Los intervinientes presentaron la situación general del estado de la recuperación de la memoria histórica democrática tras un segundo intento por parte del Gobierno de hacer justicia con quienes fueron represaliados con la muerte, cárcel, persecución y violencia y sus familiares.
Fue un segundo intento porque la última ley sobre la recuperación de la Memoria Democrática (Ley 20/2022 de 119 de octubre) del Gobierno actual es continuación de la de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de diciembre) del gobierno Zapatero. Esta última se promulgó al seguir la Recomendación 1736 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (CoE) de marzo de 2006, que pedía instar al Gobierno español a poner en marcha una investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista. Esta primera ley pronto vería dificultades en su implementación y luego quedaría en papel mojado al perder toda financiación al llegar Mariano Rajoy al gobierno unos años más tarde.
En su intervención, Manuel Pardo, presidente de la AMMD, hizo un repaso de las actividades de la asociación desde sus inicios y las reclamaciones presentadas ante el ministerio de Defensa por incumplimientos de las dos leyes de memoria mencionadas. Con éxitos parciales y muchas dificultades, ya que una de las reclamaciones, consistente en eliminar del callejero los nombres de protagonistas del golpe contra la Segunda República en el seno de la Armada y sustituirlo por nombres de militares que defendieron la legalidad constitucional, fue cumplida a medias: “Para optimizar la eficiencia en la organización (...) que permita una mejor identificación...”, reza el texto de la resolución firmada por Margarita Robles. En este caso se trataba del interior del recinto del Arsenal de Ferrol, que llevaba nombres como almirante Fernández Martín, almirante Vierna, almirante Honorio Cornejo o Crucero Baleares, todos ellos protagonistas de la insurrección, represión y asesinato de cuantos se mostraron fieles a la República, que fueron sustituidas por nombres históricos como Juan Sebastian Elcano, Nao Santa María, Jorge Juan, etc. ¿Tenía la ministra Robles algún reparo en colocar en las placas nombres como contralmirante Azarola, teniente coronel Sacaluga, condestable Mouriño o coronel médico Pérez Carballa, todos ellos fusilados por cumplir con su deber? O más bien no quería causar malestar en las cámaras de oficiales...
El abogado Ranz expuso algunos detalles de la reclamación que ha presentado en nombre de la AMMD para que sean exhumados del Pabellón de Marinos Ilustres, en la Escuela de Suboficiales de San Fernando, los restos de los almirantes Juan Cervera, Salvador Moreno y Francisco Moreno, almirantes que participaron muy activamente en la represión que siguió al golpe de Estado de 1936 y fueron responsables directos de la masacre cometida contra la población civil conocida como “La Desbandá” en la carretera de Málaga a Almería. Que en la misma localidad donde nació el constitucionalismo moderno permanezcan inhumados con honores, 87 años después, los protagonistas de esos crímenes contra la humanidad (asesinadas más de tres mil personas en una semana), es una vergüenza para el Gobierno, para el Estado y para la nación. Una terrible mancha que hay que hacer desaparecer cuanto antes –ya llegamos muy tarde– si queremos considerarnos una democracia plena.
Trasladados unos cuatro mil expedientes desde un juzgado militar de Valencia a Madrid, (...) se ha descubierto que, cuatro años después del envío, no se ha digitalizado aún ningún documento
Los acontecimientos históricos, procesamientos, sus causas y sus protagonistas constan en los miles de expedientes y legajos que nutren los numerosos archivos históricos, civiles y militares, de nuestras localidades. Un experto en investigación histórica, el teniente Floren Dimas, auténtico ratón de biblioteca que lleva más de treinta años buscando en archivos militares, relató la situación –penosa en algunos casos– a la que se enfrentan muchos investigadores, historiadores o no, a la hora de buscar datos de situaciones históricas o la suerte de algunos encausados. A pesar de la voluntariedad de muchos de los empleados de los archivos para ayudar en la búsqueda de datos, Dimas destacó la falta de organización, y tal vez desidia y falta de decisión en instancias superiores, para hacer accesibles los hechos históricos a investigadores y estudiosos y, en definitiva, hacer posible su divulgación para el gran público.
Como ejemplo de descoordinación o mala praxis, citó el traslado de unos cuatro mil expedientes desde un juzgado militar de Valencia a Madrid, para su digitalización. Interesado por el estado de esos trabajos, ha descubierto que, cuatro años después del envío, no se ha digitalizado aún ningún documento. Como consecuencia, ya no es posible acceder a esos expedientes en la región de origen, las investigaciones en curso quedan paralizadas y tampoco están disponibles a través de Internet. Algo tendrá que ver el hecho de que el ministerio de Defensa solo asigne una plantilla de 23 archiveros para 28 archivos. Como resultado, los archivos están colapsados y cualquier petición de información puede esperar meses y meses para ser respondida.
Y qué decir de temas sensibles como el asesinato de Carrero Blanco o el intento de golpe de Estado del 23-F, en teoría accesibles después de 25 años de la muerte del protagonista en el primer caso, o pasados 50 años desde los hechos en el segundo. Por cierto, prepárense los investigadores para cuando, en 2031, se cumpla el plazo para el acceso de este último acontecimiento. Que esperen sentados...
