dissabte, 7 de febrer de 2009

PP Vice. 07/02/2009.

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Un partit de corruptes comença a estar assetjat per la justícia. Madrid, Comunitat Valenciana -aquestes dues autonomies formaven l'eix de la prosperitat segons Camps, oi?- Marbella, Cadis, Galícia... Estarem atents. De moment, passem-ho bé, fruïm-ne.
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Aquest tio o és imbècil, a part de pallasso, o ignora què és un Estat de Dret. I jo crec que no és cap de les dues coses: és un cínic mentider que es dedica a embolicar la gent, a veure qui enganya.

Pons acusa al PSOE de usar la Policía para "eliminar al PP"
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TRAMA DE CORRUPCIÓN AYUNTAMIENTOS PP

La Fiscalía y Garzón piden información sobre la oficina de atención al ciudadano de Boadilla

Hay 30 imputados, entre ellos alcaldes y ex alcaldes, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, y operaciones inmobiliarias

PEDRO JIMÉNEZ / CADENA SER 07-02-2009

Novedades sobre el caso de corrupción que salpica a Administraciones gobernadas por el PP en Madrid y la Comunidad Valenciana. Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón han solicitado al Ayuntamiento de Boadilla, en Madrid, información sobre tres contratos, entre ellos, el expediente de la oficina de atención al ciudadano del municipio.

AUDIOS: José María Lasalle (PP): "Me imagino que estos casos darán pie a una actuación contundente de nuestro partido"
DOCUMENTO: Documento I (Trama de corrupción en Boadilla, Madrid)
DOCUMENTO: Documento II (Trama de corrupción en Boadilla, Madrid)
DOCUMENTO: Documento III (Trama de corrupción en Boadilla, Madrid)
Todos los caminos llevan a Génova
Detenidos un ex dirigente del PP gallego y un empresario por presunta corrupción
José Blanco asegura que el PP está "bajo sospecha"
Garzón tomará declaración el lunes a los cinco detenidos implicados en la presunta trama de corrupción vinculada al Partido Popular

Adjudicación que se realizó por un periodo de 14 años a razón de medio millón de euros anuales a la empresa Easy Concept, vinculada a Isabel Jordán, una de las detenidas en esta operación. Jordán es, según fuentes municipales, la actual pareja de Enrique Galán Abad, abogado del alcalde de Boadilla. Un abogado muy marcado por la polémica. En los últimos años, la oposición ha presentado varios escritos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid, pidiendo explicaciones de por qué el alcalde ha recurrido siempre a los servicios de este letrado en lugar de los muchos abogados que hay en plantilla en el consistorio, todos funcionarios, y por tanto sin coste alguno a los presupuestos.

Es más, según han confirmado estas mismas fuentes, la oposición se ha querellado ya por este asunto con el alcalde de Boadilla acusándole de malversación y prevaricación, escrito que han presentado ya ante el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles.

Los funcionarios que acudieoron al ayuntamiento de Boadilla también solicitaron, según fuentes de la investigación los documentos sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa UFC, que preside José Luis Uribarri.

El tercer expediente solicitado fue sobre unos locales de la empresa municipal del suelo adjudicados a una firma de Ramón Blanco, consejero de Orange Market, la marca de este conglomerado de empresas en Valencia.

Al menos 30 imputados
Cinco personas han sido detenidas en al operación policial, varias de ellas vinculadas al Partido Popular, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La investigación judicial tiene ya cerca de 30 imputados, que prestarán declaración ante el juez Garzón a partir de la próxima semana, después de que lo hagan el lunes los cinco detenidos.

Municipios como Boadilla, Majadahonda o Paterna donde los agentes han solicitado los contratos y las adjudicaciones realizadas a este conglomerado de empresas. Se investigan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, además de operaciones inmobiliarias.

Comienzan a aflorar las primeras reacciones desde el partido. El diputado y miembro de la Ejecutiva del PP, José María Lasalle, ha asegurado en A Vivir que son dos días que en estos casos es necesaria una acción contundente desde el partido. "Si hubiera tal vinculación y aparecieran nombres del PP que son cargos [...] estas personas serán yuguladas, en el sentido de que desaparecerán del partido", ha dicho Lasalle esta mañana en la Cadena SER.

