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L'estratègia del boicot contra l'assignatura Educació per a la Ciutadania concebuda pel forense Font de Mora ha estat tombada: res de res. Com ja ha fet amb les 20 sentències sobre el català, la Generalitat recorrerà amb els diners dels valencians la sentència i és capaç, com ho ha estat amb les esmentades sentències, de passar-se-la per la collonera i no aplicar-la. Altrament dit: prevaricador i malversador el conseller, prevaricador i malversador el Consell de la Generalitat Valenciana presidit pel presumptament honorable Francisco Camps.
En un lloc civilitzat Font de Mora dimitiria. A la satrapia de Camps, segur que no.
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24/07/2009
El TSJCV dona la raó a CCOO PV i anul·la l’Ordre d’EpC: ni en Anglès ni objecció de conciència
24/07/2009
Sentència del TSJCV per la qual s´anul·la l´Ordre de la Conselleria d´Educació d´impartició d´EpC en anglès.
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La justicia valenciana tumba el boicot de Camps a Ciudadanía
También anula la posibilidad de aprobarla mediante un trabajo y de presentar objeción de conciencia
JAIME PRATS - Valencia - 24/07/2009
Los tribunales han tumbado las maniobras de la Generalitat valenciana, que preside Francisco Camps, dirigidas a boicotear la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha hecho público este viernes una sentencia en la que estima por unanimidad los recursos presentados por el sindicato CC OO y la abogacía del Estado relativos a cuatro aspectos de la orden de la Consejería de Educación por la que se establecen las normas de organización pedagógica para impartir la asignatura: la obligación de impartir la materia en inglés y de evaluarla en esa lengua, así como la posibilidad de salvar la asignatura con un trabajo y también la de que los padres de los alumnos pudieran apelar a la objeción de conciencia contra los contenidos de la asignatura.
Un juez desestima un recurso contra el traductor de inglés en Ciudadanía
La Generalitat valenciana traslada de centro a un profesor por negarse a dar Ciudadanía en inglés
El PP se niega a retirar la orden que obliga a dar Ciudadanía en inglés
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
DOCUMENTO (PDF - 232,65Kb) - 24-07-2009
La apuesta de Camps por obligar a los centros a impartir Educación para la Ciudadanía en inglés ha generado una de las movilizaciones educativas más masivas de los últimos tiempos y le ha enfrentado a profesores, padres, estudiantes y organizaciones cívicas. El importante rechazo en el movimiento educativo que se tradujo en una gran manifestación en Valencia y en una huelga general de la enseñanza pública que paralizó los centros docentes.
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Ciudadanía no debe impartirse en inglés
El Tribunal Superior considera que es "confusa, contradictoria e incongruente" la necesidad de impartir la asignatura en inglés y anula también la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia
EFE/LEVANTE-EMV
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nulos tres artículos de la orden de la Conselleria de Educación que regula la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que habían sido recurridos por el sindicato CCOO y la Abogacía del Estado.
Los artículos se refieren a la obligatoriedad de impartir esta asignatura en inglés, a la posibilidad de aprobarla mediante la realización de un trabajo con enfoque transversal y a la opción de que los alumnos pudieran acogerse a la objeción de conciencia de la materia, según han informado fuentes del TSJCV.
Responsables del sindicato CCOO-PV analizan en rueda de prensa el contenido de esta sentencia, que según han anunciado a EFE fuentes de la Conselleria de Educación será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que esos artículos son contrarios a derecho y, sobre el primero de los recurridos señala en su sentencia que presenta una motivación "confusa, contradictoria e incongruente" para argumentar la necesidad de que la asignatura se impartiera en inglés en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.
La Sala, que tiene aún pendientes de resolver otros tres recursos presentados por sindicatos, añade sobre ese asunto que la Generalitat ha defendido "la imposición" de la impartición de una asignatura curricular en lengua extranjera por parte de la Generalitat cuando solo puede implantar un Programa Plurilingüe en el sistema educativo valenciano.En cuanto a la llamada "opción B" que contempla la Orden en su artículo 2, relativa a la realización de un trabajo con un enfoque transversal de, al menos, una periodicidad trimestral acerca de los contenidos de la materia, el fallo apunta que los alumnos que se acogieran a ella alcanzarán los objetivos de la materia pero solo atendiendo al tema elegido, con lo que resulta imposible aplicar los criterios de evaluación legalmente previstos.
