dilluns, 20 d’abril de 2009

El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas. A qui van els diners que rep el Consell per a la Dependència?

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El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas

Los socialistas detectan un retraso de 582 días de media desde la valoración hasta que los afectados reciben la resolución

Levante-EMV, Valencia

El PSPV estima que en la Comunitat Valenciana hasta marzo de este año unas 6.400 personas han fallecido sin recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia que habían solicitado.

Según señaló ayer a este diario el portavoz socialista de Políticas Sociales en las Corts, Antonio Torres, la aplicación de la ley que está llevando a cabo el Consell es "el mayor fracaso administrativo desde que existe la Generalitat".

Del mismo modo, explicó que han recogido información de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que en su conjunto suman un total de 500.000 ciudadanos y que han detectado que las personas que han solicitado esta ayuda están esperando una media de 582 días desde que pidieron la valoración hasta la realización de la resolución. En este sentido, recordó que el PSPV ha solicitado que se contemple un procedimiento especial para pagar de manera retroactiva los gastos que hayan tenido familiares de personas dependientes que hayan fallecido esperando la ayuda, que no ha contado con el apoyo del grupo parlamentario popular en las Corts.

Esperan más de 20.000 personas
Cabe recordar que como publicó Levante-EMV recientemente más de veinte mil valencianos están a la espera de obtener las ayudas. Según Antonio Torres en la Comunitat hay 21.489 personas que están pendientes de cobrar las ayudas. Asegura que en todo el país se han autorizado 326.630, lo que significa que en la Comunitat tendrían que abonarse ya 36.600, si se tiene en cuenta que los ciudadanos de esta autonomía representan el 10,9% de la población española, y que sólo se han autorizado 15.111, agrega.

Asimismo, señala que teniendo en cuenta la población de la Comunitat y la media de solicitudes en España, los datos del Imserso (que facilita la Generalitat), que indican que en la Comunitat se han presentado 38.332 solicitudes, de las que se han resuelto 32.631, no son reales y que deberían haber más solicitudes registradas. Del mismo modo, en los dos años que lleva en marcha la normativa unos dos mil ciudadanos de la Comunitat han pedido el amparo al Síndic de Greuges y se han llevado a cabo miles de reclamaciones por parte de asociaciones para que se les conceda la ayuda. Los familiares de dependientes con esta prestación ya reconocida han denunciado también retrasos por parte de la Conselleria de Bienestar Social en abonar las mensualidades. Por su parte, la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Aspe señalaron que al menos 10 vecinos de este municipio han fallecido mientras tramitaban las solicitudes de ayuda económica.

La representante local de esta Plataforma, María Cruz Gallego, denunció la actual situación de "boicot por parte de la Conselleria de Bienestar Social que está produciendo que unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana fallezcan sin percibir la prestación a la que tienen derecho. Ocho de ellas de Aspe". Gallego reclamó "una pizca de humanidad a los gestores políticos encargados de hacer efectiva esta ley, que en otras comunidades sí se está aplicando y en cambio en la nuestra no".

Nuevo reparto de fondos
Asimismo, este diario ya publicó que el nuevo reparto de fondos del Gobierno Central para la Ley de Dependencia ha otorgado para 2009 menos dinero a la Comunitat, 26,4 millones de euros de los 283 para todo el Estado, tras premiar a las comunidades autónomas que están atendiendo a más personas en situación de dependencia. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez anunció el miércoles este nuevo criterio tras presidir por primera vez el Consejo Territorial de la Dependencia, integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio. El denominado "nivel acordado" de financiación se distribuyen para todo el año, al margen de los que se proporcionan mensualmente en función de los casos tramitados en cada autonomía. Ahora este "nivel acordado" de financiación deja de distribuirse exclusivamente por el número de la población de cada territorio del Estado. Así, para el año 2009 el Ejecutivo Central repartirá un 20% de estos fondos en función de las personas evaluadas hasta el 1 de abril.
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El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados

EL PAÍS - Valencia - 20/04/2009

Lo denunciaron ayer los socialistas. El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.

El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.

El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".

Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.

A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas". Los socialistas este asunto a las Cortes.
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