Detenidos
Entre los detenidos figuran Francisco Correa, empresario vinculado al PP, su compañera sentimental María del Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego y administrador único de Special Events y Viajes Pasadena, dos de las empresas investigadas.
Special Events ha organizado numerosos actos para el Partido Popular, así como para administraciones gobernadas por el PP.
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Descárgatelo: Contrato que vincula al alcalde con una imputada
El candidato del PP por Ourense renuncia por un fraude fiscal
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Amigos de Agag y de Aznar, en el punto de mira de la Justicia
La sombra de la corrupción organizada, planea cada vez más sobre el PP con Correa de cerebro de la trama

ELPLURAL.COM

Según ha podido saber El Plural, María del Carmen Rodríguez Quijano, una de las detenidas este viernes en la operación contra la corrupción urbanística y las comisiones ilegales, lanzada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, fue en 2001 jefa de Gabinete de Rosa Díaz (no confundir con Rosa Díez), alcaldesa del PP en Estepona. De ahí, Rodríguez Quijano saltó al Ayuntamiento de Majadahonda, donde fue jefa de Gabinete del ex alcalde Guillermo Ortega Alonso (actual gerente del Mercado Puerta de Toledo, empresa pública de la Comunidad Madrid). Obsérvese que tanto Majadahonda como Estepona son dos localidades que entonces estaban en plena expansión urbanística y con numerosos asuntos tenebrosos a sus espaldas.

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María del Carmen Rodríguez Quijano, es esposa de Francisco Correa Sánchez -por el momento el principal detenido-, amigo de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. Correa fue testigo en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno.

Imputado caso Malaya
Asimismo, Rodríguez Quijano es hija del empresario -ya fallecido- Emilio Rodríguez Bugallo, quien fue dueño de Construcciones Salamanca y propietario de un club nocturno y la plaza de toros de Puerto Banús (Andalucía). Bugallo -que llegó a confesar haber pagado sobornos a Juan Antonio Roca, cerebro del gilismo en Marbella y otros pueblos cercanos-, fue uno de los imputados en el caso Malaya que pagó una de las fianzas más caras para conseguir su libertad provisional.

Empresas de Correa
Por su parte, Francisco Correa, a través de sus empresas Orange Market, Easy Concept y Special Event, ha organizado la mayoría de los actos y eventos del Partido Popular a nivel nacional desde 1996.

Empresas todas muy solventes.
Un ejemplo es Special Event, que tiene su accionarado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate, informa El País. Aquí trabajo Antonio Cámara, ex secretario personal de José María Aznar. En 2003, con tan solo 4 empleados, Special Events ingresó 4'4 millones de euors.

Millones de euros
En Valencia, Orange Market ha resultada adjudicataria, como empresa organizativa, de algunos de los principales eventos que se han realizado en Valencia bajo el mandato de Francisco Camps: La visita del Papa en 2006, la Copa América en 2007, y el pasado Open de Tenis. Todos estos eventos suponen adjudicaciones valoradas en millones de euros.

Stand en Fitur
Una de las últimas adjudicaciones sospechosas fue la que el Gobierno de Francisco Camps concedió a la empresa Orange Market para que, una vez más, se encargara del pabellón de la Comunitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, y del resto de exposiciones turísticas programadas en Valencia, Madrid y Bilbao.

Una concesión millonaria de la que ya se hizo eco El Plural.
No parece casualidad que el juez Garzón, en su investigación, haya pedido a la Conselleria de Turismo información sobre el expediente 33/08 que concede el contrato del pabellón a Orange Market, informa El Mundo. A lo largo de ayer, funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional se cebaron especialmente en sus registros con la sede en Valencia de Orange Market.

Congreso PPCV
Y es que la Comunidad Valencia es terreno abonado para Orange Market. La empresa de Correa realiza muchas de sus labores en Feria de Valencia, uno de los sitios favoritos del PP de Camps para organizar actos. Tanto es así que el congreso regional del partido fue celebrado en este recinto, resultando Orange Market encargada del montaje del escenario y de otras labores. Un trabajo nada modesto, teniendo en cuenta que la empresa debía encargarse de un descomunal estrado en forma de coliseo giratorio con 70 metros cuadrados de pantallas.

“Un tema gordo en Valencia”
Por si los datos no hablasen por sí solos, una conversación telefónica de Correa deja en evidencia la eficiencia de su empresa en la Comunidad de Valencia. “Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".

