dimecres, 20 de maig del 2009

PP Vice 20/05/2009. El juez de Valencia mantiene la imputación a Camps por cohecho.

El "Tío Paco" i Rita amb la claque i la bandera. Sobretot que no falti la bandereta.
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El juez de Valencia mantiene la imputación a Camps por cohecho

El Tribunal Superior de Valencia sigue adelante con la investigación judicial sobre los vínculos de la Generalitat y de su presidente, Francisco Camps, con la trama corrupta dirigida por El Bigotes y Francisco Correa. El líder regional del PP sigue pues imputado por un presunto delito de cohecho. A su salida del juzgado, ha dicho: “Estoy satisfecho, todo ha ido bien”

J. FERRANDIS / L. GARRIDO/ J. A. HERNÁNDEZ - Valencia - 20/05/2009

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia mantiene la imputación a Francisco Camps, tras la declaración del presidente de la Generalitat, según se deduce de la información aportada por fuentes jurídicas que aseguran que no hay ningún cambio en la situación y que el procedimiento sigue su curso. Después de las comparecencias de ayer del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, Camps ha acudido hoy al TSJ, imputado por un supuesto delito de cohecho relacionado con la trama de corrupción masiva que salpica al PP. La declaración de Camps ha durado unos 45 minutos y a la salida, entre insultos y vítores de detractores y simpatizantes, ha manifestado: "Estoy satisfecho y muy contento de haber podido dar mi opinión sobre lo que ha ocurrido estos meses. Todo ha ido bien".


El sastre: "Camps me llamó entre 40 y 50 veces"
El Bigotes: "Sigo respetando el secreto de sumario"
El diputado Merino niega que cobrara de la trama
El 'número dos' de Rita Barberá en la FEMP adjudicó dos actos a Correa
La fiscalía pregunta a Costa por la financiación del PP
"Camps jamás pagó un euro ni a Milano ni a Forever"
Así es la gran trama de corrupción política vinculada al PP
Empleados de Milano indicaron que la trama corrupta pagó trajes a Camps
El PP duda entre relevar a Camps o adelantar elecciones si el caso se agrava

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Perfectamente sincronizados, a las 11.15 llegaron ante el TSJ los tres vicepresidentes del Consell, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino, y la alcaldesa, Rita Barberá, quien entró en el edificio y salió con Camps del brazo. El presidente valenciano, que no ha aceptado preguntas de los periodistas, ha añadido: "Espero que esto vaya lo mejor y más rápido posible". Ninguna explicación sobre los trajes que supuestamente recibió de la trama del caso Gürtel, ni sobre el contenido de su declaración. "La verdad, aquí estamos para decir la verdad", ha manifestado, por su parte, el consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino.

Bronca en la entrada
La bronca que mantenían frente al TSJ valenciano los seguidores de Camps y sus detractores se volvió a reproducir a la salida del presidente valenciano del tribunal. Durante el tiempo que Camps permaneció declarando ante el magistrado, los dos grupos mantuvieron un enfrentamiento dialéctico; mientras los campistas gritaban "¡Presidente, presidente!" sus contrarios respondían con "Camps a prisión el ladrón". La confrontación subió de tono cuando Camps se detuvo a saludar a sus partidarios que seguían animándolo mientras que sus detractores insistían en "Camps dimisión, Camps dimisión".

La cantidad de gente que se congregó ante las puertas del TSJ obligó a la policía a cortar el tráfico para que Camps pudiera acceder a su vehículo oficial con el que partió acompañado de su jefa de gabinete Ana Michavila, hermana del diputado del PP, José María Michavila. Pocos instantes después los seguidores de Camps también abandonaron el TSJ.

Arropado por dirigentes
Camps madrugó para acudir al tribunal. A las 8.45, una hora y cuarto antes de su comparecencia ante el magistrado José Flor, el presidente valenciano entraba en el TSJ. A la puerta del antiguo edificio de aduanas de Valencia le esperaban los tres vicepresidentes del Consell más la alcaldesa de Valencia. Ninguno de los cuatro quiso efectuar declaraciones y, cuando abandonaban el lugar perseguidos por los periodistas, tuvieron que detenerse ante un semáforo en rojo, lo que hizo exclamar a la alcaldesa de Valencia: "No sabía que en esta ciudad duraran tanto los semáforos en rojo".

A esa hora apenas una decena de personas se encontraba esperando a Camps. Más tarde, alrededor de las 10.00, cuando estaba prevista su llegada, el número de concentrados ante el TSJ llegaba al centenar. Y fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento entre los partidarios del presidente y los militantes de la Intersindical Valenciana. Los sindicalistas levantaron, con unos globos, una pancarta en la que se podía leer: "Amiguito del alma y la privatización qué". Era su manera de protestar por lo que consideraban la privatización de los servicios públicos por parte de la Generalitat. Apenas levantó el vuelo la pancarta un militante del PP la cogió y, tras romperla, echó a correr. En ese momento se produjo la primera bronca entre los dos grupos. De un lado los campistas gritando: ¡¡Presidente, presidente!! De otro, los sindicalistas respondiendo: ¡¡Imputado, imputado!! Un militante de la Intersindical portaba una caña sobre la cual había colocado unos enormes mostachos en referencia a los de Álvaro Pérez.
No fue el único incidente. Alrededor de las 10.30 una persona que se identificó como presidente del partido Identitat del Regne de València se acercó al grupo de seguidores del presidente valenciano portando una cartulina en el pecho en la que se podía leer: "Camps, dimite". Fue verlo los campistas y empezar a abroncarlo. Entre las personas que acudieron a mostrar su apoyo a Camps se encontraban numerosos asesores de la Diputación y del Ayuntamiento de Valencia, así como concejales del PP de esta ciudad. También acudieron diputados autonómicos y los alcaldes de Paiporta, Riba-roja, San Antonio de Benagéber y Mislata.

Comparecencias de Betoret y el Bigotes
A la comparecencia del presidente valenciano le ha seguido la del ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. Posteriormente lo ha hecho el presidente de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez, El Bigotes, quien ya declaró el pasado 12 de febrero ante Garzón. "Voy a respetar al tribunal y sigo respetando el secreto de sumario", ha dicho a la salida del tribunal.

Camps adquirió trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la red de corrupción, según las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano. De acuerdo con el auto del magistrado, el jefe del Ejecutivo valenciano recibió los trajes a cambio de adjudicaciones a la empresa de la trama entre 2005 y 2009 por valor de unos cuatro millones de euros. Camps, quien ha venido defendiendo su inocencia desde que saltó el escándalo, afirmó en una sesión de control parlamentario el mes pasado que tenía unas "ganas locas, locas" de explicarse y de certificar ante el juez que no hay "nada de nada" del supuesto delito de cohecho que se le atribuye. El presidente valenciano aseguró que se trataba de un montaje político y pronosticó que pronto se sabría "la verdad".

En función de cómo avance el caso Gürtel el PP estudia adelantar las elecciones o relevar en el cargo a Camps. Uno de los nombres que suenan con más fuerza en caso de producirse ese cambio es el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuyo número dos, Álvaro de la Cruz, adjudicó dos actos a Correa. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), concedió a una de las empresas de la trama, Special Events, la celebración de sus asambleas generales en 1999 y 2003, operación que costó 800.000 euros.

El sastre: "Camps me llamó entre 40 y 50 veces"
Durante su declaración ante la policía, según consta en uno de los tomos del sumario, José Tomás García, ex director de ventas de las tiendas Forever Young y Milano, recibió en varias ocasiones llamadas telefónicas del presidente valenciano, Francisco Camps. El sastre mostró a los agentes la pantalla de su móvil, donde se podía leer "CAMS [sic]" y el teléfono del dirigente popular. Ninguna de las seis llamadas que recibió en ese momento fueron contestadas.

El domingo 8 de febrero, tras insistir reiteradamente, Camps consigue que Tomás le coja el teléfono: "Me llamó a mi casa cuatro o cinco veces, la última a las doce menos algo de la noche.

Me preguntó si alguien había pagado una factura de Milano, y yo le dije, 'no, no presidente, en Milano usted nunca ha comprado ningún traje, compró cuatro y los devolvió y punto'. Hasta entonces solo se había hablado de Milano. Yo me lo quité de encima como pude porque estaba muy nervioso. Luego, posteriormente, hasta el miércoles me estuvo llamando, calculo que entre 40 y 50 veces. Ya no le cogí el teléfono".

José Tomás se convirtió a primeros de febrero en una persona muy importante para el PP y para los dirigentes de la trama empresarial corrupta de Francisco Correa. Cuando la Fiscalía Anticorrupción fijó su mirada en José Tomás para aclarar algunas cuestiones relacionadas con la compra de trajes para diversos altos cargos del PP, el director de ventas habló con los clientes que le hacían los encargos, que eran directivos de empresas de la trama corrupta.

Uno de esos directivos, Pablo Crespo, le pidió que cuando acudiera a la fiscalía lo hiciera con un abogado de ellos y le dio el nombre. "Es un lince, y de los más prestigiosos que hay en España", le cuenta Crespo, según el relato del sastre a la policía. "Decliné la oferta, no me pareció adecuado utilizar el abogado de otra persona que pudiera estar investigada", explicó Tomás.

El Bigotes: "Sigo respetando el secreto de sumario"
El presidente de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez, El Bigotes, ha comparecido también ante el TSJ, tras hacerlo Camps y Betoret. Pérez, quien ya declaró el pasado 12 de febrero ante Garzón, ha asegurado a la salida del tribunal: "Voy a respetar al tribunal y sigo respetando el secreto de sumario".

El Bigotes ha salido de la sede del tribunal a las 12.35 horas tras haber sido interrogado durante media hora por el magistrado que instruye la causa abierta en la Sala de lo Civil y lo Penal, José Flors.

Tras hacer estas breves declaraciones, Pérez, quinto y último imputado que ha declarado entre ayer y hoy por el caso Gürtel se ha marchado en solitario, aunque acompañado por una multitud de periodistas. Pese a que ya no quedaba nadie del medio millar de personas que ocupaban la acera y aledaños del Palacio de Justicia, Pérez ha sido increpado por un ciudadano mientras se marchaba con los gritos de "ladrón, ladrón" y "devuelve la pasta".

