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Las últimas revelaciones elevan a 8, 2 millones las facturas de Orange Market con el Consell y el PP
Al menos ocho conselleries han encargado trabajos a Álvaro Pérez
Levante-EMV, Valencia
Orange Market, la filial valenciana de la presunta trama de corrupción que se destapó con la operación Gürtel, ha facturado como mínimo 8.179.000 euros a la Generalitat Valenciana y al Partido Popular. La actividad de la empresa de Álvaro Pérez en la Comunitat Valenciana no sólo se reduce al montaje de los pabellones valencianos en Fitur, los trabajos en la fiesta de salida de la Volvo Ocean Race o la organización de eventos para el Partido Popular, principalmente el valenciano.
Según ha ido revelando Levante-EMV desde que se destapó la trama, la mayoría de las consellerias han tenido relación con la empresa valenciana, dirigida por el imputado en el caso Álvaro Pérez, y fundada en 2003 por Pablo Crespo, número dos del presunto cabecilla Francisco Correa, actualmente en prisión. De ese total de 8,2 millones, aproximadamente 575.000 euros se habrían encargado a través de contratos menores. Presidencia de la Generalitat, las consellerias de Sanidad, Bienestar Social, Justicia, Turismo, Territorio, Infraestructuras, Educación, fundaciones públicas como la Luz de las Imágenes o empresas del Consell como Vaersa y RTVV, han estado en la cartera de clientes de Álvaro Pérez.
El grueso del total parte de los trabajos de diseño, fabricación y montaje del pabellón valenciano para Fitur y otros cuatro certámenes turísticos entre 2005 y 2009, que le reportaron a Orange Market 5,53 millones de euros. Por otro lado, Presidencia, a través de la Sociedad para la Promoción y la Imagen Estratégica de la Comunitat pagó a Orange Market, 445.000 euros por organizar la fiesta de salida de la regata Volvo, en Alicante.
Pero no fue el único contacto de Presidencia con la firma de Álvaro Pérez. Orange Market recibió al menos cinco contratos «a dedo» desde el Palau para realizar trabajos menores: la producción de paneles de decorado —uno de ellos fue utilizado en un viaje de Camps a Estados Unidos—, material para ruedas de prensa o la guía de la comunicación. Un montante de 34.500 euros emanados desde Presidencia, a los que se suman otros 8.000 euros que gastó la Conselleria de Justicia, para parte del montaje del acto «Elecciones 2007».
Orange Market también ha facturado a empresas públicas dependientes de la administración.
La firma Valenciana de Aprovechamientos de Residuos (Vaersa), dependiente de la Conselleria de Territorio, otorgó en 2004 a a Pérez a dedo un contrato de casi 140.000. La adjudicación, como ya contó este periódico, fue un auténtico paripé, ya que las otras empresas a las que se consultó eran del mismo gerente que Orange Market.
Territorio, de quien depende Vaersa, tenía entonces como conseller a Rafael Blasco. El mismo Blasco, como conseller de Sanidad, encargó a la empresa investigada la entrega de los premios Salud y Sociedad. En 2006, cobró 3.096 euros; en 2007, cuatro veces más: 14.000 euros en total.Pero no sólo de la Generalitat se ha sustentado Orange Market.
La empresa de Álvaro Pérez ha sido la organizadora de eventos de cabecera del PP valenciano desde 2004, coincidiendo con la llegada de Camps al Palau de la Generalitat. El total facturado asciende aproximadamente a 1,8 millones, en su gran mayoría al PP valenciano, entre los dos congresos regionales de Francisco Camps, cenas, actos y campañas electorales.
El presidente de la Generalitat será citado por el juez del caso Gürtel por un posible cohecho relacionado con el regalo de unos trajes, presuntamente, por parte de Orange Market.
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La Generalitat se refugió en los contratos menores para poder adjudicar a dedo
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Un trimestre de medias verdades
Camps ha querido descalificar la investigación del 'caso Gürtel' que empaña su futuro
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 10/05/2009
El pasado 6 de febrero el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón puso en marcha la operación Gürtel para desmantelar una trama corrupta de empresas vinculada al Partido Popular. Y ese día empezó la peor pesadilla de Francisco Camps de sus seis años al frente del Consell de la Generalitat.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Las informaciones que el Consell dio por rebatidas siguen en pie
La imputación al presidente que parecía impensable ahora es probable
El presidente ha optado desde entonces por refugiarse, siempre que le ha sido posible, en el silencio y en el desmentido general. Un silencio roto por las informaciones referidas al contenido del sumario, las declaraciones de algunos de los principales actores -como el sastre José Tomás- del caso Gürtel y la insistencia de la oposición y los periodistas por obtener respuestas. El resultado ha sido un trimestre plagado de medias verdades por parte de Camps y los principales cargos del Consell y de la dirección regional del PP. A continuación se señalan algunos de los principales argumentos cuestionados.
- Amistades peligrosas. "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un montón de actos y actividades". Así se expresó el jefe del Consell el 12 de febrero pasado al ser interpelado por sus relaciones con Orange Market -la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, que está imputado por Garzón- y José Luis Ulibarri, el empresario castellano-leonés de la construcción que ha conseguido 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y también imputado por Garzón. Las conversaciones grabadas demuestran que Camps mantuvo, hasta que estalló el escándalo, una estrecha amistad con Álvaro Pérez.