Reparos europeos
Es una conversación telefónica incluida en el sumario de la investigación que recoge hoy El País. Correa hace referencia a los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana, que han sido muy cuestionados por el Parlamento Europeo. Tanto que el Gobierno de Camps modificó la Ley Urbanística para resolver las quejas europeas, que todavía hoy prosiguen.

Transparencia
La oposición al PP en el Parlamento Valenciano, así como el Sindic de Greuges (equivalente al Defensor del Pueblo), han exigido sin éxito en numerosas ocasiones transparencia en las cuentas de estos eventos. Tanto los socialistas como otros grupos de izquierdas no han conseguido que pese a su insistencia, el Gobierno de Camps explicara sin tapujos el coste de la visita de Benedicto XVI a Valencia.

Militante del PP
Otro dato relevante en esta trama que salpica a los populares es el hecho de que el actual administrador de Orange Market sea Álvaro Pérez, amigo de Alejandro Agag, y persona muy próxima a Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, amigo de pupitre de Aznar, y un experto en pelotazos como el protagonizado por él en su deseo de quedarse con el Valencia FC. Álvaro Pérez es militante del PP valenciano.

También en Paterna
Por otro lado, otra empresa de Correa, Easy Concept, fue la adjudicataria del contrato de la Oficina a la Atención Ciudadana en Paterna (Valencia). Esta adjudicación es muy similar a la que está investigando en la actualidad la Fiscalía Anticorrupción en Boadilla. En la Calle Serrano Otro hombre clave en esta trama es Ramón Blanco, amigo asimismo de Aznar, otra significativa coincidencia. Blanco sustituyó a Luis de Miguel al frente de todas las empresas del entramado de Francisco Correa. El centro neurálgico de las más bien opacas operaciones de Correa está situado en Madrid, en la céntrica Calle Serrano, número 40, cuarto izquierda.

Gobierno Aguirre
Fuentes dignas de todo crédito han desvelado a El Plural que la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, dirigida desde 2007 por Alberto López Viejo, también habría adjudicado varios actos y eventos a empresas vinculadas a Correa (Servimadrid y Diseño Asimétrico). El Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre podría deber a estas empresas, a fecha de hoy, más de 2 millones de euros.
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La policía registra Orange Market y requisa a Turismo el contrato de Fitur en una operación anticorrupción

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Detienen por orden de Garzón al fundador de la firma contratista del Consell y del PP y a otras cinco personas por presunto cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita

Víctor Romero, Valencia

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desembarcaron ayer en Valencia para registrar la sede de la firma de cabecera del PPCV, Orange Market, también contratista millonaria de la Generalitat y requisar documentación. Efectivos judiciales se personaron también por la mañana en la Agencia Valenciana de Turismo para reclamar a sus responsables copia del expediente 33/08, relativo a la adjudicación del diseño y montaje del stand de la Comunitat Valenciana de cinco ferias de turismo incluida la de Fitur, de la que Orange Market resultó beneficiaria por un importe de 789.500 euros sin IVA. Los agentes de paisano se personaron hasta en dos ocasiones (mañana y tarde) en la sede de Orange Market de la calle de Colón. Por la mañana otros dos agentes acudieron a la sede de la Conselleria de Turismo acompañados de una secretaria judicial y una orden firmada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Las actuaciones policiales se producen por orden del juez y de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una operación contra presuntos casos de corrupción que se extendía ayer a las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Marbella, Sotogrande (Cádiz) y la ciudad de Valencia. Como consecuencia de las diligencias judiciales fueron detenidas al menos seis personas. Entre ellas figuran Francisco Correa, considerado el cabecilla del grupo, su esposa María del Carmen Rodríguez, Pablo Crespo y otras tres personas que obedecen a las iniciales de F. J. G., R. Q. y A. S.. Garzón les imputa presuntos delitos de corrupción urbanística, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Pablo Crespo, ex secretario de organización del Partido Popular de Galicia, fundó en 2003 junto con Álvaro Pérez Alonso (actual presidente) la mercantil Orange Market, que además de las ferias de turismo se ha beneficiado de importantes contratos como organizador logístico de eventos públicos organizados por la Generalitat. Orange Market es también la empresa que monta los principales actos del Partido Popular valenciano.

