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Un abogado de las familias del Yak pide que se investigue a "los autores intelectuales"
"La decisión de traer los cadáveres del Yak estaba tomada", asegura el fiscal Fernando Burgos, que pide cinco años de cárcel para el general Navarro y cuatro años y medio para sus colaboradores por delito de falsedad en documento oficial
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 20/04/2009
El abogado Diego Sarabia, que representa a un grupo de familias de las víctimas del accidente del Yak-42, ha pedido hoy al tribunal que juzga las identificaciones erróneas que investigue a los "autores intelectuales" de la operación de repatriación de los cuerpos, que, según ha indicado, obtuvieron "un beneficio político por la pronta celebración del funeral de Estado".
La catástrofe del Yak-42
Federico Trillo
Sarabia, que realizó esta petición durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, pidió que se deduzca testimonio a los generales Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), por un delito de falsedad, ya que ambos dieron una versión contrapuesta de la reunión del Comité de Dirección del Ministerio de Defensa en la que se fijó la fecha del funeral del Estado.
"La decisión estaba tomada"
"La decisión estaba tomada desde el primer momento; en el documento del general Navarro se dice que contaban con un biólogo que no se utilizó, no se tomaron muestras de ADN que es el único modo de alcanzar seguridad, pero no es que no les dejaran, la razón es que tenían prisa", ha asegurado el fiscal Fernando Burgos, que ha expuesto durante la sesión de por la mañana la exposición de los informes definitivos en el juicio del Yak-42.
El ministerio público pide cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos en el siniestro ocurrido en 2003 en Turquía, y cuatro años y medio para los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A los tres les acusa de un delito de falsedad en documento oficial, porque eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, realizaron actuaciones sobre los documentos y contienen "datos falsos" en elementos esenciales. El fiscal considera probado que los responsables del equipo español repatriaron los cadáveres conscientes de que había cuerpos que no pudieron ser reconocidos. En su opinión, los acusados realizaron una "invención", puesto que en el acta de entrega elaborada por las autoridades turcas se asignaron 32 identidades, y los 30 espacios vacíos fueron "rellenados con nombres y apellidos".
Dos forenses turcos, cuya declaración no estaba prevista inicialmente, ratificaron la semana pasada ante el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, que los responsables del equipo español decidieron volver con los cuerpos de los militares sin identificar porque tenían prisa para llegar al funeral. El fiscal ha apuntado hoy en la misma dirección: "Tenían que salir con los cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no".
Una relación "cínica"
"Si esos documentos no se hubieran falseado no se hubiera podido enterrar o incinerar a las personas", ha manifestado el fiscal. "Se activaron los servicios de la compañía funeraria el mismo día 26 de mayo de 2003 (cuando se produjo el siniestro), se despreciaron datos que aparecían en los anillos, se introdujo en un féretro de tres personas", ha proseguido el fiscal. "Todos estos indicios revelan que necesariamente los cadáveres tenían que salir de allí inmediatamente por las razones que fuera, al parecer determinadas por la celebración de un funeral. El estado de los restos permitía la identificación decía Navarro, pero este es un documento oficial que falta a la verdad", ha explicado Burgos.
"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trta de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira", ha dicho la acusación particular.
"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trata de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira; hubo conciencia de lo que estaba sucediendo, de que era imposible de identificar todos los cuerpos y una voluntad de de decir lo que no era la realidad", ha dicho la acusación particular.
Ausencias políticas
"No han venido los responsables políticos", ha lamentado durante su exposición el representante de la acusación particular de los familiares, que ha recordado los nombres del ex presidente José María Aznar, el ex ministro Federico Trillo o el jefe del Estado Mayor de la Defensa entre los ausentes, al margen de otros personas cuya declaración hubiera podido ser, en su opinión, interesante para arrojar "más luz" como todos los forenses turcos o el director del laboratorio de Estambul. El abogado ha pedido que se sigan investigando los hechos hasta que se conozca quién ordenó la repatriación de los cadáveres de los militares.