Según concretaba el auto de inhibición de Garzón, Camps acudía a Madrid a instancias de El Bigotes, para para adquirir ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabajaba como sastre el testigo José Tomás.

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El Consell instruye a quienes declararán en el TSJ por su relación con 'El Bigotes'

El PP arropa a Costa e ignora al ex vicepresidente Campos a las puertas del TSJ

EL PAÍS - Valencia - 20/05/2009

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su Gobierno han insistido reiteradamente en que todas las contrataciones con Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, han sido fruto de "un proceso limpio en su adjudicación". Quizá por eso, miembros del Consell han empezado a instruir a las personas que participaron en la adjudicación de los distintos contratos a Orange Market para "coordinar declaraciones" y que no haya testimonios disonantes que cuestionen la normalidad de los "expedientes administrativos". De hecho, ha sido personalmente un miembro del Consell quien ha contactado con un ex alto cargo de la Generalitat para aleccionarle acerca de una adjudicación a Orange Market a la vez que le transmitía la idea de que podrá ser recuperado para la Administración en un futuro próximo.

Costa dice que tiene "elementos probatorios" del pago de los trajes

Fuentes del PP, en contraste con las declaraciones públicas de tranquilidad, no ocultan en privado su preocupación por la deriva que pueda tomar la investigación que realiza el Tribunal Superior de Justicia, que ha citado a declarar como testigos a más de 30 personas relacionadas con la adjudicación de contratos a Orange Market.

Ayer, el interrogatorio de la Fiscalía al secretario general del PP, Ricardo Costa, se centró fundamentalmente en su capacidad para contratar en la dirección regional del partido y su ámbito de influencia sobre determinados funcionarios que realizaron contrataciones con la empresa de Álvaro Pérez. Motivo por el cual Costa se encargó de recalcar que su nombramiento como secretario general del PP tuvo lugar en junio de 2007 y que accedió al puesto de portavoz del Grupo Parlamentario en abril de 2008. Fechas que son posteriores al periodo investigado por el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción. El auto remitido en su día al TSJ por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hacía referencia a varios apuntes contables de la trama de empresas corruptas que dirigía Francisco Correa al PP de la Comunidad Valenciana.

Además de Ricardo Costa, ayer declaró también en calidad de imputado el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos. Aunque la solidaridad del PP con ambos fue bien distinta. Campos acudió a las 9.15 de la mañana tan solo acompañado por su abogado. Y salió de la misma manera, rodeado por una nube de cámaras y micrófonos. Campos no quiso hacer ningún comentario sobre su declaración. Dos horas más tarde hizo su entrada en el TSJ Ricardo Costa, que acudió acompañado de los vicesecretarios de Comunicación, Política Local y de Organización del PP valenciano. A Costa lo arroparon unas decenas de cargos y militantes del PP, mientras dos o tres viandantes, al advertir su presencia, lanzaron gritos de "trajes para todos".

La salida de Costa, que atendió a los medios de comunicación, fue jaleada por simpatizantes del PP, que, a las puertas del TSJ, lanzaron gritos de "esta es la checa [los locales en los que se interrogaba y juzgaba de forma sumarísima durante la Guerra Civil] de ZP".

Costa, cuyos abogados depositaron "elementos probatorios" del pago de los trajes, aseguró estar tranquilo y convencido de que actuó siempre "conforme a legalidad". A pesar de que es la primera vez que un portavoz del PP declara como imputado, Canal 9 omitió la información en el sumario de informativo de mediodía.

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"Apoyo total"

Rajoy ignora que Camps está imputado: "Estoy muy contento de que haya salido sin ningún cargo"

ELPAÍS.com - Madrid - 20/05/2009

El PP sigue cerrando filas en torno a Francisco Camps, tras su declaración de hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Mariano Rajoy ha valorado que el juez no haya adoptado ninguna medida cautelar contra el presidente valenciano, imputado por un supuesto delito de cohecho en el caso Gürtel. "Estoy muy contento de que haya salido sin ningún cargo, como se preveía", ha afirmado el líder del PP en la localidad vallisoletana de Peñafiel, adonde ha acudido para participar en un acto con alcaldes del partido en Castilla y León.

Mariano Rajoy Brey
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Esteban González Pons
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Según fuentes jurídicas, el procedimiento sigue su curso sin ninguna variación, de lo que se deduce que TSJ de Valencia mantiene la imputación contra Camps. Pero Rajoy ha reiterado su "apoyo y confianza total" en Camps y ha señalado que ese apoyo es el que tributa al presidente valenciano "la mayoría de los valencianos, que no aciertan a ver lo que está ocurriendo".

Respaldo de Costa y Pons
Las palabras de apoyo a Camps han llegado también desde su número dos, Ricardo Costa, quien compareció ayer como imputado por el mismo delito que el jefe del Ejecutivo valenciano. En su opinión, el presidente de la Generalitat "ha salido satisfecho" de su declaración y ha dejado patente su "colaboración con los órganos jurisdiccionales".

El portavoz del grupo popular ha añadido que Camps ha contado la verdad y que, al igual que él mismo y que todo el PP, están "seguros de que todo acabará muy rápido", algo que llevan diciendo "desde hace mucho tiempo". Según Costa, el PP "siempre" ha mostrado el "más absoluto respeto" a los procesos judiciales, "estuvieran vinculados con el Partido Popular o con otros partidos políticos".

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, cree que Camps, ha hecho "no sólo aquello que deseaba, sino que políticamente necesitaba hacer", es decir, dar su versión ante "el juicio paralelo" que sufre. "Creo que Camps ha encontrado el cauce que él esperaba encontrar; de hecho, él mismo se personó en la causa para poder contar su versión sobre los hechos".

El PSOE ha mostrado su deseo de que Camps haya presentado las facturas de sus trajes porque de lo contrario sería una "tomadura de pelo". El portavoz socialista de Interior en el Congreso, Antonio Hernando, ha señalado que espera que Camps "haya dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad". "Todo lo que no sea presentar las facturas es una tomadura de pelo a los ciudadanos y una burla a las instituciones", ha añadido Hernando.
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La fiscalía pregunta a Costa por la financiación del PP

El juez mantiene la imputación al secretario general y a Víctor Campos

L. G. G. / J. F. - Valencia - 20/05/2009

De pronto, los trajes que supuestamente Orange Market pagó a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret pasaron a segundo plano. En la comparecencia de los primeros imputados valencianos en el caso Gürtel, la fiscalía poco menos que se desentendió de los trajes y puso el foco en un aspecto que Garzón no había acabado de investigar: la financiación del PP a través de las empresas de la trama y, singularmente, de Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

Ricardo Costa Climent
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PP(Partido Popular)
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Las fiscales indagan en la relación de El Bigotes con el Gobierno valenciano
Durante media hora, las dos fiscales anticorrupción preguntaron al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por los contratos del partido con las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa, por su intervención en alguna de las adjudicaciones de la Generalitat y por si él introdujo a El Bigotes en la Administración.

Antes de Ricardo Costa declaró el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos durante media hora. El juez mantuvo para ambos la imputación por un presunto delito de cohecho.

Ricardo Costa tuvo que escuchar la grabación de una conversación entre él y Álvaro Pérez en la que ambos hablaban de terceras personas y de una determinada reunión. Durante esa conversación ninguno de los dos se refirió ni una sola vez a los trajes ni a ningún tipo de regalo.
Las fiscales insistieron en la relación de Costa con Álvaro Pérez y de éste con el PP y con la Administración valenciana. ¿Favoreció Costa que el PP valenciano contratara a las empresas de Pérez? ¿Medió para que El Bigotes consiguiera contratos de la Generalitat? ¿Cuántas veces se reunió con él, para qué y en calidad de qué? Costa no eludió preguntas de ninguna de las partes. Al terminar su declaración dijo que había contestado a más de lo que le preguntaron.

Tras conocerse el interrogatorio de las fiscales sorprendió menos la enigmática afirmación de Costa a su salida del tribunal: "Todos los hechos que se me imputan son previos a mi elección como secretario general del PP [en 2007]". El dirigente popular se desmarcaba así de hipotéticos contratos con Orange Market hechos desde la Administración antes de ser elegido. En el momento de los hechos era vicesecretario general.

Hoy declara ante el tribunal el presidente valenciano, Francisco Camps.
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El 'número dos' de Rita Barberá en la FEMP adjudicó dos actos a Correa

La federación de municipios, bajo presidencia del PP, pagó a la red 800.000 euros

FRANCISCO MERCADO - Madrid - 20/05/2009

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó a la empresa Special Events, pieza clave de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa, la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros. Los contratos -el segundo de ellos por el doble de dinero que el primero- fueron suscritos cuando el organismo estaba presidido por la popular Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Ambos fueron firmados por el entonces secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, quien anteriorormente había sido estrecho colaborador de Francisco Álvarez Cascos. En la contabilidad B (dinero negro) de la red de Correa figura un supuesto pago de 30.000 euros a De la Cruz que está siendo investigado.

Rita Barberá Nolla
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Special Events cobró por la segunda asamblea el doble que por la primera

La trama corrupta que lideraba Francisco Correa halló un buen cliente en la FEMP -organismo financiado con cuotas municipales y fondos ministeriales- cuando esta institución estuvo bajo control del PP, entre 1995 y 2003. Special Events fue adjudicataria de la séptima asamblea de la FEMP, celebrada en Madrid en 1999, pero entonces sólo facturó 232.305 euros por la organización del evento. Dicha cantidad suponía duplicar el precio de la anterior, en 1995, cuyo costo total liquidado fue de 194.126 euros.

De la Cruz, nombrado por Barberá, fue el encargado de formalizar ese contrato y también el de la siguiente asamblea general, celebrada también en Madrid en noviembre de 2003. Este segundo contrato se firmó por un monto total de 570.000 euros, es decir, el doble del costo de la anterior asamblea. Special Events tuvo como representante a Pablo Crespo, que había sido dirigente del PP gallego y que hoy está imputado en el caso Gürtel y encarcelado.

Ya bajo presidencia socialista, Special Events fue invitada a organizar la novena asamblea, en noviembre de 2007, pero no fue contratada. No lo había sido tampoco antes de la llegada del PP y de Álvaro de la Cruz, quien fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos cuando éste era secretario general del partido. Las anteriores asambleas (en 1993 y 1995) fueron organizadas con personal de la propia FEMP.