Crespo es además administrador único de Special Events, otra de las empresas investigadas que estuvo ligada a sociedades radicadas en paraísos fiscales y que también ha organizado actos para el Partido Popular, fundamentalmente en la etapa de José María Aznar como presidente. Special Events también disfrutó de contratos con otras administraciones gobernadas por el PP, como la Xunta de Galicia en la etapa en la que Manuel Fraga era presidente. Aunque Crespo fue detenido ayer, la policía no arrestó a Álvaro Pérez, que evitó realizar declaraciones. Orange Market trasladó hace algunos meses su sede en la calle del Conde de Salvatierra de Valencia a una lujosa oficina de dos plantas en un edifico de la calle de Colón.

En el marco de la investigación abierta por Baltasar Garzón se investigan otras empresas como Pasadena Viajes o Easy Concept, concesionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el Partido Popular. La policía ha reclamado al consistorio de Boadilla y al de Majadahonda documentación relativa a los contratos públicos de las empresas investigadas.

Garzón atribuye a otro de los detenidos, Francisco Correa, un papel activo en estas sociedades, aunque su nombre no figura en los bases de datos mercantiles con miembros de los consejos de administración.
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Los casos de corrupción en el Partido Popular asedian a Rajoy

Uno de los cinco arrestados ayer por soborno y blanqueo, fue secretario de Organización del PP gallego Garzón ordena registros en Madrid, Valencia, Cádiz y Marbella y requiere documentos a dos alcaldes del PP y al Gobierno valenciano.

PÚBLICO - MADRID - 07/02/2009 08:00

El PP vivió ayer un auténtico viernes negro ya que la corrupción acorraló a los conservadores por partida triple. Mientras en la Asamblea de Madrid las críticas de la oposición llovían sobre el PP por imponer una investigación a su medida sobre la trama de espionaje y presunta corrupción -el Aguirregate-, la Policía peinaba once domicilios y despachos en Madrid, Valencia, Sotogrande (Cádiz) y Marbella. Y detenía por orden del juez Baltasar Garzón a cinco presuntos miembros de una red destinada a lograr contratos en administraciones gobernadas por el PP a través de un entramado societario. El tercer mazazo llegó por la tarde, cuando el PP divulgó que, a una semana del arranque de la campaña electoral gallega, ha apartado a su cabeza de lista en Ourense, Luis Carrera, quien no declaró a Hacienda 240.000 euros que le fueron ingresados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

A los cinco arrestados por orden de Garzón se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Entre los detenidos figuran Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y que ocupa cargos en al menos ocho sociedades; Carmen Rodríguez Quijano, hija de Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya (ya fallecido) y ex asesora del anterior alcalde de Majadahonda, municipio madrileño regido por el PP y que, junto con el de Boadilla del Monte, centró las primeras pesquisas . Según la Cadena Ser , el número de imputados se eleva a 30 personas.
Quijano era asesora del alcalde de Majadahonda; luego recibió

El detenido a quien los investigadores conceden mayor importancia es Francisco Correa Sánchez, pareja de Rodríguez Quijano, testigo de boda de Alejandro Agag y Ana Aznar y señalado como cerebro de la trama y conseguidor. De hecho, la operación se denomina Gürtel, que en alemán significa correa. La única sociedad en la que aparece Francisco Correa, en el Registro Mercantil, es FCS Formación Comunicación y Servicios, que ofrece actividades de apoyo turístico y de la que es presidente, administrador único y consejero delegado, aunque al menos desde 2003 no deposita las cuentas anuales.

Completan el quinteto de detenciones Antoine Sánchez, primo de Correa, y Felisa Jordán Goncet, pero las fuentes consultadas dan por hecho que la lista de imputados aumentará en los próximos días. En su denuncia, Anticorrupción solicita muchas más imputaciones, aunque ninguna de responsables políticos en activo.

Un alud de documentación

Orange Market gestionará los stands de Valencia por 915.000 euros

Ayer, la Policía requirió documentación a ambos consistorios, gobernados por el PP, así como a la Conselleria de Turismo de Valencia, comunidad gobernada por el conservador Francisco Camps y que en 2009 ha adjudicado a Orange Market SL, una de las empresas supuestamente adscritas a la red corrupta, el diseño y montaje del stand oficial de la Generalitat de cuatro ferias turísticas. El importe 915.000 euros,. Tras los registros de ayer, los investigadores deben analizar la abundante documentación incautada.

