dijous, 26 de gener de 2017

El PP vota en contra de recuperar la partida presupuestaria para continuar los trabajos de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica

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iNSERTAMOS LA NOTA DE PRENSA DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL SENADO

El  PP vota en contra de recuperar la partida presupuestaria para continuar los trabajos de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica
NOTA DE PRENSA

·         Francesc Antich, promotor de esta iniciativa, ha reivindicado que en la última legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero se destinó a la aplicación de la Ley una partida de “más de seis millones de euros”, partida que en el año 2012, con la llegada del Gobierno del presidente Rajoy ya se redujo, “en más de un 50%,  a unos 2 millones de euros, los cuales por distintos motivos “parece que no se gastaron” y ha criticado que en 2013 la partida se dejó a “cero euros” y, en los años posteriores, 2014, 2015, y 2016 dicha partida “ha desaparecido del Ministerio de la Presidencia”

·         Subraya que “en estos momentos la Ley se encuentra en vía muerta, sin presupuesto” y aboga por que “deberíamos estar analizando el desarrollo de la actual Ley, sus carencias y proponiendo fórmulas de mejora”, entre otras, “la realización de un listado de víctimas, la asunción por los poderes públicos de la búsqueda y exhumación de las fosas, la constitución de una Comisión de la Verdad,  la mejora  del acceso a los archivos, o la creación de un banco de ADN

Madrid, 24 de enero de 2017.- El Grupo Socialista del Senado ha pedido hoy al Gobierno la dotación de una partida presupuestaria suficiente que permita continuar los trabajos e iniciativas derivadas de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica y, para ello, ha reclamado recuperar “a partida en el Ministerio de Presidencia “que tendría que ser como mínimo igual a la que se aplicó en el último año del Gobierno Zapatero”.

Así lo ha señalado el portavoz socialista en la Comisión Constitucional y senador por Illes Balears, Francesc Antich, promotor de esta moción socialista, quien ha recordado que en el año 2007 las Cortes Generales aprobaron la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como la Ley de Memoria Histórica. “Una  ley que declara la injusticia de todas las condenas, sanciones y violencia personal  realizadas durante  aquel periodo y propone ayudas para los represaliados, apoyo del Estado a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas, y dictamina la retirada de los símbolos, de todo tipo, que conmemoren el levantamiento militar, la guerra civil o la dictadura, entre otros temas”, ha apostillado.

En su intervención, Antich ha recordado que en la última legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero se destinó a la aplicación de la Ley una partida de “más de seis millones de euros”, partida que en el año 2012, con la llegada del Gobierno del presidente Rajoy ya se redujo, “en más de un 50%,  a unos 2 millones de euros, los cuales por distintos motivos “parece que no se gastaron” y ha criticado que en el año siguiente la partida se dejó a “cero euros” y que en los años 2014, 2015, y 2016 dicha partida “ha desaparecido del Ministerio de la Presidencia” y no ha aparecido en ningún otro Ministerio. En este sentido, ha reclamado que el Grupo Socialista considera que “el Ministerio de la Presidencia es el lugar idóneo dada la transversalidad de las medidas previstas en la ley y que afectan al tema que nos ocupa, que pueden afectar a distintos ministerios y también por la importancia que le damos a dicha materia”.

El portavoz del PSOE ha reivindicado que desde que se aprobó esta norma, durante el tiempo del Presidente  Rodríguez Zapatero, la Ley tuvo un alto grado de cumplimiento, llevándose a término declaraciones personales de reconocimiento, se mejoraron las prestaciones que venían percibiendo las víctimas, se reconocieron prestaciones a nuevos colectivos, como los denominados “niños de la Guerra”, las víctimas del tardo franquismo o los homosexuales, se elaboró un mapa de fosas y se articularon protocolos para la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos y se apoyó con dinero público esta  actividad, con más de 5.000 víctimas exhumadas. “Además, ha añadido, se inició la retirada de símbolos, se concedió la nacionalidad española a los descendientes del exilio y a los brigadistas internacionales, se creó en el 2008 la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil para una atención e información centralizada al colectivo, se articuló un procedimiento para el acceso a archivos, incluidos los históricos”.

