dijous, 5 de juny de 2014

A diferencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, que acá buscan a sus nietos, nosotros buscamos a nuestros abuelos desaparecidos”, dice Adriana Fernández


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“Nuestra apuesta es hacia el futuro”

“Nuestra apuesta es hacia el futuro”
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tiempo.infonews.com  02.06.2014
A diferencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, que acá buscan a sus nietos, nosotros buscamos a nuestros abuelos desaparecidos”, dice Adriana Fernández, dejando claro que durante las cuatro décadas que duró la dictadura de Francisco Franco en España, el genocidio logró imponer una barrera de desmemoria que recién ahora se intenta quebrar. Por ejemplo, con la llamada “querella argentina”, única investigación abierta en el mundo sobre aquellos crímenes que tenían como objetivo exterminar a los republicanos y adueñarse de su descendencia. Tiempo Argentino reunió en una charla a los iniciadores de la causa, que a la vez son los únicos familiares argentinos de las víctimas directas, fusiladas o desaparecidas. En estos días, la jueza federal María Servini de Cubría toma declaraciones testimoniales en varias ciudades vascas y gallegas, e intenta torcer la negativa del gobierno español, que negó las extradiciones de procesados pedidas por la magistrada. Uno de ellos es José Utrera Molina, presidente de la Fundación Francisco Franco, suegro del actual ministro de Justicia español y firmante de la sentencia de muerte con la que el franquismo asesinó al militante anarquista Salvador Puig Antich.

