La dictadura franquista cometió las cinco acciones que caracterizan jurídicamente a los actos de genocidio.
Para el sociólogo argentino Daniel Feierstein, uno de los mayores expertos en el estudio y análisis de las prácticas genocidas que asolaron al mundo durante el s. XX, está fuera de toda duda que el franquismo fuera un régimen genocida. De hecho, según este sociólogo, el genocidio franquista se produjo en un doble sentido: por una parte, en sentido sociológico, ya que el eje de un genocidio supone la destrucción de la identidad de un pueblo y, también, en un sentido jurídico, ya que tal y como se recoge en la Convención sobre Genocidio de la ONU del año 1948, incluye la destrucción parcial de “un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. De este modo, Feierstein se opone frontalmente a la opinión de quienes niegan que en España hubo un genocidio porque se trataba de “una lucha fratricida entre miembros de un mismo grupo nacional” y es que, como señala oportunamente, “los genocidas [franquistas] planteaban que los rojos no formaban parte del grupo [nacional] y, por eso tenían que ser expulsados, erradicados”.
Ciertamente, la dictadura franquista cometió las cinco acciones que caracterizan jurídicamente a los actos de genocidio y que son las siguientes:
- La matanza de los miembros de un determinado grupo social.
- Someter al grupo a condiciones que provoquen su destrucción.
- Lesiones al grupo tanto físicas como psíquicas.
- Impedir el nacimiento dentro del grupo y
- Transferir los hijos del grupo que sufre la represión al otro grupo que la aplica.
En consecuencia, como bien señala Feierstein, “en España se han dado las cinco acciones” de la citada Convención de la ONU contra el Genocidio. Y es que, la evidencia histórica nos confirma que, para los militares y políticos que prepararon el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, tenían en mente un plan sistemático de destrucción del adversario, de las personas y partidos leales al Gobierno legítimo republicano, y buena prueba de ello la tenemos en las Instrucciones reservadas del general Emilio Mola y su posterior puesta en práctica por los sublevados para que, mediante el terror producido por los miles de asesinatos y fusilamientos que ellos causaron, triunfase, a sangre y fuego, su golpe contra la legalidad constitucional de la II República.
Hay que tener presente que, como señalaba Feierstein, el objetivo de un genocidio es eliminar la identidad de un pueblo e imponerle la identidad de las élites que se hacen con el poder y, por ello, no dudaba en afirmar que, “España es un caso paradigmático donde se siente el efecto en la actualidad” dado que, sobre este tema propio de nuestro pasado traumático, parece que “resulta imposible abrir la discusión, no sólo jurídica, sino también desde una perspectiva política y social”. Ello, según el citado autor, se debió a varias razones. En primer lugar, a “lo extenso de la dictadura franquista, que atravesó varias generaciones” y, también, en un tema cuya importancia enfatiza dicho autor cual es “la apropiación sistemática de menores”, la cual se estima que fue, al menos, de 30.000 casos los niños que fueron robados a sus padres durante la dictadura franquista.
Sobre estos temas lacerantes, durante la Transición se asistió a un innegable “pacto de silencio”, a ese repetido “no hay que mirar hacia atrás” que se extendió no sólo entre la derecha, sino también en buena parte de la izquierda, y muy particularmente entre algunos dirigentes del PSOE, que no tuvieron el coraje político de enarbolar con convicción la bandera de la recuperación de la memoria democrática, hasta que bastantes años después, este reto ético y político fue asumido por José Luis Rodríguez Zapatero. Por ello, Feierstein es muy crítico con esta amnesia interesada y por ello, no duda en afirmar que “parte de los objetivos de la Transición fue que no fuera transformado el orden económico, que no fuera transformada la Justicia, el orden político, que los cimientos que levantó el genocidio a través del terror no se pudieran discutir”. Y, lamentablemente, así lo comprobamos cuando los hechos posteriores nos han demostrado que, si bien en 1975 murió el dictador Franco, no lo hizo el franquismo y sus raíces se prolongan hasta la actualidad con unos preocupantes rebrotes de ideas y actitudes reaccionarias y neofascistas.