El contrato de 2003 no incluía dos partidas de gran importancia para la celebración del evento, como eran el alquiler del Palacio Municipal de Congresos de Madrid y los gastos de alojamiento de miembros de la comisión ejecutiva y del personal de la FEMP. ¿Qué incluía tal pago? Según el detalle del contrato pactado entre Special Events y la FEMP, se incluía desde el "diseño y construcción del escenario, fachada y banderas, iluminación, medios audiovisuales, sonido, diseño e impresión de cartelería y señalización interior" hasta la "construcción del stand del hall de la FEMP y seis stands políticos", pasando por "plantas y decoración floral". Por si el pago no era ya generoso, el contrato añadía: "Los gastos extra que se generen se facturarán aparte con sus correspondientes presupuestos".

Llama la atención que la FEMP encargase y pagase a Special Events servicios para su asamblea de 2003 como seguridad, ADSL, arcos detectores de metales, audiovisuales, iluminación, faxes, impresoras, limpieza, mobiliario o servicio médico cuando el lugar donde se celebró tal evento, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, disponía de todas esas prestaciones a disposición del cliente con una tarifa publicada en su página web. Actualmente, el alquiler completo del palacio cuesta 15.000 euros diarios.

De la Cruz, firmante de ambos contratos, se dedica al mundo de la seguridad con su empresa Serygur y ha reconocido que Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, medió a su favor ante la Comunidad de Madrid en un concurso. Álvaro de la Cruz figura o ha figurado en diversas sociedades: Ciudad 21 Foro de Innovación Local, Técnicas Audiovisuales Comunitarias, Internetxi Soluciones Técnologicas Avanzadas, Facilita Servicios Auxiliares, Protecny Segurity Alium Seguridad y Serygur.
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El diputado Merino niega que cobrara de la trama
El tribunal mantiene la imputación a Camps tras prestar declaración
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Las conversaciones
Camps, a El Bigotes: "Amiguito del alma... Quiero que nos veamos para hablar de lo nuestro...".- Su esposa, sobre un regalo de El Bigotes: "Te has pasado 20 pueblos"
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El pago de trajes
"Camps jamás pagó un euro ni a Milano ni a Forever", afirmó ante el juez el sastre José Tomás
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El TSJ mantiene a Camps imputado por cohecho

El president de la Generalitat se ha mostrado "muy contento y satisfecho" de haber podido contar hoy al juez "la verdad" sobre su supuesta relación con una trama de corrupción en el PP y ha expresado su confianza en que "esto vaya lo más rápido y lo mejor posible"

EFE/LEVANTE-EMV.COM

El procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) para investigar a aforados valencianos en relación con el 'caso Gürtel', derivado del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, "sigue su curso", según informaron en un comunicado fuentes del alto tribunal valenciano. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, que declararon hoy por un presunto delito de cohecho, se mantienen como imputados.

En un comunicado, el TSJCV informó que "tras las declaraciones de esta mañana, el procedimiento sigue su curso". Hasta la fecha, han declarado, en calidad de imputados, el secretario general del PPCV y portavoz 'popular' en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente y ex conseller Víctor Campos, que declararon ayer y para los que el instructor no adoptó ninguna medida cautelar, y el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, imputado por Baltasar Garzón y que compareció hoy ante el magistrado con la misma condición.

La próxima comparecencia señalada será la del sastre José Tomás, que comparecerá mañana en calidad de testigo. Asimismo, el magistrado instructor de la causa acordó también llamar a declarar como testigos a todas las personas que han autorizado contratos entre la administración de la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market S.L, y a quienes formaron parte de las mesas de contratación. Asimismo ha acordado que se practique una pericial contable.

CAMPS: "ESPERO QUE VAYA LO MÁS RÁPIDO Y LO MEJOR POSIBLE"
El president de la Generalitat, Francisco Camps, se ha mostrado "muy contento y satisfecho" de haber podido contar hoy al juez instructor del "caso Gürtel" "la verdad" sobre su supuesta relación con una trama de corrupción en el PP y ha expresado su confianza en que "esto vaya lo más rápido y lo mejor posible".

Camps ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su salida del Palacio de Justicia, donde ha declarado como imputado durante 45 minutos por un supuesto delito de cohecho relacionado con la trama de corrupción del "caso Gürtel", y ha estado acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y sus tres vicepresidentes.

El jefe del Consell, quien ha abandonado la sede del Tribunal Superior de Justicia en su coche oficial después de que decenas de seguidores le rodearan y cortaran el tráfico, ha señalado que tenía "muchas ganas de poder contar la verdad". "Y ya la he contado", ha añadido.

Francisco Camps ha atendido brevemente a dos grupos de periodistas -por un lado los audiovisuales y por otro los escritos y radiofónicos- antes de volver a saludar a varios simpatizantes que han permanecido desde primera hora de la mañana frente al Palacio de Justicia coreando lemas de apoyo y enfrentándose verbalmente con un grupo de sindicalistas que exigía la dimisión del president.

Por su parte, Barberá y los tres vicepresidentes del Consell han coincidido posteriormente en señalar que han visto "fenomenal" a Camps tras su comparecencia ante el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV.

La declaración de Camps se ha producido un día después de la fecha inicialmente fijada por el magistrado instructor del caso, José Flors, ya que el abogado del president tenía que estar ayer presente en otra declaración señalada con anterioridad por otro órgano judicial.

Según las investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano, Camps adquirió trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente liderada por Francisco Correa.

El auto de inhibición señalaba que el president de la Generalitat recibió los trajes a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad entre 2005 y 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.

Según concretaba ese auto de Garzón, Camps acudía a Madrid a instancias de Álvaro Perez, conocido como "El bigotes" y que se encuentra ya declarando en el Palacio de Justicia, con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás.
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"¡Caradura, caradura!" vs "¡Presidente, presidente!"
´El Bigotes´: "Seguiré respetando el secreto de sumario"
Betoret, sonriente y en silencio
Los diputados del PP reciben a Costa con aplausos
Rajoy, "muy contento" de que Camps salga "sin ningún cargo"
Barberá: "Cuántas ganas tenían de sacar mi nombre vinculado".

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Si fos així, el seu electorat seria o indecent i còmplice o burro o totes dues coses. I a mi em costa de creure que la gent se solidaritzi, si són condemnats, amb delinqüents.

Rambla asegura que los procesos judiciales afectan positivamente al electorado del PP

Levante-EMV, Castelló

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, aseguró ayer que los procesos judiciales en los que están implicados cargos del PP "están afectando positivamente en el electorado popular" ya que esos procesos generan, a su juicio, una mayor "cohesión", "unión" y ganas de defender las posiciones del partido en las urnas.

Rambla hizo estas declaraciones en Castelló al ser preguntado por los periodistas sobre si cree que los procesos judiciales que afectan a cargos del PP de la Comunitat Valenciana pueden repercutir en los resultados de las elecciones europeas.

El vicepresidente del Consell asegura que esos procesos producen "una cohesión todavía mayor en las filas del Partido Popular contra las falsedades y las insidias que se quieren vertir en los juicios paralelos", algo que a su juicio ocurrió cuando "en plenas elecciones gallegas" surgió la investigación que se inició en la Audiencia Nacional, señaló en referencia al caso Gürtel.

"Mayor cohesión, más unión"Rambla asegura que lo que se provoca en el electorado es "una mayor cohesión, una mayor unión, y unas mayores ganas todavía de estar en las urnas para defender las posiciones del Partido Popular". El vicepresidente aseguró además que las encuestan "siguen reafirmando una amplia diferencia con el PSOE".

Preguntado sobre si cree que la imputación del president responde a una estrategia por la cercanía de las elecciones, Rambla respondió: "Ni ustedes ni yo creemos que es casualidad. Creo que se está haciendo una utilización de los poderes del Estado que sea por acción u omisión con estos juicios paralelos que estamos teniendo no se beneficia en nada al estado de derecho".
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Costa alega que no tenía responsabilidad política en la fecha de los pedidos de trajes

Siendo vicesecretario, el PP dioaOrangeMarket 50 contratos. La afirmación desvía laatención a Pedrosa y Camps, anteriores secretarios generales

Francesc Arabí, Valencia

Redujo la parcela de las "responsabilidades políticas" estrictamente a la cúspide de la pirámide. De ahí para abajo, no cabe exigir explicaciones sobre ningún contrato adjudicado y, en consecuencia, no hay acusación judicial que valga. Es la estrategia de defensa que ayer siguió el secretario general del PP, Ricardo Costa, en su declaración ante el magistrado José Flors como imputado por un presunto cohecho al recibir, según Garzón, 7.325 euros en trajes pagados supuestamente por Orange Market y otras dos empresas de la trama Gürtel.

Costa se lavó las manos negando la mayor, subrayando que no tendría sentido pagar favores o invertir para lograrlos en alguien que, vino a señalar implícitamente, no era políticamente nadie.

"Mi declaración ha versado un poco sobre mis responsabilidades políticas y por ello le he explicado [al juez] que soy secretario general del PP, como es público y notorio, desde junio de 2007 y portavoz de las Corts desde abril de 2008, fechas posteriores todas a los presuntos trajes que se me imputan", proclamó ante un mar de micrófonos. De paso, quiso ahuyentar el fantasma de cualquier tráfico de influencias y despejar sospechas sobre supuestos indicios de financiación irregular del partido.

Camps "contrató" a Special EventsCosta, quien dijo haber contestado "a todas la partes y a más de lo que me han preguntado", señaló acto seguido, en materia de trajes: "Mis abogados tienen todos los elementos probatorios que forman parte de la consistencia de mi declaración"

"He actuado siempre de acuerdo con la legalidad y mi comportamiento ha sido absolutamente correcto; las imputaciones no tienen ningún fundamento", remató. No dijo si aportó facturas o rastro bancario de haber sacado dinero para dárselo a Álvaro Pérez y que éste lo hiciera llegar al sastre de Milano y Forever Young, José Tomás. Fuentes del PP informaron de que ésta habría sido la mecánica que siguió Costa, quien no habría guardado las facturas.

El primero de los pedidos a los que aludía Garzón era de enero de 2006 y el segundo, de 4.925 euros (en Forever Young) databa de mayo de 2007, justo un mes antes de ser nombrado secretario general. Costa obvió que antes que síndic fue portavoz adjunto y de Economía en las Corts. También, que entre el 20 de noviembre de 2004, cuando se celebró el congreso regional en Castelló, y junio de 2007 fue vicesecretario general del partido con competencias en organización, que recibió de manos de Juan Manuel Cabot.