–La justicia argentina exigió la detención internacional de varios inculpados y eso permitió reimpulsar la causa. ¿Cómo lo tomaron?
Inés García Holgado: –Nos puso contentos, pero cuando la Audiencia Nacional española rechazó el reclamo, me sentí cercada. El miedo era tener que empezar otra vez de cero.
Adriana Fernández: –Es un símbolo muy fuerte imaginar por primera vez a los torturadores en un tribunal, una posibilidad que las víctimas de allá ni siquiera consideraban.
Darío Rivas: –Y además, tocando nada menos que al suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, un franquista total. Es hasta peligroso que Gallardón ocupe ese lugar en el gobierno español.
–¿El Tribunal tiene el mismo pensamiento?
DR: –Absolutamente. Con sólo ver algunos apellidos nos damos cuenta que son herederos de la dictadura, por eso la pelea es difícil. Yo mismo les dije a los españoles en la Puerta del Sol que Franco no había muerto. Antes de irse de este mundo advirtió que dejaría todo atado y lo hizo. Impuso leyes a su gusto, acomodó a la monarquía, decidió los tipos de gobierno en cada lugar. La coronación de esas maniobras fue la amnistía, un cuento político que en realidad es la imposición de los vencedores sobre los vencidos. Y la creación del PP de Manuel Fraga Iribarne, que era secretario de Turismo de Franco. 
–¿Cuál es la sensación al saber que el proceso que iniciaron es el único abierto en el mundo para condenar estos crímenes?
IGH: –El 14 de abril de 2010, día que presentamos la querella, fue una de las jornadas más felices de mi vida. Pensé en mis familiares, en reivindicarlos. Al principio, mi pedido no se aceptó por ser sobrina nieta, decían que los familiares debían ser directos. Pero nuestros abogados apelaron, rescato el escrito del Dr. Máximo Castex, después tomado como modelo para este tipo de reclamos. Ya no hay límite generacional para considerarse víctima de una dictadura.
DR: –Eso sirve también como reconocimiento al trabajo de Baltasar Garzón, que cuando era juez en España intentó impulsar causas de lesa humanidad y recibió el rechazo de sus propios pares. Aunque lo que molestó al poder español es que se metiera a investigar maniobras de corrupción escandalosas, como el caso Gurquel.
–¿Qué los movió a iniciar la querella?
AF: –Mi papá no sabía que su padre había sido víctima de los falangistas, y nunca me había detenido a pensar en eso, a pesar de participar desde hace bastante tiempo en el campo de los Derechos Humanos. Un día, asistiendo a un curso sobre terrorismo de Estado donde se habló de franquismo, caí de repente. Lo único que sabía era que a mi abuelo lo habían matado, que estaba enterrado en un campo, y que mi papá conocía el lugar de los restos.
–¿Consultabas en tu familia?
AF: –Sí, decían que eso era natural, y que simplemente los campesinos hacían un pozo y los enterraban. Eran fosas comunes, y a pesar de lo terrible, nadie se extrañaba. En 2009, los primeros que escucharon mi caso fueron Arturo Blatesky, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y el juez platense Carlos Rozanski. Hablé con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España, y de ellos tuve el primer indicio: un certificado de defunción donde constaba que a mi abuelo lo habían asesinado “en la lucha contra el marxismo”. Tenía papeles, pero no sabía cómo seguir. Arturo me mandó a Abuelas de Plaza de Mayo, y hablando con algunos compañeros, terminé sumándome a la querella con Darío. Seguí averiguando, hasta que pudimos viajar con mi padre para la exhumación de los restos. Papá conocía el lugar exacto, pero no el motivo de la muerte, era una especie de tabú. Durante el acto se acercaron los vecinos y empezaron a hablar. El abuelo estaba desesperado por avisarle a Nicasio Astorgano, alcalde republicano de San Esteban de Valdueza, que lo matarían. Y lo fueron a buscar a su casa, mientras comía con su mujer, mi papá de un año y mi tío de dos meses. Lo tiraron en un camión, lo torturaron y lo remataron de dos tiros.
DR: –Los crímenes de alcaldes y funcionarios republicanos fueron sistemáticos. Era necesario liquidarlos y con mi padre pasó lo mismo. El plan venía de directivas del general Emilio Mola, que ordenó matar a todas las personas “importantes y de trascendencia moral”, como los maestros.
–Inés, las víctimas en tu familia son varias.
IGH: –Cuatro. Elías García Holgado, tío abuelo alcalde de Lumbrales, en Salamanca; un Vicente abuelo; un Vicente tío; y otro tío abuelo llamado Luis. A Elías lo acusaron de rebelión y fue fusilado en su pueblo. Luis se había desempeñado como teniente alcalde, administrador de correos, y venía de participar en la revolución de 1934. Además, militaba en el PSOE. La dictadura dijo que su despacho estaba lleno de “documentos masónicos”, y en el certificado de fallecimiento puso “muerto por heridas de bala”. Mi tío Vicente está desaparecido, supongo que en una fosa común.
–¿Y el Vicente abuelo?
IGH: –Su caso no está en la querella porque es difícil encontrar pruebas, pero es muy interesante. Militaba en el Partido Comunista, organizaba a los trabajadores en la empresa de Correos y Telégrafos, lo encarcelaron, y al salir fue mandado al País Vasco. Se le ocurrió formar un gremio con los pescadores, y mientras hacía un trámite en Madrid, cayó misteriosamente desde el séptimo piso de la Dirección de Pesca. Los militares adujeron que fue un suicidio. Con Luis también ocurrió algo increíble. Algunos familiares de allá lograron encontrar al que lo depositó en una fosa común en Hervás, y el hombre aceptó indicar el sitio, sacar los restos, entregarlos y dejar todo como estaba. Se trata de un lugar turístico en el que a nadie parece importarle que existan tumbas colectivas ilegales.
DR: –Así es la justicia en España. Pasó lo mismo con mi padre, alcalde de Lugo al que fusilaron en una cuneta y después tiraron a un pozo en medio del campo. Para el franquismo, esos no eran delitos, porque las fuerzas estaban “cumpliendo funciones de Estado”. 
–Se comenta mucho acerca de la barrera social que hay en España para investigar. Y del apoyo, o en el mejor de los casos, la indiferencia, que el franquismo despierta en la gente.
AF: –La dictadura argentina duró siete años, y allá, 40. Lo que permitió silenciar y aterrorizar todo. Un ejemplo es mi casa: mi papá no conocía el crimen de mi abuelo porque de chico no le contaron nada, por miedo o para preservarlo, no sé. A diferencia de las Abuelas, que acá buscan a sus nietos, en España nosotros buscamos a nuestros abuelos desaparecidos. Es interesante y a la vez terrible: por culpa de ese miedo, es mi generación la que se anima por primera vez a descubrir el velo. Para colmo, las autoridades no sólo no hacen nada por solucionar eso, sino que además boicotean permanentemente. El gobierno le acaba de retirar a Memoria Histórica los subsidios necesarios para su trabajo.
–¿Qué pasó?
IGH: –La entidad contaba con partidas para hacer exhumaciones, pagar a los arqueólogos. Ahora, esos recursos se cortaron. Porque este es otro problema, más allá de los funcionarios cómplices: el acceso a los expedientes no es fácil, hay que viajar, solventar gastos. Las puertas se cierran.
DR: –Tengo familiares falangistas residiendo en España, y evito hablar de política. Lo mismo pasa con algunos compañeros de juventud. La tumba de mi padre es la única que tiene una placa con la leyenda “Asesinado por los falangistas”. En uno de los viajes, un muchacho jefe de policía de Bilbao se me acercó: “Darío, qué barbaridad, ¿tienes idea de a quién se le ocurrió poner eso?” Cuando le respondí que la idea era mía, quedó sorprendido: “Mi padre era falangista, creía que era tu amigo”, me dijo. Y le contesté: “Mira, si tu padre pensaba de ese modo, el error fue mío, porque nunca hubiera aceptado tener un amigo falangista.”
AF: –Recuerdo el día en que exhumamos a mi abuelo. Mientras comíamos, un tío y los primos de mi papá hablaban de lo bien que estaban con Franco. A veces siento que mi familia argentina, de derecha, no entiende lo que hago acá peleando a favor de las Madres y las Abuelas; y que mi familia de allá también está en contra mío, pero porque entienden demasiado.
IGH: –Es verdad. En ese aspecto, estamos solas. Salvo una tía “roja” que tengo en España internada en un geriátrico, los demás rechazan la investigación. Prefieren tapar todo.
–¿La querella puede ayudar a cambiar ese pensamiento general?
AF: –Estoy convencida que sí. Tengamos en cuenta que en España, además del tiempo larguísimo que duró la dictadura, no fue común el surgimiento de entidades que reclamaran justicia y trabajaran con la memoria. Como sí pasó acá con los organismos de Derechos Humanos. De a poco eso va cambiando, y una prueba son las distintas plataformas de la CEACUA, la Coordinadora Estatal en apoyo a la querella, abiertas en distintas ciudades y pueblos españoles.
–¿Creen que la presencia de Servini en Europa puede romper la negativa del Estado español a colaborar con la investigación?
AF: –La visita aquí de legisladores y familiares españoles en diciembre, que se reunieron con la jueza; las video conferencias de febrero,  con que Servini pudo escuchar el aporte de denunciantes; y el remplazo del fiscal anterior por Ramiro González, alguien que se está moviendo por agilizar la causa. Más el trabajo incansable de Máximo y de nuestros abogados allá, Carlos Slepoy y Ana Messuti.
DR: –Lo importante es que Servini está tratando de usar todo lo que le facultan las leyes internacionales para probar que estos no son delitos comunes, sino de lesa humanidad. Y por lo tanto, ni prescriben ni tienen barreras geográficas para ser juzgados. Ese es el tema clave de nuestra presentación.
IGH: –Este es un caso único. El mismo Garzón no viajó a la Argentina cuando se dispuso a investigar delitos originados por la dictadura argentina.
–Pero la postura del gobierno español parece difícil de torcer.
AF: –Es verdad. Tal vez con este gobierno español sea complicado avanzar. Eso origina grietas. La querella intenta abrir una brecha de memoria universal. En España, la gente convive en la calle con sus torturadores.
R: –En Alemania y en Italia. ¿Creés que alguien me habló mal de Hitler o de Mussolini? Nadie. La apuesta es hacia el futuro.  «
G.H.: Y cambiar la mentalidad. Costará, pero llegará. «