Una vez más, el culpable no es el cabo de turno.
El magistrado Martín Pallín, por su parte, comenzó aludiendo a esos tres militares de la Armada que yacen en el Pabellón de Marinos Ilustres, apostando por que “hoy en día quizá estarían sentados ante el Tribunal Penal Internacional por la comisión de crímenes contra la humanidad.” Auténtica fuente de sabiduría, el magistrado abordó lo que históricamente se conoce como “Causa General”, ese proceso que el franquismo inició para justificar la intervención de la España “nacional”, esa “España que ha de helarte el corazón” como escribió el poeta Machado, frente a la “reacción y los crímenes de la República”, según la facción rebelde. En la redacción de esa Causa habían intervenido, naturalmente, fiscales adeptos al régimen, entre los que destacó a Carlos Arias Navarro, que sería nombrado presidente del Gobierno tras el asesinato de Carrero Blanco. Y fue precisamente para reemplazar a Arias Navarro, cuando el entonces joven fiscal Martín Pallín fue enviado a Madrid en comisión de servicio.
Cuenta éste que, estando ya destinado unos años más tarde en la secretaría técnica de Luis Burón, nombrado Fiscal General del Estado por el primer gobierno socialista, llegó a su mesa una petición de alguien que quería consultar esa “Causa” y, ante el total desconocimiento del tema, se informó y comprobó que cualquier consulta de esos expedientes debería contar con la autorización de la fiscalía. Pero con un matiz importante: si el peticionario era un historiador extranjero, podría acceder a la documentación sin problemas. Si, por el contrario, el historiador era español, tendría que explicar al fiscal de turno las razones de su investigación y, en caso de aprobarlo, había que dar cuenta a la Brigada Político Social de sus datos personales y sus razones.
Recuerda también que la amnistía de 1977 fue aplicada por la justicia civil incluyendo los expedientes de los consejos de guerra, sin que hubiera oposición alguna por parte de los generales, en contraste con la gran oposición de estos días a la aplicación de la recién aprobada ley de amnistía por parte de “mis colegas revestidos por las togas en pie de guerra”.
Terminó diciendo que “tenemos una importante tarea para conseguir que actos como éste en el Ateneo puedan celebrarse en centros y unidades del ministerio de Defensa y de los ejércitos” (ya se ha intentado desde el Foro Milicia y Democracia, del que Martín Pallín es vicepresidente) y ofrecer a los militares, profesionales o en formación, un tema de reflexión y debate sobre el papel de los militares en nuestra historia reciente.
La última intervención corrió a cargo del profesor Pedro García Bilbao, gran activista por la III República y presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara, que ilustró a los asistentes con un recorrido por los generales que participaron en política y que llenan las páginas de la Historia del siglo XIX. Liberales en el sentido decimonónico de la palabra, esos militares defendieron la legalidad vigente ya desde las Cortes de Cádiz y a lo largo de las guerras carlistas. Citó a Rafael del Riego, Baldomero Espartero y Juan Prim, que fueron defensores del concepto de “patria” que había nacido en Cádiz, en contraposición con la “corona” o el “reino” del antiguo régimen.
En resumen, este encuentro de expertos en memoria histórica y democrática, cada uno desde su área particular, sirvió para poner de manifiesto que en España sigue siendo terriblemente costoso investigar el pasado de todo lo que tenga que ver con la época de la guerra civil, la larga posguerra e incluso el tardofranquismo. Las subvenciones a las asociaciones de memoria que se ocupan de la exhumación de fusilados y de la defensa de los derechos de las víctimas han comenzado a recibir escasas subvenciones desde hace poco y las subvenciones a investigadores privados ni están ni se esperan.
A este importante problema se suman las trabas burocráticas y la incomprensión de muchas administraciones cuyos dirigentes políticos siguen pensando que “es la guerra de los abuelos” o que conviene “no reabrir heridas”.
En este país, pese a las dos leyes estatales y otras normas autonómicas que llegan tarde, demasiado tarde, nos encontramos aún con decenas de miles de muertos enterrados en fosas comunes. Sus descendientes están llegando al final de su existencia sin que puedan llevar unas tristes flores a la tumba de sus padres o abuelos.
Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cerca de 90.000 personas continúan enterradas en lugares desconocidos repartidos por todas las provincias. Sólo Camboya supera en la actualidad a España en número de inhumaciones clandestinas, lo que no dice mucho en favor de nuestra democracia.
Por último, hay que señalar una vez más –nunca será suficiente– que sigue habiendo multitud de vestigios franquistas, cuadros, placas y estatuas en establecimientos militares en incumplimiento, por negligencia o deliberadamente, de la legalidad vigente. Ni la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ni mucho menos el Ministerio de Defensa están haciendo la labor que deberían para que se cumpla la ley y se despoje de una vez por todas a las instituciones de todo vestigio franquista, representante de una oscura época de nuestra historia reciente.
Despojar a las mentes de ese vestigio es otra tarea, mucho más compleja, que daría para toda una tesis doctoral.
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