Además de Orange Market, cuya sede valenciana registró ayer la Policía hasta las ocho de la tarde, en el punto de mira de Garzón aparecen las empresas Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept Comunicación, Servimadrid Integral y Technology Consulting Management.
Tanto Special Events SL como Pasadena Viajes SL tienen como administradora única a Carmen Rodríguez Quijano, que en el momento de creación de sendas compañías no suscribió ni una sola acción. Constituidas en 1994 con un capital social de 3.000 y 60.000 euros, respectivamente, ambas sociedades figuran en el mismo domicilio que el aportado por Pablo Crespo para constituir otras sociedades, que no figura en el accionariado. Al menos Special Events ha cambiado de domicilio para trasladarse a otra dirección en la capital madrileña.

Durante la etapa de gobierno en Majadahonda del alcalde Guillermo Ortega (2000-2005), sucesor del ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, el consistorio adjudicó distintos contratos a Special Events. Carmen Rodríguez Quijano había dejado de ser administradora de la sociedad el 6 de noviembre de 2001. Tres meses más tarde, el 6 de febrero de 2002, y cuando Rodríguez Quijano ocupaba el cargo de asesora municipal para relaciones externas, el Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó a Special Events la edición de un vídeo publicitario -Creciendo en calidad de vida- por importe de 28.571 euros.

Igualmente en Majadahonda, otra empresa supuestamente adscrita a la red corrupta, Technology Consulting Management, obtuvo un año después, el 14 de febrero de 2003, la adjudicación, por 612.552 euros de un contrato de consultoría y asistencia para el diseño e implantación de la oficina de atención al ciudadano.

Boadilla del Monte
Por lo que respecta al consistorio de Boadilla del Monte, Easy Concept Comunicación se alzó con la gestión del servicio de atención al ciudadano. Formada por dos locales, la oficina permanece abierta las 24 horas del día. Para mantener ese servicio, el ayuntamiento de Boadilla (41.807 habitantes censados) paga anualmente 400.000 euros, informa la agencia Europa Press.
Easy Concept fue una de las empresas sobre las que ayer reclamó información la Policía al Ayuntamiento de Boadilla. Servimadrid Integral también ocupó la atención de los investigadores, según Europa Press. En ese caso, el consistorio le otorgó un contrato de 11.086 euros. Los agentes también preguntaron al consistorio de Boadilla sobre una adjudicación de una parcela a la sociedad UFC. El director general del suelo de esta localidad es Tomás Martín Morales, marido de la también concejala Rosalía de Padua.Tras las detenciones, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero,

Fuentes jurídicas explicaron a Público que las investigaciones surgieron a partir de una denuncia con datos, no confusos, pero sí someramente descritos y muy dispares. La Fiscalía Anticorrupción indagó los hechos hasta poder corroborarlos para presentar una denuncia formal. Le ha correspondido al Juzgado Central de Instrucción número 5, al existir cierta conexión con un sumario que Garzón lleva instruyendo desde hace años, el del BBVA Privanza.

El juez interrogará a los detenidos el próximo lunes y en función de sus palabras decidirá sobre la petición del ministerio público. Dos fiscales se ocuparán del caso: Miriam Segura y Concha Sabadell, está última prácticamente recién incorporada a la Fiscalía Especial.

El rol del conseguidor es poner en contacto a los empresarios dispuestos a pagar por un favor y a los políticos dispuestos a cobrar por hacerlo. Éstos se suelen llevar un porcentaje del importe total de la operación y suelen ser los personajes de la corrupción más difícil de implicar en los casos por la dificultad para probar nexos con corrupto y corruptor.
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El candidato del PP en Ourense ocultó a Hacienda 240.000 euros
El fichaje estrella de Feijóo, que recibió ese dinero en las Caimán, obligado a dimitir.

Cuando acaba la ética, queda la estética, por Marco Schwartz
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ESCÁNDALOS EN EL PARTIDO DE RAJOY

"De mi 50%, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde"

El detenido Correa tramaba con sus socios negocios urbanísticos en municipios valencianos

F. M. - Madrid - 07/02/2009

Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.

Garzón desmantela una gran trama de corrupción política vinculada al PP

Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".
Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.

"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.

Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.

En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.
Los denunciantes de la trama también han investigado la supuesta relación de Francisco Correa con el actual consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La Comunidad de Madrid lo negó ayer a través de un portavoz.