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 y otros dos grupos de allegados a los fallecidos piden seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que otras dos acusaciones particulares reclaman penas de prisión de tres años. La Fiscalía solicita que Navarro y los otros dos oficiales sean inhabilitados durante cinco y cuatro años, respectivamente, y que también se les condene a pagar sendas multas de 30.000 y 24.000 euros. Las familias de las víctimas elevan estas cantidades a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente. La acusación particular ha recalcado durante su exposición el daño moral causado a las familias: "No están fortalecidos ante un fraude de quien más confían. Ha habido familias militares frustradas por el comportamiento de mandos; no hay auxilio en mi casa, hay desprecio en mi casa, me voy a la justicia, pensaron. El alivio se ha producido en esta sala".
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Vídeo: Piden cinco años de cárcel para el General Navarro
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El "círculo íntimo" de Trillo conocía las falsas identificaciones del Yak
Alejandre, ex jefe del Ejército, se lo reprochó en una carta al general Bretón
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 20/04/2009
"Tú bien conoces que yo nunca supe que había veintitantos cadáveres del Yak-42 mal identificados. Imagino que tú sí lo sabías, porque Trillo lo mantuvo en su círculo íntimo, Lorenzo, Jiménez Ugarte, entiendo que tú. Dudo que Antonio Moreno y Gallarza lo supieran. ¿Torrente? ¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste ante posturas más valientes o duras? ¿Por qué estuviste a punto de cortar la carrera de Emilio [Pérez] Alamán, que defendía posturas parecidas a la de la actual Administración?"
Alguien hizo desaparecer los anillos que llevaban varios cadáveres
Si hay delito, hay instigadores y encubridores, según las acusaciones
Cuando compareció como testigo, el pasado 1 de abril, ante el tribunal que juzga el caso Yak 42, el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre dijo no entender a quiénes se refería un abogado con la expresión "círculo íntimo" de Trillo. Pero en la carta que escribió el 13 de junio de 2004, ya con el PSOE en el Gobierno, parecía seguro de quiénes lo integraban: el almirante Rafael Lorenzo, director general de Política de Defensa; el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, número tres del departamento; y "tú". Es decir, el destinatario de la misiva: el director del Gabinete Técnico del ministro, el general Manuel Bretón, quien también declaró como testigo en la Audiencia Nacional.
Las declaraciones de los dos generales ante el tribunal coincidieron en un punto: en la reunión que el 27 de mayo de 2003, un día después del accidente, celebró el Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa nadie comentó que hubiera problemas con la identificación de los cadáveres.
Reunión en la cúpula
Alejandre alegó además no recordar si le comentó al ex jefe de la cúpula militar Félix Sanz, como éste sostiene, que él propusiera en dicha reunión entregar a las familias sólo los cuerpos positivamente identificados y remitir los demás al tanatorio. Lo que, en todo caso, subrayó, nunca hizo.
Pero si el entonces jefe del Ejército no sabía nada de las falsas identificaciones ¿quién lo sabía? "Dudo que Antonio Moreno [Barberá] y [Eduardo González] Gallarza lo supiesen", prosigue Alejandre en su epístola al general Bretón, aludiendo a quienes eran en esa época jefe del Estado Mayor de la Defensa y del Ejército del Aire, respectivamente. "¿[Francisco] Torrente?", insinúa, en referencia al almirante jefe de la Armada, con quien se enfrentó al final de su carrera.
¿Quién lo sabía? Alejandre no es el único que se ha hecho esta pregunta. También la han formulado repetidamente, sin hallar respuesta, las familias de los militares muertos en el accidente. Lo que parece claro, a la luz de lo oído en el juicio, que hoy entra en su fase final con los alegatos del fiscal y las acusaciones, es que mucha gente estaba al corriente de que casi la mitad de los 62 cadáveres fueron repatriados sin identificar y se les enterró o incineró con nombre falso.