En la Transición no hubo ningún tipo de depuración de los jueces y funcionarios afines a la dictadura
Así las cosas, surgió la idea de la “reconciliación de las dos Españas”, una idea que, como señala de nuevo Feierstein, se planteó “en los términos del genocida, que no se puede tocar o cuestionar nada de lo que el genocida construyó”. Y, por ello, considera que el desafío fundamental para la sociedad española es el de “revisar toda la estructura concebida por las autoridades genocidas” ya que, en este sentido, hay que recordar que no hubo ningún tipo de depuración de los jueces y funcionarios afines a la dictadura. En esta línea, se entienden las recientes declaraciones de José María Aznar que no tuvo ningún reparo en declarar, en relación al franquismo, que se “negaba a condenar” un régimen del que formó parte su padre…y de qué manera.
Así surgió lo que ha dado en llamarse “el Régimen de 1978”, el cual, para avanzar hacia la democracia plena, tuvo que aceptar diversos peajes y que, por ello, se sustentó sobre varios puntales esenciales cual fueron: la restauración de la monarquía, “desaparecida por deméritos propios en abril de 1931” como bien nos recuerda el sociólogo argentino; la consolidación de los poderes económicos que procedían de la dictadura; el olvido de los crímenes del franquismo y el favorecer que, a partir de 1982 el país fuera regido por un partido centrista, el PSOE, que se sumó a las políticas de olvido y una derecha que nunca rompió del todo con el franquismo.
Por todo lo dicho, con este modelo de Transición, “nunca se planteó la devolución de lo robado y mucho menos la salida de los franquistas de espacios tan sensibles como el judicial o el militar”. Y, por ello, “el aparato del Estado franquista pasó íntegro a la democracia”. Y a ello se suma, lamentablemente, que el único juez que intentó hacer justicia a las víctimas del franquismo, Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, le costó su expulsión de la carrera judicial.
Lamentable resulta igualmente la doctrina del Tribunal Constitucional a la hora de abordar, o mejor sería no abordar, el tema del genocidio franquista ya que se aleja radicalmente a lo ocurrido en otros países europeos de nuestro entorno como Alemania, Italia o Francia que, conscientes de sus respectivos sucios pasados relacionados con el fascismo, consideran que la libertad de expresión no debe existir para los defensores de posiciones totalitarias o abiertamente fascistas. Y es que, no nos debe de extrañar que unas instituciones judiciales procedentes del franquismo y estrechamente ligadas al poder político opten por no castigar la apología del golpismo y de la dictadura.
No nos debe de extrañar que unas instituciones judiciales procedentes del franquismo y estrechamente ligadas al poder opten por no castigar la apología del golpismo y de la dictadura
A todo lo anterior, se suman las carencias del sistema educativo a la hora de abordar el tema del franquismo y, también, el papel de los medios de comunicación. Hay que tener presente que varias publicaciones en papel y buena parte de las digitales son proclives a la derecha y todas ellas han jugado un papel clave en la promoción del revisionismo neofranquista. Y es que, a la derecha española, como recuerda Feierstein, “nunca le ha interesado crear canales de debate sobre el pasado reciente”.
Y, ante este panorama, ya en el año 2020 el historiador Francisco Espinosa afirmaba que, en materia de memoria democrática, “resulta impensable que la derecha española llegue a un acuerdo con alguien que no sea la otra derecha similar o la extrema derecha (que de ella procede) sobre cómo afrontar el pasado”. Hechos recientes han demostrado la total veracidad de esta afirmación como lo prueba la ofensiva conjunta del PP y Vox que ha conseguido la derogación de diversas leyes de memoria democrática en determinadas comunidades autónomas algo que, además de lamentable desde el punto de vista político, evidencia la larga sombra del franquismo sociológico que todavía subyace en la sociedad española.
Y una pregunta final que nos lanza el varias veces citado sociólogo Daniel Feierstein: “¿Cuándo se reconocerá el carácter criminal y genocida de un régimen que, además de acabar con la vida de miles de personas sin procedimiento alguno, firmó más penas de muerte que Alemania e Italia juntas?”. Este es el triste legado del genocidio franquista, un tema tan duro y flagrante, que no puede ser obviado por los partidos políticos democráticos y tampoco por la Justicia para actuar con arreglo a la legislación penal internacional.
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