En los dos años y siete meses que fue vicesecretario general, Orange Market se llevó medio centenar de contratos del PP, según documentación en poder de Levante-EMV. En todo caso, cuando carga la responsabilidad en el secretario general pone en un serio compromiso al propio Francisco Camps, quien ocupó ese cargo entre julio de 2002 (Eduardo Zaplana designó sucesor a José Luis Olivas y delfín a Camps cuando se fue a Madrid) y dos años después, cuando el ministro dimitió de presidente del PP y le cedió la plaza. Camps, como secretario general, supervisó la contratación de Special Events -la matriz del conglomerado societario de Correa- como organizadora del congreso regional celebrado el 28 y 29 de septiembre, según contó este diario. Un congreso que montó, por cierto, Orange Market.

El artículo 42 de los estatutos del PP valenciano -que adapta el 55 de los nacionales- otorga al secretario general la competencia de autorizar los gastos y contrataciones. Al encarar los focos sobre la competencia del número dos, Costa pone también en un brete a Adela Pedrosa, su antecesora como secretaria general y artífice de gran parte de las contrataciones.
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El PP dará libertad a Camps para adelantar las elecciones o dimitir si el proceso se complica
¿En qué hablaba Ricardo Costa a la salida del juzgado?
"Ricardet, nuestro Richard Gere"
Visita a La Fe a 24 horas del juez
César Augusto Asencio: "Ha dado la cara y lo ha dejado todo claro"
Alarte: "Camps ha quedado inhabilitado para seguir al frente de la Generalitat"
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El juez de Valencia mantiene a Camps como imputado

El presidente valenciano, "satisfecho" tras una comparecencia de 45 minutos.- Seguidores y detractores intercambian gritos de "caradura" y "presidente"

AGENCIAS 20-05-2009

El procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por el caso Gürtel "sigue su curso", según han informado fuentes del alto tribunal. Eso significa que el presidente autonómico, Francisco Camps, permanece imputado por los delitos de cohecho en la presunta trama de corrupción que ha salpicado al PP. El portavoz del partido en las cortes valencianas, Ricardo Costa, ha subrayado que el presidente "ha dicho la verdad" en su declaración ante el magistrado. Camps se ha mostrado "satisfecho" a la salida del Palacio de Justicia de Valencia. Un grupo de personas se ha intercambiado gritos contradictorios de "presidente, presidente" y "Camps a la cárcel".

Camps: "Estoy muy tranquilo y muy contento"

VNEWS - 20-05-2009

Tras prestar declaración durante 45 minutos ante el magistrado José Flors en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Francisco Camps ha asegurado que salía "muy tranquilo" y "satisfecho" por haber podido dar su versión de los hechos.

Cena de apoyo antes de declarar La secuencia del juicio
Se aplaza al miércoles la comparecencia de Camps
El PP apoya y aplaude a Francisco Camps
Costa defiende su comportamiento "correcto" ante imputaciones "sin fundamento" en el caso Gürtel
Costa y Campos dicen que pagaron los trajes en efectivo pero no guardaron las facturas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha manifestado tras declarar durante 45 minutos como imputado en el denominado ''caso Gürtel'' que espera que todo vaya "lo más rápido y mejor posible". Tras atender a los medios televisivos con unas breves declaraciones se ha dirigido a las informadores de radio y prensa escrita a quienes ha asegurado estar "muy satisfecho" después de haber contado su opinión "respecto a lo que ha ocurrido en estos días y estos meses".

Su llegada al Palacio de Justicia se produjo casi una hora antes de lo previsto. Camps ha llegado acompañado de sus tres vicepresidentes y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Todos han saludado a las decenas de simpatizantes que se agolpaban en la acera desde primera hora de la mañana.

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, y la plana mayor del partido al completo se han esforzado en manifestar públicamente su apoyo al presidente valenciano en los últimos días. El líder de la oposición tiene plena confianza y ofrece su absoluto respaldo al máximo mandatario de la Generalitat valenciana, porque probará su inocencia en la investigación del 'caso Gürtel'.

Rajoy, ha asegurado que ya sabía que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, saldría "sin ningún cargo", tras declarar durante 45 minutos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) como imputado en el denominado caso Gürtel. Camps mantiene la condición de imputado porque el proceso continúa abierto.

Al respecto, el máximo responsable del PP ha reiterado su "apoyo y confianza total" en el presidente de la Generalitat valenciana al tiempo que se mostró convencido de que este apoyo también es "total" por parte de "la mayoría de los valencianos, que no aciertan a ver lo que está ocurriendo".

Bienvenida entre vítores e insultos
Seguidores y detractores del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps se han concentrado en torno al Palacio de Justicia y han protagonizado un cruce de gritos como "caradura" y "presidente" que en un momento determinado ha obligado a la Policía a intervenir para calmar los ánimos.

Desde primera hora en torno al Palacio de Justicia se han concentrado personas que sobre las 10.10 horas, momentos después de la hora prevista para la comparecencia de Camps, que ya se encontraba dentro, han mantenido un cruce de gritos y acusaciones a favor y en contra del presidente.

Cena de apoyo antes de declarar
Francisco Camps, recibió el apoyo de 700 militantes del PP valenciano que han convertido una cena sectorial de sanidad, de la que ha salido "con ganas, ilusión y fuerza para todos los días", en un acto de apoyo al jefe del Consell.

Camps estuvo arropado por varios miembros de su Gobierno autonómico, como los consellers de Presidencia, Vicente Rambla; de Sanidad, Manuel Cervera; de Inmigración, Rafael Blasco, y de Justicia, Paula Sánchez de León, así como del secretario general del PPCV, Ricardo Costa -quien ya ha declarado ante el TSJCV también como imputado por un supuesto delito de cohecho-, el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, y diputados autonómicos y provinciales.

En su intervención, el líder de los populares valencianos aseguró que en la medida de sus posibilidades, haría todo lo que esté a su alcance para que la Comunitat Valenciana "siga andando con la cabeza bien alta" y hacia un horizonte "de más futuro, de más sueños y de más ambición".

La secuencia del juicio
Hasta la fecha... han declarado, en calidad de imputados, el secretario general del PPCV y portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente y ex conseller Víctor Campos. El instructor no adoptó ninguna medida cautelar para ellos. También declaró el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, imputado por Baltasar Garzón y que compareció ante el magistrado con la misma condición.

... a partir de ahora será el turno del sastre José Tomás, que comparecerá mañana en calidad de testigo. Asimismo, el magistrado instructor de la causa ha acordado llamar a declarar como testigos a todas las personas que han autorizado contratos entre la administración de la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market S.L, y a quienes formaron parte de las mesas de contratación.
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Camps admite ante el juez que conoce al 'Bigotes' hace años

El presidente de la Generalitat reconoce, según ha sabido la SER, su relación con el empresario Álvaro Pérez

CADENA SER 20-05-2009

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha reconocido ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, que conoce desde hace años al empresario Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes, quien presuntamente le regaló trajes por valor de 12.800 euros.

Camps: "Estoy muy tranquilo y muy contento"

VNEWS - 20-05-2009

Tras prestar declaración durante 45 minutos ante el magistrado José Flors en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Francisco Camps ha asegurado que salía "muy tranquilo" y "satisfecho" por haber podido dar su versión de los hechos.

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En su declaración como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Francisco Camps ha negado haber recibido regalos de las empresas de la trama y ha señalado que los trajes los pagó él y que no guarda las facturas.

Más de una hora ha durado la declaración del presidente de la Generalitat que ha reconocido su amistad con el Gerente de Orange Market, Álvaro Pérez. Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, Camps ha señalado que le conoce desde hace años, aunque ha negado que el empresario le haya regalado trajes por valor de 12.800 euros, subrayando que los ha pagado él de su bolsillo y que no guardaba las facturas. El president ha añadido además que, quien lleva las cuentas en su casa, es su mujer.

Según estas fuentes, la Fiscalía ha preguntado al president por los contratos que la Generalitat ha adjudicado a Orange Market, bajo su mandato, entre 6 y 8 millones de euros. La respuesta ha sido que él no forma parte de ningún órgano de contratación. Camps ha defendido durante el interrogatorio su gestión al frente de la Generalitat y su trabajo por los valencianos.
El empresario Álvaro Pérez también ha acudido al Tribunal de Justicia de Valencia pero se ha acogido a su derecho a no declarar.
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Camps, "satisfecho" tras decir "la verdad" al juez

Partidarios y detractores del presidente valenciano, a punto de llegar a las manos. En estos momentos declara 'El Bigotes'.

PÚBLICO.ES - Valencia - 20/05/2009 14:15

El procedimiento abierto por un supuesto delito de cohecho que instruye el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) "sigue su curso" tras la declaración del jefe del Consell, Francisco Camps, del ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret y del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes.

Camps se ha mostrado "muy contento y satisfecho" de haber podido contar al juez instructor del caso Gürtel "la verdad" sobre su supuesta relación con una trama de corrupción en el PP y ha expresado su confianza en que "esto vaya lo más rápido y lo mejor posible".

Camps ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su salida del Palacio de Justicia, donde ha declarado como imputado durante 45 minutos por un supuesto delito de cohecho relacionado con la trama de corrupción del caso Gürtel, y ha estado acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y sus tres vicepresidentes.

El jefe del Consell, quien ha abandonado la sede del Tribunal Superior de Justicia en su coche oficial después de que decenas de seguidores le rodearan y cortaran el tráfico, ha señalado que tenía "muchas ganas de poder contar la verdad". "Y ya la he contado", ha añadido.

Prisa por declarar
Camps ha salido de la sede del Tribunal Superior de Justicia pasadas las 11.25 horas tras haber declarado hasta las 11.15 ante el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal encargado del caso, José Flors.

El presidente valenciano tenía prisa por declarar: a las 8:50 horas llegó en coche oficial a la sede del tribunal donde le esperaban los tres vicepresidentes del Consell, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino, así como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que había llegado unos minutos antes.