Según Bulent Sam, uno de los dos forenses turcos que se presentaron en la Audiencia Nacional sin haber sido citados y a los que el tribunal accedió finalmente a interrogar, el general Vicente Navarro, jefe del equipo médico, y el teniente general Beltrán, responsable de la repatriación de las víctimas, conocían perfectamente el contenido del acta en el que se comprometían a identificar en España 30 cadáveres de militares que estaban irreconocibles. Aunque alegaron que no entendieron el sentido del acta porque estaba en turco, el documento se negoció en inglés y el texto final se tradujo al castellano. El forense turco reveló además que los dos generales recibieron una copia del acta tras firmarla, aunque jamás ha aparecido. Como tampoco lo han hecho las fichas que sirvieron para elaborarla y que, según confesó Navarro, destruyó después de que estallase el escándalo.
Pero aunque Navarro y Beltrán no hubieran informado a la cúpula del departamento, sí lo hizo como mínimo el comandante Alberto Ruiz de los Paños, quien, según dijo en el juicio, nada más llegar a Madrid, el mismo día del funeral, advirtió a sus superiores, en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, de que muchos cadáveres venían de Turquía sin identificar.
Oficialmente, algunos de ellos lo habían sido gracias a objetos personales como anillos con el nombre del cónyuge y la fecha de la boda. Cuando las viudas los reclamaron, Defensa les contestó -y no sólo a ellas, sino también al Congreso, en respuesta por escrito- que habían sido enterrados en los féretros por orden del juez turco. Mentía: ningún juez turco intervino en el caso y, cuando se reabrieron los ataúdes (para intercambiar los cadáveres erróneamente asignados a familias que no eran suyas), los anillos no estaban dentro. Su desaparición es uno de los misterios sin aclarar.
Tampoco se ha explicado quién ordenó desactivar el equipo de catástrofes de la Guardia Civil, que estaba ya listo en la base de Torrejón para salir hacia Turquía con todo el material necesario para realizar una identificación correcta. Y por qué.
Muy pocos militares se atrevieron entonces a elevar una tímida protesta. Uno de ellos fue, como recordaba Alejandre en su carta, el general Emilio Pérez Alamán, a quien Trillo puso en la lista negra porque criticó el trato a los parientes de los fallecidos.
Si el general Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez cometieron un delito, y así lo sostienen el fiscal y las acusaciones, tuvo que haber instigadores, cooperadores, cómplices y encubridores, según las familias de las víctimas.
El tribunal ha tendido un cortafuego alrededor a los tres mandos militares que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. Trillo ni siquiera ha sido citado como testigo, igual que Jiménez-Ugarte, y la declaración de Beltrán, imputado en la instrucción pero no en el juicio, fue desmontada por el testimonio de los forenses turcos. Con estos mimbres, puede haber sentencia. Pero será muy difícil explicar la razón de que los acusados actuaran como lo hicieron.
"¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste?", le reprocha el general Alejandre a Bretón en su misiva.
En el caso Yak-42 hubo algunos que supieron y muchos que no quisieron saber. Al menos, cuando aún era tiempo.
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El fiscal acusa a los militares de "inventarse" las identificaciones
Asegura que la decisión de repatriar los cuerpos incluso sin identificar se tomó "desde un primer momento" por las "prisas" para llegar al funeral
SERVIMEDIA 20-04-2009
El fiscal del caso Yak-42, Fernando Burgos, ha acusado al general Vicente Navarro y a sus subordinados de "inventarse" la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo y aseguró que lo hicieron por las "prisas" que tenían por repatriar los cadáveres a tiempo para llegar al funeral de Estado, que se celebró tan sólo tres días después de la catástrofe.
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El representante del Ministerio Público ha hecho un resumen de todas los indicios que, a su entender, prueban que los tres acusados, Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, cometieron un delito continuado de falsedad en documento oficial. Burgos pide cinco años de cárcel para Navarro y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez.
Burgos hizo estas afirmaciones durante la octava sesión del juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en la identificación de 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), provocando la mayor catátrofe de la historia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
Llama "cínicos" a los acusados
Durante la lectura de su informe de conclusiones, de un perfil muy técnico, el fiscal Burgos tildó de "cínicos" a los acusados por inventarse "torticeramente" y a sabiendas la identificación de 30 de las 62 víctimas. "La razón es que tenían prisa", aseguró. En este sentido, Burgos señaló que la decisión de repatriar cuanto antes los cadáveres, incluso sin identificar, se tomó "desde un primer momento." Para demostrar este extremo, el fiscal señaló que, por ejemplo, el equipo español "se despidió" del hotel en el que estaban alojados en Trebisonda el mismo día 27, antes de que hubiesen comenzado con el grueso de los trabajos de identificación.