- Informaciones rebatidas. "Todas las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, todas, han sido rebatidas por su orden. Ni PAI, ni oficinas, ni adjudicaciones a no sé qué tipo de actividades", manifestó Camps el pasado 19 de febrero y repitió el 12 de marzo pasado. No ha sido así. Las informaciones publicadas en EL PAÍS se han ratificado una tras otra. El sumario incluye distintas grabaciones en las que algunos de los actores de la trama hablaban de PAI, de adjudicaciones y actividades que sí existieron.
- Imputación imposible. "¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días? ¿Cree que hay alguna duda respecto a mi trabajo, mi responsabilidad y mis acciones?" La respuesta a las preguntas que se formuló Camps el 19 de febrero en el Parlamento estará en breve. La Fiscalía Anticorrupción implicó a Camps en la trama corrupta, junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, por haber recibido, supuestamente, trajes pagados por la trama corrupta. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana investiga a Camps, Costa y a los otros dos imputados por un supuesto delito de cohecho. Y, previsiblemente, citará a declarar a Camps en breve, previsiblemente como imputado. El sumario constata que el jefe del Consell telefoneó repetidamente al sastre José Tomás -de Milano y Forever Young- al estallar el escándalo. Tomás, que ha declarado que la ropa la pagó la trama y que tendrá que volver a declarar ante el TSJ, le tomó las medidas para los trajes a Camps en un hotel de Madrid.
- Relación con la justicia. "Yo creo, lógicamente, en la independencia del poder judicial", ha insistido varias veces Camps. Según el responsable de la Generalitat, es la oposición quien ha decidido que él tiene una relación "de forma especial" con el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa. Lo cierto es que fue Camps el que afirmó en un acto público: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta de amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat". Camps, que no niega su afirmación, indica que se trataba de reiterar "por activa y por pasiva, de forma personal e institucional" que el Consell estará a la altura de las circunstancias en sus competencias en materia de Justicia. Lo que no ha aclarado el jefe del Consell es por qué mantuvo, en pleno escándalo y antes de que la pieza del sumario de Garzón fuese transferida a Valencia, dos encuentros con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia.
- Transparencia absoluta. En opinión del Consell y del PP, desde que estalló el escándalo, se ha hecho "un ejercicio de transparencia como nunca antes se había hecho en la historia democrática" de la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que los populares han rechazado la inmensa mayoría de las peticiones de información formuladas por los grupos de la oposición, pese a que el escándalo obligó a comparecer a todos los consejeros a petición propia, aunque fue flor de un día que no les ahorró nuevas críticas. Es cierto que el presidente Camps ha comparecido en sesión de control parlamentaria hasta en cinco ocasiones, pero no ha respondido a la gran mayoría de cuestiones directas planteadas.
- Ataque institucional. Camps y el PP consideran un "atentado" a la institución de Presidencia de la Generalitat las críticas de la oposición. Sin embargo, Camps, que ha llegado a plantearse la renuncia y ha pasado del rencor al perdón con aquellos que le han dicho cosas "horrorosas", insiste en plantear su defensa judicial como una cuestión personal que está desvinculada de su gestión al frente de la Generalitat y de la dirección regional del PP.
Nada de nada, pero cada vez afloran más contratos
"Se habló de tramas y se habló de adjudicaciones y de financiaciones irregulares. Y de eso, nada de nada, y de lo otro, tampoco". Ese es el resumen que hace el propio Camps del caso Gürtel después de que el TSJ haya decidido no incluir, por ahora, los supuestos delitos de tráfico de influencias y supuesta financiación ilegal del PP, que el juez Garzón apuntaba en el auto remitido.
Camps, que ya conoce el sumario en el que se le investiga por un supuesto delito de cohecho, y Ricardo Costa, que todavía no se ha personado, han querido desvincular la investigación judicial por cohecho del funcionamiento del Consell y el PP.
Sin embargo, desde los primeros días en los que el Consell negó que hubiese prácticamente contrataciones con Orange Market, los contratos relacionados con las empresas de la trama corrupta han aflorado lentamente a la opinión pública gracias a la investigación de la oposición y de los medios de comunicación.
La clave está no tanto en las adjudicaciones directas de grandes contratos de la Generalitat a las empresas de Correa -el mayor de los cuales ha sido la construcción del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante los últimos cinco años-, sino en los pequeños contratos. Aquellos sin publicidad ni libre concurrencia que, además, son los más difíciles de fiscalizar por la Sindicatura de Comptes y los auditores.
Ahí es donde ha mordido la oposición, que reclama que se le facilite la información pública sobre los mismos. El PP ha rechazado facilitar información sobre la gran mayoría de empresas que formaban parte de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y de las que lo ha hecho, tan solo ha abierto la mano en las grandes adjudicaciones.
El grupo de Compromís presentó el pasado viernes más de 1.500 nuevas preguntas sobre los contratos menores de las consejerías a las empresas de la trama. Y ello, tras lo que consideran una broma de mal gusto del vicepresidente económico y consejero de Economía, Gerardo Camps, que les remitió a una página web, donde es prácticamente imposible obtener información comprensible.
El PSPV también ha decidido volver a la carga, tras la decisión del PP de rechazarles 440 de las 500 preguntas presentadas y remitirles a la misma web en algunas de las contestadas.
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¿Por qué se persona el PP en Madrid y no en Valencia?
Así lo explica el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González
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