A su llegada, Camps saludó a algunos de las decenas de simpatizantes del PP que le esperaban congregados a las puertas del tribunal desde las 8.30 horas, con banderas de la Comunidad Valenciana y pronunciando gritos de "Presidente, presidente"o el ya famoso "Yes, we can" acompañados de aplausos.

Cientos de personas se han agolpado en la calle: a un lado de la calle se han situado sus seguidores; enfrente otro nutrido grupo de personas que han acudido a expresar su rechazo al presidente valenciano.

Simpatizantes y detractores de Camps estuvieron a punto de llegar a las manos

La protesta contra Camps ha tenido un tono festivo: ataviadas con bigotes y con una pancarta que reza "amiguito del alma", varias personas han gritado "¡Caradura!" a Camps. Ambos grupos se han cruzado reproches e insultos, e incluso han estado a punto de llegar a las manos, informa Belén Toledo.

Según las investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano, Camps adquirió trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente liderada por Francisco Correa.

El auto de inhibición señalaba que el president de la Generalitat recibió los trajes a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad entre 2005 y 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.

Según concretaba ese auto de Garzón, Camps acudía a Madrid a instancias de Álvaro Perez, conocido como El bigotes y que ha declarado en el Palacio de Justicia, con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás.
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Costa, ovacionado por el PP en Valencia
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Barberá y los tres vicepresidentes arropan al imputado president en su comparecencia ante el juez
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La era Bárbera en la FEMP reportó a Correa 800.000 euros por dos contratos a dedo
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Pedro J. difunde una nueva filtración telefónica, que tanto critica cuando es de otros
El Bigotes dijo a Correa que no regaló trajes al "Curita" Camps, sino que se los prestó

V.V.

Días antes de que se desatase la Operación Gürtel, Francisco Correa, principal imputado en la trama de corrupción, y Álvaro Pérez El Bigotes, su principal socio en Valencia, mantuvieron una conversación en la que el empresario valenciano aseguraba no haber comprado trajes a Francisco Camps, sino solo habérselos prestado para unas sesiones de fotos. Aunque el diario El Mundo, que adelanta esta información, destaca que aún no se habían efectuado las detenciones y, por lo tanto, los empresarios no sabían que estaban siendo investigados, cabe recordar que la operación se precipitó al haber claros indicios de que los implicados conocían que estaban bajo sospecha e incluso Correa llegó a preparar su huída.

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La parte de la Operación Gürtel que salpica al PP de Valencia está al rojo vivo: el presidente valenciano, Francisco Camps, comparece hoy ante la Justicia como imputado por un presunto delito de cohecho, después de que ayer declarasen el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el secretario general del PPV, Ricardo Costa. Después de Camps declarará también el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes. Las conversaciones telefónicas registradas en el sumario evidencian la buena relación entre el president y el empresario, aunque la prensa recoge hoy otra charla, esta vez entre El Bigotes y Correa, presunto cabecilla de la trama, restando hierro al asunto de los trajes.

Los trajes de El Curita
Según publica el diario El Mundo, ambos empresarios hablaron en la noche del 22 de enero, dos semanas antes de que estallara el escándalo y cuando supuestamente los implicados no tenían conocimiento de estar siendo investigados. En su conversación, Álvaro Pérez relata a Correa que ha oído rumores de que él había regalado trajes a Camps, a quien se refiere con el apodo de El Curita.

Trajes a medida prestados
“Yo no le he regalado ningún traje a ese hombre, al Curita, no le he regalado ningún traje. Yo he comprado trajes a su medida porque cuando hemos hecho una sesión de fotos se los ha puesto y luego me los ha devuelto”, insistió el empresario valenciano. Correa, por su parte, le tranquilizaba asegurando que “no hay nada que ocultar ahí” porque la cuestión de los trajes es “una gilipollez”, si bien reconoce que “será el principio de un montón de cosas”.

¿Sabían que les grababan?
Aunque hasta el 6 de febrero no comenzaron las detenciones en el marco de esta trama, cabría la posibilidad de que los empresarios ya conocieran la que se avecinaba y sospecharan que estaban siendo grabadas sus llamadas: el primer auto del juez Baltasar Garzón advertía que la operación debía adelantarse al haber ya claros indicios de que los implicados conocían que se les estaba investigando, y se apuntaba a un riesgo de que los posibles afectados decidieran marcharse del país. En el auto de Garzón en el que ordenó el ingreso en prisión de Correa, el magistrado afirma que había riesgo de fuga ya que el empresario había tratado de salir, sin éxito de España para instalarse en Panamá, lo que fue el detonante de las detenciones, que se produjero el 6 de febrero de este año.

La "gravedad" de las filtraciones
En cualquier caso, no deja de llamar la atención que sea precisamente El Mundo el periódico que hace la filtración de esta conversación, ya que, cuando el diario El País publicó conversaciones entre Camps y El Bigotes en las que el primero agradecía al segundo los valiosos regalos que había hecho a su familia y le aseguraba que le quería “un huevo”, el rotativo de Pedro J. Ramírez puso el grito en el cielo advirtiendo del posible delito que supone filtrar informaciones de un sumario que está bajo secreto.

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dimarts, 19 de maig del 2009

Yak 42. 19/05/2009. Trillo no sé la culpa de res!

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Penas de cárcel para tres mandos por las identificaciones del Yak-42

Sobre Trillo: "El tribunal no se pronuncia sobre no acusados"
La Audiencia condena al general Vicente Navarro a tres años de cárcel por falsedad documental en las actas de identificación de los fallecidos.- Pena de 18 meses para los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez como cómplices

ELPAÍS.com - Madrid - 19/05/2009

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión al general Vicente Navarro por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en 2003, y a un año y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez en concepto de cómplices. La condena incluye dos años de inhabilitación para Navarro y uno para sus colaboradores, que formaron el equipo español encargado de identificar y repatriar los cuerpos, informa Miguel González. El presidente del tribunal ha rebajado la petición de cárcel del fiscal al considerar que no hay delito continuado de falsedad.

Familiares de víctimas del Yak-42: "Falta determinar los responsables políticos"
Trillo rechaza asumir ninguna responsabilidad tras la sentencia del Yak
Mentiras desenterradas del Yak 42
Trillo movilizó al Estado para intentar anular el 'caso Yak'
Los entierros del Yak-42 fueron ilegales
Trillo fijó la fecha y hora del funeral del Yak-42 tras despachar con Aznar
Navarro alega que sólo "dulcificó" las autopsias del Yak
Turquía advirtió de que 30 cuerpos estaban sin identificar
Navarro alegó que tenía prisa para no verificar el ADN de las víctimas del Yak
¿Te parece bien la sentencia del caso del Yak-42?

Sentencia del Yak-42
DOCUMENTO (PDF - 228,16Kb) - 19-05-2009

La catástrofe del Yak-42
A FONDO

Encuesta: ¿Se deberían pedir responsabilidades políticas por la actuación con el Yak 42?

En alusión al ex titular de Defensa Federico Trillo y los responsables del ministerio, la sentencia dice que el tribunal no puede pronunciarse sobre "la conducta de personas no acusadas y sobre las que en consecuencia no se han practicado pruebas". Los familiares de las víctimas solicitaron que Trillo compareciera en el juicio como testigo, lo que fue rechazado por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez.

Del relato probado de los hechos se desprende, según la sentencia, que el equipo turco advirtió a los acusados de realizar pruebas de ADN y que el general Navarro elaboró la lista en la que "aparentaba que todos los cuerpos habían sido identificados cuando lo cierto es que las identidades habían sido identificadas de forma aleatoria en 30 casos". "El comandante y el capitán en la descripción de cadáveres eludieron conscientemente que los cuerpos estaban carbonizados". El tribunal considera responsable civil subsidiario al Ministerio de Defensa y absuelve a las aseguradoras.

El fiscal Fernando Burgos pidió en la vista oral cinco años de prisión para Navarro y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez, mientras que los familiares de las víctimas solicitaron penas de entre tres y seis años. Los tres militares enviados a Turquía por el Ministerio de Defensa estaban acusados de un delito de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo filiaciones que no eran las suyas.

Responsabilidades políticas
La vista oral comenzó el pasado 24 de marzo y se desarrolló durante nueve sesiones, en las que intervinieron un total de 21 testigos. El presidente del tribunal se negó a citar como pedían los familiares al ex ministro de Defensa Federico Trillo y al ex presidente José María Aznar. Sí han pasado en cambio por el banquillo como testigos varios mandos militares, desde el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz hasta el ex jefe del Ejército Luis Alejandre.

Los testimonios de dos forenses turcos, que se presentaron sin haber sido citados previamente y a quienes trajeron los familiares de las víctimas, fueron los más relevantes. Ambos confirmaron que el equipo español era consciente de que se llevaba la mitad de los cadáveres sin identificar y sin haber realizado pruebas biológicas, porque "tenían prisa" para llegar al funeral de Estado.

La idea de que el caso fue fruto de una imprudencia se desvaneció ante la Trillo movilizó al Estado para intentar anular el caso acumulación de falsedades del ministerio desde que se produjo el siniestro, el 26 de mayo de 2003, hasta el 2 de marzo de marzo de 2004, días antes de las elecciones generales en las que PP perdió el Gobierno. Ese día, el número dos de Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, envió una carta a los familiares en las que tildaba de "campaña sensacionalista y cruel" lo publicado en los medios sobre los errores en las identificaciones. El general Navarro admitió en el juicio que le pudieron "bailar los números". En la última sesión alegó que solo "dulcificó" las autopsias para evitar el sufrimiento de los familiares.
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Trillo: "Tengo que respetar la sentencia, pero no la comparto"

El ex ministro de Defensa reitera que se actuó de buena fe en el intento de identificar a los cadáveres de los 62 militares fallecidos.

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Zapatero no conoce pero respeta el fallo
"Faltan los responsables políticos"

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Tres años de cárcel para el general Navarro

La sentencia, que no es firme, condena también un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez.

PUBLICO. ES / AGENCIAS - Madrid - 19/05/2009 13:03

La Audiencia Nacional ha condenado hoy a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42 en Trebisonda (Turquía), el 26 de mayo de 2003.

La sentencia, notificada hoy por la Sección Primera de la Sala de lo Penal sin lectura pública, impone también seis meses de multa para Navarro.

Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia. La sentencia no es firme, por lo que el general no ingresará todavía en prisión.

