- Solicita una batería de medidas al Ministerio de Justicia, como el borrado de sus antecedentes penales
- En 2021, el comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que fue inhabilitado en un "proceso arbitrario"
La Fiscalía ha pedido que el Ministerio de Justicia cumpla con la reparación integral del exjuez Baltasar Garzón tras haber cumplido ya la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo en 2010 y que le supuso la suspensión de sus funciones durante 11 años.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se cumplan "las conclusiones y determinaciones de reparación integral", dispuestas en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que el Tribunal Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena.
Entre otras acciones, insta a borrar sus antecedentes penales, a ejecutar una compensación adecuada y a adoptar medidas para evitar que se cometan "violaciones semejantes en el futuro". Además, pide que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Dictamen de las Naciones Unidas.
Hasta el momento, Justicia se ha acogido al silencio administrativo negativo como respuesta a las reclamaciones del exjuez. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la petición de Garzón para que se apliquen las medidas de resarcimiento.
Una condena arbitraria, según la ONU
El Tribunal Supremo condenó al juez a 11 años de inhabilitación por prevaricación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos cabecillas del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y sus abogados en la cárcel de Soto del Real.
Según el alto tribunal, Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable". Esta sentencia, para la que no hubo opción a recurso, supuso en la práctica el fin de la carrera de Baltasar Garzón, que perdió su plaza en la Audiencia Nacional.
En 2021, el comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que fue inhabilitado en un "proceso arbitrario" y solicitó el borrado de sus antecedentes penales y que se le diera "una compensación adecuada por el daño sufrido".
La resolución de a ONU consideró probado que el proceso judicial que acabó con la carrera de Garzón no garantizó la imparcialidad de los magistrados que le sentenciaron y que no estuvo basada "en provisiones suficientemente explícitas". Además, criticó que no tuviera acceso a una segunda instancia para recurrir, por lo que este organismo pidió al Estado español una "reparación integral" y el borrado de sus antecedentes penales.
En sus casi 30 años de carrera como magistrado en España, Baltasar Garzón instruyó decenas de casos, muchos de ellos de gran repercusión mediática, como el sumario de los GAL, el procesamiento del dictador Augusto Pinochet o la suspensión de actividades de Batasuna.
En la actualidad, ejerce como abogado a nivel internacional, destacando su labor como coordinador de la defensa de Julian Assange en el caso Wikileaks.
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