Asimismo, el hecho de que sea la familia o quien ejerce la patria potestad o tutela del menor quien elija el texto que permita acceder a cada uno de los contenidos de la materia para luego elegir de entre los temas de ese texto "infringe de forma palmaria" lo establecido por ley de que en el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los Órganos de coordinación didáctica de los Centros Públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
La nulidad se apoya también en la doctrina "reiterada" del Tribunal Supremo que desestima la declaración de objeción de conciencia a las asignaturas Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica y Filosofía ciudadana formulada y señala la obligación de cursar las asignaturas y de asistir a las correspondientes clases.
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La Generalitat recurrirá ante el Tribunal Supremo
El STEPV pide la dimisión inmediata de Font de Mora
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El juez tumba el boicot de Camps a Ciudadanía
El TSJCV declara nula la obligatoriedad de impartir la asignatura en inglés y la opción de acogerse a la objección de conciencia.
PÚBLICO. ES / AGENCIAS - Valencia - 24/07/2009 12:42
Francisco Camps se ha topado de nuevo con la Justicia.
La sección segunda de sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la 'triquiñuela' ideada por el presidente de la Generalitat valencia, Francisco Camps, de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, prevista en una Orden de la Conselleria de Educación de esta comunidad. También anula la posibilidad de aprobar la asignatura mediante un trabajo y de presentar objeción de conciencia.
La Conselleria de Educación presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia. El Ministerio de Educación ha expresado, por su parte, su satisfacción por el fallo. A través de un comunicado, señala que la decisión demuestra que los problemas surgidos en torno a la materia forman ya parte del pasado y que ha entrado en un contexto de "normalidad". Por ello, manifiesta su esperanza de que el Gobierno valenciano dedique a partir de ahora "todos sus esfuerzos" a mejorar la educación de sus alumnos.
Los motivos para impartir Ciudadanía en inglés son "confusos, contradictorios e incongruentes"
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la obligatoriedad de impartir esta asignatura en inglés, la posibilidad de aprobarla mediante la realización de un trabajo con enfoque transversal y la opción de que los alumnos pudieran acogerse a la objeción de conciencia de la materia son contrarios a derecho. Sobre el primero de los recurridos, señala en su sentencia que presenta una motivación "confusa, contradictoria e incongruente" para argumentar la necesidad de que la asignatura se impartiera en inglés en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.
La Sala, que tiene aún pendientes de resolver otros tres recursos presentados por sindicatos, añade la Generalitat ha defendido "la imposición" de la impartición de una asignatura curricular en lengua extranjera por parte de la Generalitat cuando solo puede implantar un Programa Plurilingüe en el sistema educativo valenciano.
En cuanto a la llamada "opción B" que contempla la Orden en su artículo 2, relativa a la realización de un trabajo con un enfoque transversal de, al menos, una periodicidad trimestral acerca de los contenidos de la materia, el fallo apunta que los alumnos que se acogieran a ella alcanzarán los objetivos de la materia pero solo atendiendo al tema elegido, con lo que resulta imposible aplicar los criterios de evaluación legalmente previstos.
Deciden los Centros, no los pades
Asimismo, el hecho de que sea la familia (o quien ejerce la patria potestad o tutela del menor) quien elija el texto que permita acceder a cada uno de los contenidos de la materia para luego elegir de entre los temas de ese texto, "infringe de forma palmaria" lo establecido por ley de que en el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los Órganos de coordinación didáctica de los Centros Públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
El fallo recuerda la obligación de cursar las asignaturas y de asistir a las correspondientes clases
La nulidad se apoya también en la doctrina "reiterada" del Tribunal Supremo que desestima la declaración de objeción de conciencia a las asignaturas Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica y Filosofía ciudadana formulada y señala la obligación de cursar las asignaturas y de asistir a las correspondientes clases.
Oposición al boicot
La triquiñuela de Camps para boicotear Educación para la Ciudadanía en la Comunidad valenciana se topó con el rechazo de todos los partidos políticos de la oposición. PSOE, Bloc, Iniciativa del País Valencià, Els Verds-Esquerra Ecologista, Esquerra Unida y Esquerra Republicana firmaron un manifiesto que exigía la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y del presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, si no daban marcha atrás en su polémica iniciativa.
La Federación de Enseñanza (FETE) de UGT-PV calculó que la implantación de Ciudadanía en inglés implicaba un coste adicional de entre ocho y 15,5 millones de euros.
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El Govern recurrirá ante el Supremo
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