Antich ha subrayado que “toda esta actividad se explicó muy bien por el Gobierno Rajoy” cuando compareció en la ONU en relación con los Informes que había hecho la ONU sobre las desapariciones forzadas y al informe del Relator Pablo de Greiff, sobre justicia, verdad y reparación en relación a nuestro país, y ha asegurado que en aquella comparecencia “el Gobierno puso en valor la Ley y el dinero gastado en la etapa Zapatero -creo recordar que se trataba de unos 20 y pico millones de euros-“ y ha criticado que “sin embargo, al mismo tiempo y durante toda la décima Legislatura, dejó de dotar presupuestariamente estas medidas, en especial las relativas a la localización de fosas” y también “se paralizaron las demás actividades como las declaraciones de reparación” y  se “eliminó  la Oficina de Víctimas”.

En cuanto a la localización de fosas, Francesc Antich ha reprochado al Grupo Popular que a pesar de haber manifestado “que era la parte de la Memoria Histórica en la que más estaba de acuerdo” y en la que “gastaría más dinero que en la etapa del gobierno anterior”,  lo cierto es que a finales de Legislatura en un debate de presupuestos consideró que “no se ponía más dinero para exhumación de fosas porque no había peticiones”. En este punto, el senador socialista ha criticado esta postura porque España es uno de los países que tiene más desapariciones forzadas -se está hablando de un listado de unas 150.000 víctimas-, y ha destacado el esfuerzo que están haciendo muchas asociaciones en este sentido y en  distintas autonomías dónde se estén aprobando leyes de memoria y de fosas para dar un mayor impulso, entre otros temas, precisamente a las exhumaciones. 

Para el senador del PSOE, vistos los informes de la ONU “deberíamos estar analizando el desarrollo de la actual Ley, sus carencias y proponiendo fórmulas de mejora, entre otros, como la realización de un listado de víctimas, la asunción por los poderes públicos de la búsqueda y exhumación de las fosas, la constitución de una Comisión de la Verdad,  la mejora  del acceso a los archivos,  crear un banco de ADN. Además, ha añadido, de la inclusión de colectivos que no pudieron beneficiarse de la actual ley como los descendientes de mujeres españolas, justificado por el hecho de que hasta 1978 las mujeres no transmitían la nacionalidad, los descendientes de varón que tuvo que renunciar a la nacionalidad con anterioridad al nacimiento de sus hijos, hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad, puesto que hasta ahora la nacionalidad solo se producía en favor de los hijos menores de edad, por ejemplo.

Por todo lo expuesto, Francesc Antich ha pedido a los miembros de la Comisión Constitucional que apoyaran la propuesta socialista recalcando que “sin perjuicio de que aún hay mucha gente que no ha salido de la crisis, no es menos cierto que muchas de las partidas que se habían reducido están aumentando, y que en el caso que nos ocupa no estamos hablando de una reducción si no de una laminación absoluta de la partida, que lleva así desde el inicio de la décima legislatura, o sea más de seis años sin una financiación adecuada”.

Antes de concluir su intervención el portavoz socialista ha lamentado que “la realidad es que en estos momentos la Ley se encuentra en vía muerta, sin presupuesto” y con las iniciativas que venía desarrollando “paralizadas”, con figuras como la Oficina de Víctimas eliminadas, y con muchos de sus preceptos sin desarrollar, entre otros, la resignificación del Valle de los Caídos de acuerdo con las conclusiones de la Comisión de Expertos creada al efecto. “En definitiva, que tantos años después el Estado niegue las ayudas necesarias para dar un entierro digno a las víctimas no es precisamente mandar un mensaje de reconciliación, y puede ser interpretado como un agravio más de la dialéctica vencedores- vencidos de la guerra, igual que lo puede ser que se mantengan monumentos de parte, con tumba incluida del dictador, sin que se resignifiquen como monumentos a todas las víctimas, sea cual sea su procedencia”, ha zanjado.

Finalmente, la propuesta socialista ha sido rechazada por la mayoría absoluta del Grupo Popular con 15 votos en contra, frente al resto de los grupos parlamentarios -10 votos a favor.-