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El juez rechaza la petición de Camps de anular la instrucción de Garzón -
El Tribunal Superior de Madrid imputa a Martín Vasco, diputado de Aguirre
CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 05/05/2009
Las investigaciones sobre la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones del PP a cambio de adjudicaciones fraudulentas y pelotazos urbanísticos que se siguen en los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana confirman, por el momento, los pasos dados anteriormente por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El instructor de la causa en Valencia, José Flors, rechazó ayer la petición del presidente valenciano, Francisco Camps, para que se anularan todas las diligencias realizadas por Garzón antes de inhibirse. Hoy declara como imputado en Madrid Benjamín Martín Vasco, el segundo diputado del PP en la Asamblea de Madrid señalado previamente por el juez de la Audiencia Nacional. Lo hará junto al presunto número dos de la red el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, en prisión provisional, y Adrián Senín, empleado de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes, en Orange Market, la filial valenciana de la trama.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
El instructor de Valencia considera que no se han vulnerado derechos
La 'contabilidad b' refleja que Martín Vasco cobró 437.066 euros
La desestimación de la petición de Camps supone, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que las diligencias abiertas por la Sala de lo Civil y Penal de ese órgano tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional "siguen su curso" normalmente.
La defensa del presidente valenciano y de los otros tres imputados por un supuesto delito de cohecho -el secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Fuentes y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- habían alegado a finales de abril que la instrucción del caso adolecía de al menos dos defectos que la convertían supuestamente en nula.
El primero consistía, según el letrado, en que la investigación judicial previa había sido realizada por un juez -Baltasar Garzón- que carecía de competencias. El segundo vicio se basaba en el hecho de que hubiera decretado el secreto de sumario. Esa decisión del juez, según la defensa de Camps, habría supuesto un grave perjuicio para los afectados por haber vulnerado su derecho a defenderse.
El magistrado Flors, sin embargo, rechazó ambos motivos y concluyó que no se ha producido vulneración de derechos. Al mismo tiempo, advirtió que un hipotético recurso contra su decisión -la posible apelación ante la Sala de lo Civil y Penal- no paralizará la investigación.
En Madrid, la instrucción de Garzón también recibió un nuevo espaldarazo por parte del instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, por cuyo despacho pasará hoy el diputado regional y fugaz presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje Benjamín Martín Vasco.
En el auto por el que se inhibió a favor de este tribunal, Garzón encontraba en la actuación del diputado madrileño indicios de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. Martín Vasco habría recibido de la trama la suma de 437.166 euros. Según la contabilidad b de la trama, parte de esas cantidades sirvieron para sufragar su boda y su viaje de novios a Polinesia. Además, recibió varias entregas en efectivo de manos del propio Francisco Correa o su chófer, Andrés Bernabé.
A cambio, el diputado madrileño y ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arganda del Rey habría mediado en este municipio para conseguir adjudicaciones para la constructora Martinsa, cuyos gestores habían pagado previamente comisiones a Correa. Durante el tiempo en que Martín Vasco dirigió la empresa municipal Fomento de Arganda del Rey "se produjo la entrada de las empresas de Correa en dicho municipio", relató Garzón, "mediante la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept", una de las compañías controladas por el cerebro de la trama.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, manifestó ayer en un almuerzo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y El Derecho Editores, que el alto tribunal está preparado por si llegara el caso Gürtel, informa Julio M. Lázaro. "Vaya que si está preparado, para ése y otros casos, los medios con que cuenta el Supremo son muy importantes y pueden producir resultados en muy poco tiempo. La Sala del artículo 61 ha resuelto recursos [sobre la Ley de Partidos] en 48 horas y hasta ahora, bastante bien".
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El PP sigue debatiendo si echa del partido a los imputados
EL PAÍS - Madrid - 05/05/2009
El caso Gürtel, del que trascienden cada día nuevos datos, cada vez ocupa menos tiempo en las reuniones de estrategia del PP. Los populares insisten en que el caso, por mucho interés periodístico que despierte, no tiene efecto electoral, y cada vez les interesa menos. Tal vez por eso, casi dos meses después, los tres aforados de Madrid que pidieron su suspensión de militancia voluntaria para no hacer daño al partido aún no han recibido respuesta.
El Comité de Garantías, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, quería esperar a que fueran imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, hace más de una semana que Alfonso Bosch fue imputado, y el comité aún no ha resuelto nada. Ayer entró en esa categoría Benjamín Martín Vasco, ex número dos del PP en la Asamblea de Madrid y ex presidente de la comisión de investigación del espionaje. Y de momento, aunque su actividad es prácticamente clandestina, no hay constancia de que el comité se haya siquiera reunido.
Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, aseguró ayer que el comité está "estudiando caso por caso, porque cada tema es distinto" y dará su contestación en breve.
El PP asume que el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo también será imputado. Los populares no van a pedir a los imputados que dejen el escaño -"Para eso sirve el aforamiento, para que les juzgue un tribunal superior, si dimitieran lo perderían y carecería de sentido", explicó Cospedal la semana pasada- pero sí es posible que tengan que abandonar temporalmente el partido.
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El juez impone una fianza de 955.000 euros a Martín Vasco
El ex consejero de Esperanza Aguirre y diputado autonómico del PP, segundo aforado imputado en el 'caso Gürtel', se niega a declarar
ELPAÍS.com / EUROPA PRESS - Madrid - 05/05/2009
El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. La cantidad no se exige para que el imputado eluda una posible orden de prisión, sino que pretende asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de la investigación.
El primer aforado de Madrid imputado en la trama se niega a declarar
El TSJM imputa al diputado Benjamín Martín Vasco
Bosch ocultó a la policía y al juez documentos que le implicaban en la trama corrupta
El magistrado mantiene la situación de prisión provisional del ex secretario de organización del PP en Galicia, Pablo Crespo, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.
Martín Vasco se había negado hoy a declarar ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su presunta implicación en la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa. En su comparecencia, Martín Vasco se ha acogido a su derecho a no declarar amparándose en el artículo 24 de la Constitución, según ha informado su abogado Pedro Colino.
Al igual que hizo la semana pasada el parlamentario Alfonso Bosch, Martín Vasco se niega a declarar hasta que se levante el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones de la causa.
Martín Vasco ha sido el segundo aforado madrileño que comparece como imputado ante este tribunal. El magistrado acusó la pasada semana al parlamentario autonómico Alfonso Bosch de participación en la trama encabezada por Correa y de los seis delitos genéricos de la causa: asociación ilícita, cohecho, trafico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. El TSJM atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales (437.166 para Martín Vasco) a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el cerebro de la trama Francisco Correa.
La implicación de Vasco
Martín Vasco abandonó el pasado 18 de febrero la presidencia de la comisión de investigación del supuesto caso de espionaje, que se cerró poco después, y presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en el caso Gürtel no perjudicara al Grupo Parlamentario. Según recogen las conversaciones grabadas a Felisa Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional.
El juez de la Audiencia Nacional acusó a Martín Vasco de conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Se le imputó también el facilitar la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007.
Minutos antes de las 11 horas, llegó a la sede del TSJM en un furgón policial el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo que también ha declarado ante Pedreira. A preguntas de los periodistas, Crespo ha manifestado que se encontraba "muy bien, perfectamente" y "con ganas de declarar". Además, el magistrado interrogará a Adrián Senin Rico, la mano derecha de Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market conocido como El Bigotes.
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Bosch ocultó a la policía y al juez documentos que le implicaban en la trama corrupta
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 05/05/2009
El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, imputado por cohecho y tráfico de influencias en la investigación de la trama corrupta de Francisco Correa que sigue el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad (TSJM), ocultó parte de la documentación requerida por el juez a través de la policía. Esos documentos correspondían a concursos públicos y adjudicaciones presuntamente amañadas de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte a compañías implicadas en la trama mientras Bosch fue gerente de esa sociedad perteneciente al Ayuntamiento.
Tras los primeros requerimientos de documentación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, los agentes constataron que parte de los expedientes que les fueron entregados estaban incompletos. Garzón ordenó entonces a la policía que investigara dónde se encontraban los papeles que faltaban. Varios funcionarios municipales a los que se tomó declaración dijeron que había sido el propio Bosch el que había seleccionado los documentos que finalmente se enviaron al juez, quedándose con el resto.
Entre la documentación que hasta el momento no ha aparecido se encontrarían algunos papeles comprometedores para el diputado autonómico madrileño. Los agentes echaron en falta, por ejemplo, el informe económico y una modificación del contrato por el que se cedieron 32 locales comerciales a la empresa Rústicas MBS a cambio de un canon anual de 320.000 euros que luego fueron rebajados a 81.000. Dos de esos locales fueron alquilados al Ayuntamiento para instalar la comisaría de Policía Local y una oficina de la EMSV. El municipio paga por ello 199.000 euros a Rústicas MBS. El principal accionista y administrador de esta compañía es Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, ex consejero de Orange Market, la filial valenciana de la trama de Correa, y también imputado en la investigación judicial.