En el juicio, que comenzó el pasado 24 de marzo y un mes después -el 21 de abril- quedó visto para sentencia, se escucharon los testimonios de los familiares de los fallecidos -incapaces de contener las lágrimas-, de los máximos responsables de la cúpula militar en el momento de la tragedia, los forenses turcos que participaron en la identificación de los cadáveres y hasta de los trabajadores de la funeraria que se encargó de sellar los féretros de los soldados.

Identificaciones a toda prisa
La sentencia confirma, como mantiene el Ministerio Público, que Navarro, Ramírez y Sáez falsearon las identificaciones de los cuerpos porque había "prisa" para repatriar los cadáveres y celebrar con la mayor prontitud posible el funeral de Estado.

Una acusación que negaron reiteradamente los tres acusados, que desmienten haber recibido presiones o instrucciones para realizar una "repatriación urgente" de los cuerpos.

El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.

Beneficio político
Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente.

Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de "los autores intelectuales" que obtuvieron "un beneficio político" de la "pronta repatriación" de los cuerpos.

Baile de nombres y números
El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro.
El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas.

Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
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Yak 42: Tres años de prisión para el general Navarro

El capitán Miguel Sáez y el comandante José Ramírez Penas han sido condenados a un año y medio como coautores de un delito de falsedad por las identificaciones erróneas

La Audiencia Nacional condena al capitán Miguel Sáez y al comandante José Ramírez a un año y medio de prisión para cada uno en calidad de coautores de un delito de falsedad

JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER 19-05-2009

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42. La fiscalía solicitaba cinco años de prisión para cada uno de ellos. El ex ministro de Defensa Federico Trillo, ha convocado a los medios para realizar una declaración leída en el Congreso de los Diputados en la que ha afirmado que respeta la sentencia pero no la comparte.

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Sin embargo, el general médico Vicente Navarro no ingresará en prisión no ingresará en prisión hasta que el Tribunal Supremo ratifique su condena ya que el alto mando militar recurriá. Navarro, al carecer de antecedentes penales, tan sólo habría eludido de manera definitiva su ingreso en la cárcel en caso de haber sido condenado a una pena no superior a dos años.

Así han reaccionado las familias de los fallecidos
En Hora 14 hemos hablado con Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Familiares del Yak-42, quien asegura que la sentencia alivia en parte el dolor de las familias de las víctimas "ya es oficial que Navarro y su equipo lo hicieron conscientemente". Pero lo que más ha destacado Sencianes es que "ya es oficial que Navarro y su equipo lo hicieron conscientemente", aunque pide que ahora se esclarezca qué hizo el Ministerio de Defensa de Federico Trillo y si el ex ministro dio estas órdenes a Navarro "y que nos diga por qué nos mintió".

"Ya es oficial que Navarro y su equipo lo hicieron conscientemente"

Seis meses de multa para Navarro
La sentencia, notificada este martes por la Sección Primera de la Sala de lo Penal sin lectura pública, impone también seis meses de multa para Navarro. Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia.

El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.

Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente. Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de "los autores intelectuales" que obtuvieron "un beneficio político" de la "pronta repatriación" de los cuerpos.

El juicio comenzó el pasado 24 de marzo
El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro. El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas. Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
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Trillo: "La justicia no podrá acabar con el dolor pero será nuestro mejor homenaje"


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PP Vice 19/05/2009. 3. Costa i Campos entren com a imputats a declarar i en surten com a imputats. Per a quan la dimissió?

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No sabem què ha explicat Costa al jutge Flors ni quines proves sobre la seva innocència li ha donat. Diu que ha pagat en efectiu -bitllets de 500?- però no en guarda factura. Doncs no hi ha problema: se'n demana còpia a la sastreria.

El cert és que no ha convençut el jutge: Ricardo Costa Climent, Secretari General del PPCV, portaveu d'aquest partit a les Corts valencianes i número dos de Francisco Camps segueix com a imputat per suborn. Com l'exvicepresident Campos.
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Costa y Campos pagaron los trajes en efectivo pero no guardaron las facturas

El juez ha hecho escuchar al número dos del PP valenciano conversaciones grabadas que tienen que ver con los hechos

CADENA SER 19-05-2009

El número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, y el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, han asegurado, en su declaración ante el juez José Flors, que instruye en Valencia el caso Gürtel, que los trajes que presuntamente les regalaron las empresas de Correa, el considerado cabecilla de la trama corrupta, los pagaron ellos, aunque no han presentado las facturas.

Costa defiende su comportamiento "correcto" ante imputaciones "sin fundamento" en el caso Gürtel

La declaración de Costa ha durado una hora, mientras que Campos ha estado ante el magistrado sólo por el espacio de media hora, según fuentes jurídicas consultadas por la SER.

Estas mismas fuentes han señalado que el secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, se ha mantenido muy seguro durante todo el interrogatorio, a pesar de que ha tenido que escuchar conversaciones intervenidas por orden judicial, que demostrarían el delito de cohecho que se le imputa.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Garzón, Ricardo Costa habría recibido presuntamente de la trama que lideraba Francisco Correa trajes por valor de más de 7.000 euros, mientras que el caso de Víctor Campos esa cantidad se rebaja hasta los casi 5.000 euros.
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Costa defiende su comportamiento

Señala que ocupa sus cargos en el PP valenciano desde junio de 2007 y abril de 2008, respectivamente, por lo que son en "fechas posteriores a los presuntos trajes" que se le imputan"
EUROPA PRESS 19-05-2009

El secretario general del PPCV y portavoz ''popular'' en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha asegurado después de declarar ante el magistrado instructor del ''caso Gürtel'' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ocupa estos dos cargos desde junio de 2007 y abril de 2008, respectivamente, por lo que son en "fechas posteriores a los presuntos trajes" que se le imputan".

Cierre de filas del PP valenciano en torno a Camps

VNEWS - 18-05-2009

Camps ha recibido el apoyo de su Gobierno a dos días de que declare como imputado en el "caso Gürtel". Al acto ha asistido también la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y por los consellers de Educación, Alejandro Font de Mora; Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, y Bienestar Social, Juan Cotino. Camps no ha querido contestar a las preguntas de los medios sobre su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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Costa -que abandonó el Palacio de justicia a las 13.05 horas acompañado al igual que a su entrada por el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra, y la vicesecretaria de Comunicación, Marta Torrado,- subrayó a los periodistas que sus abogados tienen "todos los elementos probatorios que forman parte de la consistencia" de su declaración.

Costa, que aseguró haber contestado a todas las preguntas formuladas por las partes, manifestó que su actuación ha sido "correcta y acorde a la legalidad".

A la salida del TSJCV, un reducido grupo de personas que aguardaba al secretario general de los ''populares'' valencianos le expresó su apoyo con frases de ánimo como ''amunt'', ''siempre contigo'', ''Costa te queremos'' o ''Esta es la checa ZP''.
Seguidamente, Ricardo Costa abandonó las inmediaciones del tribunal valenciano en el coche oficial que le esperaba a la puerta.

Campos asegura estar "muy tranquilo" tras prestar declaración
Campos, que llegó a las dependencias del Tribunal valenciano sobre las 09.15 horas acompañado de su abogado, el penalista Vicente Grima, indicó que estaba "muy tranquilo" pero que, como ya dijo, no iba a hacer "ninguna decaración".

"No puedo decir nada", insistió Campos, quien además comentó que no había podido ver al secretario general del PPCV y portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts, Ricardo Costa, quen llegó al TSJCV sobre las 11.15 horas.

Costa llega "muy tranquilo" para declarar como imputado por el caso "Gürtel"
El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, ha señalado al Tribunal superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde declarará como imputado por el denominado ''caso Gürtel'', rodeado de una gran expectación y acompañado por el vicesecretario de Organización de los populares valencianos, David Serra, y la vicesecretaria de Comunicación, Marta Torrado.

Costa llegó pasadas las once de la mañana a pie desde el Parterre a la calle del Justicia y aseguró a las decenas de periodistas que le esperaban a la entrada del TSJCV que iba a subir a ver a su abogado y que una vez terminara su declaración, atendería a los medios.

Tras acompañar a Costa hasta la entrada del Palacio de Justicia, Torrado y Serra volvieron al exterior de la sede judicial y el vicesecretario de Organización manifestó a los medios de comunicación que había visto "fenomenal de ánimo" al secretario general del PPCV.
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Ricardo Costa: "He contestado a más de lo que me preguntaban"

El secretario general del PP valenciano ha declarado esta mañana ante el juez por su presunta relación con la trama de corrupción de El Bigotes

JOAQUÍN FERRANDIS / LYDIA GARRIDO - Valencia - 19/05/2009

El secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, ha declarado a su salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana donde ha declarado en calidad de imputado por un supuesto delito de cohecho que ha respondido a todas las preguntas que se le habían formulado en la sala tanto por parte de la fiscalía como del juez instructor. "Incluso a algunas que no me han preguntado", ha afirmado.

Camps recibe el apoyo de sus fieles antes de declarar en el TSJ
Correa apuntó pagos a otro diputado del PP y al ex jefe de gabinete de Cascos

Ricardo Costa Climent

Francisco Camps Ortiz

Costa ha manifestado que "las imputaciones que se me hacen no tienen ningún fundamento" y ha subrayado que él accedió al cargo de secretario general del PP valenciano con posterioridad a que se produjeran los hechos por los que ahora está imputado. El secretario general del PP valenciano, que a su entrada al TSJ fue abucheado por un pequeño grupo de personas que le llamaron "ladrón, ladrón", ha añadido que su abogado disponía de toda la documentación probatoria que demostraba la inexistente base para su imputación.

Costa ha manifestado que no podía contar nada más porque se encontraba bajo el secreto del sumario. El TSJ, en una nota oficial del pasado 2 de abril, comunicó que el secreto del sumario se había levantado en la pieza "Aforados de Valencia". Por su parte, Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, que fue el primero en declarar en el TSJ valenciano por el caso Gürtel, ha dicho encontrarse "muy tranquilo" al salir de la sala donde declaró en calidad de imputado por un supuesto delito de cohecho. El juez instructor, José Flors, no ha tomado medidas cautelares contra ninguno de los dos.

Aunque hoy estaba previsto inicialmente que fuera Camps quien comenzara las declaraciones ante el juez Flors, ayer se trasladó a mañana su comparecencia por problemas de compatibilidad horaria de su abogado, Javier Boix, que tenía otra cita en los tribunales a la hora fijada. Boix ha pasado esta mañana un momento por la sede del TSJ para cumplimentar alguna diligencia y ha abandonado el palacio de justicia.

