El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la norma aprobada por el Parlamento de Cantabria que deroga la Ley de Memoria Histórica y Democrática de esta comunidad autónoma y ha acordado su suspensión mientras lo resuelve. Tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución el TC ha suspendido la vigencia y aplicación de la ley impugnada, informa el tribunal y recoge EFE.
El Gobierno alega que la norma podría vulnerar los artículos 10 y 15 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas. También sostiene que la ley podría ser contraria al orden constitucional de distribución competencial recogido en los artículos 149.1.1 y 149.1.30 de la Constitución y a los principios de colaboración y cooperación.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 11 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática Histórica y Democrática de Cantabria, al igual que hizo con la misma norma del Gobierno de Aragón. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló que Cantabria rechazó la posibilidad de negociar un acuerdo y evitar el recurso en la Comisión Bilateral de Cooperación.
La derogación de esta ley se hizo efectiva después de que fuera aprobado en el Parlamento de Cantabria con la mayoría de PP y Vox, y su posterior publicación, el pasado 12 de noviembre, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Precisamente, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga Gómez, del PP, firmó la derogación en el BOC de esta ley (que sacaron adelante PCR y PSOE en 2021) con el argumento de que "nació muerta" porque "no hubo consenso" en su tramitación. "De una ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación", dijo en el preámbulo de la derogación de la norma.
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PCR y PSOE denunciaron, por contra, en el Parlamento regional que con ella se derogaba una norma que reconocía "los derechos de todas las víctimas", cerraba heridas, y que acababa con una "mentira intencionada", que "instala en el olvido los crímenes del franquismo".
El Gobierno de España ha decidido recurrir la decisión porque, según argumenta en su recurso, la derogación de la norma "menoscaba" el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática (LMD)". En concreto, sostiene que la ley de Cantabria "no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática sino que elimina todas las previsiones de la Ley de Memoria Democrática autonómica".
"Deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la ley estatal", agrega. Igualmente destaca que el dictamen mayoritario del Consejo de Estado aprecia "la procedencia de la impugnación de la totalidad de la ley".
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