Las asociaciones de memoria histórica denuncian la falta de ayudas y subvenciones, y esperan que el Tribunal Constitucional intervenga cuanto antes y paralice la aplicación de la norma
Trabajos de exhumación de la fosa 128 del cementerio de Paterna en una imagen de archivo. / David Ramos
València
Este lunes ha entrado en vigor la llamada "Ley de Concordia" de la Comunitat Valenciana. Una polémica norma aprobada por el PP y Vox en Les Corts y que el Gobierno central planea recurrir ante el Tribunal Constitucional por ir en contra de la ley española de memoria democrática. Las entidades memorialistas valencianas también se oponen a la nueva norma, que califican "ley de discordia", y denuncian que desde ahora va a ser más difícil conseguir ayudas para localizar e identificar a víctimas del franquismo o para retirar símbolos de la dictadura que aún siguen presentes.
La nueva ley que se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat el pasado 26 de julio entraba en vigor a los 20 días naturales que se cumplen este lunes, 26 de agosto. Entre otras cosas, la norma iguala la dictadura franquista con la democracia de la Segunda República y paraliza todos los procedimientos abiertos por la antigua ley valenciana de memoria democrática, aprobada en 2017, excepto las exhumaciones en marcha.
El portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática del País Valencià, Ángel González, afirma que desde ahora va a ser mucho más difícil, si no imposible, pedir ayudas y subvenciones para investigar en materia de memoria histórica. La prueba es que, tras la caducidad de los convenios aprobados por el anterior gobierno autonómico, el actual Consell ya no los ha renovado, por lo que muchas asociaciones se están quedando sin recursos para seguir con la investigación.
Exhumaciones "más difíciles"
Aunque la nueva ley no paraliza las exhumaciones, González cree que también se verán afectadas, ya que solo la Diputación de Valencia ha seguido invirtiendo en nuevas ayudas en la materia. Explica que, "afortunadamente", gracias a la ley valenciana de Memoria Democrática aprobada en 2017 y que ahora queda derogada, en estos años se ha avanzado mucho en esta materia y hay lugares como el cementerio civil de Castelló o el de Paterna, en Valencia, donde se ha conseguido exhumar a la mayoría de víctimas del franquismo que permanecían en fosas comunes.
A partir de ahora, con la entrada en vigor de la nueva ley, tampoco será posible continuar con la retirada de símbolos franquistas que hay en las calles de la Comunitat Valenciana. El portavoz afirma que con la anterior norma ya era difícil porque muchos ayuntamientos ponían trabas a estos procedimientos pero, según él, la nueva ley directamente no contempla ese derecho.
Recurso ante el Constitucional
El Gobierno de España ya ha anunciado que tiene previsto recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional durante el mes de octubre, como avanzó la SER, ya que no confía en que el procedimiento de diálogo entre el Ejecutivo central y el autonómico consiga que se retire la ley, aunque Compromís reclama que se aceleren los trámites.
Àgueda Micó, diputada de la coalición en el Congreso, pide que el Ministerio de Memoria Democrática presente ese recurso cuanto antes para que el Constitucional suspenda la aplicación de la ley, como ha ocurrido en Aragón. También la diputada socialista en Les Corts, Mercedes Caballero, ha vuelto a criticar este lunes la norma y confía en la decisión del Constitucional.
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