Las instituciones 'contaminadas'
La investigación del juez Garzón se dirige contra un grupo de empresas dedicadas a lograr contratos públicos y organizar campañas electorales, siempre del PP. Se les achacan delitos como cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Un amplio abanico de administraciones, siempre bajo mando del Partido Popular, aparecen salpicadas por la investigación, al ser aquellas con las que trabajaban esas empresas.

- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas ayer.

- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.

- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.

- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.

- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.
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Una empresa ligada a la trama de corrupción organiza eventos para el PP

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JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 07/02/2009

Funcionarios judiciales, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se desplazaron ayer hasta la sede que tiene en la avenida de Aragón la Agencia Valenciana de Turismo, que dirige la consejera Angélica Such, para reclamar y requisar toda la documentación relacionada con la adjudicación a la empresa Orange Market del concurso para montar los pabellones de la Comunidad Valenciana en las ferias del turismo de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Agentes policiales registran la sede de Orange Market en Valencia
La empresa ha participado en la Volvo Ocean Race y otras campañas


El registro, que también se realizó en la sede que tiene Orange Market en la céntrica calle de Colón de Valencia, forma parte de la desarticulación de una trama de personas afines al PP que, presuntamente, prestaba distintos servicios al partido a cambio de un trato de favor en las Administraciones gobernadas por este partido. La trama se extiende por distintas provincias españolas.

Los dos funcionarios judiciales que se presentaron en la Agencia Valenciana de Turismo requisaron toda la documentación relacionada con el expediente 33/08, un concurso para montar los estands de las ferias de turismo en las que participa la Generalitat a lo largo de 2009. El concurso se adjudicó a Orange Market, frente a seis competidoras, con una baja sobre el presupuesto base de licitación del 14%. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el pasado 29 de enero la adjudicación a esta empresa del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid por importe de 916.000 euros. Orange Market se ha adjudicado ininterrumpidamente estos concursos desde hace casi un lustro.
Presidencia de la Generalitat se limitó ayer a reconocer que unos funcionarios judiciales habían solicitado una información en la Agencia Valenciana de Turismo. "Se les ha dado y se han marchado", sentenciaron.

Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez Alonso en Valencia, también se adjudicó la organización de una parte de los festejos de la salida de la Volvo Ocean Race (la regata de veleros alrededor del mundo) en Alicante. Esta empresa aspira a participar en el Gran Premio de España de Hípica que se celebrará la próxima primavera en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La firma que dirige Álvaro Pérez ha recibido otros contratos de empresas públicas de la Generalitat como Vaersa para realizar campañas de publicidad. Es además una de las empresas que trabaja para Feria Valencia.

Orange Market se creó en julio de 2003 en Algemesí por Pablo Crespo, presidente de Special Events -firma que participó en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003 del PP, en las que el Tribunal de Cuentas detectó distintas irregularidades.

La vinculación de Orange Market con la Generalitat también tiene ramificaciones personales. Ignacio Blanch, que fue apoderado de Orange Market, entre octubre de 2003 y diciembre de 2004 -año en el que fue delegado de Canal 9 en Madrid- es asesor de Presidencia con Francisco Camps, desde hace años.

Pero donde Orange Market se mueve realmente como pez en el agua es en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Su responsable, Álvaro Pérez, mantiene una estrecha amistad con el secretario general, Ricardo Costa, y otros miembros de la dirección regional. De hecho, Orange Market es la empresa que organiza la mayor parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y aquellos en los que participa su presidente regional, Francisco Camps. La firma de Álvaro Pérez fue la encargada de organizar el último congreso regional del PP celebrado en el recinto de Feria Valencia el pasado mes de octubre.

En la sede del PP ha sido habitual en los últimos años ver entrar y salir a Álvaro Pérez, conocido como El bigotes. En círculos populares es elogiada, con frecuencia, su capacidad para organizar grandes actos y sus contactos a alto nivel. El presidente de Orange Market asesoró a Juan Villalonga en su pretensión de hacerse con el control del Valencia CF. A Orange Market se deben la mayoría de los mítines multitudinarios del PP o la organización de la escenografía de los actos públicos del partido.

Fuentes de la dirección popular indicaron que, desde 2003, se ha contratado con esta firma por su capacidad para organizar los actos del partido. La eficiencia de Orange Market ha hecho que también haya organizado las jornadas parlamentarias del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Las contrataciones del PP regional con Orange Market están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, que revisa la contabilidad de los partidos. "Estamos muy tranquilos", indicaron estas fuentes.