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La trama alcanza a un diputado del PP
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Ricardo Costa asegura tener las pruebas de su inocencia

El 'número dos' de Camps le dice al juez que su comportamiento ha sido absolutamente correcto.

PÚBLICO.ES / EFE - Valencia - 19/05/2009 12:27

Hoy no ha declarado Camps, pero si lo ha hecho el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, que ha mostrado ante el juez que le ha tomado declaración por su supuesta relación con el 'caso Gürtel' su convencimiento de que su comportamiento ha sido "absolutamente correcto" y legal, y ha dicho que las imputaciones no tienen "ningún fundamento".

A su salida del Palacio de Justicia, donde ha declarado como imputado por un supuesto delito de cohecho, Costa ha señalado a los periodistas que sus abogados tienen "todos los elementos probatorios" de que las fechas desde las que ostenta sus actuales cargos, tanto en el PPCV (2007) como en Les Corts (2008), son "posteriores" a las de los "presuntos trajes" que se le imputan.

Sus cargos son "posteriores" a los "presuntos trajes"

Costa, quien ha declarado ante el magistrado del TSJCV José Flors desde las 12.00 horas y después de que lo haya hecho durante media hora el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, ha recibido a su salida el aplauso y el apoyo de una docena de personas.

"¡Ladrón", trajes para todos!"
Tras la declaración de algo más de media hora del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos , imputado en el denominado caso Gürtel, le tocó el turno a Costa, quien llegó al juzgado "muy tranquilo".

Costa, citado por un supuesto delito de cohecho, llegó al TSJCV a las 11.15 horas -45 minutos antes de la hora prevista para la declaración-, a pie y semblante sonriente, acompañado por el vicesecretario general del PPCV, David Serra, quien dijo que está "fenomenal de ánimos".
Pese a la aparente entereza, Costa ha tenido que escuchar como una señora le llamaba "ladrón", y pedía "trajes para todos". No ha habido más incidentes.

Sin embargo, la primera jornada de declaraciones ha levantado una gran expectación mediática. A las 8.00 horas, dos horas y media antes de la citación de Víctor Campos, ya había periodistas congregados en la puerta del TSJCV, dispuestos tras unas vallas habilitadas para regular el paso a las instalaciones únicamente a las personas relacionadas con la actividad del alto tribunal.
A las 9.30 horas, el número de representantes de medios llegaba casi al centenar, mientras efectivos policiales regulaban el paso de los peatones y supervisaban la seguridad. Hasta el TSJCV también se acercaron algunos diputados del PP como Sagrario Sánchez o Yolanda García o el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, entre otros.

El elevado número de medios de comunicación obligó a hacer un "ensayo" previo antes de que Costa saliera de prestar declaración ante el magistrado, y a designar a algunos periodistas para que sujetaran los micrófonos y las grabadoras, mientras los medios gráficos permanecían detrás de las vallas instaladas, tal y como se les había indicado.

Investigaciones
Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa.

Costa ha reiterado en diversas ocasiones su disposición a colaborar con la justicia

Costa ha reiterado en diversas ocasiones su disposición a colaborar con la justicia "para que se aclaren cuanto antes todas las infamias vertidas contra los populares".

Las declaraciones continuarán mañana con la comparecencia de Camps, a quien seguirán el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret y el responsable de la empresa Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez.
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Costa: "Las imputaciones no tienen fundamento"

El juez no ha adoptado ninguna medida cautelar sobre el secretario general del PPCV ni sobre el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, que también ha prestado declaración

EFE/LEVANTE-EMV.COM

El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, ha declarado hoy como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por un supuesto delito de cohecho y ha asegurado ante el juez que su actividad pública es "posterior" a la fecha de los "presuntos trajes" que se le imputan.

El magistrado que instruye la ramificación en Valencia de la supuesta trama de corrupción en el PP, el denominado caso "Gürtel", no ha adoptado ninguna medida cautelar sobre Costa ni sobre el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, que también ha prestado declaración como imputado por estos hechos.

Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa.

Al respecto, Costa le ha explicado al juez que es secretario general del PPCV desde junio de 2007 y portavoz del PP en Les Corts desde abril de 2008, "fechas todas ellas posteriores a los presuntos trajes que se imputan".

En declaraciones al centenar de periodistas que le aguardaban tras su comparecencia, ha asegurado que sus abogados "tienen todos los elementos probatorios" que "sustentan" su declaración.

Además se ha mostrado convencido de haber actuado "de acuerdo con la legalidad" en "todo momento" y considera que su comportamiento ha sido "absolutamente correcto".

Costa, que ha contestado a las preguntas de "todas" las partes e "incluso a más" de lo que le correspondía, ha reiterado que las imputaciones que se le achacan "no tienen fundamento" alguno.

Según han dicho a EFE sus abogados Ramón Hermosilla y Juan Casanueva, la declaración ha "ido bien" porque "ha dicho la verdad".

A su llegada al Palacio de Justicia, Costa ha soportado los insultos de una mujer que gritaba "ladrón" y "trajes para todos", pero al salir ha recibido el apoyo de una docena de personas que ha lanzado frases de ánimo y se ha hecho fotos con él.

Con anterioridad a Costa ha comparecido ante el juez, y también como imputado, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, quien no ha querido hacer declaraciones a los periodistas y únicamente ha apuntado que estaba "muy tranquilo" y que "todo ha ido muy bien".

Tras tomar declaración a ambos imputados, el magistrado instructor de la causa, José Flors, ha decidido no adoptar "ninguna medida cautelar" sobre ellos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

La declaración de Costa y Campos ha generado diferentes reacciones, como la del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien ha reiterado el apoyo de su partido y ha dicho que los populares "van a poder descansar" y quedarse "muy tranquilos" tras las declaraciones de los imputados.

"Ahora vamos a poder descansar al escuchar las versiones que hayan dado a los jueces" entre hoy y mañana. "Y nos quedaremos tranquilos", ha afirmado González Pons antes de que incidir en que "no es en los medios de comunicación" donde deben juzgarse a "personas tan honorables".

En este mismo sentido, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, ha expresado su convencimiento de que este proceso judicial tendrá un "pronto y favorable final".

Por el contrario, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, opina que "independientemente del resultado judicial" de este proceso, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha quedado "inhabilitado" para seguir al frente del Gobierno valenciano.

Mañana declararán en esta misma sede judicial, también como imputados, Francisco Camps (a las 10.00 horas), el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret (a las 11.00) y el responsable de la empresa Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez (a las 12.00).
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El juez no toma medidas cautelares contra Costa y Campos
Campos: "Todo ha ido muy bien"
"¡Ladrones!" y "¡Trajes para todos!"
El juez llama a declarar a todos los funcionarios y cargos que contrataron con Orange Market
Diez consellers, media docena de directores generales y 25 contratos bajo sospecha
Cuatro minutos de aplausos
Adhesión en público, distancias en privado
José Joaquín Ripoll:"Los que hemos sido críticos debemos estar con Camps"
Aznar afirma que Camps debe confiar en sí mismo y Cospedal avala su continuidad
Luna: "Ya no son tres trajes, sino los contratos del Consell"
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Rajoy defenderá a Camps hasta el final

La dirección nacional delega en Camps las decisiones políticas que se deriven de su imputación

PP Vice 19/05/2009. 2. El PP usó una red de financiación paralela en las elecciones del 'tamayazo'.


"Público", 19/05/2009, portada i pàgina 1.

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Una fundación del PP de Madrid recaudó casi un millón de euros entre empresarios y pagó las campañas que dieron el Gobierno a Aguirre.

IGNACIO ESCOLAR ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 19/05/2009 07:30

El PP de Madrid creó un sistema de financiación paralelo con el que recaudó cerca de un millón de euros de algunos importantes empresarios durante los años 2003 y 2004. Con esos fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso Público, se pagaron facturas de las campañas para las dos elecciones autonómicas del año 2003 en Madrid: la del 25 de mayo y después, tras el tamayazo, la del 26 de octubre. El sistema con el que el PP de Madrid obtuvo este dinero, que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la empresa de Francisco Correa Special Events, funcionaba a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam): una fundación del PP sin apenas actividad pública conocida que fue creada en el año 2000. Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones privadas de los empresarios con los que después abonó parte de las facturas de los actos de campaña.

Algunos de estos empresarios, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros, fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid

Entre los proveedores que facturaron actos de la campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las empresas de Francisco Correa que está siendo investigada dentro del caso Gürtel. A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del PP de Galicia y administrador único de Special Events, Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor documento al que ahora ha tenido acceso Público, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de financiación.

Correa también facturó a FAES por la campaña de Esperanza Aguirre

Se trata de un listado de facturas emitidas por Special Events desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2004 a tres clientes: el PP nacional, el PP de Madrid y Fundescam. El listado distingue entre el "concepto real" de la factura elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004 y el congreso regional de 2004 y el "concepto factura", donde no se hace ninguna referencia a las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró de Fundescam 258.253 euros en gastos electorales, aunque en las facturas aparecieron bajo otros conceptos como "montaje de cursos y seminarios" o "transporte, guía, manutención viajes".

Al pie del listado aparecen cuatro líneas más donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del juicio. El caso se cerró poco después de que Crespo hiciese llegar este documento al PP de Madrid: antes del juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo. Según el auto del juez con el que se cerró la demanda, dictado el 18 de mayo de 2006, el PP de Madrid se comprometió a pagar la mayoría de las facturas que Special Events reclamaba; todas salvo una.
FAES también pagó

Los empresarios que pagaron al PP ganaron después contratos públicos

En el listado que entregó Pablo Crespo al PP de Madrid no figuran todas las facturas emitidas por Special Events por servicios contratados por el PP de Madrid o por Fundescam, sino solamente aquellas con "cambio de entidades y/o conceptos". Los importes y facturas que cobró la empresa de Francisco Correa del PP madrileño son mucho mayores y Fundescam no fue la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES, la fundación que ahora preside José María Aznar, pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al gobierno regional de Madrid, según otro documento de la tesorería regional al que ha tenido acceso Público. En él se detalla que Special Events cobró 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES, la fundación que preside José María Aznar, a cuenta de distintos actos para las elecciones autonómicas de Madrid del 26 de octubre de 2003 las que siguieron al tamayazo.