Los reos protegidos por rajoy
Uno de los buscados en la querella, por el que la jueza argentina solicitó una extradición que el gobierno de Mariano Rajoy negó, es Jesús Muñecas, amigo de muchos funcionarios del gobierno actual y dueño de un club de equitación en la localidad española de Valdemoro. Su compromiso de tantos años junto a los torturadores le permite gozar en la actualidad de una jugosa pensión vitalicia. Fue denunciado en varias oportunidades por torturas a militantes políticos ocurridas en las comandancias de Zarautz y Tolosa. 
Otro apuntado por Servini es Juan Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”. Está mencionado en 17 causas como responsable de malos tratos, torturas, lesiones y distintos delitos contra estudiantes y militantes sindicales. Prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su relación con los asesinos de los abogados de Atocha, y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español. Formó parte de la Brigada Central de Información, luego transformada en la Brigada Antiterrorista, a las órdenes de otro viejo y conocido genocida: Roberto Conesa.
La investigación argentina también se ocupa de José Utrera Molina, reconocido ultramontano franquista de 87 años, suegro del actual ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Utrera Molina está imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, ejecutado mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974. Antich militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), hasta que el familiar de Gallardón estampó su firma en la orden de ejecución, para que un verdugo ajustara el cuello de Antich con un collar de hierro que le rompió la garganta. Es el principal referente de la Fundación Francisco Franco, y suele condenar los intentos por investigar a la dictadura llamándolos “vandálicas invasiones de los socialistas”.


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