Sin embargo, en el seno del partido reconocieron ayer que la fluidez de Orange Market con la dirección regional del PP no es la misma con las direcciones provinciales del partido, con las que no existe el mismo nivel de colaboración con la firma de Álvaro Pérez.

Por otra parte, la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, en la que participa el Arzobispado de Valencia, negó ayer que Orange Market participase en la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El desmentido, provocado por el temor del Arzobispado a verse involucrado en un escándalo de corrupción, no se acompañó de la presentación de las cuentas, que son opacas desde hace años.

Los trabajos de Orange Market para el PP y el Consell
- Fitur: La firma de Álvaro Pérez se ha adjudicado el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en las ferias de turismo españolas ininterrumpidamente desde 2005.

- Volvo Ocean Race: Organización de parte de los festejos realizados con motivo de la salida de los veleros desde el puerto de Alicante para dar la vuelta al mundo.

- Campañas publicitarias: La empresa ha logrado el concurso de distintas empresas públicas vinculadas a la Administración, como Vaersa.

- Feria Valencia: La compañía es uno de los principales proveedores de la institución ferial.

- Partido Popular: Orange Market es la principal empresa con la que trabaja la dirección regional del PP. A ella se debe la organización de mítines, convocatorias de prensa y otros actos de partido. El Grupo Popular en las Cortes Valencianas también la ha contratado para la realización de jornadas.
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1 comentari:

Rafael del Barco Carreras ha dit...

¿SOBORNO O EXTORSIÓN?

Rafael del Barco Carreras

13-02-09. Yo afirmaría sin dudar que en España domina la EXTORSIÓN. Lo sabemos muy bien quienes hemos ejercido de empresarios. Un servicio público, un contrato o venta, una concesión, un auto y hasta sentencia, a menudo tiene un precio ajeno al impuesto o la tasa, que se pagará si se pretende o necesita el bien, derecho, servicio o venta. Jamás he oído de nadie en mi entorno que sobornara a algún cargo público, y por docenas los empresarios que han pagado lo que les exigían, y normal quienes hasta de generaciones atrás tienen establecido en negro la comisión, incluso especie de sueldo mensual fijo, al jefe de compras, jefe de servicio o firmón y tramitador correspondiente. Lo he vivido en persona, he pagado, pero nunca se me ha ocurrido la oferta directa, se hubieran carcajeado, “roto las vestiduras”, o peor. Un despistado ignorante, un fuera de lugar, y encima peligroso por su atrevimiento.
El gran March decía que quien no tiene precio es que no vale nada. Le diría que el precio lo fijan de antemano los corruptos funcionarios públicos, a miles, a través de sus sofisticados canales, o no sofisticados. El “Lo sabía toda Barcelona” de Pascual Estevill y Piqué Vidal, o los Delegado e Inspectores de Hacienda. El 3% de Maragall. O el ¡colmo! en la Modelo del 80, yo mismo (preso-ordenanza-contable en Economatos y Suministros) rellenaba las facturas y recibos en blanco de los proveedores, una docena, y “todos con la misma máquina de escribir”, aun se podría comprobar en los estados de cuentas bimensuales perfectamente cuadrados, etc…etc...
Se podría generalizar que en Obra Pública las comisiones en negro son normales, por lo tanto no se puede hablar de ni extorsión ni soborno, y lo que viví para SALIR DE LA CARCEL es extorsión en su grado más duro, amoral y sucio.
La falacia y la hipocresía reina en España, y la ley y léxico perpetúan una mecánica donde el funcionario público no se vende, o se deja sobornar, sino que es el dueño y señor del feudo y cobra su peaje. Difícil descubrir y probar el montaje para la recaudación con bufetes, consulting o simples familiares o amigos canalizando clientes. La figura del Conseguidor que tanta estafa ha propiciado. Descubrir a los corruptos o sus intermediarios, tratarlos, y pagar, centra el éxito de mucho empresario, diría, la mayoría en ciertos sectores. En situaciones de difícil discernir si uno es un empresario o simple “hombre de paja” recaudando y pagando, caso en la Burbuja Inmobiliaria entre ayuntamientos, inmobiliarios y banqueros-cajeros.