La coalición de Alberto Garzón creará un grupo de trabajo con expertos jurídicos y de memoria histórica para elaborar una proposición de ley
Naciones Unidas ha criticado repetidas veces esta norma, principal obstáculo en la búsqueda de la justicia: "Los casos se archivan sin que los jueces siquieran conozcan los hechos"
El informe del relator espacial del consejo de Derechos Humanos de la ONU sostiene que los efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España
14 de octubre de 1977. Así se expresaba en la tribuna del Congreso el aquel día portavoz del PCE Marcelino Camacho: "Como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso".
Enero de 2017. Cuarenta años después, c uando se celebran los actos por la matanza de Atocha,Izquierda Unida, coalición en la que se integra el PCE, ha decidido lanzar una campaña para derogar aquella ley de Amnistía que tan vehementemente defendió Marcelino Camacho. ¿Por qué? “Porque esta ley supone el verdadero freno a la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo”, según explica Esther López Barceló, coordinadora del Área de Memoria Democrática de IU.
Por eso, la coalición de Alberto Garzón ha decidido formar un grupo de trabajo multidisciplinar con expertos jurídicos y en Memoria Democrática para elaborar una iniciativa parlamentaria que se tramitará como proposición de ley dentro del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha calificado este martes de "infamia" la Ley de Amnistía aprobada en la Transición cuya derogación ha vuelto a solicitar ahora Izquierda Unida, pero ha subrayado que en este momento le "preocupa más" la Ley de Seguridad Ciudadana rebautizada como 'Ley Mordaza' y ha recalcado que "el mejor homenaje" que se puede hacer a los que "lucharon por las libertades y la democracia" es "conseguir un país más justo hoy".
Podemos en Movimiento, plataforma que suscribe Anticapitalistas para Vistalegre 2, sin embargo, sí está a favor de que Podemos impulse en el Parlamento medidas para que se puedan juzgar los crímenes del franquismo y reparar a las víctimas, y en sus documentos incluyen la derogación de la ley de Amnistía. En concreto quieren modificar la ley para impedir su aplicación a los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista, y que se les aplique todo lo dispuesto en la normativa internacional. "Lo que queremos es que se pueda juzgar al Franquismo en nuestro país y sortear la Ley de Amnistía, que es una ley de punto y final. La única forma de no abrir heridas del pasado es cerrarlas y el poder abordar la justicia y reparación necesarias en estos casos", ha dicho a Efe el eurodiputado de Podemos y representante de Anticapitalistas Miguel Urbán.
Informes de Naciones Unidas
En las 20 páginas que empleó Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.
En la ley de Amnistía, precisamente, es donde se observan mayores déficits: se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan "sin que los jueces siquiera conozcan los hechos". Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las "interpretaciones restrictivas" –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.
De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación de los hechos, "pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir".
Esta tesis es la que también han defendido la Asociación por la Recuperación por la Memoria Histórica y Amnistía Internacional, entre otras. La ARMH, como también el informe de la ONU, defiende que los familiares, como víctimas que son, no deben pagar las exhumaciones, ya que entiende que la financiación debe realizarse con dinero público.
La Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos son los obstáculos que han impedido el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo en España, como quedó demostrado con la investigación que impulsó el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y que terminó tumbada por el Supremo.
"Fue el sello de la impunidad", señaló a Efe Miguel Ángel Muga, abogado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que afirma que el alto tribunal "aprovechó la sentencia de Garzón para advertir al resto de jueces de no investigar los crímenes". Y explica: "El Supremo no sentó jurisprudencia pero defendió la validez de la Ley de Amnistía y afirmó que en caso de que los crímenes del franquismo fueran tipificados de lesa humanidad, no podrían investigarse porque fueron cometidos antes de 2004, fecha en la que esta figura se incorporó al Código Penal español".
"Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables", asegura Muga, quien como todas las víctimas del franquismo ya solo mira a Argentina. Concretamente a la jueza Maria Servini. Esta magistrada instruye en virtud del principio de la justicia universal el único proceso judicial que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura, popularmente conocida como la 'querella argentina', que en 2010 presentaron más de cien asociaciones por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad". "Solo nos queda Argentina porque en España todo está cerrado", lamenta el letrado.
"Que el torturador Billy 'el niño', que torturó salvajemente a cientos de militantes revolucionarios, entre ellos mi padre, que fue torturado durante 15 días en Sol, se pueda pasear por Madrid con total impunidad y haya sido incluso condecorado por el Gobierno socialista es una anomalía" en toda Europa, denuncia Urbán.
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