Las otras dos empresas que se presentaron al concurso de los locales, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga y Eurosanabria, también están relacionadas con Blanco Balín, que es apoderado de la primera. La segunda tiene la misma sede social que otras sociedades gestionadas por él.
En el auto por el que se inhibió a favor del TSJM, Garzón aseguraba que Bosch recibió de Correa 250.562 euros en sobornos por amañar, entre otros, este contrato a favor de quien le indicaba el presunto cerebro de la trama.
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El vicepresidente canario carga contra la policía que le investiga por cohecho
J. M. PARDELLAS - Tenerife - 05/05/2009
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, compareció ayer, por segunda vez, ante la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, que instruye el caso Salmón, por el que está imputado de un posible delito de cohecho. Durante su etapa como presidente del Cabildo de Gran Canaria, en 2005, Soria voló a Austria y Noruega en el jet del empresario turístico al que luego la institución que él presidía aprobaría un informe para edificar 3.500 plazas turísticas, el límite máximo para un año en toda la provincia de Las Palmas.
José manuel Soria López
A FONDO
Declaró durante más de dos horas, y ya en la sede del PP en Las Palmas, Soria arremetió contra la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial, por haber redactado un informe con "falsedades, insidias e insinuaciones" sobre los gastos que él había efectuado en ese viaje y en sus vacaciones familiares en el complejo hotelero Anfi, del mismo empresario, muchas de cuyas cantidades reconoció haber pagado en efectivo. "¿Pero qué broma es ésta?, ¿en qué Estado estamos?", preguntó.
Soria asegura que en el informe aparecen pagos con tarjeta de entidades en las que no tiene tarjeta y cree que el caso será archivado. "Estoy sufriendo una campaña de desgaste del PSOE y de la Delegación del Gobierno", remachó.
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El TSJM imputa al popular Martín Vasco y le impone una fianza de 955.000 €
El magistrado considera que Martín Vasco ha cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.
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Martín Vasco se niega a declarar ante el juez
No lo hará hasta que no se levante el secreto de sumario. Se le imputan seis delitos.
Ana Mato: yo me pago los cumpleaños de mis hijos'
Desmiente que Francisco Correa sufragara las fiestas de sus pequeños.
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El juez del caso Gürtel decide continuar investigando a Camps
El magistrado José Flors desestima la petición de nulidad y su decisión puede ser recurrida ante la Sala, que preside De la Rúa
Regina Laguna, Valencia
El magistrado del caso Gürtel en Valencia, José Flors, seguirá investigando la comisión de un posible delito de cohecho por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps; del portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa; del ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, tras desestimar la petición de nulidad de una defensa. Según informó ayer el TSJCV, "la petición de nulidad de actuaciones formulada por el letrado defensor del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido desestimada", por lo que las diligencias previas abiertas por la Sala de lo Civil y Penal seguirán su curso. El magistrado instructor, José Flors, explica en su auto que ha desestimado la petición de nulidad "en relación con determinados actos procesales del Juzgado Central de Instrucción número 5", al entender que "las irregularidades denunciadas como base de esta petición no constituyen una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la Ley".
Según adelantó anoche la Cadena Ser, en el programa Hora 25, Francisco Camps pretendía que se anularan las actuaciones porque cuando el Juez Garzón acordó prorrogar el secreto del sumario el pasado 4 de diciembre, la decisión quedó registrada en el programa informático que maneja la Audiencia Nacional pero no se incluyó una copia en papel dentro de las actuaciones.
El Magistrado José Flors recuerda en su auto al Presidente de la Generalitat que la Ley permite al Juez "utilizar cualquier medio técnico, electrónico, informático y telemático para el desarrollo de su actividad y que esos documentos gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, tal y como ocurre en este caso".
Añade el auto, al que parece que ha tenido acceso esta emisora, que para que se vulnere el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y al derecho de defensa es necesario que, "pese al alzamiento del secreto del sumario, la actividad instructora se haya realizado en su totalidad a espaldas de las partes, permitiéndoles intervenir en el proceso sólo cuando la investigación se haya agotado, pero no es este, evidentemente, el caso en el que nos encontramos".