El dinero que pagó el PP de Madrid llegó a Special Events a través de cuatro cheques con la numeración 3.552.434-BPE (4.756 euros), 3.552.435-BPE (354,96 euros), 3.552.441-BPE (4.176 euros) y 3.552.450-BPE (192.154,70 euros). Sin embargo, según los datos que aparecen en este documento de la tesorería regional del PP de Madrid, aún figuraban como "pendiente de pago" a Special Events 233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.
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MARCO SCHWARTZ - 19/05/2009 08:02

Sólo la justicia puede dictaminar si un mecanismo de financiación política es ilegal. Lo que sí se puede afirmar sin necesidad del pronunciamiento de un tribunal, con la información que hoy aporta Público, es que el sistema de abastecimiento de fondos y pago de campañas electorales que montó el PP a través de la fundación Fundescam resulta, como mínimo, opaco e irregular.
Opaco, por cuanto Fundescam dejó de cumplir con su obligación de presentar las cuentas en el registro de fundaciones en el ejercicio del 2003, justo en el que sufragó las campañas electorales del PP correspondientes en el tiempo al escándalo del tamayazo.

Irregular, porque, entre otras cosas, Special Events -empresa que se encuentra en el corazón del escándalo de corrupción conocido como caso Gürtel- facturaba a Fundescam bajo dos ítems: el "concepto real" (las campañas electorales) y el "concepto factura", es decir, el ficticio; montaje de cursos, seminarios, etcétera.

Todo este entramado apesta. Y explica por qué el PP se mostró tan reticente para reformar la ley de financiación de partidos, que finalmente salió adelante en 2007. La nueva ley establece que las donaciones que reciban deben someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados y fija un límite de 150.000 euros por donante.

Fundescam -presidida por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuran destacados dirigentes del PP madrileño- recibió importantes aportaciones de empresarios madrileños, algunos de los cuales fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid. Resulta llamativo que en este engranaje, como se señalaba arriba, aparezca Special Events. No parece una mera casualidad.
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"¡Ladrón, trajes para todos!"

Declara el 'número dos' de Camps, imputado por recibir trajes por un importe de 7.325 euros de una de las empresas de la red de Correa


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Expertos penalistas creen que la clave para establecer el delito está en demostrar una relación entre la dádiva y las decisiones del funcionario
FERNANDO VARELA - PÚBLICO - 19/05/2009 08:11

El PP lleva semanas restando importancia a los trajes que Francisco Camps, el presidente de la Generalitat Valenciana, aceptó de Álvaro Perez, El Bigotes, uno de los principales implicados en el caso Gürtel. Pero aunque los conservadores lo consideren un asunto menor, basándose en que la factura suma apenas 12.000 euros, expertos en Derecho Penal consultados por Público sostienen que los trajes en cuestión suponen valor económico suficiente como para ser considerados cohecho, siempre que se establezca que el regalo tenía como objetivo influir en las decisiones de Camps.

¿Qué es el cohecho?
El delito de cohecho, precisa Jorge Vizueta, del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, trata de penalizar tanto al que solicita o recibe un regalo o una dádiva por hacer algo como al que lo ofrece. El regalo es, precisamente, lo más característico del cohecho. Puede ser dinero en metálico, pago de servicios, viajes y, por supuesto, prendas de vestir.

¿Importa el valor del regalo?
Todos los expertos consultados coinciden en señalar que no todos los regalos son iguales. "Un bolígrafo", señala Vizueta, "no tiene gran valor" a estos efectos, pero "trajes de 12.000 euros, sí". El límite de los correcto no está escrito en ninguna parte; depende de la jurisprudencia y tiene que ver con los usos "socialmente admisibles". María José Rodríguez Puerta, profesora de Derecho Penal de la Autónoma de Barcelona, asegura que "cualquier regalo desborda la ética" pública, pero sólo los que tienen valor económico pueden dar lugar a un delito. Un billete de lotería, argumenta, puede estar dentro de lo socialmente tolerado, pero no una suma en metálico, da igual que sean "1.000 euros o 40.000".

Según Inés Olaizola, profesora de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, lo importante no es la cuantía de la dádiva, sino el hecho de que se entregue para que un funcionario público cometa un delito. Por eso es irrelevante, subraya, cuando el regalo se entrega a alguien por "un acto propio de su cargo". Eso ocurre cuando "un médico opera a mi hijo y yo le hago un regalo", explica.

¿Qué hace falta para que un regalo sea cohecho?
En la medida en que el regalo se entrega para que el funcionario público cometa un acto constitutivo de delito, siempre será cohecho, argumenta Olaizola. En el caso de los trajes de Camps, razona, "hay que demostrar" que se recibieron a cambio de un compromiso para favorecer a alguien, se trate de una persona física, de una empresa o de un partido. Con todo, Olaizola no es tan pesimista como algunos de sus colegas, que confirman la dificultad de probar el cohecho. Demostrar la conexión "no es lo más dificil. Es cuestión de indagar", asegura.

"Cualquier regalo desborda la ética pública", asegura María José Rodríguez Puerta

La recepción de regalos está prohibida bajo determinadas circunstancias. Si el regalo se entrega "en consideración a la función" que desempeña quien lo recibe, explica Vizueta, sí se puede castigar; pero si se da alegando sólo amistad, no sería perseguible.

Para Inmaculada Valeije, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Vigo, regalar un jamón de jabugo, que puede tratar de "predisponer una decisión", "lamentablemente se considera un regalo sin más". En su opinión, la principal circunstancia para establecer que existe cohecho sería que "quien realiza el regalo tenga intereses que dependen de las competencias del funcionario público". El mero hecho de aceptar dádivas de quien solicita licencias o contratos ya "es sospechoso" y "pone en entredicho la ética" de quien lo hace.

Valeije llama la atención sobre la práctica de aceptar presentes de alguien, sean maletas de Vuitton o trajes de marca. "El que acepta regalos de los administrados, difícilmente permanece imparcial el día que tiene que tomar una decisión que les afecta", concluye.

¿El cohecho está bien regulado en España?
En este punto, la opinión de los expertos es muy crítica. Rodríguez Puerta explica que la regulación española del cohecho "es muy compleja, poco clara y hace muy difícil la tarea de los tribunales. Las pruebas son complicadas porque todos están interesados en ocultar". "Es muy difícil establecer una vinculación entre la decisión del funcionario y el pago recibido", confirma Valeije.

En cambio, Olaizola sostiene que, "en principio, el delito está bien regulado". Y sólo observa algunos defectos relacionados con la confusión derivada de la redacción de algunos artículos. "Un problema importante en el cohecho", subraya, es que aun "probando los hechos y castigando al funcionario, es mucho más difícil castigar a la empresa que soborna". "Es más una costumbre de los tribunales", señala, que tienen "la mentalidad de sancionar al funcionario corrupto" y no toman en consideración "que hay empresas con gran poder económico capaces de ejercer unas labor corruptora enorme".

Inmaculada Valeije afirma que quien "acepta dávidas, difícilmente permanecerá imparcial"

El vigente Código Penal, explica Valeije, "no responde a las formas refinadas que adopta la corrupción hoy en día". Las penas "son bajísimas" en relación con los tres delitos relacionados con este ámbito: las negociaciones prohibidas, los conflictos de intereses y el cohecho. Hoy en día, tiene más castigo robar 200 euros en la calle que aceptar un soborno desde un cargo público, asegura la profesora de la Universidad de Vigo.

Todos opinan que el proyecto de reforma del Código Penal, actualmente en preparación, no va a mejorar sustancialmente las cosas. "Algo se hace mal cuando el derecho penal no cumple su función y no ataja el delito", concluye Vizueta.

El penalista de Zaragoza es muy crítico con que en España se castigue más el cohecho, un "acto preparatorio" para la comisión de otro delito, normalmente de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), que ese delito mismo.

¿Deberían prohibirse los regalos a funcionarios?

De nuevo la mayoría de los expertos consultados están de acuerdo. Apuestan por la prohibición, porque la dificultad de probar el cohecho consagra una cierta impunidad de los funcionarios públicos que utilizan la administración al servicio de sus intereses personales. "Deberían prohibirse para evitar dudas" y poner fin la "tolerancia" que existe con las prácticas destinadas a "engrasar actos de la Administración", asegura Rodríguez Puerta.

La profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona sostiene además que sería muy conveniente "establecer un código ético y castigar como cohecho cualquier regalo con valoración económica". "Hay que atajar las prácticas corruptas" porque "el sistema no ha funcionado", afirma tajante.
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Cuando aparecieron las primeras noticias sobre los trajes del presidente Camps, el muy honorable (es un decir) aseguró que los trajes se los pagaba él. Y el ínclito Trillo, un tipo con una ética a prueba de caída de aviones en Trabzon, explicó que Camps tenía la curiosa costumbre de pagar sus compras en metálico. Pero ahora ya nadie en el PP sostiene que Camps se paga sus trajes. Esa línea de defensa ha muerto.

Cuando surgieron las primeras noticias sobre la amistad entre Camps y El Bigotes, el muy honorable (es un decir) afirmó que prácticamente no conocía a tal señor. Pero resulta que el pollo le hace regalos a la mujer y a la hija del presidente, que los dos machotes se quieren un huevo, que son amiguitos del alma y que les gusta mucho “hablar de lo nuestro”. O sea, de lo suyo. Así que ahora en el PP todos asumen que Camps siempre tendrá un Bigotes a su lado (sin que ello suponga eclipsar la relación entre Bush y El Bigote por excelencia, claro). Esa línea de defensa ha muerto.

Cuando quedó claro que Camps no tenía facturas y que la amistad con El Bigotes era sólida, el muy honorable (es un decir) esparció la especie de que un presidente no se corrompe “por tres trajes” y que en ningún caso lo iban a imputar; eso sí, sin aclarar cuántos trajes hacen falta para colgarle el cartel de “se vende”. Y, sin embargo, mañana tendrá que sentarse ante el juez imputado por un delito de cohecho, por la sencilla razón de que la cuantía del regalo recibido no es determinante para establecer la existencia del delito. Esa línea de defensa ha muerto.

Pero permanezcan atentos. Seguro que montarán nuevas líneas Maginot.

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