Además, indicó que no se tomaron las muestras de ADN "no porque no les dejaran, sino porque tenían prisa". De hecho, destacó que al día siguiente del accidente se decidió no tomar muestras genéticas a los familiares, algo que era imprescindible para indentificar a las víctimas mediante el ADN. El fiscal Burgos también subrayó que los servicios de la funeraria que viajó a Turquía para ayudar en la repatración así como los aviones Hércules en los que viajaron los féretros se activaron en la tarde del 26 de mayo, el mismo día del accidente. Por otro lado, el representante del Ministerio Público hizo hincapié en los númerosos testigos que han comparecido ante el tribunal y que han desmentido la versión de los hechos ofrecida por los acusados, en especial en relación con los presuntos problemas de comunicación y la supuesta falta de colaboración de las autoridades turcas. En este sentido, dijo que, en contra de lo expresado por los acusados, los testimonios practicados en la vista oral han probado "la total ausencia de problemas planteados por parte del equipo turco". Burgos destacó que los militares españoles sí tuvieron la asistencia de un traductor y que, además, pudieron comunicarse con las autoridades turcas gracias a "los conocimientos de inglés de unos y otros". "Los acusados dicen que ignoraban lo obvio, esto no puede ser recogido por el tribunal como algo serio", señaló el fiscal.
La invención de los acusados de la identidad de 30 de las 62 víctimas, recogidas en la lista elaborada en Turquía, provocó que se faltara a la verdad en cuatro documentos oficiales: los certificados necropsia, los certificados de defunción, las licencias de enterramiento y los registros de los cementerios.
"Estas falsedades se pueden atribuir a Navarro, dominador de todos los actos y autor de la primera lista, y a los otros dos acusados, que saben perfectamente que los restos que se introducen en las féretros no corresponden a la identidad que se les atribuye", concluyó Burgos.
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El fiscal acusa a Navarro de inventar identidades
Dice que la decisión de trasladar los cuerpos "estaba tomada desde el primer momento".
EUROPA PRESS - Madrid - 20/04/2009 13:41
El fiscal Fernando Burgos aseguró hoy que el general Vicente Navarro llevó a cabo la "invención" de los documentos que atribuían erróneamente 30 de las 62 identidades de las víctimas del accidente del Yak-42 porque el equipo español tenía "mucha prisa" para llevar a cabo las labores de repatriación.
"Tenían que salir cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no", señaló Burgos durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, en la que se mostró convencido de que la decisión de trasladar los cuerpos en dos días para celebrar el funeral de estado el 28 de mayo de 2003 "estaba tomada desde el primer momento".
Solicita cinco años para el general médico Navarro y cuatro para los que redactaron los informes
El fiscal, que pidió al tribunal valorar los "daños morales" que sufrieron las familias de las víctimas aunque ello resulte "atrevido", defendió que los acusados incumplieron "sistemáticamente" la Ley del Registro Civil y renunciaron a tomar muestras de ADN a los cuerpos porque "se organizó un acto fúnebre efectuados inmeditamente, el día 27, cuando no existía ni la más remota posibilidad de que aquello tuviese la identificación de cadáveres". "No es que no les dejaran --señaló--. Había prisa".
Burgos, que expuso su informe al inicio de la octava sesión del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42, solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo "la redacción cínica" de los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
"Todos son documentos falsos", resumió el fiscal antes de explicar que estos informes generaron falsedad en los certificados de defunción de los fallecidos, en las licencias de enterramiento falsos y en los registros de los cementerios. "Si los cadáveres no identificados no se hubieran identificado falsamente, no se habrían podido enterrar ni incinerar --dijo--. Se ha mentido para que se pueda hacer".
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Así lo asegura el ex jefe del Ejército de Tierra en una carta manuscrita
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