Sobre si Garzón debió o no inhibirse en favor del Tribunal de Justicia de Valencia cuando halló indicios contra Camps y Costa, el Magistrado José Flors subraya que el Juez de la Audiencia Nacional actuó correctamente. Dice el auto que cuando Garzón tuvo conocimiento de la denuncia presentada el ex concejal del PP, José Luis Peñas en la que señalaba que las empresas de Correa habían pagado trajes a Camps y Costa, el Juez tenía "el deber inexcusable" de comprobar su veracidad".
La resolución de José Flors, notificada ayer por la mañana a las partes, puede ser recurrida en apelación ante la Sala del TSJ. Pero "este recurso, si se plantea, no suspende el curso del procedimiento ni la práctica de las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos", como así ha sido hasta ahora, añade el tribunal.
La sala está presidida por el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, de cuya amistad con él Camps dijo en un acto púbico: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ýamistadý que resuma esta íntima y sentida relación".
Correa y Pérez gastaron 481.000 euros en un musical Malena Gracia, Marlene Mourreau y Rosanna Walls protagonizaron el musical "Las corsarias", que financió Francisco Correa a través de la sociedad Apasionadda, de la que era socio capitalista Álvaro Pérez, "El Bigotes", según el diario "El Mundo".
El espectáculo costó 481.000 euros y fue un auténtico fracaso, ya que se estrenó el 15 diciembre de 2005 en Barcelona y sólo duró tres días en cartel, aunque estaba previsto que actuaran un mes.
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El centro de todas las miradas
Camps elude la sesión de control al viajar a Boston para cerrar las tres próximas ediciones de la Volvo
Aznar: "Camps no estuvo en la Moncloa"
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CCOO denuncia despidos para favorecer a la mujer de Castellano
La mujer del conseller de Gobernación trabaja en el Hospital General de Valencia como auxiliar administrativo
EFE
La sección sindical de CCOO en el Hospital General de Valencia ha denunciado el cese "discriminatorio e irregular" de dos trabajadoras del centro sanitario "para favorecer la conservación del puesto de trabajo de la mujer de Serafín Castellano".
La organización sindical ha explicado, en un comunicado, que las dos trabajadoras despedidas, que desempeñaban funciones de auxiliar administrativo con contrato de interinidad, han sido cesadas en sus funciones al reincorporarse a sus puestos los propietarios de la plaza tras una excedencia.
La argumentación de la empresa, según el sindicato, es que se ha cesado a las personas que tenían menor nota en la bolsa, lo que según CCOO es el procedimiento habitual y pertinente para estas circunstancias aunque discriminatorio con respecto a otra empleada.
"Si se compara la situación con la de otra de las compañeras, se produce un importante agravio comparativo, pues ésta, que es casualmente la mujer de Serafín Castellano, permanece en su puesto de trabajo, también de auxiliar administrativo, a pesar de no constar en ninguna bolsa", ha incidido la organización sindical.
La sección sindical ha considerado este criterio de selección del personal como arbitrario e impertinente, pues "el proceder más adecuado sería aquel en el que las personas de la bolsa tuvieran prioridad laboral frente a aquellos que no han superado ningún tipo de examen o ejercicio de oposición".
"En este caso, la compañera, por ser esposa de un personaje público, conserva su puesto de trabajo en perjuicio de otras profesionales que sí han pasado por una serie de exámenes y se han ganado un puesto en la bolsa, aunque sean las de menor nota", ha denunciado.
CCOO, que considera que esta situación "vulnera los derechos de las personas que forman parte de la bolsa de empleo", ha abogado por un proceso de selección de personal "justo y equitativo en el que para permanecer en un puesto de trabajo no entren a valorarse los méritos familiares, sino las capacidades profesionales".
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Al igual que Alfonso Bosch, invoca el artículo 24 de la Constitución
Martín Vasco también se niega a declarar por el caso Gürtel
El hombre a quien Aguirre confió la comisión del espionaje, ya está imputado oficialmente en la Gürtel
Los damnificados por la gasolinera ilegal de Aparicio (PP) denuncian su pasividad
“Hemos pedido muchas veces hablar con el alcalde sin conseguirlo, así que lo hemos denunciado por prevaricación”
Mientras continúa arropando a Camps
La doble moral del PP: “examina” la baja de militancia de Martín Vasco
La número tres del PP se desvincula de Correa
“Los cumpleaños de los hijos siempre los organizan las madres”
El popular ya ha destrozado el auto en un accidente
Costa, imputado en la Gürtel, se compra un coche de 80.000 euros a pesar de estar en números rojos
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El TSJV tumba el último intento de Camps por frenar el affaire de los trajes
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