La localidad de Vilafranca será la primera de la provincia en asistir a una nueva campaña de exhumaciones de víctimas del franquismo no heredada de los gobiernos progresistas. Ahora bien, los trabajos no cuentan con aportación económica de ninguna administración. Serán sufragados por cuenta de la Asociación Científica ArqueoAntro que emprenderá este verano la localización de «soldados y también de vecinos del municipio a los que represaliaron por supuesta vinculación con los maquis».
Según ha explicado el arqueólogo y director de la empresa, Miguel Mezquida, las exhumaciones se sufragarán con la matrícula (400 euros) de los alumnos que se inscriban en el VIII Curso Teórico-Práctico de Arqueología y Antropología Forense en la XII Campaña de búsqueda de combatientes en el Frente de Levante, a celebrar del 5 al 11 de agosto en Vilafranca e Iglesuela del Cid (Teruel).
Se tata de un curso de 50 horas aproximadamente y 10 plazas, cuya matrícula incluye formación, material didáctico, alojamiento, manutención y seguro durante 7 días, además de la tramitación de diploma/certificado de formación.
ArqueoAntro ha tomado esta determinación de seguir exhumando restos óseos de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo en esta localidad de la comarca de Els Ports porque «tendremos infraestructura y personal en Iglesuela, a sólo 10 minutos de distancia, donde sí contamos con subvención del Gobierno de Aragón ,que sigue financiando estas tareas». Además, «contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Vilafranca, que nos cede la antigua residencia del pueblo para alojarnos».
Es decir, ha podido más la voluntad y entrega de estos profesionales que la compensación económica a su trabajo. Según Mezquida, «duele pensar que la campaña del cementerio de Castellón y las de Paterna y Alicante vayan a ser las últimas en la Comunidad Valenciana con dinero público». Y más inquietud le genera aún que «a partir de ahora – con PP y Vox en el Consell de la Generalitat– no haya dinero tampoco para el Banco Público de ADN, con tantos restos exhumados pendientes de identificar».
Al respecto, repitió las cifras ya dadas a principios de este año a EL MUNDO: «Solo 3 de los 250 restos exhumados en el cementerio de San José han sido identificados por ADN». Y «la situación se agravará», advierte porque siguen exhumándose víctimas –solo en el caso de la capital de La Plana se prevé localizar otros 228 cuerpos en la campaña ahora en ejecución– de la contienda y de la dictadura.
Se trata de una de la tres últimas intervenciones sufragadas por la Generalitat que el Pacte del Botànic dejó contratada antes de las elecciones del 28-M en las que los progresistas fueron adelantados por la derecha. Los trabajos fueron adjudicadas el 14 de julio –un día después de ser investido President el popular Carlos Mazón con el apoyo de Vox– por 943.800 euros para actuar en las fosas del cementerio de la capital de La Plana, Alicante y Paterna.
Así fue como el Ayuntamiento de Castellón tuvo que autorizar la campaña que dejó atada Ximo Puig, concediendo los permisos reglamentarios a la mercantil catalana Atics que se adjudicó la intervención que culminará la sexta campaña. Mezquida, quien ha trabajando en todas las anteriores fases, dice «temer» que «esta sea la última exhumación en el cementerio de San José».
La inquietud del arqueólogo está, en sintonía con la que fuera concejala de Compromís al frente del área de Memòria Històrica de Castelló y ahora diputada autonómica, Verònica Ruiz ante «la nueva Ley de Concordia que nos quieren imponer PP y Vox».
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Castellón fue la primera administración local de la Comunidad Valenciana que asumió con fondos municipales las exhumaciones de víctimas de la dictadura franquista. Fue en 2018, con el marco de la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana.
A juicio del arqueólogo y director de ArqueoAntro habría aún cerca de 1.000 represaliados por el franquismo por localizar, después de haber exhumado 250 restos en el cementerio de San José de Castellón y otra veintena en el resto de la provincia. La cifra exacta es complicado conocerla, según Miguel Mezquida. «Seguimos sin una estimación real de combatientes de los dos bandos aún desaparecidos por toda la provincia» y «fueron miles los fallecidos, ya que toda Castelló fue un campo de batalla». A su vez, la Asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante, con la que colabora estrechamente esta asociación científica, ha tramitado más de 100 peticiones de búsqueda, y la mayoría de ellas corresponden a casos de combatientes desaparecidos en Castellón. «Estas podrían ser algunas de las búsquedas más perjudicadas en la provincia, las de combatientes», de frenarse la ayuda pública.
Un total de 228 cuerpos de represaliados por el Franquismo se prevé exhumar en la campaña que se está desarrollando en el cementerio de San José de Castellón, para la que el Ayuntamiento de PP y Vox dio autorización el pasado mes de enero. Podría ser la última, si Ayuntamiento, Diputación Provincial y Generalitat Valenciana no destinan más fondos en los presupuestos venideros. Esta exhumación se quedó «cerrada y contratada» en el pasado gobierno municipal, según ha advertido Compromís, partido que impulsó en 2018 el inicio de estos trabajos en el cementerio civil de la capital de La Plana.
Ahora, la búsqueda de restos humanos corre por cuenta de Atics, la empresa catalana que se adjudicó las exhumaciones por un importe de 363.000 euros, al haber presentado la mejor oferta al concurso convocado por el Consell de Ximo Puig. Las cinco anteriores campañas, en las que se localizaron 250 restos óseos de víctimas, fueron realizadas por la Asociación Científica ArqueoAntro, que ahora empezará a excavar en Vilafranca, autofinanciándose con sus cursos, después de ejecutar también la actuación en la fosa de Paterna (Valencia) sufragada como la de Castellón aún por el Gobierno valenciano del Pacte del Botànic.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada