio, Antònia Ordinas, ambos en prisión, en extraños cobros de facturas giradas por un empresario norteamericano.
El empresario explicó que Viaene le enviaba facturas del proveedor norteamericano del CDEIB Sean Kelleher para que él las cobrara en el consorcio. Una vez cobradas estas facturas, el asesor valenciano entregaba el dinero en sobres a la gerente del consorcio Antònia Ordinas. Kelleher aparece vinculado a la sucursal del CDEIB en Los Ángeles y figura como el organizador de varios eventos promocionales en Manhattan (Nueva York) y California.
El consultor fue interrogado durante unas dos horas. Durante su primera declaración ante la policía el 3 de octubre el empresario aseguró que todos los trabajos encargados a sus consultorías por el anterior Gobierno balear del PP presidido por Jaume Matas se habían realizado. El empresario insistió ayer ante la juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en la solidez y minuciosidad de sus informes.El experto en mercadotecnia manifestó tras su puesta en libertad que el actual Gobierno también ha requerido sus servicios de consultor externo para el mismo consorcio dependiente de la conselleria de Comercio.
Sin comentarios
El empresario, que tras su comparecencia de ayer no quiso hacer ningún tipo de declaración, figura como administrador de dos de los principales proveedores del CDEIB: Marketing One Srategy S.L. y NTC Consultores S.L. Esta segunda compañía facturó miles de euros al consorcio.
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La juez imputa al ex conseller Cardona
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Otro peritaje sobre la forma de las facturas
El Supremo no halla indicios para imputar al ex alcalde de Burriana
El perito dice que las facturas del IVEX son "correctas" en la forma sin entrar en si son o no falsas
Alperi renuncia como concejal pero cobrará como consejero de Aguas de Alicante
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